Atrapado por la violencia

Erubiel Tirado

Entronizado por el poder militar como gobernante y sin llegar aún al primer tercio de su mandato, Felipe Calderón enfrenta una de las peores encrucijadas de la principal acción por la que se le reconoce dentro y fuera del país: su guerra contra las drogas y el crimen organizado.El enfrentamiento de más de cuatro horas ocurrido en Culiacán el pasado 27 de mayo, presuntamente con miembros del reconfigurado cártel de los Beltrán Leyva (al que se le atribuye el asesinato, 10 días antes, del comisario Édgar Millán Gómez), le ha infligido al gobierno calderonista una de sus peores derrotas en cuanto a bajas oficiales se refiere en una sola acción: ocho policías muertos.No menos importante resulta el incidente violento en sí cuando se observa que las fuerzas de seguridad federal fueron recibidas no sólo por ráfagas de armas de alto poder, sino por armamento táctico, como granadas de fragmentación, en una inusual reacción que denota cierta especialización militar de los delincuentes. Únicamente así se explica que un grupo de sicarios lograse escapar de un cerco policiaco-militar de más de 400 elementos en el lugar, y luego de varias horas de refriega.

Identidad criminal, vulnerabilidad oficial
El comportamiento táctico que se observa estaría corroborando, en los hechos, los primeros indicios de las nuevas configuraciones estructurales (no sólo reacomodos y pugnas territoriales) de los cárteles mexicanos que, de un modo u otro estarían añadiendo (como lo hiciera originalmente el cártel del Golfo) habilidades castrenses a su capacidad de fuego, a veces muy superior a la de la mayor parte de las fuerzas policiacas del país.Los Zetas, cuyos elementos originales son de extracción militar de élite y brazo armado inicialmente al servicio del cártel de Osiel Cárdenas, han ampliado no sólo su estructura, pretendidamente autosuficiente (con la preparación de nuevos sicarios reclutados civil o militarmente), sino diversificado el ámbito cualitativo de sus acciones mediante el establecimiento de alianzas estratégicas con otras organizaciones.De este modo, el fenómeno mercenario castrense se convierte en un factor independiente o muy versátil en el complejo entramado del narco en México. Es aquí donde el gobierno muestra una de las principales debilidades de su publicitada Estrategia Nacional de Seguridad que el gobierno se niega a reconocer y, más aún, a corregir.Otra de las enseñanzas lamentables del incidente de Culiacán es la disparidad de equipo y preparación que prevalece al interior de las corporaciones con las que se implementa la estrategia calderonista, aun tratándose de elementos de la misma institución. Esto nos habla de que el gobierno cifró su confianza en formaciones policiacas y militares de élite, sin prever que en el futuro debería formar cuadros especializados en sus propias instituciones. A este escenario debe añadirse una mal disimulada rivalidad de desempeño entre las corporaciones que participan en los llamados operativos conjuntos: la Policía Federal Preventiva acudió sola al lugar donde emboscaron a sus elementos, sin acompañamiento alguno de las fuerzas militares emplazadas en la región desde dos semanas atrás (más de 2 mil elementos, entre soldados y marinos).Desde una visión más amplia, debe destacarse que el crimen organizado está aprendiendo rápido de los errores gubernamentales, al aprovechar no sólo la inveterada corrupción con la que sistemáticamente infiltra a las corporaciones de seguridad en los tres niveles de gobierno, sino las pugnas interburocráticas y los protagonismos institucionales que anulan la coordinación y el intercambio de información fundamentales para una intervención eficiente contra la delincuencia. Ante la ineficacia probada del empleo de tácticas contrainsurgentes en la lucha contra el narcotráfico y del énfasis meramente presencial de los operativos conjuntos, el gobierno calderonista tendrá que acelerar el reclutamiento y formación de nuevos cuadros policiacos si no quiere admitir su derrota antes de concluir el sexenio.
La delgada línea...
Con casi mil 500 muertos en lo que va del año, Calderón cierra el mes de mayo como uno de los más violentos con la marca de la desesperación al observar, por un lado, una larga secuela de enfrentamientos donde la correlación de fuerzas no siempre ha sido favorable a su gobierno, pese a la retórica del autoengaño oficial que, un día sí y otro también, afirma que “el Estado va ganando la guerra contra el crimen”. El recuento de batallas a lo largo de casi año y medio de operativos policiaco-militares traza una singular geografía que involucra los cuatro puntos cardinales del territorio nacional: Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán y Guerrero.Destaca por sus implicaciones, como efecto colateral negativo, el hecho de que las instituciones policiacas o militares se sientan agraviadas en lo individual y emprendan, con la complacencia presidencial, una respuesta de represión indiscriminada en las zonas en cuestión y al margen de las directrices de la misma estrategia nacional de seguridad. Así ocurrió en el caso del incidente de Carácuaro, Michoacán, en mayo del año pasado, donde al Ejército se le permitió actuar sin cortapisas en acciones que bien podrían caracterizarse de venganza institucional por la muerte emboscada de varios de sus elementos, en un incidente por demás irresponsable.Por otro lado, y no menos importante en el análisis son las acciones de la delincuencia organizada que dejan entrever el desarrollo de una inteligencia criminal como parte de una estrategia enfocada a disminuir las capacidades del gobierno para enfrentarla.Los asesinatos selectivos de cuadros y funcionarios estratégicos para las fuerzas de seguridad, no son actividades aisladas ni fortuitas y ponen al gobierno entre la espada y la pared, porque los pocos funcionarios confiables con los que cuenta, la mayoría forjados en actividades de inteligencia, están siendo expuestos y exterminados por el hampa a una tasa más rápida que la de sustitución y formación de dichos cuadros.Ante esta circunstancia, de poco servirán los 3 mil nuevos elementos que prometió la Secretaría de Seguridad Pública con su “nuevo modelo” de formación policial que ha tomado como base el curso trimestral de una policía estatal norteamericana (no de una agencia federal) y menos aún la sustitución de mandos policiales cuando persiste la mortal mezcla de corrupción e ineficiencia en buena parte de su estructura.Por la parte militar bien se puede decir lo mismo teniendo como parámetro la inercia institucional de salvaguardar a sus elementos de cualquier escrutinio que ponga en duda su desempeño y exposición ante el poder corruptor del narcotráfico. A diferencia de los últimos regímenes priistas que se vieron obligados a admitir esa realidad, con los gobiernos panistas se estableció una regla no escrita de dejar hacer y dejar pasar a cambio del respaldo armado al régimen y para los fines que el propio presidente determine.Difícilmente el gobierno admitirá sus fallas y menos su derrota. El presidente Calderón podrá seguir argumentando que la violencia creciente es una respuesta del narcotráfico porque sus acciones “han golpeado de manera clave a la estructura financiera y operativa” de varios de los cárteles, pero lo cierto es que la recomposición del fenómeno está demostrando aspectos de los que no se tenía precedente.La relativa eficacia de la estrategia de seguridad está siendo disminuida a golpe de una constante y creciente baja de elementos en los enfrentamientos, y de asesinatos selectivos, en tanto se sigue privilegiando una estrategia basada en la fuerza y la eventual discrecionalidad de sus brazos institucionales armados, con consecuencias negativas para la población civil.

(Proceso, junio de 2008. Tomado de El Justo Reclamo)