La Secretaría de la Defensa Nacional informó que mantiene bajo proceso militar a un jefe, tres oficiales y un elemento de tropa por su participación con la organización delictiva
Jorge Alejandro Medellín
El Universal
Ciudad de México Viernes 31 de octubre de 2008
18:21
El Ejército Mexicano mantiene bajo proceso militar a cuatro elementos (un jefe, tres oficiales y uno de tropa) vinculados a delitos contra la salud, reconoció la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La revelación se produce un día después de que el subsecretario de la Defensa Nacional, el general Francisco Armando Meza Castro, aseguró en la Cámara de Diputados que el Ejército estaba "blindado" contra este tipo de situaciones.
Meza Castro, quien encabezó el desfile militar del pasado 20 de noviembre, aseguró que "en las Fuerzas Armadas 'estamos blindados' contra la infiltración del crimen organizado".
Dijo incluso que a la fecha, no se ha dado un caso de complicidad de algún militar con criminales, "como antes".
Los militares estarían relacionados con el cártel que encabezan los hermanos Beltrán Leyva.
La Sedena recuerda en un comunicado sobre la sitaución de los cuatro militares detenidos, que "de la información obtenida con la captura del narcotraficante Beltrán Leyva el 21 de enero del presente año, se obtuvieron indicios sobre la participación de un jefe, tres oficiales y un elemento de tropa, con esta organización".
Por ello, "a partir del 29 de enero del mismo año, fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada dependiente (SIEDO) de la Procuraduría General de la República.
Dicha instancia de la PGR "integró una averiguación previa en contra de este personal; actualmente se encuentran bajo proceso ante el Juez Séptimo de Distrito en materia penal en el estado de Jalisco".
La Defensa Nacional no dio más datos sobre la identidad o el tipo de involucramiento de los militares con el narcotráfico.
En su comunicado, la dependencia agregó que "esta Secretaría no tiene información que involucre a personal militar en actividades ilícitas posterior a la localizada en el mes de enero en el marco de la detención de Alfredo Beltrán Leyva".
Sin embargo, añade la Sedena, "se reitera la disposición de no solapar conductas indebidas por parte del personal militar y en caso de contar con nueva información que involucre a efectivos militares, se aplicará la Ley conforme a derecho de acuerdo a la política de esta Dependencia del Ejecutivo Federal de cero tolerancia a la corrupción".
Al mismo tiempo, el Ejército hace una invitación a la ciudadanía a seguir denunciando actividades ilícitas "en forma anónima a la autoridad militar más cercana a su comunidad, de actos delictivos que tengan conocimiento".
mma
(El Universal, 31 de octubre de 2008)
viernes, 31 de octubre de 2008
Reconoce Sedena vínculo de militares con los Beltrán Leyva
jueves, 30 de octubre de 2008
Sedena está ‘blindada’ contra espías, afirman
Subsecretario niega que general en retiro esté sujeto a indagación
Juan Arvizu
El Universal
Jueves 30 de octubre de 2008
juan.arvizu@eluniversal.com.mx
El subsecretario de la Defensa Nacional, Francisco Armando Meza Castro, dijo que en las Fuerzas Armadas “estamos blindados” contra la infiltración del crimen organizado.
Negó que el general en retiro Roberto Aguilera Olivera, ex jefe del Centro de Inteligencia Antinarcóticos (CIAN), esté involucrado con narcos. “No está sujeto a procedimiento alguno”, afirmó.
Este diario informó el miércoles que Aguilera interrumpió su trayectoria militar al solicitar su baja, vigente desde el 16 de julio, luego de no obtener notas satisfactorias en una evaluación de la que fue objeto, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Meza Castro, entrevistado en la Cámara de Diputados, dijo que a la fecha, no se ha dado un caso de complicidad de algún militar con criminales, “como antes”.
Por su parte, el presidente de la Comisión Legislativa de Defensa Nacional, Jorge Justiniano González Betancourt, afirmó que los últimos generales procesados por supuestos nexos con el narco, fueron Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo, en el sexenio de Ernesto Zedillo. “No es fácil burlar los mecanismos de control y disciplina militar”, señaló.
Meza Castro indicó que, en efecto, Roberto Aguilera “pidió su baja, pero no está sujeto a procedimiento alguno”, y sobre la nota periodística, “no hay información al respecto”, subrayó.
Desde luego, agregó, “hay peligro” de que grupos criminales penetren las Fuerzas Armadas, “pero no hay prueba de que alguien esté infiltrado”. Y remarcó que “todo mundo está expuesto”.
A su vez, González Betancourt expresó que los métodos de control militar, que también incluyen a generales, permiten a la estructura de supervisión registrar el modo de vida de comandantes.
(El Universal, 30 de octubre de 2008)
Desaparecidos en Colombia y México
Miguel Ángel Granados Chapa
30 Oct. 08
Evidenciada por contrastantes resultados, la prioridad con que se atiende la desaparición forzada de personas en Colombia y México resulta notoria; en aquel país investigan un caso en tres semanas, aquí un año y cinco meses son insuficientes.
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunciaron ayer miércoles la destitución de tres generales, cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, tres mayores y seis suboficiales, a los que se seguirán procesos penales y disciplinarios en relación con "los desaparecidos de Soacha".
Entre enero y marzo pasados, entre 11 y 20 jóvenes desaparecieron de Soacha, un municipio conurbado a Bogotá. Los familiares denunciaron la desaparición y a mediados de junio los más de ellos recibieron notificación de que los cuerpos de sus parientes habían sido hallados en una fosa común en la provincia de Santander. El Ejército los había reportado como "muertos en combate", pero sus deudos no se resignaron con esa noticia y presionaron hasta hallar una explicación más convincente, pues estaban seguros de que los suyos no se habían adherido a ninguna banda de paramilitares o guerrilleros y sospechaban, por lo tanto, que los jóvenes habían sido asesinados a sangre fría. El Ministerio de Defensa, quizá acuciado por la inminente llegada, en octubre mismo, de Navanethem Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, y necesitado de obtener una adecuada calificación en esa materia, acordó el 3 de este mes formar una comisión investigadora que en tres semanas halló responsabilidades en los generales, jefes y oficiales ahora destituidos.
Aunque la espesa prosa evita definir con claridad los hechos, un comunicado expedido ayer en la Casa de Nariño, residencia presidencial colombiana, acepta que la comisión "encontró serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles en cuanto a la observancia y verificación de los procedimientos que rigen el ciclo de inteligencia y el planeamiento, conducción, ejecución y evaluación de las operaciones y misiones militares, así como una inexcusable falta de diligencia del mando en la investigación rigurosa de presuntos casos irregulares en su jurisdicción". El comunicado agrega que "esta negligencia pudo haber facilitado la colusión de algunos miembros del Ejército Nacional con delincuentes externos que gozaban de impunidad...".
La desaparición de personas es un ingrediente o consecuencia del estado de violencia interna, verdadera guerra civil en algunas regiones, que padece Colombia desde hace décadas. Según Amnistía Internacional, que presentó su informe sobre los derechos humanos en Colombia el mismo día, ayer, en que se anunció la destitución del personal castrense, entre 15 y 30 mil personas desaparecieron desde el comienzo del conflicto, hace unos 40 años. Sólo el año pasado los desaparecidos sumaron 190, sin que pueda determinarse qué porción de esa cifra corresponde a acciones guerrilleras o de grupos paramilitares, y cuántas constituyen casos de desaparición forzada, un delito de lesa humanidad perpetrado por agentes del Estado o con su aquiescencia.
Es probable que en México el problema de las desapariciones alcance una dimensión mayor que en Colombia. Se calcula que durante los casi dos años de la actual administración federal la cifra llega a 600 personas, sin que sea posible distinguir en ese número cuántas resultan de "levantones" practicados por bandas criminales contra enemigos que poco después de ser privados de la libertad aparecen asesinados, y cuántas corresponden a la definición legal de desaparición forzada, es decir cometida por agentes del Estado, por instrucciones superiores.
Entre esa suma adquirió notoriedad el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, denunciado por el Ejército Popular Revolucionario a cuyas filas pertenecían en el momento de su desaparición, fines de mayo de 2007. En reclamo por la presentación de sus compañeros, en julio y septiembre siguientes, ese grupo insurgente armado atentó contra ductos de Pemex, sin causar daño a persona alguna pero generando cuantiosas pérdidas económicas, tanto por la destrucción de las instalaciones atacadas cuanto por la interrupción del suministro de gas a extensas y activas regiones, que era el objetivo de los ataques.
Hace seis meses, el EPR propuso la creación de una Comisión de mediación que favoreciera un diálogo entre ese grupo guerrillero y el gobierno federal con vistas a la presentación con vida de sus compañeros. A esa distancia de su integración, en que se ha reunido en varias ocasiones con un grupo de trabajo de la Secretaría de Gobernación, la Comisión declaró el martes que debido a las omisiones del gobierno, no le ha sido posible acercarse siquiera "al objetivo esencial que la convoca", que es la presentación de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Entre omisa y renuente la administración federal sólo ha dado un paso, que resultó fallido, para establecer la suerte y el paradero de los desaparecidos: arraigó durante 90 días a dos agentes de la policía ministerial del estado de Oaxaca, al cabo de los cuales tuvo que liberarlos por la imposibilidad de fincarles cargos firmes por la desaparición. Habían sido detenidos bajo la presunción de que ellos capturaron a Reyes Amaya y Cruz Sánchez y los entregaron a instancias federales, policiacas o militares, a las que no se ha convocado en la averiguación previa respectiva, sobre desaparición forzada.
El viernes pasado Gobernación respondió a planteamientos de la Comisión hechos en junio y agosto, lo que permitirá a los comisionados hablar no sólo con Bucareli, sino con la Secretaría de la Defensa, la PGR y el Cisen...
Cajón de sastre
Dirigentes de algunas de las organizaciones internacionales de derechos humanos y promoción civil más activas e influyentes (Amnistía, Oxfam, Greenpeace, entre otras) han formulado una declaración pública para recordar a los gobiernos de los países industriales que su contribución al encaramiento de la crisis financiera internacional contrasta "con su reticencia y promesas incumplidas de ayuda y alivio a la pobreza, derechos humanos y cambio climático...". Los derechos humanos no son un lujo para los buenos tiempos. La inacción frente al cambio climático no es una opción viable. La pobreza mundial no ayuda a la estabilidad mundial. Los países ricos seguirán una estrategia miope y contraproducente si ignoran los retos más importantes de nuestro tiempo y se enfocan únicamente en intereses financieros estrechos. No se trata sólo de dinero. Es una cuestión de atención permanente, colaboración internacional y voluntad política clara para resolver los grandes problemas.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
(El Siglo de Torreón, 30 de octubre de 2008)
miércoles, 29 de octubre de 2008
García Luna: la fiereza improvisada
Alvaro Delgado
Detrás del feroz rostro de la tropa disfrazada de "Policía Federal" que Genaro García Luna encabeza de facto, porque legalmente ese cuerpo no existe, están muchos de los vicios del Gobierno de Felipe Calderón, entre ellos la ineptitud y la improvisación, como quedó de manifiesto en el operativo para evitar la aprobación de la reforma energética en el Senado.
Ese jueves por la mañana, cuando era generalizada la impresión de que Andrés Manuel López Obrador tiraba a la basura el triunfo de su movimiento, porque el proyecto privatizador de Calderón quedó hecho añicos, en la Secretaría de Gobernación se reunieron su titular, Juan Camilo Mouriño, el subsecretario Daniel Cabeza de Vaca y el propio García Luna, Secretario de Seguridad Pública.
Desde ahí se disponían a seguir el debate, por el Canal del Congreso, que se celebraría en la sede del Senado, en el edificio de Xicoténcatl, que para entonces era resguardado por centenares de soldados disfrazados de policías, colocados detrás de granaderos capitalinos, que hacían las veces de contención de los manifestantes.
La víspera, López Obrador convocó a sus seguidores a concentrarse en el Hemiciclo a Juárez, para de ahí marchar al Senado, supuestamente para evitar la aprobación de la reforma que deja abierta una "rendija" para la cesión territorial a empresas privadas, y así lo hicieron.
Cualquiera que hubiera visto la movilización en las inmediaciones del Senado no habría dudado que no sería posible ingresar al recinto sin un choque entre gendarmería y manifestantes, tal como lo apreciaron los senadores del Partido Acción Nacional que iban a bordo de un autobús.
Con los senadores iba el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Cuauhtémoc Cardona, a quien le reclamaron la falta de seguridad a su integridad. Se alarmaron porque, para hacer retroceder el autobús, el chofer debió abrir la puerta para que su auxiliar bajara a "echarle aguas" para la maniobra.
Sólo hasta entonces, y cuando ya era un hecho que la sesión se celebraría en el recinto alterno de la Torre del Caballito, Cardona se comunicó con García Luna, quien todavía estaba en la Secretaría de Gobernación, para manifestarle la molestia de los senadores y la exigencia de que dispusiera un operativo de seguridad más eficaz.
Fue así que García Luna se apareció en la Torre del Caballito, acompañado del coordinador de asesores de Mouriño, el ex priista Ulises Ramírez, Senador con licencia.
La presencia del jefe policiaco produjo un caos: Sin conocimiento del personal de seguridad ni con la logística habitual del edificio, y en específico del quinto piso donde se celebraría la sesión senatorial, el aparatoso operativo que involucró a mil 500 elementos barrió con todo, al grado que el empuje de los gorilas estuvo a punto de enviar al vacío a un grupo de periodistas, de haberse vencido los vidrios a sus espaldas.
Fue tan obvia la improvisación de García Luna en el recinto alterno del Senado, a punto de la tragedia, que el operativo de resguardo de la Cámara de Diputados por la "Policía Federal" comenzó desde el propio viernes, con la presencia del mismo funcionario, aunque ahora bajo la supervisión del Ejército.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
(Periódico Noroeste/Proceso, octubre de 2008)
domingo, 26 de octubre de 2008
El Silencio de la SEDENA
Jorge Carrasco Araizaga
A Carmen Aristegui, por el premio María Moors Cabot
MÉXICO, D.F., 24 de octubre (apro).- El Ejército mexicano atraviesa uno de sus peores momentos desde que Felipe Calderón lo sacó a las calles, en diciembre de 2006, para enfrentar a los cárteles del narcotráfico.
Entre el 8 y el 22 de octubre de este año, una decena de efectivos de la Séptima Zona Militar, con sede en Escobedo, Nuevo León, fueron asesinados por comandos de la delincuencia organizada, el mayor número de bajas militares en un solo estado y en tan poco tiempo, en el marco de las operaciones ordenadas por Calderón.
De por sí agraviantes para las Fuerzas Armadas, estas muertes son una verdadera afrenta pública al Ejército por la manera en que se cometieron: todos fueron degollados y apuñalados.
Tres de ellos fueron sorprendidos en un centro nocturno de Monterrey, donde al parecer realizaban labores de recolección de información.
Un comando de jóvenes llegó al lugar y los sometió. Luego de golpearlos, los sicarios empezaron a torturarlos con armas blancas. Heridos, los arrastraron al centro de la pista de baile, donde los dejaron ante la sorpresa de los empleados y clientes que se vieron obligados a permanecer en el lugar.
Poco a poco aparecieron más efectivos del Ejército degollados al estilo de la técnica utilizada por desertores de la fuerza especial del Ejército de Guatemala conocida como kaibiles.
De confirmarse la autoría, el agravio para las Fuerzas Armadas mexicanas sería aún mayor, pues exmilitares extranjeros habrían actuado en contra de efectivos del Ejército.
En menos de dos años, decenas de elementos castrenses, incluidos algunos jefes, han sido torturados y asesinados por el narcotráfico, ya sea en emboscadas, secuestros o enfrentamientos.
En todos los casos ha quedado demostrado que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina carecen de preparación para la guerra a la que los embarcó Calderón.
En más de una ocasión, los narcotraficantes han mostrado mayor poder de fuego. Además, no constituyen una fuerza regular, a la que en teoría los soldados mexicanos están preparados para enfrentar.
Los sicarios del narcotráfico tampoco actúan como grupos subversivos. Son aún más peligrosos. Muchos mandos castrenses han sido entrenados para enfrentar a la guerrilla. En el mejor de los casos, el Ejército cuenta con fuerzas especiales para combatir a los brazos armados de los cárteles de la droga.
Pero está demostrado que esas fuerzas del Ejército mexicano son insuficientes para enfrentar simultáneamente en diferentes partes del país a los lugartenientes y comandos del narcotráfico.
Apenas este viernes 24, el gobierno de Nuevo León y la comandancia de la Séptima Zona Militar rindieron un homenaje a las víctimas en las instalaciones del Ejército en Nuevo León.
Pero en la ciudad de México, la secretaría de la Defensa Nacional guardó silencio. Ni siquiera emitió un boletín para informar del reconocimiento a sus elementos.
El silencio no sólo tiene que ver con una estrategia de comunicación. Se puede entender que forma parte de la institucionalidad del Ejército y que las bajas están consideradas en el cumplimiento de sus obligaciones.
Pero no son aisladas las voces de elementos militares, retirados y en activo, inconformes con las situaciones de ignominia en que se ha colocado al Ejército.
En más de una ocasión, los militares no ven quién se los hizo, sino quién se los paga. De ahí el incremento de violaciones a los derechos humanos de civiles a manos del Ejército.
Muy caro le está saliendo a las Fuerzas Armadas darle la legitimidad al Presidente, pues no hay que olvidar que en medio de la crisis política que representó su llegada a la Presidencia, el primer acto de gobierno de Calderón fue sacar a los militares de sus cuarteles para enfrentar al narco.
jcarrasco@proceso.com.mx
(Proceso, octubre de 2008)
domingo, 12 de octubre de 2008
Editorial: Gobernar con la política
El pasado viernes, en una reunión sostenida con diputados federales, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, calificó –según lo relatado por el legislador Alfonso Suárez del Real, del Partido de la Revolución Democrática– como una “cuestión de altísimo riesgo para el Ejército” la solicitud de la Policía Federal Preventiva (PFP) en el sentido de mantener abiertas las vías de comunicación en el conflicto magisterial de Morelos. En cambio, de acuerdo con el diputado perredista, el funcionario llamó a “distender la situación” que se vive en esa entidad, a efecto de “generar condiciones de un verdadero diálogo”, y agregó que el número de efectivos militares que intervienen en acciones de seguridad pública se reducirá, para 2009, de tres mil a 500.
Las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional dejan entrever un reconocimiento acerca de la necesidad de privilegiar la negociación política sobre el uso de la fuerza pública como vía de solución al conflicto que se vive actualmente en Morelos, consecuencia del rechazo del magisterio estatal a la llamada Alianza por la Calidad en la Educación (ACE). Tal postura, que resulta de obvia sensatez, contrasta sin embargo con la propensión de las autoridades civiles, tanto estatales como federales: apenas el pasado jueves, elementos del Ejército y las policías federal y estatal participaron en el violento desalojo ocurrido en Xoxocotla, donde padres de familia protestaban por la negativa de las autoridades para atender a las demandas de los docentes, y que tuvo como saldo un cúmulo de atropellos y vejaciones cometidos por elementos de las fuerzas públicas.
La aparente resistencia del mando castrense por seguirse involucrando en este conflicto, tendría que obligar al Gobierno federal a abrir sus perspectivas de solución y a reconocer la importancia del diálogo y el entendimiento entre las partes; tendría, también, que hacerlo reflexionar con respecto a su proclividad a involucrar a la fuerza armada, cada vez de forma más recurrente, en tareas y responsabilidades que le son ajenas.
No puede pasarse por alto que, en el momento actual, el Ejército experimenta un evidente desgaste institucional como consecuencia del empecinamiento del gobierno por involucrarlo en la cruzada nacional contra el narcotráfico y el crimen organizado, emprendida por la administración calderonista a principios del año pasado, y que no sólo no ha restablecido la legalidad y el estado de derecho en el país, ni ha disminuido, hasta donde puede verse, el margen de maniobra de las corporaciones criminales; ha propiciado, además, un cúmulo de atropellos contra civiles inocentes, que son, en última instancia –sin que haya aquí pretensión de exculpar a los militares involucrados en estos delitos– responsabilidad de los mandos civiles, que son los que dan las órdenes.
Si lo que se quiere es evitar que este desgaste se profundice, el Gobierno federal tiene que reconocer como improcedente y peligrosa su apuesta por atender, mediante el recurso de la fuerza militar, problemáticas tan disímiles como las manifestaciones de descontento social y la inseguridad pública: la solución al primero de estos fenómenos demanda disposición de las autoridades a atender las demandas de los grupos inconformes, sin incurrir en la represión y la persecusión; el segundo, por su parte, requiere para su combate de acciones de inteligencia e investigación policiaca que escapan a los procesos de formación castrense, en tanto que su prevención debe girar en torno a la erradicación de las causas sociales, económicas e institucionales que lo originan. Es necesario, en suma, que las autoridades entiendan que, en democracia, una nación debe ser gobernada con, autoridad, sí, pero sobre todo con base en la política, la sensibilidad social, la sensatez y la razón.
(La Jornada, 12 de octubre de 2008)
jueves, 9 de octubre de 2008
Matanza silenciada
Miguel Ángel Granados Chapa
PLAZA PÚBLICA
Al mediodía del lunes 18 de agosto pasado, el tianguis que se sitúa al lado del templo parroquial en el San Pedro Limón, un poblado en el municipio de Tlatlaya, distrito de Sultepec, Estado de México, fue interrumpido de manera brutal. Llegados a bordo de tres vehículos, una veintena de individuos con el rostro cubierto y con vestimenta de tipo militar disparó sus armas, AR-15 y AK-47 contra la pequeña multitud que trajinaba en el lugar. Murieron por lo menos 23 personas, niños y adultos, y decenas más resultaron heridas. No pareció que buscaran a alguien en particular, contra el que dirigieran su ataque. Su blanco era gente común y corriente, desconocida de los agresores. Se cree que no todos se marcharon al concluir su estúpida y sangrienta acción, sino que algunos de ellos se quedaron en la zona para tener control sobre lo que allí ocurriría.
Con ser excesivo, no fue eso lo peor. Rato después de la inesperada embestida, que dejó pasmados a los sobrevivientes, quienes no acertaban a decidir qué hacer, llegaron al lugar otros vehículos, esta vez ocupados por miembros del Ejército. Éstos retiraron los cadáveres, recogieron los casquillos y limpiaron la escena. Despojaron de sus teléfonos celulares a los espantados vecinos y visitantes y se las arreglaron para hacerles saber que era preferible que no se supiera nada de lo ocurrido. Quizá disuadieron también al personal de la agencia del Ministerio Público, incluidos agentes ministeriales, que supieron de los hechos, pero no cumplieron sus funciones, pues no se inició averiguación previa alguna.
He tenido acceso a esta información por fuentes cuya identidad no revelo, pero que merecen mi confianza. Por ese motivo doy por ciertos los hechos cuya gravedad resulta evidente de su sola exposición. Se trata del primer ataque a la población civil, como el que un mes más tarde acontecería en Morelia, la noche del Grito. Si cabe compararlas, la matanza de San Pedro Limón es aún más estremecedora no sólo porque es mucho mayor el número de víctimas (tres veces más que las habidas en la capital michoacana) sino por las acciones y omisiones de las autoridades, encaminadas a ocultar lo sucedido en vez de investigar los hechos y perseguir a los responsables.
En otros espacios periodísticos (las columnas de Ciro Gómez Leyva en Milenio y Jorge Fernández Menéndez en Excélsior) aparecieron ayer informaciones sobre otra grave expresión de violencia. Se trata de la desaparición de siete comerciantes en joyería de oro. Procedentes de Pajacuarán, Michoacán, iban camino a Oaxaca y se detuvieron en Atoyac de Álvarez, Guerrero. En un burdel de esta última ciudad se les vio por última vez. Puesto que llevaban consigo unos cuatrocientos mil pesos, se presume que fueron asaltados, pero el vehículo en que viajaban apareció quemado en un paraje remoto y sin indicio alguno sobre su paradero. La desaparición ocurrió el 29 de agosto y desde entonces nada se sabe de ellos, a pesar de que sus familiares han recorrido oficinas de tres estados en busca de información sobre los suyos.
Todo lo más que llegaron a saber los parientes de los desaparecidos es que probablemente fueron víctimas de Los Pelones, “la temible banda local parte narco, parte guerrilla, parte secuestradores, parte alborotadores”, según la define Gómez Leyva. Esa misma banda –u otra homónima, o extensión de la primera— actúa en otro extremo de Guerrero, en los límites con el Estado de México. En la madrugada del seis de septiembre Los Pelones se enfrentaron con Los Zetas en Arcelia. Los Pelones de este caso merodean en Tlatlaya, por lo que quizá la matanza del 18 de agosto se debe a esta pandilla. La actuación de los militares, en obvio beneficio de la banda homicida, revelaría un contubernio entre delincuentes y mandos militares, encargados de proveerles impunidad.
Tengan o no vinculación estos sucesos, son una nueva evidencia de que la delincuencia organizada está derrotando al Estado mexicano en su función de garantizar la seguridad de los ciudadanos. En la zona de Sultepec es verdad sabida que los agentes ministeriales se cuidan de realizar tareas de investigación o captura de presuntos delincuentes sin antes recabar una suerte de autorización de Los Zetas, sin la cual no es posible que hagan sus labores. Ese es un escalón superior en el trato de la banda criminal con los policías, con quienes mantienen una fluida relación después de haber roto una práctica común no sólo en esa comarca sino en muchos lugares del país. Los Zetas sentaron las bases de su trato con los jefes policiacos rehusando pagar “ayudas” a los agentes ministeriales, cuotas de protección cuya cobertura permite el narcomenudeo y la comisión de otros delitos menores. Alterada así la relación de poder, ahora son los agentes policiacos los que dependen del poder criminal.
El silencio que hasta este momento, en que lo rompemos, ha rodeado a la gran matanza de San Pedro Limón ha sido posible por la profundidad de la intimidación lograda por el atentado mismo y por la presencia militar complicitaria. Se comprende que los pobladores se sientan inermes, presos en la tijera de esos dos factores, y accedan a no hablar de lo ocurrido, temerosos de que la crueldad que mató sin causa a 23 personas agregue a su cuenta nuevas víctimas. La Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa, el Gobierno mexiquense poseen, en cambio, capacidades al menos formales para indagar lo sucedido. Al menos es su deber intentarlo.
(El Siglo de Torreón, 9 de octubre de 2008)
miércoles, 8 de octubre de 2008
Los años perdidos
Javier Ibarrola
Fuerzas Armadas
Quedó claro, pues: los dos primeros años de gobierno calderonista han sido una pérdida de tiempo, en cuanto a la seguridad de la nación.
Cuando el pasado 12 de septiembre el presidente Felipe Calderón dijo en el Heroico Colegio Militar y ante los altos mandos del Ejército que era imperioso “recuperar el control del Estado y de su territorio en todos sus frentes”, nadie pareció tomarlo en serio, pues se creyó que era más bien un estribillo discursivo que una realidad.
Pero días después él mismo se encargaría de sacar de su error a todos aquellos que no creyeron que se había perdido el control del estado, con el envío al Congreso de su iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Si ante los militares dijo que se había perdido el control del estado, ante los legisladores descubrió que “los esfuerzos realizados hasta el momento no han logrado consolidar un adecuado sistema de seguridad pública articulado en una estrategia nacional, la cual ha sido una misión largamente postergada y sustituida en ocasiones por el discurso”.
¿Y por qué… por qué no se ha logrado consolidar un adecuado sistema de seguridad pública articulado en una estrategia nacional?
También él mismo lo explica en la exposición de motivos de su iniciativa: “si este tema no es atendido en la agenda legislativa con la importancia que merece, las actuales políticas de combate al crimen no tendrán la contundencia y efectos esperados, al no poder sostener únicamente a las fuerzas armadas en el terreno del combate al delito sin un fuerte componente de prevención”.
Por fin, el presidente Calderón se ha dado cuenta que “la contundencia en el actuar policial no ha sido constante ni homogénea”.
Además, confluye también en el fracaso “una división orgánica de los cuerpos policiales, falta de coordinación entre las mismas, e incluso, una lógica rivalidad entre las distintas agencias, que llega al extremo de no compartir la información de inteligencia para el combate al crimen; circunstancias que se traducen finalmente en la desorganización de las capacidades del Estado para hacer frente al fenómeno delictivo y el fortalecimiento del flagelo criminal”.
Quedó claro, pues: los dos primeros años de gobierno calderonista han sido una pérdida de tiempo, en cuanto a la seguridad de la nación. Y todo parara en eso: pero se han perdido recursos millonarios y lo más importante, muchas vidas humanas se perdieron porque nunca se pudo articular una estrategia nacional para combatir el crimen.
Lo dijo Calderón, pero ya antes distinguidos miembros del Ejército lo habían advertido: una guerra en contra del crimen organizado no puede ser librada para satisfacer las cámaras de televisión, los medios de información y de comunicación, los organismos no gubernamentales sean nacionales o extranjeros. “Erradicar este problema requiere de un excelente manejo de la verdad, la honestidad, la tecnología, la inteligencia, la contrainteligencia, el seguimiento, la perseverancia, la continuidad y el secreto”.
Los analistas militares también han dicho que “en la actual guerra en contra del crimen organizado y el narcotráfico se debe evitar la confrontación inútil y reactiva del Estado mexicano”.
Pero tampoco nadie hace caso de lo que dicen los militares, y por ello los narcotraficantes o quienes estén atrás de ellos, saltan al escenario como salvadores de la patria.
El lunes pasado, en diversas ciudades de la república volvieron a aparecer las famosas narcomantas presuntamente firmadas por el “Cartel del Golfo”, en las que no sólo se deslindan de los atentados en Morelia la noche del pasado 15 de septiembre, sino que ofrecen una recompensa de cinco millones de dólares para quien proporcione información para capturar a los culpables. En dichas mantas invitan a la gente a unirse a su organización donde “tendrán todo nuestro apoyo”.
Por ahí asoma ya la respuesta a una de tantas preguntas que se han hecho en este espacio: hasta ahora los únicos beneficiarios de este desastre han sido los delincuentes y quienes los protegen.
Pero Calderón ya sabe porqué no avanzamos en seguridad pública, ¿no será tiempo de que haga algo al respecto?
De imaginaria
La Federación de Militares Retirados “Gral. Francisco J. Múgica”, sigue muy activa en el proceso de aprobación de la nueva Ley para el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISSFAM. El pasado 30 de septiembre un grupo de militares retirados, aunque reducido, muy representativo: dos generales, nueve jefes y 22 individuos de tropa, marcharon del Zócalo a la Cámara de Diputados para exponer sus puntos de vista sobre la ley. Cuán sería su sorpresa cuando el diputado de extracción militar, general Justiniano González Betancourt, ni los vio ni los oyó. Eso se llama “espíritu de cuerpo”.
(Por Esto, octubre de 2008. Vía El justo Reclamo)
martes, 16 de septiembre de 2008
Cesan a cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas
Por: El Universal/México, Df.
El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal entró en receso a 7 meses de haber sido creado
El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF), creado por el presidente Felipe Calderón a principios de su sexenio para combatir de manera directa al crimen organizado, fue cesado en sus actividades el 1 de diciembre de 2007, tan sólo siete meses después de haber sido creado.
En su Segundo Informe de Labores, la Defensa Nacional señala de manera muy breve (pag. 99), en el apartado denominado “Cese de Unidades”, que el 1 de diciembre de 2007, entró en receso (sic) el Cuartel General del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal”.
La dependencia no detalla en ningún otro apartado las razones del “receso”, en qué consiste exactamente, si se trata de la cancelación del CFAF o si es sólo un receso, y mucho menos por qué colocó al CFAF en el cese.
El 9 de mayo de 2007, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto de creación de esta unidad militar especializada, señalando que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contaba con 90 días para dotarla de los recursos económicos y materiales necesarios para su funcionamiento.
El CFAF estaría bajo las órdenes del presidente de la República y obedecería las instrucciones de éste para atender casos específicos de combate al crimen organizado al más alto nivel.
La Sedena no explica en su informe si el CFAF recibió o no los recursos presupuestales necesarios para entrar en operación.
Tampoco indica cuál es la situación de los militares que iban a integrar dicha fuerza especial y si esta decisión de dar marcha atrás al CFAF fue una orden presidencial o una instrucción del titular de la Sedena, el general Guillermo Galván Galván.
La Sedena planeaba desde su creación que el CFAF podría comenzar a operar para finales de 2007, con un presupuesto base de mil 600 millones de pesos, cantidad que nunca le fue autorizada en el Congreso de la Unión al presupuesto de la dependencia en el 2008, el cual fue de 34 mil millones de pesos.
Se mencionó incluso en el medio militar que el jefe de dicha unidad sería el de división José de Jesús Humberto Rodríguez Martínez, ubicado como uno de los militares longevos que tuvo acción en octubre de 1968 durante la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.
El artículo 103 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establece que a la fecha son cuatro los cuerpos especiales con que cuenta la Sedena: Guardias Presidenciales, Aerotropas, Policía Militar y Música Militar.
A estos se sumaría el CFAF, pero el Congreso de la Unión nunca le dio entrada a los cambios que debieron haberse hecho en la legislación militar desde mayo de 2007, cuando se publicó el Decreto Presidencial del CFAF.
El 17 de septiembre de 2007, el Diario Oficial de la Federación publicó un nuevo decreto presidencial en el que se daban a conocer modificaciones al texto de mayo es año en que se creaba el CFAF.
(El Siglo de Torreón/El Universal, 16 de septiembre de 2008)
lunes, 15 de septiembre de 2008
En segundo informe, Sedena no explica el cese de la Fuerzas de Apoyo Federal
El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF), creado por el presidente Felipe Calderón a principios de su sexenio para combatir de manera directa al crimen organizado, fue cesado en sus actividades el 1 de diciembre de 2007, tan solo siete meses después de haber sido creado.
En su Segundo Informe de Labores, la Defensa Nacional señala de manera muy breve, en el apartado denominado CESE DE UNIDADES, que el 1 de diciembre de 2007, “entró en receso (sic) el Cuartel General del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal”.
La dependencia no detalla en ningún otro apartado las razones del “receso”, en qué consiste exactamente, si se trata de la cancelación del CFAF o si es sólo un receso, y mucho menos por qué colocó al CFAF en el rubro de CESE DE UNIDADES.
El 9 de mayo de 2007, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto de creación de esta unidad militar especializada, señalando que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contaba con 90 días para dotarla de los recursos económicos y materiales necesarios para su funcionamiento.
El CFAF estaría bajo las órdenes del Presidente de la República y obedecería las instrucciones de éste para atender casos específicos de combate al crimen organizado al más alto nivel.
El artículo 103 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establece que a la fecha son cuatro los cuerpos especiales con que cuenta la Sedena: Guardias Presidenciales, Aerotropas, Policía Militar y Música Militar.
A éstos se sumaría el CFAF, pero el Congreso nunca le dio entrada a los cambios que debieron haberse hecho en la legislación militar desde mayo de 2007, cuando se publicó el Decreto Presidencial del CFAF.
(Notisistema.com, 15 de septiembre de 2008)
domingo, 7 de septiembre de 2008
Confirma Sedena muerte de un militar en Ciudad Juárez
Gabriel León Zaragoza
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que en un enfrentamiento con armas de fuego sostenido este viernes en Ciudad Juárez, Chihuahua, por parte de militares contra presuntos sicarios, fallecieron el cabo de infantería Hugo Abraham del Ángel Granillo y dos de los agresores.
Informó que el titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, “se encuentra pendiente de que se proporcionen de manera pronta y expedita” los apoyos y prestaciones sociales a los que tienen derecho los deudos del efectivo armado.
La dependencia federal destacó en un comunicado que durante una revisión en Ciudad Juárez (como parte la campaña permamente en contra del narcotráfico y la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos), efectivos militares fueron alertados por personal de seguridad pública municipal de la presencia en la colonia Tierra Nueva de varios sujetos armados a bordo de dos vehículos.
Al llegar al lugar, los militares fueron agredidos con disparos de armas de fuego por la célula de probables sicarios, de los cuales murieron dos personas que la secretaría refiere en calidad de desconocidos.
Sin precisar si hubo personas detenidas, la depedencia federal reportó que logró incautar un fusil AR-15, tres pistolas de diferentes calibres, 128 cartuchos y seis cargadores de arma de fuego, así como dos camionetas tipo Jeep. Agregó que el armamento y los vehículos fueron puestos a disposición de las autoridades corrrespondientes.
(La Jornada, 7 de septiembre de 2008)
sábado, 6 de septiembre de 2008
Oaxaca: arraigan a 6 militares por dos homicidios
Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)
Oaxaca, Oax., 5 de septiembre. Seis soldados pertenecientes a la 44 Zona Militar del Ejército Mexicano, con sede en Miahuatlán, habrían sido arraigados por la justicia militar por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos campesinos zapotecos de Santiago Lachivía, perteneciente al municipio de San Carlos Yautepec, el 5 de agosto pasado.
Se desconoce la identidad de los militares, pero entre éstos podría estar el teniente de Infantería, José Bernardino Barroso Díaz, quien estaba al frente del puesto de control móvil Barroso durante su recorrido por esa comunidad, informó Víctor Ignacio Ramírez, abogado defensor de los familiares de las víctimas.
Los soldados atacaron a los indígenas que realizaban una faena colectiva en una parcela comunal, y mataron al agente municipal Cecilio Vásquez Miguel y al poblador Venancio Olivera Ávila, además de lesionar gravemente a Aurelio Ortega Pacheco.
El asesor jurídico dijo que fuentes de la jurisdicción castrense le hicieron saber sobre el arraigo de los seis militares, pero no han sido identificados por la reserva en la institución militar.
Sin embargo, mencionó que Antonio Hernández, agente del Ministerio Público adscrito a la 44 Zona Militar, requirió formalmente a la procuraduría la averiguación previa por los hechos para reforzar la indagatoria.
(La Jornada, 6 de septiembre de 2008)
lunes, 23 de junio de 2008
Extiende CNDH pesquisas sobre presunta desaparición de dos eperristas
Se buscará en archivos y registros de dependencias federales y estatales, para conocer el paradero de estas personas.
Notimex / La Jornada On Line
Publicado: 23/06/2008 22:55
México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que se ha extendido la búsqueda de información y datos de cualquier naturaleza que se relacione con la presunta desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
En un comunicado, el organismo nacional precisó que lo anterior es parte de las investigaciones que inició desde el 3 de junio de 2007, en relación a la queja que se presentó sobre este tema en particular.
Es por ello que buscará en archivos y registros de dependencias federales y estatales, para conocer el paradero de estas personas.
Se precisó que se trata de la presunta desaparición de los señores Raymundo Rivera Bravo y/o Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya y/o Andrés Reyes Amaya.
La CNDH reiteró que de comprobarse su desaparición, se estaría ante una conducta criminal de "lesa humanidad" y, por lo tanto, ante un delito de carácter imprescriptible, cuya impunidad es contraria a los principios y al funcionamiento del estado democrático de derecho.
La CNDH refirió que con sus indagatorias -bajo las previsiones de confidencialidad como se lo marca la ley- dará a conocer la totalidad y los resultados de sus esfuerzos para la localización de estas dos personas.
"Entre tanto continúa integrando las respuestas de las autoridades a las que se ha dirigido con el fin de determinar el curso de esta investigación", se apuntó en el comunicado.
Indicó que mediante 280 solicitudes escritas, la CNDH se ha dirigido a titulares de dependencias y entidades federales y estatales, entre éstas, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Instituto Nacional de Migración.
También se ha pedido información a los titulares de las Procuradurías Generales de Justicia de los estados, y a las dependencias que coordinan, administran o supervisan los servicios médico forenses, los reclusorios y centros de internamiento, prevención y readaptación social de las 31 entidades federativas del país y del Distrito Federal
Detalló que el 14 de marzo de 2008, personal de esta Comisión Nacional solicitó información específica a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca, a la Subprocuraduría General de Control de Procesos y al Director de Derechos Humanos de la Procuraduría de Justicia de esa entidad Federativa.
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(La Jornada OnLine, tomado de Oaxaca en pie de lucha)
El EPR acusa a la CNDH de ser cómplice del gobierno federal
México, D.F., 23 de junio (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue duramente criticada por el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que la acusó de ser cómplice del gobierno federal para no investigar la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 25 de mayo del año pasado.
En un comunicado enviado a la comisión de intermediación, el grupo armado dijo que la CNDH permanece ausente en las indagaciones sobre sus dos cuadros desaparecidos.
"Ha brillado por su ausencia, confirmando que ésta juega más un papel de remozamiento del sistema político convirtiéndose en cómplice de las diferentes instituciones del gobierno mexicano, que una institución que realmente proteja a los ciudadanos de la violación de los derechos humanos que el Estado comete", aseveró el EPR.
En el comunicado enviado a la comisión de mediación, que integran Miguel Ángel Granados Chapa, Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor y Samuel Ruiz García, el grupo insurgente reconoció su labor, aunque admitió que no ha habido avances pero por la falta de compromiso del gobierno de Felipe Calderón y de instituciones como la CNDH.
"La sistematización que la comisión (de mediación) ha realizado de las acciones jurídicas emprendidas por los familiares de los detenidos-desaparecidos, confirman que están haciendo lo necesario para exigir la presentación de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
"Aunque el resultado es hasta el momento el mismo al que históricamente se han enfrentado familiares y amigos de los detenidos-desaparecidos por el Estado mexicano y los gobiernos priistas en la negra noche conocida como `guerra sucia`, ya que se enfrentan a la maraña burocrática y a la prepotencia de las autoridades que niegan de facto la existencia del delito de desaparición forzada y con ello la procuración e impartición de justicia", señaló.
El EPR insistió en la responsabilidad del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, en la detención y desaparición de sus dos compañeros, al considerar como “un punto clave” en la investigación la desaparición reciente del comandante Jonás Gutiérrez Corro en la ciudad de Oaxaca.
Dijo que la familia del policía desaparecido ha sido amenazada de muerte por autoridades del gobierno de Ulises Ruiz por reclamar o mencionar su nombre y solicitar que se investigue sobre su paradero.
En otras ocasiones, el EPR ha acusado a la policía de Oaxaca y a Ulises Ruiz de ser los responsables de haber detenido, torturado y desaparecido a sus dos militantes, quienes habrían sido entregados al Ejército desde hace más de un año.
En este contexto, el EPR exigió al gobierno de Flipe Calderón “concretar ¡ya!” y dar a conocer los alcances de la investigación y la solución de este grave problema, pues el delito de desaparición forzada esta considerado de lesa humanidad, por lo que es imprescriptible.
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(Proceso, 23 de junio de 2008)
El nuevo miedo: desaparecer
Gloria Leticia Díaz
A pesar de que poca, muy poca gente se atreve a denunciarlos, durante el gobierno de Felipe Calderón se han cometido más de 600 desapariciones, entre “levantones” anónimos y desapariciones forzadas cometidas por el Estado. De acuerdo con una investigación realizada por Proceso, la cifra real es incalculable porque, en medio de la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico, las familias de presuntos delincuentes y de activistas políticos y sociales tienen miedo de denunciar la desaparición de sus parientes –secuestrados muchas veces por policías o militares– debido a que las autoridades las relacionan con el narco.
A las más de 4 mil ejecuciones ocurridas durante la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico, se suman por lo menos 600 “levantones” y desapariciones forzadas que, en numerosos casos, han sido cometidos por fuerzas policiacas y militares de la presente administración. Aunque las cifras oficiales al respecto son menores, la reportera obtuvo ese número aproximado recabando información de instituciones públicas, de medios de comunicación y de agrupaciones de derechos humanos, las cuales explican las diferencias estadísticas por el hecho de que, en el presente gobierno, son pocas las familias que superan el miedo y denuncian formalmente las desapariciones forzadas de sus parientes. A pesar de que, en 2007, el Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos (Predes) de la CNDH dio cuenta de 43 desapariciones –23 verificadas en el presente sexenio–, y no obstante que Amnistía Internacional (AI) emitió un informe acerca de este fenómeno en México, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, declaró el 27 de mayo pasado que el actual gobierno “no tiene ni presos políticos ni desaparecidos”. Consultada al respecto, la senadora Rosario Ibarra manifiesta: “¿Quién le puede creer a Mouriño cuando dice que en México no hay desaparecidos? Claro que ahora les llaman ‘levantones’, vocablo terrible que inventaron para asociarlo a otros dos fenómenos, ‘delincuencia organizada’ y ‘narcotráfico’, lo cual es una maña calculada del gobierno ilegítimo de Calderón para quitarse de problemas”.En entrevista, la senadora perredista comenta que, a diferencia de las más de 500 desapariciones ocurridas durante la guerra sucia, “cuando estábamos seguros de que los que se llevaron a nuestros seres queridos eran la Dirección Federal de Seguridad, la policía de Arturo Durazo en el Distrito Federal y el Ejército, ahora no se sabe quiénes son los responsables. Eso llena de miedo a los familiares de las víctimas y por eso no denuncian”.Rosario Ibarra es integrante de la comisión mediadora para la localización de los dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos el año pasado, Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, casos en los que se ha documentado la intervención policiaca. También es presidenta del Comité Eureka y representa, además, a los familiares de 38 trabajadores petroleros desaparecidos este año en Cadereyta, Nuevo León.Así mismo, la legisladora ha recibido información en el sentido de que en Oaxaca ha habido otras 32 desapariciones forzadas y tres más en Michoacán durante el presente gobierno, en tanto que el EPR, en un comunicado del pasado 11 de junio, denunció 75 desapariciones forzadas, incluidas las de sus dos compañeros.Por su parte, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Fedefam) y su filial mexicana, Afadem, reportaron que hasta el 11 de junio se habían producido 78 desapariciones forzadas. Dos días después de esa fecha, según el secretario técnico de Afadem, Julio Mata Montiel, hubo un nuevo caso en Puebla. Luego de confirmarse que al menos una veintena de desapariciones forzadas del calderonismo están relacionadas con el activismo político o social de sus víctimas, Édgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (RTDT), señala que en muchas ocasiones los desaparecidos nada tienen que ver con esas prácticas ni con actividades delictivas. “En todas las guerras –dice–, quien paga una buena parte de los costos de las mismas es la población civil. Muy probablemente una buena parte de esta gente ejecutada y desaparecida estará implicada, pero otra parte de ella nada tenía que ver en el problema. Esas personas se convierten en mera estadística… más los ejecutados que los desaparecidos… porque de éstos poco se sabe.” En entrevista con Proceso, Cortez aclara que, a pesar de haber recibido información de agrupaciones agremiadas sobre la proliferación de las desapariciones forzadas de personas en México, no hay una cifra exacta “por el miedo de la gente a denunciar”.Al temor, continúa, se suma la desconfianza de los ciudadanos en las autoridades, muchas de ellas “infiltradas por la delincuencia”. Tanto las ejecuciones como las desapariciones “no se investigan de manera automática. Se dice que una desaparición es un ajuste entre bandas o parte de la guerra entre los grupos de narcotráfico, como si eso fuera una justificación para no investigar. Hay enormes omisiones en términos de la procuración de justicia, es decir, de la investigación de los delitos para juzgarlos y castigarlos…”
Acciones policiacas y militares
En Chihuahua, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedhch), que ha recabado 64 quejas contra miembros del Ejército Mexicano en lo que va de este año, documentó la desaparición forzada –atribuida a militares el 31 de mayo pasado– de Fabián Cruz Torres. De 40 años, Cruz Torres fue detenido junto con otras nueve personas por un grupo de soldados que los llevaron a las instalaciones de la V Zona Militar, donde fueron torturados en el llamado Campo “C” mientras eran interrogados sobre los distribuidores de mariguana de su colonia.
Así lo denuncia en Ciudad Juárez Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de atención a víctimas de la Cedhch, y agrega:
De los 10 detenidos, ocho fueron liberados, y uno ellos, Ricardo Pérez, fue consignado cuatro días después acusado de portar un arma calibre .22. Pero de Fabián Cruz Torres, enfermo de esquizofrenia, hasta la fecha no se sabe nada. “En la PGR nos dicen que nunca llegó, y el área de Derechos Humanos del Ejército asegura que no lo tienen –indica De la Rosa–. Sin embargo, contamos con información fidedigna de que su nombre aparece en la bitácora de la enfermería de la V Zona Militar, donde fue atendido por un médico de grado mayor. “Hemos de tener unas 50 quejas específicas, con unos 100 afectados, de personas denunciando a militares que los retienen, los torturan e interrogan por seis o 10 días y luego los sueltan, pero el de Fabián es el caso más grave”, apunta. En Ciudad Juárez se han registrado, sólo de enero a abril de este año, 33 levantones de personas. De ellas, 26 permanecen desaparecidas. El resto aparecieron ejecutadas, de acuerdo con la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Cosyddhac).A su vez, la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad ha asumido el seguimiento de 24 desapariciones forzadas ocurridas en Baja California de 2006 a la fecha.Alma Díaz, coordinadora de la agrupación, explica que “cuando se trata de ajustes de cuentas, los levantados aparecen días después muertos, pero cuando los autores de detenciones son autoridades, o al menos eso parecen, nunca se vuelve a saber de las víctimas”.El pasado 12 marzo, Alma Díaz entregó a la esposa del presidente Calderón, Margarita Zavala, de gira por Mexicali, una carta –Proceso tiene copia– donde la Asociación Esperanza apela a “su corazón de madre, hermana e hija de familia” para que las autoridades judiciales trabajen en sus casos.A la misiva le adjuntaron una relación de 44 víctimas de desapariciones forzadas ocurridas en Baja California durante los gobiernos federales panistas, 24 de ellas en la administración de Felipe Calderón, de las cuales se encarga esa agrupación civil. “Con Vicente Fox –observa Alma Díaz– nos avisaban que habían recibido la información, pero con éste (Calderón) ni siquiera eso”.Lamenta la conducta de la CNDH ante el fenómeno: “En 2000, logramos que viniera a Mexicali el encargado del Programa de Presuntos Desaparecidos, Tomás Serrano; se llevó toda la información de los asuntos que teníamos hasta ese momento, y no volvió ni emitió ninguna recomendación. Eso sí, nos pidió que lo lleváramos a San Diego a comprar perfumes”.Mientras tanto, en Sinaloa, las desapariciones forzadas atribuidas a cuerpos policiacos han sido registradas por el Frente Cívico Sinaloense (FCS) y por el expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Óscar Loza Ochoa, ahora regidor en Culiacán.Mercedes Murillo, del FCS, lleva el caso de Vicente Raúl Ontiveros Avendaño, quien fue detenido la madrugada del 4 de junio en su casa de la colonia Nuevo Bachigualato.“La información que nos han proporcionado los familiares es que el 4 de junio en la madrugada llegaron cinco camionetas de la Policía Federal Preventiva (PFP). Los agentes, todos, iban cubiertos del rostro y se metieron de manera por demás violenta a la casa del señor Ontiveros.“Supuestamente buscaban drogas, porque según ellos recibieron una llamada anónima; además de detenerlo, los agentes se llevaron tres televisores, dos DVD, una laptop, un lote de joyas, celulares y una camioneta. Ésta ya apareció, pero no el señor Ontiveros. Los familiares tomaron los números de dos patrullas en las que iban los agentes: 12419 y 12347.”Para la defensora de derechos humanos, “lo peor del caso es que a nosotros, por representar a las víctimas, se nos acusa de estar del lado de los narcotraficantes. Nos encontramos en estado de indefensión, pero no podemos callarnos”.Óscar Loza destaca que “hay un temor generalizado de la población a denunciar, porque en este ambiente de militarización la gente teme ser víctima de represalias. Además, cuando las autoridades califican a los desaparecidos como posibles delincuentes, la gente entra en un estado de incertidumbre”.En su edición número 1639, este semanario dio cuenta del seguimiento que Loza Ochoa daba a los casos de José Luis Ramírez y de Jesús Armando Sarabia, desaparecidos el 22 de enero y el 10 de marzo, respectivamente. Ahora sigue también los de Luis Ernesto Reyes Durán y Pablo Gerardo Nájera Urías, desaparecidos el 9 de marzo y el 2 de abril, en ese orden. En todos ellos, expresa, hay indicios de la participación de cuerpos policiacos.Pablo Gerardo es hermano de Omar Nájera Urias, presentado el 31 de abril con otros 12 individuos como presuntos sicarios por el entonces comisionado de la PFP, Édgar Millán, posteriormente asesinado.“Cuando la mamá se enteró, fue a verme y me dijo que ya no iba a seguir buscando a Pablo Gerardo, que le daba mucha vergüenza por su otro hijo. Yo la reanimé y le dije que no era un asunto de vergüenza, que afortunadamente su hijo Omar fue presentado y tenía el derecho de ser juzgado, pero que si su hijo Pablo había cometido algún delito, las autoridades tenían la obligación de presentarlo y juzgarlo, y que su desaparición seguía siendo un delito”, cuenta Loza Ochoa.
Negligencia criminal
En Guerrero, otra entidad severamente golpeada por la “guerra” contra el narcotráfico, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados reporta 138 “levantados”, 18 secuestrados y 504 asesinados de diciembre de 2006 a mayo de este año.Javier Monroy, coordinador de dicho comité, que da seguimiento a 10 desapariciones forzadas y a dos asesinatos, denuncia que las autoridades “insisten en vincular estos asuntos a la delincuencia organizada, sin ningún sustento, sólo por evadir su responsabilidad. Y todo ello sigue alimentando las sospechas de que algo saben y lo esconden, lo que implica impunidad y posiblemente complicidad”.Según cifras oficiales de la Procuraduría de Justicia de Guerrero, la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Coddehum) y la organización de Monroy, durante el gobierno del perredista Zeferino Torreblanca ha habido 28 desapariciones forzadas, 18 de ellas ocurridas en los primeros 11 meses de 2007, es decir, durante el primer año de gobierno de Calderón (Proceso 1626).En Tamaulipas se han reportado por lo menos 130 personas desaparecidas en lo que va del sexenio, la mayoría en hechos relacionados con el crimen organizado. la directora del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de Derechos Humanos de Reynosa (Cefprodhac), Rebeca Rodríguez, puntualiza que “de cada 10 desapariciones que se registran en la frontera, si acaso una es denunciada actualmente”.El Cefprodhac documentó un caso en el que intervinieron agentes federales que, al realizar una redada contra taxistas, se llevaron hasta a los pasajeros. Los condujeron “a veredas donde los desnudaron y los sometieron a interrogatorios sobre quién y dónde se vendía droga”.Por este asunto, continúa, hay tres personas que siguen desaparecidas, pero ninguna de ellas ni sus familias han presentado una denuncia formal. Es más, añade, los agentes del Ministerio Público se niegan a integrar averiguaciones por estos casos, y cuando lo hacen, no hay investigaciones.En 2007, el Cefprodhac contabilizó 81 personas desaparecidas hasta noviembre de ese año, de las cuales 31 no han reaparecido, mientras que en lo que va de 2008 se han producido 17 desapariciones. De acuerdo con las estadísticas de la Policía Ministerial del Estado (PME), se han recibido 90 denuncias por desaparición forzada –sin incluir el municipio de Reynosa– y las víctimas no han sido localizadas.En Nuevo León y Coahuila el miedo de la población a denunciar las desapariciones forzadas se ha traducido en que no haya registros oficiales de las mismas. Pero, en Nuevo León, los medios locales han informado de 88 “levantones” en 2007 y de 36 en lo que va de 2008, así como de tres secuestros, en tanto que en Coahuila cifras extraoficiales hablan de 50 “levantones” al mes, pero sin denuncias formales.Algo similar sucede en Michoacán, donde la delegación de la Procuraduría General de la República tiene 20 expedientes de desapariciones forzadas en lo que va del sexenio. Entre éstas se encuentran: la del exmilitante del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) Francisco Paredes Ruiz, ocurrida el 26 de septiembre de 2007; la de los periodistas Mauricio Estrada Zamora, de La Opinión de Michoacán, y la de Axel Christian López Cruz, desaparecidos el 14 de febrero y 20 de julio, respectivamente. Así mismo, las de Jesús Bustamante y Eduardo García, policías ministeriales de Guanajuato, que desparecieron el 25 de marzo pasado entre los límites de La Piedad, Michoacán, y Santa Ana Pucuato, Guanajuato.En el estado panista de Guanajuato, la delegación de la PGR tiene un registro de 43 personas desaparecidas originarias de esa entidad, casos de los cuales 12 han sido denunciados de 2006 a la fecha, mientras que en Tabasco la violencia ha cobrado 30 ejecuciones, unos 60 “levantones” y secuestros y cinco desapariciones forzadas.Entre las desapariciones sobresale la del reportero del diario Tabasco Hoy Rodolfo Rincón, especializado en temas de narcotráfico, en enero de 2007. En esta misma entidad, el sacerdote jesuita Jesús Maldonado, director del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), refiere que, en medio de la guerra contra el narcotráfico, muchas agrupaciones de derechos humanos deciden no ocuparse de las desapariciones forzadas.Édgar Cortez, de la Red de Organismos Civiles, reflexiona: “No tenemos una respuesta de cómo entrarle a esta situación de alto riesgo. Es ingresar a un terreno desconocido. Frente a las autoridades puede haber una serie de mecanismos de contención y de control, pero en el tema del narcotráfico es meterte con un actor totalmente irracional e inesperado.“Por el momento, lo que ubicamos es que la justicia se vuelve imposible; la negligencia para investigar estos casos es sistemática; las procuradurías no hacen mayor esfuerzo al respecto, generando un miedo social que dificulta la lucha contra la delincuencia.”
(Con información de Gabriela Hernández, Arturo Rodríguez, Francisco Castellanos, Verónica Espinoza y Armando Guzmán.)
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(Proceso, junio de 2008. Tomado de El Justo Reclamo)
jueves, 12 de junio de 2008
Incursiones recientes en comunidades chiapanecas responden a plan de contrainsurgencia: CDHFBC
■ Operativos policiacos y militares, dirigidos contra poblaciones indígenas en resistencia
Hermann Bellinghausen
En menos de dos meses, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) ha registrado un número récord de incursiones militares y policiacas en comunidades de Chiapas, “en una lógica de contrainsurgencia” donde operan “de manera mixta fuerzas militares, policiales y actores de las mismas comunidades, en despliegues tácticos sobre territorios con población civil organizada en torno a justas demandas sociales”.
Los testimonios hablan de allanamientos, agresiones físicas y verbales, videograbaciones y fotografías. Las operaciones del Ejército “se pretenden justificar so pretexto de ‘detectar plantíos de mariguana, armas y pistas de aterrizaje clandestinas’”.
El CDHFBC considera: “los ya numerosos operativos documentados dejan ver la agudización del plan de contrainsurgencia, mediante el desprestigio de comunidades y organizaciones con el objetivo de ‘ganar para el gobierno el apoyo de la población civil’, estableciendo un clima de hostigamiento sicológico por medio del despliegue territorial y de reconocimiento, que les permite también observar la respuesta de la población a tales operaciones”.
El centro destaca que las incursiones militares son “asistidas” por actores federales, estatales y locales: Agencia Federal de Investigación (AFI), agentes del Ministerio Público, Policía Estatal Preventiva y pobladores civiles de cada región. Los acontecimientos “no están aislados y responden a una lógica de ofensiva a poblaciones indígenas en resistencia”.
El organismo hace un recuento de acciones, todas registradas en su momento por este diario, desde el 27 de abril en Cruztón (municipio de Venustiano Carranza). Luego en San Jerónimo Tulijá (municipio oficial Chilón y autónomo Ricardo Flores Magón), el 19 y 20 de mayo. El día 22 las fuerzas armadas patrullaron 11 comunidades de Venustiano Carranza: Santa Rufina Las Perlas, 28 de junio, Nuevo San José La Grandeza, San José La Grandeza, Guadalupe La Cuchilla, Mesa El Porvernir, Las Delicias, El Puerto, Nuevo Paraíso, Laguna Verde y San Caralampio Chavín; una región con presencia de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC).
El 23 de mayo, en Cruz Palenque, Usipá, Retorno Miguel Alemán y Nuevo Limar (Tila), retenes con toma de posiciones militares. El mismo día, en Carrizal y Río Florida (Ocosingo), incursión y vuelos rasantes. El 26, nuevamente, en estas comunidades y en Chalam del Carmen.
El 27 de mayo en Nuevo Chamizal (Ocosingo), Ejército y policías “supuestamente” destruyeron plantíos de mariguana “en territorio zapatista”. El mismo día se informó de un “desalojo” en El Semental y Nuevo Salvador Allende, en Montes Azules, con participación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El 29 de mayo, otra vez El Carrizal. Mujeres de la OCEZ impidieron el paso de los soldados.
El 4 de junio, la incursión militar y policiaca en las comunidades zapatistas La Garrucha, Hermenegildo Galeana y San Alejandro, “junto con la establecida simultáneamente en el perímetro del caracol de Morelia”, dice el CDHFBC, “nos parece particularmente grave, pone en grave riesgo la paz, y es una provocación del Estado hacia el EZLN, con el cual mantiene una pacto de cese al fuego”.
(La Jornada, 12 de junio de 2008)
Son fuerzas federales las que hostigan a comunidades indígenas, se deslinda gobierno de Chiapas
isaín mandujano
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 12 de junio (apro).- El secretario de Gobierno, Jorge Antonio Morales Messner deslindó al gobierno local de cualquier acto de acoso y hostigamiento en contra de comunidades indígenas del estado, incluidas las zapatistas, y responsabilizó de ello a los cuerpos policiacos federales y a los militares.
"A nosotros nos han pedido la presencia de los ministerios públicos o de la policía estatal cuando se trata de ir a combatir el tráfico de armas o de enervantes, pero de eso a participar en actos de represión que puedan ser considerados como acoso u hostigamiento, nada tenemos que ver", dijo Morales Messner.
Señaló que el gobierno estatal tiene claro que la contraparte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es el gobierno federal y no el gobierno estatal, por lo que, dijo, nada tiene que ver las instancias locales en alguna incursión policiaca o militar que se pueda entender como un acto de provocación al grupo armado, que se alzó en armas en enero de 1994.
Morales Messner dijo que no es la primera ni la última ocasión en que los cuerpos policiacos locales participan en los operativos militares, pero afirmó que la participación sólo se circunscribe al combate de delitos que pudieron alterar el orden público en Chiapas.
Señaló que el gobierno estatal "no puede negar su participación" cuando así lo requieren los cuerpos policiacos federales y militares para combatir delitos que alteren la paz en el estado, pero insistió que nada tiene que ver con cuestiones que puedan interpretarse "como acciones de contrainsurgencia".
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé Las Casas denunció ayer incursiones militares en varias comunidades de la Selva Lacandona, zona de influencia del EZLN, lo ha sido percibido como actos de provocación por parte de las bases de apoyo del grupo rebelde.
Afirmó que en estas incursiones ha participado la policía local, a través de personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y del Ministerio de Justicia.
(Proceso, 12 de junio de 2008)
miércoles, 11 de junio de 2008
Cuestión de opciones
miércoles, 11 de junio de 2008
María Teresa Jardí
Durante el breve tiempo, once meses, en que fungí como delegada, en la época de Jorge Carpizo como procurador general de la república, los policías afirmaban que Juárez era peor que el infierno. Y, sin embargo, esa era una de las plazas más “cotizadas” para el desempeño de subdelegado de policía de la PGR. Y lo era debido a la corrupción que existía en ambos lados de la frontera. La que sigue existiendo, me dicen que intensificada. Y me refiero a la corrupción como decisión a los gobiernos de ambos países. No a la corrupción aislada que se da en todo lugar y que se combate cuando la cabeza no está involucrada. A la corrupción que en México y que en los Estados Unidos de Norteamérica parte de la cabeza misma del gobierno de Bush, legítimo en su segundo periodo, usurpador también en el primero, a la corrupción de presidentes legítimos como Zedillo y como Fox y de dudosa legitimidad como Echeverría y López Portillo o de plano ilegítimos como Salinas y hoy
con el Ejecutivo, en México, en manos de un usurpador, que sí, que tienen un pésimo equipo, pero esto tampoco es gratuito, de gente inteligente se rodean los inteligentes, de gente eficiente los que van a cumplir con la prestación del servicio que el pueblo les manda, no los que usurpan el poder y se ven obligados a hacer malabarismos incluso para cumplir los muchísimos compromisos que se adquieren cuando se llega al grado de legalizar el fraude en un país. La violencia hoy, localizada de manera extrema, digamos --la violencia siempre es inaceptable porque siempre es una medida extrema--, por estos días, en Chihuahua y mañana se dará en Yucatán la misma situación, como antes se dio en Nuevo León, de manera incomprensible por impensable, también para la sociedad de ese Estado de la república, es producto hoy de la Presidencia usurpada por Calderón.
La corrupción, que nadie veía y mucho menos combatía, se detectaba desde entonces, por un lado en el tráfico de armas que entraban vía la aduana del imperio vecino a México y por el otro en el contrabando de todo y en especial de pollo que entraba por caminos vecinales y a la inversa la droga y los pistoleros eran el aporte mexicano de acuerdos a todas luces convenidos --y convenientes es de suponer-- por ambos gobiernos federales y locales, porque si se hubieran querido combatir estos fenómenos se hubiera hecho. Y la escalada de violencia, como la crónica anunciada que era, fue subiendo de tono y llegó a las mujeres impunemente asesinadas, en algunos casos por un asesino serial, que hasta el cansancio la opinión pública ha señalado que es el hijo de un protegido del panismo local y federal y lo mismo ocurría con el tráfico de cocaína en conocidos trailers de un “probo empresario” local. Es decir, cuando hasta los nombres de los responsables se conocen públicamente y nadie hace nada al respecto salta a la vista que la impunidad es el acuerdo bilateral.
El Plan México nada tiene que ver con el combate al narcotráfico que no se está dando y que no se va a dar. El Plan México es para control social y tiene que ver con las promesas de venta del usurpador de mierda que hoy se asesora en España para acabar de entregar los pocos bienes que al pueblo mexicano le quedan para transitar las próximas generaciones de manera aunque sea un poco menos violenta.
Y ahí es donde está el fracaso del Ejército Mexicano, en solapar eso, y no en prestar tres helicópteros para una telenovela, lo que no tiene la menor importancia en ningún lugar del planeta. Y si aquí se denuncia la anécdota es en función del desprestigio ganado a pulso por el duopolio telecrático debido al poder inaudito, sin controles de ninguna clase, otorgado por el gobierno, hoy usurpado, al duopolio productor de pornografía en horas incluso de la mañana del sábado cuando no es difícil suponer que las madres usan la televisión como niñera de sus hijos. Televisión, la mexicana, que es parte también de la involución de México como salta a la vista para cualquiera que esté dispuesto a perder algunas neuronas viendo un rato la Telebasura que aquí es lo único que se produce.
Pero lo que sí es incompresible es que el Ejército Nacional se preste a un juego tan obvio a pesar del enorme desprestigio que para él también trae aparejado el hacerlo y no me refiero a lo de salir o no sus implementos en una telenovela de la Telebasura, aunque también se debió aquilatar la respuesta de la opinión pública realmente azorada por lo que ocurre en el país, me refiero a salir a la calle a fingir un combate que es obvio que les han ordenado no dar y peor aún a reprimir a un pueblo al que le sobran razones incluso para estallar de la más violenta de las formas.
El Ejército Nacional haría bien en aquilatar desde ahora al lado de quién va a ponerse, incluso pensando en que la mancha de la represión no se quita nunca en la vida ni con el mejor de los detergentes.
(Por Esto!, 11 de junio de 2008)
martes, 10 de junio de 2008
Es lo que es
Denise Dresser
Policías encajuelados. Hombres entambados. Cuerpos decapitados. Militares acribillados. Ciudadanos atemorizados. Automóviles quemados. Más de 4 mil ejecutados en menos de dos años. Víctimas de una guerra brutal, fútil, inacabable. Víctimas de una lucha que el gobierno de Felipe Calderón anticipa ganar pero no podrá hacerlo. Porque la guerra contra las drogas nunca concluirá con un triunfo medible de los buenos sobre los malos, con una victoria contundente que el país pueda celebrar.
Porque una de las primeras bajas que produce cualquier guerra es el ocultamiento de la verdad. El ofuscamiento de una realidad en la que –como diría George Orwell– “denunciamos la guerra mientras preservamos el tipo de sociedad que la hace inevitable”. México, el país donde la expansión del narcotráfico es un síntoma más de todo lo que no funciona.Donde las muertes sin sentido se han vuelto insoportablemente repetitivas. Donde se atacan los efectos, pero no las causas. Donde muchos critican la violencia que el narcotráfico produce, pero pocos hablan de la estructura económica, política y social que lo hace posible. Ese andamiaje de políticos que protegen a narcotraficantes y narcotraficantes que financian a políticos; de criminales organizados que lavan dinero e instituciones financieras que se benefician con ello; de sicarios que asesinan a policías y policías que les pagan para hacerlo; de jueces que se vuelven cómplices del crimen organizado y el crimen organizado que los soborna. Por eso cuando Juan Camilo Mouriño declara que “el Estado mexicano es mucho más poderoso que cualquier capacidad de estos grupos para corromper instituciones, intimidar a la sociedad o destruir vidas humanas” denota cuán poco entiende el problema. Hoy el Estado mexicano ha sido infiltrado por las fuerzas que dice combatir. Hoy el Estado mexicano declara que va ganando la guerra contra los malos, cuando en realidad los alberga. ¿Dónde están los gobernadores enjuiciados? ¿Los presidentes municipales castigados? ¿Los procuradores investigados? ¿Los senadores encarcelados? ¿Los militares acusados? La historia de la “guerra” contra el narcotráfico en México es una de simetrías y mimetismos y complicidades. La corrupción en las calles es reflejada en cada pasillo del poder, en cada división del Ejército, en cada escuadrón de la policía, en cada Ministerio Público, en cada juzgado, en cada pueblo en el cual las víctimas de la violencia temen hablar o denunciar o confrontar. El narcotráfico se nutre de una vasta red, tejida a lo largo de los años para constreñir la rendición de cuentas. Vive de la corrupción compartida, del estado de derecho intermitente, de la incapacidad de la clase política para hablar y actuar honestamente.“Los operativos están dando resultados”, dicen. “Vamos ganando aunque no parezca”, declara el procurador Eduardo Medina Mora. Unos y otros, argumentando que la violencia es resultado de la eficiencia; el aumento en las ejecuciones es indicador de las interdicciones; la multiplicación de las muertes es evidencia de mano firme y no de mano ineficaz. Unos y otros, compitiendo para probar cuán draconianos son. Unos y otros, cerrando los ojos ante fuerzas sociales y económicas demasiado arraigadas para ser combatidas tan sólo con más armas, más balas, más policías, más militares, más sangre en el suelo, más soluciones simplistas a problemas complejos.Los defensores de la estrategia actual han hecho una declaración de guerra que –en realidad– constituye una admisión de derrota frente a intereses que no pueden desarticular. Todos, ignorando los problemas estructurales de un país con una subclase permanente de 40 millones de pobres. Con un sistema policiaco disfuncional. Con una corrupción que por conveniencia política nadie quiere combatir. Con un sistema educativo demasiado maltrecho como para asegurar la movilidad social, y por ello la economía ilegítima del narcotráfico se vuelve la única solución para tantos mexicanos. Patrones históricos, patrones intransigentes, patrones recalcitrantes que abonan el terreno para el narcotráfico y quienes viven y se enriquecen con él. El negocio del narcotráfico va en ascenso porque México le ha apostado a que su destino no depende de la incorporación de la mitad de su población al desarrollo nacional. Podemos seguir culpando a Estados Unidos por la demanda de drogas que genera. Podemos seguir mascullando sobre el flujo de armas a lo largo de la frontera. Podemos criticar a la Iniciativa Mérida y denunciar la protección de los derechos humanos que contiene como condición. Podemos sentirnos más nacionalistas y más patrióticos al envolvernos en la bandera. Pero eso no será suficiente para entender la dimensión del problema ni proveerá la honestidad suficiente para encararlo. La incompetencia y la corrupción persisten en ambos lados de la frontera. La proliferación de policías corrompidos e instituciones infiltradas es un fenómeno bilateral. México está pagando un precio muy alto para satisfacer el apetito estadunidense, pero también es responsable de su propia voracidad, de su propia complicidad. De su propia incapacidad para hacer del estado de derecho una realidad y no una mera aspiración retórica. De su propia incapacidad para construir un país incluyente, próspero, en el cual sus ciudadanos tienen empleos bien remunerados y no siembran o transportan enervantes. Si eso no cambia, no importa cuántos recursos se destinen, cuántos policías se entrenen, cuántas armas se usen, cuántos helicópteros se compren. Colombia ha gastado más de 5 mil millones de dólares en la guerra contra el narcotráfico con resultados mixtos: más seguridad pero mismo nivel de drogas. La lección es clara. El principal objetivo de la guerra que el gobierno quiere ganar no debe ser la destrucción de los cárteles, sino la construcción del estado de derecho. La meta no debe ser matar a más capos, sino mejorar la aplicación de las leyes en un país para todos. Pero para ello va a ser necesario confrontar verdades más profundas. El narcotráfico es un sistema edificado sobre la corrupción, mantenido por la conveniencia, basado en una mentira que nadie quiere reconocer. Esta guerra no tiene fin. Pretender ganarla es como pensar que es posible ganarle a un terremoto, o a un huracán. Por cada capo atrapado o asesinado habrá otro que surja en su lugar. Como lamenta el policía McNulty en la escena final de The Wire –la serie de televisión que plasmó la guerra fútil contra el narcotráfico en Baltimore– cuando mira con amor y tristeza a su ciudad devastada y musita: “Es lo que es”.
(Proceso, junio de 2008. Tomado de El Justo Reclamo)
Zapatismo: la nueva provocación gubernamental
Luis Hernández Navarro
Desde la insurrección de enero de 1994 los distintos gobiernos federales han querido asociar al EZLN con el narcotráfico. Nunca han podido demostrarlo, pero de cuando en cuando lo intentan.
Apenas el pasado 4 de junio el gastado guión volvió a repetirse. Sólo que ahora la amenaza es mayor que en el pasado. En esa fecha más de 200 elementos del Ejército federal, de la Procuraduría General de la República y de la policía estatal y municipal, con el rostro pintado, incursionaron en parte del territorio zapatista de La Garrucha con el pretexto de buscar plantíos de mariguana. Centenares de pobladores de las comunidades de Hermenegildo Galeana y San Alejandro los rechazaron con machetes, palos, hondas y resorteras.
Los poblados zapatistas prohíben la siembra, el tráfico y el consumo de drogas. Ni siquiera se permite beber o vender alcohol en ellos. No es un hecho nuevo. Desde el inicio del levantamiento armado la comandancia rebelde hizo pública esta disposición. La medida sigue en vigor con las autoridades civiles que se hacen cargo de los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno. No sucede lo mismo con las comunidades priístas, donde se cultivan enervantes en contubernio con la fuerza pública.
En un comunicado dirigido al entonces presidente Ernesto Zedillo, con fecha 10 de febrero de 1995, un día después de la ofensiva militar que pretendió detener, por medio de una traición, al subcomandante Marcos, los alzados señalaron: “queremos decirle la verdad, si es que usted no la sabe: los delincuentes, terroristas, narcotraficantes son ustedes, son los mismos que forman su gabinete, son sus mismos soldados quienes trafican con drogas, quienes obligan a los campesinos indígenas a sembrar mariguana y otros estupefacientes. ¿Acaso no se ha dado cuenta de esto, señor Zedillo? Nosotros los zapatistas sí, porque vivimos con nuestro pueblo, somos los mismos que hemos combatido contra la siembra de drogas, contra el tráfico de drogas que sus mismos soldados hacen y han hecho dentro de los territorios que hemos controlado”.
Sin fundamento, la acusación se ha repetido año tras año. En 2004, el diario Reforma publicó la noticia de que “en promedio, cada dos días, efectivos del Ejército Mexicano ingresan a territorio zapatista para destruir plantíos de mariguana y amapola que en el último año se han incrementado considerablemente”. Días después, el general Jorge Isaac Jiménez García, mando del operativo militar en la zona, rechazó que los sembradíos de mariguana pertenecieran a simpatizantes del EZLN.
La provocación policiaco-militar del pasado 4 de junio contra los rebeldes no es un hecho aislado. Forma parte de una agresión de más largo aliento. El hostigamiento gubernamental contra los alzados ha sido una constante desde la llegada del gobernador Juan Sabines en 2006.
Diversos grupos campesinos cercanos al gobierno del estado pretenden posesionarse de las tierras que bases de apoyo zapatista ocupan y trabajan desde 1994. Grupos paramilitares como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) acosan a los municipios autónomos. El Ejército ha establecido nuevas posiciones, cualificado su presencia en la entidad y realizado movimientos inusuales de carácter claramente intimidatorio.
Jaime Martínez Veloz, representante del gobierno de Chiapas ante la Comisión para la Concordia y Pacificación (Cocopa), ha explicado con mucha claridad la dimensión agraria de la actual ofensiva antizapatista. “El gobierno mexicano –dijo a la CCIODH–, yo estoy convencido que en actitud de intentar confrontar al EZLN con campesinos e indígenas de la zona, habilitó a personas con necesidades de tierra, pero los habilitó como ejidatarios de las mismas zonas que los zapatistas ocupaban esas tierras. Los hace ejidatarios y evidentemente genera un conflicto. En una misma superficie hay quien ocupa la tierra y hay quien tiene un título. Esto se produjo ya por los primeros años, 95, 96... y las repercusiones de eso, pues hoy aparecen.”
Curiosamente, los responsables de la política agraria, rural y turística del gobierno de Juan Sabines son personajes como Jorge Constantino Kanter, representante de los latifundistas y ganaderos afectados por la irrupción del zapatismo, o Roberto Albores Gleason, hijo del ex gobernador Roberto Albores, ejecutor de innumerables violaciones a los derechos humanos.
El operativo del pasado 4 de junio se realizó en el lugar donde hace poco tiempo estuvo el subcomandante Marcos. Por lo visto, su presencia en La Garrucha inquietó a las autoridades gubernamentales. Hace ya meses que el vocero del grupo rebelde casi no aparece ante la opinión pública y sus silencios ponen nerviosos a los servicios de inteligencia. Pero los focos rojos que advierten la creciente intolerancia gubernamental ante la iniciativa civil pacífica de los rebeldes se habían prendido desde tiempo atrás. Camino al primer Encuentro Continental de Pueblos de América, realizado en Vicam, Sonora, entre el 11 y el 14 de octubre de 2007, retenes policiacos y militares detuvieron al convoy en el que se trasladaban los delegados zapatistas, obligando a que la comandancia indígena que asistía al evento regresara a Chiapas.
Una encuesta recientemente realizada sobre la administración de Felipe Calderón muestra que, además de la amplia simpatía de la población a la campaña antidrogas, a pesar del paso de los años, 26 por ciento de los sondeados apoyan a los zapatistas. Un porcentaje nada despreciable en las actuales circunstancias.
El nuevo intento gubernamental de mostrar al EZLN como cómplice del crimen organizado pretende montarse en la ola de sentimientos antinarco para tratar de erosionar la corriente de opinión favorable a los rebeldes y propinarle un golpe represivo. Un golpe decidido desde tiempo atrás. ¿Acaso no tiene el gobierno federal suficientes conflictos sin solución abiertos como para hacer más grande uno que no ha podido resolver en años?
(La Jornada, 10 de junio de 2008)
lunes, 9 de junio de 2008
Pide Chihuahua investigación sobre muerte de civiles en retén militar
El gobierno del estado asegura que la quinta zona militar no ha proporcionado información sobre el caso, por lo que realiza sus averiguaciones.
La Jornada On Line
Publicado: 09/06/2008 13:42
Chihuahua, Chih. El gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, anunció este lunes que solicitará ante el Ministerio Público federal una investigación sobre la muerte de tres civiles en un retén militar ubicado en Ciudad Cuauhtémoc, a fin de deslindar responsabilidades.
El mandatario aclaró que la Procuraduría de Justicia del estado ya realiza sus investigaciones, ya que la comandancia de la quinta zona militar no ha proporcionado información sobre el caso.
El retén estaba instalado en la comunidad Casa Colorada, ubicado en la carretera Cuauhtémoc-Guerrero, al noroeste de la ciudad.
Según los primeros reportes, dos civiles embistieron con un vehículo Grand Marquis a un efectivo militar y trataron de darse a la fuga. Los soldados realizaron disparos para que los hombres se detuvieran y éstos murieron. Las balas alcanzaron a otro automovilista que también falleció.
(Con información de Notimex)
(La Jornada, 9 de junio de 2008)
Soldados matan a 4 civiles en Chihuahua
■ Entre sábado y domingo hubo 16 ejecuciones en tres estados
De los corresponsales
Soldados de un retén instalado Casa Colorada, municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, mataron a cuatro civiles e hirieron a dos militares, en una aparente confusión causada por un accidente.
Extraoficialmente se informó que los dos civiles circulaban en un automóvil de modelo atrasado por la autopista Cuauhtémoc- Guerrero, pero al llegar al puesto de revisión el conductor no se detuvo –al parecer por una falla mecánica–, arrolló a uno de los soldados y se estrelló contra un poste de energía eléctrica.
Al caer el poste, el área quedó a oscuras y los soldados abrieron fuego. Minutos después el poblado y la carretera fueron sitiados por más de 200 militares.
Luis Ernesto Baray, director del periódico Red Noroeste, informó que dos horas después del incidente persistía la confusión, el tráfico estaba paralizado, no había información oficial sobre el número de muertos y, según testigos, siguieron escuchándose disparos.
Por otra parte, entre la noche del sábado y este domingo se reportaron 12 homicidios en el estado de Chihuahua: ocho en Ciudad Juárez, tres en Nuevo Casas Grandes y uno en Villa Matamoros. La mayoría de las víctimas no han sido identificadas.
En Villa Matamoros, Enrique Barrón Núñez fue ultimado a balazos, y en Nuevo Casas Grandes policías ministeriales localizaron los cuerpos de tres personas que presentaban huellas de tortura y estaban atadas de pies y manos.
Baja California
En Tijuana, dos mujeres jóvenes fueron muertas a tiros en un camino vecinal del vaso de La Presa Abelardo L. Rodríguez. Ambas presentaban huellas de tortura. Asimismo, el policía municipal Gustavo Salas Reyes fue asesinado en el bar Siete de Copas, en la delegación de La Mesa, por sujetos que lo atacaron con pistolas calibres 9 y 40 milímetros. En Playas de Rosarito, las autoridades reportaron tres personas asesinadas con arma de fuego, una parcialmente calcinada, en un camino vecinal del Corredor 2000.
Sinaloa
Policías de Culiacán localizaron en el interior de un vehículo el cadáver de José Luis Martínez Sainz, quien fue asesinado con disparos de fusil AK-47. Personal del operativo conjunto Culiacán-Navolato, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, aseguraron 28 mil dólares y aprehendieron a 14 presuntos delincuentes. La vocería del operativo informó además que durante el viernes y sábado de la semana pasada se decomisaron 18.7 kilos de cocaína, 11 porciones de cristal, seis armas de fuego, 140 cartuchos y cinco vehículos automotores, uno de ellos blindado, se dijo.
Guerrero
Gregorio Victoriano Gómez, policía municipal de Chilpancingo, fue levantado (secuestro sin fines de rescate) la noche del viernes por un comando fuertemente armado y hasta ahora se desconoce su paradero.
Sonora
La Secretaría de la Defensa Nacional informó del decomiso de dos aeronaves utilizadas para transportar droga a la frontera con Estados Unidos. La primera avioneta, una Cessna 206, fue localizada en el municipio de Bacanuchi, la cual transportaba 500 kilogramos de mariguana. En otra operación, en el municipio de Imuris, los militares decomisaron otra aeronave con las características de la anterior, la cual llevaba 700 kilogramos de la misma yerba.
Colima
En Manzanillo, personal de la Agencia Federal de Investigación detuvo a Jesús Ernesto de los Santos Benítez, quien transportaba cuatro armas de fuego y 560 cartuchos útiles de diferentes calibres, informó la delegación de la Procuraduría General de la República.
(Miroslava Breach, Rubén Villalpando, Antonio Heras, Javier Valdez, Sergio Ocampo, Ulises Gutiérrez y Notimex)
(La Jornada, 9 de junio de 2008)
Seguiremos poniendo los muertos
Néstor Martínez Cristo
nestormc@servidor.unam.mx
Uno de los últimos días del mes pasado, el lector de La Jornada se desayunó con una escalofriante cabeza en la portada: “Suman más de 4 mil ejecutados en el actual gobierno”, decía el titular en tres pisos.
El primer cuestionamiento que vino a mi mente y que me asaltó de súbito tras lo impactante del dato fue si en realidad existe alguna posibilidad de ganarle la guerra a este tipo de crimen tan bien organizado, mejor armado, despiadado, en pleno crecimiento, corrupto y corruptor, que se infiltra a todos los niveles, en esferas de dentro y fuera del gobierno, y que, además, es multimillonario en dólares.
Algo similar debe cruzar el pensamiento del presidente Felipe Calderón, quien a los pocos días hizo un airado reclamo público al gobierno de Estados Unidos al afirmar que en esta guerra “… México ha puesto los muertos”.
Las cuentas sobre la pérdida de cada una de las vidas humanas son francamente alarmantes y hablan de lo encarnizado de la lucha oficial contra el crimen organizado, así como de los ajusticiamientos entre los propios cárteles de la droga.
Resulta que el promedio de ejecutados en México durante 527 días, en el periodo comprendido entre diciembre de 2006 y el inicio de la última semana de mayo asciende a 7.6 diarios.
Todos ellos representan mucho más que los fríos números de una estadística. Son víctimas (así deben ser vistos) con rostro, nombre, apellido, familias, que participaban en una lucha que pareciera no tener fin y que, por el contrario, cada día se observa más compleja.
Por esos días de mayo, en los que además había repuntado la virulencia del crimen organizado hasta promediar 15 ejecutados diarios en media docena de entidades federativas, la versión oficial salía al paso y pretendía minimizar el impacto bajo el argumento de que el recrudecimiento de las ejecuciones obedecía a “un reacomodo de las organizaciones criminales ante el efectivo combate que el gobierno federal realiza contra el narcotráfico”.
También por esas fechas, en un foro sobre Seguridad Fronteriza Global, efectuado en Texas, uno de los subprocuradores de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, dio a conocer algunos otros datos que vinieron a alimentar mi pesimismo.
El funcionario mexicano dijo entonces que el crimen organizado y el narcotráfico en México es nutrido cada año por unos 10 mil millones de dólares provenientes de Estados Unidos.
A cambio, afirmó, México destina unos 3 mil 900 millones de dólares anuales en el combate al crimen organizado, es decir, menos de 40 por ciento del monto con el que esa red criminal se retroalimenta desde Estados Unidos.
José Luis Santiago Vasconcelos, según un despacho de la agencia Notimex, fechado en Austin, hizo una detallada exposición de las medidas que México adopta para combatir el crimen organizado.
Entre otras cosas, el funcionario habló del reforzamiento de la presencia de efectivos militares y policías en las zonas de mayor conflicto; de que se promueven reformas judiciales para reforzar la procuración de la justicia y para dotar a los cuerpos de combate de las herramientas necesarias para enfrentar “con éxito” a esos criminales.
No supe si lo que el actual gobierno ha hecho es mucho o poco ante la contundencia y la magnitud del número de ejecuciones. Lo cierto es que efectivamente ha puesto los muertos. Entonces recordé los muy numerosos espots que el gobierno de la República transmite, una y otra vez, a lo largo de todo el día, en diversas estaciones de radio y televisión, que dan cuenta de las medidas emprendidas en la lucha contra el narcotráfico y cuyo eslogan dice algo así como “… para que la droga no llegue a tus hijos”.
Ahora se debate la llamada Iniciativa Mérida. Los condicionamientos que el Congreso estadunidense ha puesto a México para aprobarla parecen ser un simple pretexto para escatimar los apoyos a nuestro país en una lucha que también les corresponde a ellos.
El narcotráfico es un problema multinacional y con ese mismo enfoque debe ser abordado y combatido. Los consumidores y el verdadero negocio están del otro lado de la frontera.
En México, las batallas se han ido perdiendo una a una, con costos cada vez más altos. Suman muchos, muchísimos ya, los muertos a lo largo de los años y, me temo, que con las estrategias seguidas hasta ahora, irremediablemente seguiremos poniendo los muertos…
(La Jornada, 9 de junio de 2008)
