Son fuerzas federales las que hostigan a comunidades indígenas, se deslinda gobierno de Chiapas

isaín mandujano

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 12 de junio (apro).- El secretario de Gobierno, Jorge Antonio Morales Messner deslindó al gobierno local de cualquier acto de acoso y hostigamiento en contra de comunidades indígenas del estado, incluidas las zapatistas, y responsabilizó de ello a los cuerpos policiacos federales y a los militares.


"A nosotros nos han pedido la presencia de los ministerios públicos o de la policía estatal cuando se trata de ir a combatir el tráfico de armas o de enervantes, pero de eso a participar en actos de represión que puedan ser considerados como acoso u hostigamiento, nada tenemos que ver", dijo Morales Messner.

Señaló que el gobierno estatal tiene claro que la contraparte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es el gobierno federal y no el gobierno estatal, por lo que, dijo, nada tiene que ver las instancias locales en alguna incursión policiaca o militar que se pueda entender como un acto de provocación al grupo armado, que se alzó en armas en enero de 1994.

Morales Messner dijo que no es la primera ni la última ocasión en que los cuerpos policiacos locales participan en los operativos militares, pero afirmó que la participación sólo se circunscribe al combate de delitos que pudieron alterar el orden público en Chiapas.

Señaló que el gobierno estatal "no puede negar su participación" cuando así lo requieren los cuerpos policiacos federales y militares para combatir delitos que alteren la paz en el estado, pero insistió que nada tiene que ver con cuestiones que puedan interpretarse "como acciones de contrainsurgencia".

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé Las Casas denunció ayer incursiones militares en varias comunidades de la Selva Lacandona, zona de influencia del EZLN, lo ha sido percibido como actos de provocación por parte de las bases de apoyo del grupo rebelde.

Afirmó que en estas incursiones ha participado la policía local, a través de personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y del Ministerio de Justicia.

(Proceso, 12 de junio de 2008)