Extiende CNDH pesquisas sobre presunta desaparición de dos eperristas

Se buscará en archivos y registros de dependencias federales y estatales, para conocer el paradero de estas personas.

Notimex / La Jornada On Line
Publicado: 23/06/2008 22:55

México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que se ha extendido la búsqueda de información y datos de cualquier naturaleza que se relacione con la presunta desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

En un comunicado, el organismo nacional precisó que lo anterior es parte de las investigaciones que inició desde el 3 de junio de 2007, en relación a la queja que se presentó sobre este tema en particular.

Es por ello que buscará en archivos y registros de dependencias federales y estatales, para conocer el paradero de estas personas.

Se precisó que se trata de la presunta desaparición de los señores Raymundo Rivera Bravo y/o Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya y/o Andrés Reyes Amaya.

La CNDH reiteró que de comprobarse su desaparición, se estaría ante una conducta criminal de "lesa humanidad" y, por lo tanto, ante un delito de carácter imprescriptible, cuya impunidad es contraria a los principios y al funcionamiento del estado democrático de derecho.

La CNDH refirió que con sus indagatorias -bajo las previsiones de confidencialidad como se lo marca la ley- dará a conocer la totalidad y los resultados de sus esfuerzos para la localización de estas dos personas.

"Entre tanto continúa integrando las respuestas de las autoridades a las que se ha dirigido con el fin de determinar el curso de esta investigación", se apuntó en el comunicado.

Indicó que mediante 280 solicitudes escritas, la CNDH se ha dirigido a titulares de dependencias y entidades federales y estatales, entre éstas, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Instituto Nacional de Migración.

También se ha pedido información a los titulares de las Procuradurías Generales de Justicia de los estados, y a las dependencias que coordinan, administran o supervisan los servicios médico forenses, los reclusorios y centros de internamiento, prevención y readaptación social de las 31 entidades federativas del país y del Distrito Federal

Detalló que el 14 de marzo de 2008, personal de esta Comisión Nacional solicitó información específica a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca, a la Subprocuraduría General de Control de Procesos y al Director de Derechos Humanos de la Procuraduría de Justicia de esa entidad Federativa.

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(La Jornada OnLine, tomado de Oaxaca en pie de lucha)

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El EPR acusa a la CNDH de ser cómplice del gobierno federal

México, D.F., 23 de junio (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue duramente criticada por el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que la acusó de ser cómplice del gobierno federal para no investigar la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 25 de mayo del año pasado.

En un comunicado enviado a la comisión de intermediación, el grupo armado dijo que la CNDH permanece ausente en las indagaciones sobre sus dos cuadros desaparecidos.

"Ha brillado por su ausencia, confirmando que ésta juega más un papel de remozamiento del sistema político convirtiéndose en cómplice de las diferentes instituciones del gobierno mexicano, que una institución que realmente proteja a los ciudadanos de la violación de los derechos humanos que el Estado comete", aseveró el EPR.

En el comunicado enviado a la comisión de mediación, que integran Miguel Ángel Granados Chapa, Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor y Samuel Ruiz García, el grupo insurgente reconoció su labor, aunque admitió que no ha habido avances pero por la falta de compromiso del gobierno de Felipe Calderón y de instituciones como la CNDH.

"La sistematización que la comisión (de mediación) ha realizado de las acciones jurídicas emprendidas por los familiares de los detenidos-desaparecidos, confirman que están haciendo lo necesario para exigir la presentación de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

"Aunque el resultado es hasta el momento el mismo al que históricamente se han enfrentado familiares y amigos de los detenidos-desaparecidos por el Estado mexicano y los gobiernos priistas en la negra noche conocida como `guerra sucia`, ya que se enfrentan a la maraña burocrática y a la prepotencia de las autoridades que niegan de facto la existencia del delito de desaparición forzada y con ello la procuración e impartición de justicia", señaló.

El EPR insistió en la responsabilidad del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, en la detención y desaparición de sus dos compañeros, al considerar como “un punto clave” en la investigación la desaparición reciente del comandante Jonás Gutiérrez Corro en la ciudad de Oaxaca.

Dijo que la familia del policía desaparecido ha sido amenazada de muerte por autoridades del gobierno de Ulises Ruiz por reclamar o mencionar su nombre y solicitar que se investigue sobre su paradero.

En otras ocasiones, el EPR ha acusado a la policía de Oaxaca y a Ulises Ruiz de ser los responsables de haber detenido, torturado y desaparecido a sus dos militantes, quienes habrían sido entregados al Ejército desde hace más de un año.

En este contexto, el EPR exigió al gobierno de Flipe Calderón “concretar ¡ya!” y dar a conocer los alcances de la investigación y la solución de este grave problema, pues el delito de desaparición forzada esta considerado de lesa humanidad, por lo que es imprescriptible.

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(Proceso, 23 de junio de 2008)

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El nuevo miedo: desaparecer

Gloria Leticia Díaz

A pesar de que poca, muy poca gente se atreve a denunciarlos, durante el gobierno de Felipe Calderón se han cometido más de 600 desapariciones, entre “levantones” anónimos y desapariciones forzadas cometidas por el Estado. De acuerdo con una investigación realizada por Proceso, la cifra real es incalculable porque, en medio de la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico, las familias de presuntos delincuentes y de activistas políticos y sociales tienen miedo de denunciar la desaparición de sus parientes –secuestrados muchas veces por policías o militares– debido a que las autoridades las relacionan con el narco.

A las más de 4 mil ejecuciones ocurridas durante la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico, se suman por lo menos 600 “levantones” y desapariciones forzadas que, en numerosos casos, han sido cometidos por fuerzas policiacas y militares de la presente administración. Aunque las cifras oficiales al respecto son menores, la reportera obtuvo ese número aproximado recabando información de instituciones públicas, de medios de comunicación y de agrupaciones de derechos humanos, las cuales explican las diferencias estadísticas por el hecho de que, en el presente gobierno, son pocas las familias que superan el miedo y denuncian formalmente las desapariciones forzadas de sus parientes. A pesar de que, en 2007, el Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos (Predes) de la CNDH dio cuenta de 43 desapariciones –23 verificadas en el presente sexenio–, y no obstante que Amnistía Internacional (AI) emitió un informe acerca de este fenómeno en México, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, declaró el 27 de mayo pasado que el actual gobierno “no tiene ni presos políticos ni desaparecidos”. Consultada al respecto, la senadora Rosario Ibarra manifiesta: “¿Quién le puede creer a Mouriño cuando dice que en México no hay desaparecidos? Claro que ahora les llaman ‘levantones’, vocablo terrible que inventaron para asociarlo a otros dos fenómenos, ‘delincuencia organizada’ y ‘narcotráfico’, lo cual es una maña calculada del gobierno ilegítimo de Calderón para quitarse de problemas”.En entrevista, la senadora perredista comenta que, a diferencia de las más de 500 desapariciones ocurridas durante la guerra sucia, “cuando estábamos seguros de que los que se llevaron a nuestros seres queridos eran la Dirección Federal de Seguridad, la policía de Arturo Durazo en el Distrito Federal y el Ejército, ahora no se sabe quiénes son los responsables. Eso llena de miedo a los familiares de las víctimas y por eso no denuncian”.Rosario Ibarra es integrante de la comisión mediadora para la localización de los dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos el año pasado, Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, casos en los que se ha documentado la intervención policiaca. También es presidenta del Comité Eureka y representa, además, a los familiares de 38 trabajadores petroleros desaparecidos este año en Cadereyta, Nuevo León.Así mismo, la legisladora ha recibido información en el sentido de que en Oaxaca ha habido otras 32 desapariciones forzadas y tres más en Michoacán durante el presente gobierno, en tanto que el EPR, en un comunicado del pasado 11 de junio, denunció 75 desapariciones forzadas, incluidas las de sus dos compañeros.Por su parte, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Fedefam) y su filial mexicana, Afadem, reportaron que hasta el 11 de junio se habían producido 78 desapariciones forzadas. Dos días después de esa fecha, según el secretario técnico de Afadem, Julio Mata Montiel, hubo un nuevo caso en Puebla. Luego de confirmarse que al menos una veintena de desapariciones forzadas del calderonismo están relacionadas con el activismo político o social de sus víctimas, Édgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (RTDT), señala que en muchas ocasiones los desaparecidos nada tienen que ver con esas prácticas ni con actividades delictivas. “En todas las guerras –dice–, quien paga una buena parte de los costos de las mismas es la población civil. Muy probablemente una buena parte de esta gente ejecutada y desaparecida estará implicada, pero otra parte de ella nada tenía que ver en el problema. Esas personas se convierten en mera estadística… más los ejecutados que los desaparecidos… porque de éstos poco se sabe.” En entrevista con Proceso, Cortez aclara que, a pesar de haber recibido información de agrupaciones agremiadas sobre la proliferación de las desapariciones forzadas de personas en México, no hay una cifra exacta “por el miedo de la gente a denunciar”.Al temor, continúa, se suma la desconfianza de los ciudadanos en las autoridades, muchas de ellas “infiltradas por la delincuencia”. Tanto las ejecuciones como las desapariciones “no se investigan de manera automática. Se dice que una desaparición es un ajuste entre bandas o parte de la guerra entre los grupos de narcotráfico, como si eso fuera una justificación para no investigar. Hay enormes omisiones en términos de la procuración de justicia, es decir, de la investigación de los delitos para juzgarlos y castigarlos…”

Acciones policiacas y militares

En Chihuahua, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedhch), que ha recabado 64 quejas contra miembros del Ejército Mexicano en lo que va de este año, documentó la desaparición forzada –atribuida a militares el 31 de mayo pasado– de Fabián Cruz Torres. De 40 años, Cruz Torres fue detenido junto con otras nueve personas por un grupo de soldados que los llevaron a las instalaciones de la V Zona Militar, donde fueron torturados en el llamado Campo “C” mientras eran interrogados sobre los distribuidores de mariguana de su colonia.

Así lo denuncia en Ciudad Juárez Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de atención a víctimas de la Cedhch, y agrega:

De los 10 detenidos, ocho fueron liberados, y uno ellos, Ricardo Pérez, fue consignado cuatro días después acusado de portar un arma calibre .22. Pero de Fabián Cruz Torres, enfermo de esquizofrenia, hasta la fecha no se sabe nada. “En la PGR nos dicen que nunca llegó, y el área de Derechos Humanos del Ejército asegura que no lo tienen –indica De la Rosa–. Sin embargo, contamos con información fidedigna de que su nombre aparece en la bitácora de la enfermería de la V Zona Militar, donde fue atendido por un médico de grado mayor. “Hemos de tener unas 50 quejas específicas, con unos 100 afectados, de personas denunciando a militares que los retienen, los torturan e interrogan por seis o 10 días y luego los sueltan, pero el de Fabián es el caso más grave”, apunta. En Ciudad Juárez se han registrado, sólo de enero a abril de este año, 33 levantones de personas. De ellas, 26 permanecen desaparecidas. El resto aparecieron ejecutadas, de acuerdo con la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Cosyddhac).A su vez, la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad ha asumido el seguimiento de 24 desapariciones forzadas ocurridas en Baja California de 2006 a la fecha.Alma Díaz, coordinadora de la agrupación, explica que “cuando se trata de ajustes de cuentas, los levantados aparecen días después muertos, pero cuando los autores de detenciones son autoridades, o al menos eso parecen, nunca se vuelve a saber de las víctimas”.El pasado 12 marzo, Alma Díaz entregó a la esposa del presidente Calderón, Margarita Zavala, de gira por Mexicali, una carta –Proceso tiene copia– donde la Asociación Esperanza apela a “su corazón de madre, hermana e hija de familia” para que las autoridades judiciales trabajen en sus casos.A la misiva le adjuntaron una relación de 44 víctimas de desapariciones forzadas ocurridas en Baja California durante los gobiernos federales panistas, 24 de ellas en la administración de Felipe Calderón, de las cuales se encarga esa agrupación civil. “Con Vicente Fox –observa Alma Díaz– nos avisaban que habían recibido la información, pero con éste (Calderón) ni siquiera eso”.Lamenta la conducta de la CNDH ante el fenómeno: “En 2000, logramos que viniera a Mexicali el encargado del Programa de Presuntos Desaparecidos, Tomás Serrano; se llevó toda la información de los asuntos que teníamos hasta ese momento, y no volvió ni emitió ninguna recomendación. Eso sí, nos pidió que lo lleváramos a San Diego a comprar perfumes”.Mientras tanto, en Sinaloa, las desapariciones forzadas atribuidas a cuerpos policiacos han sido registradas por el Frente Cívico Sinaloense (FCS) y por el expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Óscar Loza Ochoa, ahora regidor en Culiacán.Mercedes Murillo, del FCS, lleva el caso de Vicente Raúl Ontiveros Avendaño, quien fue detenido la madrugada del 4 de junio en su casa de la colonia Nuevo Bachigualato.“La información que nos han proporcionado los familiares es que el 4 de junio en la madrugada llegaron cinco camionetas de la Policía Federal Preventiva (PFP). Los agentes, todos, iban cubiertos del rostro y se metieron de manera por demás violenta a la casa del señor Ontiveros.“Supuestamente buscaban drogas, porque según ellos recibieron una llamada anónima; además de detenerlo, los agentes se llevaron tres televisores, dos DVD, una laptop, un lote de joyas, celulares y una camioneta. Ésta ya apareció, pero no el señor Ontiveros. Los familiares tomaron los números de dos patrullas en las que iban los agentes: 12419 y 12347.”Para la defensora de derechos humanos, “lo peor del caso es que a nosotros, por representar a las víctimas, se nos acusa de estar del lado de los narcotraficantes. Nos encontramos en estado de indefensión, pero no podemos callarnos”.Óscar Loza destaca que “hay un temor generalizado de la población a denunciar, porque en este ambiente de militarización la gente teme ser víctima de represalias. Además, cuando las autoridades califican a los desaparecidos como posibles delincuentes, la gente entra en un estado de incertidumbre”.En su edición número 1639, este semanario dio cuenta del seguimiento que Loza Ochoa daba a los casos de José Luis Ramírez y de Jesús Armando Sarabia, desaparecidos el 22 de enero y el 10 de marzo, respectivamente. Ahora sigue también los de Luis Ernesto Reyes Durán y Pablo Gerardo Nájera Urías, desaparecidos el 9 de marzo y el 2 de abril, en ese orden. En todos ellos, expresa, hay indicios de la participación de cuerpos policiacos.Pablo Gerardo es hermano de Omar Nájera Urias, presentado el 31 de abril con otros 12 individuos como presuntos sicarios por el entonces comisionado de la PFP, Édgar Millán, posteriormente asesinado.“Cuando la mamá se enteró, fue a verme y me dijo que ya no iba a seguir buscando a Pablo Gerardo, que le daba mucha vergüenza por su otro hijo. Yo la reanimé y le dije que no era un asunto de vergüenza, que afortunadamente su hijo Omar fue presentado y tenía el derecho de ser juzgado, pero que si su hijo Pablo había cometido algún delito, las autoridades tenían la obligación de presentarlo y juzgarlo, y que su desaparición seguía siendo un delito”, cuenta Loza Ochoa.

Negligencia criminal

En Guerrero, otra entidad severamente golpeada por la “guerra” contra el narcotráfico, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados reporta 138 “levantados”, 18 secuestrados y 504 asesinados de diciembre de 2006 a mayo de este año.Javier Monroy, coordinador de dicho comité, que da seguimiento a 10 desapariciones forzadas y a dos asesinatos, denuncia que las autoridades “insisten en vincular estos asuntos a la delincuencia organizada, sin ningún sustento, sólo por evadir su responsabilidad. Y todo ello sigue alimentando las sospechas de que algo saben y lo esconden, lo que implica impunidad y posiblemente complicidad”.Según cifras oficiales de la Procuraduría de Justicia de Guerrero, la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Coddehum) y la organización de Monroy, durante el gobierno del perredista Zeferino Torreblanca ha habido 28 desapariciones forzadas, 18 de ellas ocurridas en los primeros 11 meses de 2007, es decir, durante el primer año de gobierno de Calderón (Proceso 1626).En Tamaulipas se han reportado por lo menos 130 personas desaparecidas en lo que va del sexenio, la mayoría en hechos relacionados con el crimen organizado. la directora del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de Derechos Humanos de Reynosa (Cefprodhac), Rebeca Rodríguez, puntualiza que “de cada 10 desapariciones que se registran en la frontera, si acaso una es denunciada actualmente”.El Cefprodhac documentó un caso en el que intervinieron agentes federales que, al realizar una redada contra taxistas, se llevaron hasta a los pasajeros. Los condujeron “a veredas donde los desnudaron y los sometieron a interrogatorios sobre quién y dónde se vendía droga”.Por este asunto, continúa, hay tres personas que siguen desaparecidas, pero ninguna de ellas ni sus familias han presentado una denuncia formal. Es más, añade, los agentes del Ministerio Público se niegan a integrar averiguaciones por estos casos, y cuando lo hacen, no hay investigaciones.En 2007, el Cefprodhac contabilizó 81 personas desaparecidas hasta noviembre de ese año, de las cuales 31 no han reaparecido, mientras que en lo que va de 2008 se han producido 17 desapariciones. De acuerdo con las estadísticas de la Policía Ministerial del Estado (PME), se han recibido 90 denuncias por desaparición forzada –sin incluir el municipio de Reynosa– y las víctimas no han sido localizadas.En Nuevo León y Coahuila el miedo de la población a denunciar las desapariciones forzadas se ha traducido en que no haya registros oficiales de las mismas. Pero, en Nuevo León, los medios locales han informado de 88 “levantones” en 2007 y de 36 en lo que va de 2008, así como de tres secuestros, en tanto que en Coahuila cifras extraoficiales hablan de 50 “levantones” al mes, pero sin denuncias formales.Algo similar sucede en Michoacán, donde la delegación de la Procuraduría General de la República tiene 20 expedientes de desapariciones forzadas en lo que va del sexenio. Entre éstas se encuentran: la del exmilitante del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) Francisco Paredes Ruiz, ocurrida el 26 de septiembre de 2007; la de los periodistas Mauricio Estrada Zamora, de La Opinión de Michoacán, y la de Axel Christian López Cruz, desaparecidos el 14 de febrero y 20 de julio, respectivamente. Así mismo, las de Jesús Bustamante y Eduardo García, policías ministeriales de Guanajuato, que desparecieron el 25 de marzo pasado entre los límites de La Piedad, Michoacán, y Santa Ana Pucuato, Guanajuato.En el estado panista de Guanajuato, la delegación de la PGR tiene un registro de 43 personas desaparecidas originarias de esa entidad, casos de los cuales 12 han sido denunciados de 2006 a la fecha, mientras que en Tabasco la violencia ha cobrado 30 ejecuciones, unos 60 “levantones” y secuestros y cinco desapariciones forzadas.Entre las desapariciones sobresale la del reportero del diario Tabasco Hoy Rodolfo Rincón, especializado en temas de narcotráfico, en enero de 2007. En esta misma entidad, el sacerdote jesuita Jesús Maldonado, director del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), refiere que, en medio de la guerra contra el narcotráfico, muchas agrupaciones de derechos humanos deciden no ocuparse de las desapariciones forzadas.Édgar Cortez, de la Red de Organismos Civiles, reflexiona: “No tenemos una respuesta de cómo entrarle a esta situación de alto riesgo. Es ingresar a un terreno desconocido. Frente a las autoridades puede haber una serie de mecanismos de contención y de control, pero en el tema del narcotráfico es meterte con un actor totalmente irracional e inesperado.“Por el momento, lo que ubicamos es que la justicia se vuelve imposible; la negligencia para investigar estos casos es sistemática; las procuradurías no hacen mayor esfuerzo al respecto, generando un miedo social que dificulta la lucha contra la delincuencia.”

(Con información de Gabriela Hernández, Arturo Rodríguez, Francisco Castellanos, Verónica Espinoza y Armando Guzmán.)

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(Proceso, junio de 2008. Tomado de El Justo Reclamo)

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Incursiones recientes en comunidades chiapanecas responden a plan de contrainsurgencia: CDHFBC

■ Operativos policiacos y militares, dirigidos contra poblaciones indígenas en resistencia

Hermann Bellinghausen

En menos de dos meses, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) ha registrado un número récord de incursiones militares y policiacas en comunidades de Chiapas, “en una lógica de contrainsurgencia” donde operan “de manera mixta fuerzas militares, policiales y actores de las mismas comunidades, en despliegues tácticos sobre territorios con población civil organizada en torno a justas demandas sociales”.

Los testimonios hablan de allanamientos, agresiones físicas y verbales, videograbaciones y fotografías. Las operaciones del Ejército “se pretenden justificar so pretexto de ‘detectar plantíos de mariguana, armas y pistas de aterrizaje clandestinas’”.

El CDHFBC considera: “los ya numerosos operativos documentados dejan ver la agudización del plan de contrainsurgencia, mediante el desprestigio de comunidades y organizaciones con el objetivo de ‘ganar para el gobierno el apoyo de la población civil’, estableciendo un clima de hostigamiento sicológico por medio del despliegue territorial y de reconocimiento, que les permite también observar la respuesta de la población a tales operaciones”.

El centro destaca que las incursiones militares son “asistidas” por actores federales, estatales y locales: Agencia Federal de Investigación (AFI), agentes del Ministerio Público, Policía Estatal Preventiva y pobladores civiles de cada región. Los acontecimientos “no están aislados y responden a una lógica de ofensiva a poblaciones indígenas en resistencia”.

El organismo hace un recuento de acciones, todas registradas en su momento por este diario, desde el 27 de abril en Cruztón (municipio de Venustiano Carranza). Luego en San Jerónimo Tulijá (municipio oficial Chilón y autónomo Ricardo Flores Magón), el 19 y 20 de mayo. El día 22 las fuerzas armadas patrullaron 11 comunidades de Venustiano Carranza: Santa Rufina Las Perlas, 28 de junio, Nuevo San José La Grandeza, San José La Grandeza, Guadalupe La Cuchilla, Mesa El Porvernir, Las Delicias, El Puerto, Nuevo Paraíso, Laguna Verde y San Caralampio Chavín; una región con presencia de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC).

El 23 de mayo, en Cruz Palenque, Usipá, Retorno Miguel Alemán y Nuevo Limar (Tila), retenes con toma de posiciones militares. El mismo día, en Carrizal y Río Florida (Ocosingo), incursión y vuelos rasantes. El 26, nuevamente, en estas comunidades y en Chalam del Carmen.

El 27 de mayo en Nuevo Chamizal (Ocosingo), Ejército y policías “supuestamente” destruyeron plantíos de mariguana “en territorio zapatista”. El mismo día se informó de un “desalojo” en El Semental y Nuevo Salvador Allende, en Montes Azules, con participación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El 29 de mayo, otra vez El Carrizal. Mujeres de la OCEZ impidieron el paso de los soldados.

El 4 de junio, la incursión militar y policiaca en las comunidades zapatistas La Garrucha, Hermenegildo Galeana y San Alejandro, “junto con la establecida simultáneamente en el perímetro del caracol de Morelia”, dice el CDHFBC, “nos parece particularmente grave, pone en grave riesgo la paz, y es una provocación del Estado hacia el EZLN, con el cual mantiene una pacto de cese al fuego”.

(La Jornada, 12 de junio de 2008)

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Son fuerzas federales las que hostigan a comunidades indígenas, se deslinda gobierno de Chiapas

isaín mandujano

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 12 de junio (apro).- El secretario de Gobierno, Jorge Antonio Morales Messner deslindó al gobierno local de cualquier acto de acoso y hostigamiento en contra de comunidades indígenas del estado, incluidas las zapatistas, y responsabilizó de ello a los cuerpos policiacos federales y a los militares.


"A nosotros nos han pedido la presencia de los ministerios públicos o de la policía estatal cuando se trata de ir a combatir el tráfico de armas o de enervantes, pero de eso a participar en actos de represión que puedan ser considerados como acoso u hostigamiento, nada tenemos que ver", dijo Morales Messner.

Señaló que el gobierno estatal tiene claro que la contraparte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es el gobierno federal y no el gobierno estatal, por lo que, dijo, nada tiene que ver las instancias locales en alguna incursión policiaca o militar que se pueda entender como un acto de provocación al grupo armado, que se alzó en armas en enero de 1994.

Morales Messner dijo que no es la primera ni la última ocasión en que los cuerpos policiacos locales participan en los operativos militares, pero afirmó que la participación sólo se circunscribe al combate de delitos que pudieron alterar el orden público en Chiapas.

Señaló que el gobierno estatal "no puede negar su participación" cuando así lo requieren los cuerpos policiacos federales y militares para combatir delitos que alteren la paz en el estado, pero insistió que nada tiene que ver con cuestiones que puedan interpretarse "como acciones de contrainsurgencia".

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé Las Casas denunció ayer incursiones militares en varias comunidades de la Selva Lacandona, zona de influencia del EZLN, lo ha sido percibido como actos de provocación por parte de las bases de apoyo del grupo rebelde.

Afirmó que en estas incursiones ha participado la policía local, a través de personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y del Ministerio de Justicia.

(Proceso, 12 de junio de 2008)

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Cuestión de opciones

miércoles, 11 de junio de 2008

María Teresa Jardí

Durante el breve tiempo, once meses, en que fungí como delegada, en la época de Jorge Carpizo como procurador general de la república, los policías afirmaban que Juárez era peor que el infierno. Y, sin embargo, esa era una de las plazas más “cotizadas” para el desempeño de subdelegado de policía de la PGR. Y lo era debido a la corrupción que existía en ambos lados de la frontera. La que sigue existiendo, me dicen que intensificada. Y me refiero a la corrupción como decisión a los gobiernos de ambos países. No a la corrupción aislada que se da en todo lugar y que se combate cuando la cabeza no está involucrada. A la corrupción que en México y que en los Estados Unidos de Norteamérica parte de la cabeza misma del gobierno de Bush, legítimo en su segundo periodo, usurpador también en el primero, a la corrupción de presidentes legítimos como Zedillo y como Fox y de dudosa legitimidad como Echeverría y López Portillo o de plano ilegítimos como Salinas y hoy

con el Ejecutivo, en México, en manos de un usurpador, que sí, que tienen un pésimo equipo, pero esto tampoco es gratuito, de gente inteligente se rodean los inteligentes, de gente eficiente los que van a cumplir con la prestación del servicio que el pueblo les manda, no los que usurpan el poder y se ven obligados a hacer malabarismos incluso para cumplir los muchísimos compromisos que se adquieren cuando se llega al grado de legalizar el fraude en un país. La violencia hoy, localizada de manera extrema, digamos --la violencia siempre es inaceptable porque siempre es una medida extrema--, por estos días, en Chihuahua y mañana se dará en Yucatán la misma situación, como antes se dio en Nuevo León, de manera incomprensible por impensable, también para la sociedad de ese Estado de la república, es producto hoy de la Presidencia usurpada por Calderón.
La corrupción, que nadie veía y mucho menos combatía, se detectaba desde entonces, por un lado en el tráfico de armas que entraban vía la aduana del imperio vecino a México y por el otro en el contrabando de todo y en especial de pollo que entraba por caminos vecinales y a la inversa la droga y los pistoleros eran el aporte mexicano de acuerdos a todas luces convenidos --y convenientes es de suponer-- por ambos gobiernos federales y locales, porque si se hubieran querido combatir estos fenómenos se hubiera hecho. Y la escalada de violencia, como la crónica anunciada que era, fue subiendo de tono y llegó a las mujeres impunemente asesinadas, en algunos casos por un asesino serial, que hasta el cansancio la opinión pública ha señalado que es el hijo de un protegido del panismo local y federal y lo mismo ocurría con el tráfico de cocaína en conocidos trailers de un “probo empresario” local. Es decir, cuando hasta los nombres de los responsables se conocen públicamente y nadie hace nada al respecto salta a la vista que la impunidad es el acuerdo bilateral.
El Plan México nada tiene que ver con el combate al narcotráfico que no se está dando y que no se va a dar. El Plan México es para control social y tiene que ver con las promesas de venta del usurpador de mierda que hoy se asesora en España para acabar de entregar los pocos bienes que al pueblo mexicano le quedan para transitar las próximas generaciones de manera aunque sea un poco menos violenta.
Y ahí es donde está el fracaso del Ejército Mexicano, en solapar eso, y no en prestar tres helicópteros para una telenovela, lo que no tiene la menor importancia en ningún lugar del planeta. Y si aquí se denuncia la anécdota es en función del desprestigio ganado a pulso por el duopolio telecrático debido al poder inaudito, sin controles de ninguna clase, otorgado por el gobierno, hoy usurpado, al duopolio productor de pornografía en horas incluso de la mañana del sábado cuando no es difícil suponer que las madres usan la televisión como niñera de sus hijos. Televisión, la mexicana, que es parte también de la involución de México como salta a la vista para cualquiera que esté dispuesto a perder algunas neuronas viendo un rato la Telebasura que aquí es lo único que se produce.
Pero lo que sí es incompresible es que el Ejército Nacional se preste a un juego tan obvio a pesar del enorme desprestigio que para él también trae aparejado el hacerlo y no me refiero a lo de salir o no sus implementos en una telenovela de la Telebasura, aunque también se debió aquilatar la respuesta de la opinión pública realmente azorada por lo que ocurre en el país, me refiero a salir a la calle a fingir un combate que es obvio que les han ordenado no dar y peor aún a reprimir a un pueblo al que le sobran razones incluso para estallar de la más violenta de las formas.
El Ejército Nacional haría bien en aquilatar desde ahora al lado de quién va a ponerse, incluso pensando en que la mancha de la represión no se quita nunca en la vida ni con el mejor de los detergentes.

(Por Esto!, 11 de junio de 2008)

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Es lo que es

Denise Dresser

Policías encajuelados. Hombres entambados. Cuerpos decapitados. Militares acribillados. Ciudadanos atemorizados. Automóviles quemados. Más de 4 mil ejecutados en menos de dos años. Víctimas de una guerra brutal, fútil, inacabable. Víctimas de una lucha que el gobierno de Felipe Calderón anticipa ganar pero no podrá hacerlo. Porque la guerra contra las drogas nunca concluirá con un triunfo medible de los buenos sobre los malos, con una victoria contundente que el país pueda celebrar.

Porque una de las primeras bajas que produce cualquier guerra es el ocultamiento de la verdad. El ofuscamiento de una realidad en la que –como diría George Orwell– “denunciamos la guerra mientras preservamos el tipo de sociedad que la hace inevitable”. México, el país donde la expansión del narcotráfico es un síntoma más de todo lo que no funciona.Donde las muertes sin sentido se han vuelto insoportablemente repetitivas. Donde se atacan los efectos, pero no las causas. Donde muchos critican la violencia que el narcotráfico produce, pero pocos hablan de la estructura económica, política y social que lo hace posible. Ese andamiaje de políticos que protegen a narcotraficantes y narcotraficantes que financian a políticos; de criminales organizados que lavan dinero e instituciones financieras que se benefician con ello; de sicarios que asesinan a policías y policías que les pagan para hacerlo; de jueces que se vuelven cómplices del crimen organizado y el crimen organizado que los soborna. Por eso cuando Juan Camilo Mouriño declara que “el Estado mexicano es mucho más poderoso que cualquier capacidad de estos grupos para corromper instituciones, intimidar a la sociedad o destruir vidas humanas” denota cuán poco entiende el problema. Hoy el Estado mexicano ha sido infiltrado por las fuerzas que dice combatir. Hoy el Estado mexicano declara que va ganando la guerra contra los malos, cuando en realidad los alberga. ¿Dónde están los gobernadores enjuiciados? ¿Los presidentes municipales castigados? ¿Los procuradores investigados? ¿Los senadores encarcelados? ¿Los militares acusados? La historia de la “guerra” contra el narcotráfico en México es una de simetrías y mimetismos y complicidades. La corrupción en las calles es reflejada en cada pasillo del poder, en cada división del Ejército, en cada escuadrón de la policía, en cada Ministerio Público, en cada juzgado, en cada pueblo en el cual las víctimas de la violencia temen hablar o denunciar o confrontar. El narcotráfico se nutre de una vasta red, tejida a lo largo de los años para constreñir la rendición de cuentas. Vive de la corrupción compartida, del estado de derecho intermitente, de la incapacidad de la clase política para hablar y actuar honestamente.“Los operativos están dando resultados”, dicen. “Vamos ganando aunque no parezca”, declara el procurador Eduardo Medina Mora. Unos y otros, argumentando que la violencia es resultado de la eficiencia; el aumento en las ejecuciones es indicador de las interdicciones; la multiplicación de las muertes es evidencia de mano firme y no de mano ineficaz. Unos y otros, compitiendo para probar cuán draconianos son. Unos y otros, cerrando los ojos ante fuerzas sociales y económicas demasiado arraigadas para ser combatidas tan sólo con más armas, más balas, más policías, más militares, más sangre en el suelo, más soluciones simplistas a problemas complejos.Los defensores de la estrategia actual han hecho una declaración de guerra que –en realidad– constituye una admisión de derrota frente a intereses que no pueden desarticular. Todos, ignorando los problemas estructurales de un país con una subclase permanente de 40 millones de pobres. Con un sistema policiaco disfuncional. Con una corrupción que por conveniencia política nadie quiere combatir. Con un sistema educativo demasiado maltrecho como para asegurar la movilidad social, y por ello la economía ilegítima del narcotráfico se vuelve la única solución para tantos mexicanos. Patrones históricos, patrones intransigentes, patrones recalcitrantes que abonan el terreno para el narcotráfico y quienes viven y se enriquecen con él. El negocio del narcotráfico va en ascenso porque México le ha apostado a que su destino no depende de la incorporación de la mitad de su población al desarrollo nacional. Podemos seguir culpando a Estados Unidos por la demanda de drogas que genera. Podemos seguir mascullando sobre el flujo de armas a lo largo de la frontera. Podemos criticar a la Iniciativa Mérida y denunciar la protección de los derechos humanos que contiene como condición. Podemos sentirnos más nacionalistas y más patrióticos al envolvernos en la bandera. Pero eso no será suficiente para entender la dimensión del problema ni proveerá la honestidad suficiente para encararlo. La incompetencia y la corrupción persisten en ambos lados de la frontera. La proliferación de policías corrompidos e instituciones infiltradas es un fenómeno bilateral. México está pagando un precio muy alto para satisfacer el apetito estadunidense, pero también es responsable de su propia voracidad, de su propia complicidad. De su propia incapacidad para hacer del estado de derecho una realidad y no una mera aspiración retórica. De su propia incapacidad para construir un país incluyente, próspero, en el cual sus ciudadanos tienen empleos bien remunerados y no siembran o transportan enervantes. Si eso no cambia, no importa cuántos recursos se destinen, cuántos policías se entrenen, cuántas armas se usen, cuántos helicópteros se compren. Colombia ha gastado más de 5 mil millones de dólares en la guerra contra el narcotráfico con resultados mixtos: más seguridad pero mismo nivel de drogas. La lección es clara. El principal objetivo de la guerra que el gobierno quiere ganar no debe ser la destrucción de los cárteles, sino la construcción del estado de derecho. La meta no debe ser matar a más capos, sino mejorar la aplicación de las leyes en un país para todos. Pero para ello va a ser necesario confrontar verdades más profundas. El narcotráfico es un sistema edificado sobre la corrupción, mantenido por la conveniencia, basado en una mentira que nadie quiere reconocer. Esta guerra no tiene fin. Pretender ganarla es como pensar que es posible ganarle a un terremoto, o a un huracán. Por cada capo atrapado o asesinado habrá otro que surja en su lugar. Como lamenta el policía McNulty en la escena final de The Wire –la serie de televisión que plasmó la guerra fútil contra el narcotráfico en Baltimore– cuando mira con amor y tristeza a su ciudad devastada y musita: “Es lo que es”.

(Proceso, junio de 2008. Tomado de El Justo Reclamo)

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Zapatismo: la nueva provocación gubernamental

Luis Hernández Navarro

Desde la insurrección de enero de 1994 los distintos gobiernos federales han querido asociar al EZLN con el narcotráfico. Nunca han podido demostrarlo, pero de cuando en cuando lo intentan.

Apenas el pasado 4 de junio el gastado guión volvió a repetirse. Sólo que ahora la amenaza es mayor que en el pasado. En esa fecha más de 200 elementos del Ejército federal, de la Procuraduría General de la República y de la policía estatal y municipal, con el rostro pintado, incursionaron en parte del territorio zapatista de La Garrucha con el pretexto de buscar plantíos de mariguana. Centenares de pobladores de las comunidades de Hermenegildo Galeana y San Alejandro los rechazaron con machetes, palos, hondas y resorteras.

Los poblados zapatistas prohíben la siembra, el tráfico y el consumo de drogas. Ni siquiera se permite beber o vender alcohol en ellos. No es un hecho nuevo. Desde el inicio del levantamiento armado la comandancia rebelde hizo pública esta disposición. La medida sigue en vigor con las autoridades civiles que se hacen cargo de los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno. No sucede lo mismo con las comunidades priístas, donde se cultivan enervantes en contubernio con la fuerza pública.

En un comunicado dirigido al entonces presidente Ernesto Zedillo, con fecha 10 de febrero de 1995, un día después de la ofensiva militar que pretendió detener, por medio de una traición, al subcomandante Marcos, los alzados señalaron: “queremos decirle la verdad, si es que usted no la sabe: los delincuentes, terroristas, narcotraficantes son ustedes, son los mismos que forman su gabinete, son sus mismos soldados quienes trafican con drogas, quienes obligan a los campesinos indígenas a sembrar mariguana y otros estupefacientes. ¿Acaso no se ha dado cuenta de esto, señor Zedillo? Nosotros los zapatistas sí, porque vivimos con nuestro pueblo, somos los mismos que hemos combatido contra la siembra de drogas, contra el tráfico de drogas que sus mismos soldados hacen y han hecho dentro de los territorios que hemos controlado”.

Sin fundamento, la acusación se ha repetido año tras año. En 2004, el diario Reforma publicó la noticia de que “en promedio, cada dos días, efectivos del Ejército Mexicano ingresan a territorio zapatista para destruir plantíos de mariguana y amapola que en el último año se han incrementado considerablemente”. Días después, el general Jorge Isaac Jiménez García, mando del operativo militar en la zona, rechazó que los sembradíos de mariguana pertenecieran a simpatizantes del EZLN.

La provocación policiaco-militar del pasado 4 de junio contra los rebeldes no es un hecho aislado. Forma parte de una agresión de más largo aliento. El hostigamiento gubernamental contra los alzados ha sido una constante desde la llegada del gobernador Juan Sabines en 2006.

Diversos grupos campesinos cercanos al gobierno del estado pretenden posesionarse de las tierras que bases de apoyo zapatista ocupan y trabajan desde 1994. Grupos paramilitares como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) acosan a los municipios autónomos. El Ejército ha establecido nuevas posiciones, cualificado su presencia en la entidad y realizado movimientos inusuales de carácter claramente intimidatorio.

Jaime Martínez Veloz, representante del gobierno de Chiapas ante la Comisión para la Concordia y Pacificación (Cocopa), ha explicado con mucha claridad la dimensión agraria de la actual ofensiva antizapatista. “El gobierno mexicano –dijo a la CCIODH–, yo estoy convencido que en actitud de intentar confrontar al EZLN con campesinos e indígenas de la zona, habilitó a personas con necesidades de tierra, pero los habilitó como ejidatarios de las mismas zonas que los zapatistas ocupaban esas tierras. Los hace ejidatarios y evidentemente genera un conflicto. En una misma superficie hay quien ocupa la tierra y hay quien tiene un título. Esto se produjo ya por los primeros años, 95, 96... y las repercusiones de eso, pues hoy aparecen.”

Curiosamente, los responsables de la política agraria, rural y turística del gobierno de Juan Sabines son personajes como Jorge Constantino Kanter, representante de los latifundistas y ganaderos afectados por la irrupción del zapatismo, o Roberto Albores Gleason, hijo del ex gobernador Roberto Albores, ejecutor de innumerables violaciones a los derechos humanos.

El operativo del pasado 4 de junio se realizó en el lugar donde hace poco tiempo estuvo el subcomandante Marcos. Por lo visto, su presencia en La Garrucha inquietó a las autoridades gubernamentales. Hace ya meses que el vocero del grupo rebelde casi no aparece ante la opinión pública y sus silencios ponen nerviosos a los servicios de inteligencia. Pero los focos rojos que advierten la creciente intolerancia gubernamental ante la iniciativa civil pacífica de los rebeldes se habían prendido desde tiempo atrás. Camino al primer Encuentro Continental de Pueblos de América, realizado en Vicam, Sonora, entre el 11 y el 14 de octubre de 2007, retenes policiacos y militares detuvieron al convoy en el que se trasladaban los delegados zapatistas, obligando a que la comandancia indígena que asistía al evento regresara a Chiapas.

Una encuesta recientemente realizada sobre la administración de Felipe Calderón muestra que, además de la amplia simpatía de la población a la campaña antidrogas, a pesar del paso de los años, 26 por ciento de los sondeados apoyan a los zapatistas. Un porcentaje nada despreciable en las actuales circunstancias.

El nuevo intento gubernamental de mostrar al EZLN como cómplice del crimen organizado pretende montarse en la ola de sentimientos antinarco para tratar de erosionar la corriente de opinión favorable a los rebeldes y propinarle un golpe represivo. Un golpe decidido desde tiempo atrás. ¿Acaso no tiene el gobierno federal suficientes conflictos sin solución abiertos como para hacer más grande uno que no ha podido resolver en años?

(La Jornada, 10 de junio de 2008)

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Pide Chihuahua investigación sobre muerte de civiles en retén militar

El gobierno del estado asegura que la quinta zona militar no ha proporcionado información sobre el caso, por lo que realiza sus averiguaciones.

La Jornada On Line
Publicado: 09/06/2008 13:42



Chihuahua, Chih. El gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, anunció este lunes que solicitará ante el Ministerio Público federal una investigación sobre la muerte de tres civiles en un retén militar ubicado en Ciudad Cuauhtémoc, a fin de deslindar responsabilidades.

El mandatario aclaró que la Procuraduría de Justicia del estado ya realiza sus investigaciones, ya que la comandancia de la quinta zona militar no ha proporcionado información sobre el caso.

El retén estaba instalado en la comunidad Casa Colorada, ubicado en la carretera Cuauhtémoc-Guerrero, al noroeste de la ciudad.

Según los primeros reportes, dos civiles embistieron con un vehículo Grand Marquis a un efectivo militar y trataron de darse a la fuga. Los soldados realizaron disparos para que los hombres se detuvieran y éstos murieron. Las balas alcanzaron a otro automovilista que también falleció.

(Con información de Notimex)

(La Jornada, 9 de junio de 2008)

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Soldados matan a 4 civiles en Chihuahua

■ Entre sábado y domingo hubo 16 ejecuciones en tres estados

De los corresponsales

Soldados de un retén instalado Casa Colorada, municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, mataron a cuatro civiles e hirieron a dos militares, en una aparente confusión causada por un accidente.

Extraoficialmente se informó que los dos civiles circulaban en un automóvil de modelo atrasado por la autopista Cuauhtémoc- Guerrero, pero al llegar al puesto de revisión el conductor no se detuvo –al parecer por una falla mecánica–, arrolló a uno de los soldados y se estrelló contra un poste de energía eléctrica.

Al caer el poste, el área quedó a oscuras y los soldados abrieron fuego. Minutos después el poblado y la carretera fueron sitiados por más de 200 militares.

Luis Ernesto Baray, director del periódico Red Noroeste, informó que dos horas después del incidente persistía la confusión, el tráfico estaba paralizado, no había información oficial sobre el número de muertos y, según testigos, siguieron escuchándose disparos.

Por otra parte, entre la noche del sábado y este domingo se reportaron 12 homicidios en el estado de Chihuahua: ocho en Ciudad Juárez, tres en Nuevo Casas Grandes y uno en Villa Matamoros. La mayoría de las víctimas no han sido identificadas.

En Villa Matamoros, Enrique Barrón Núñez fue ultimado a balazos, y en Nuevo Casas Grandes policías ministeriales localizaron los cuerpos de tres personas que presentaban huellas de tortura y estaban atadas de pies y manos.

Baja California

En Tijuana, dos mujeres jóvenes fueron muertas a tiros en un camino vecinal del vaso de La Presa Abelardo L. Rodríguez. Ambas presentaban huellas de tortura. Asimismo, el policía municipal Gustavo Salas Reyes fue asesinado en el bar Siete de Copas, en la delegación de La Mesa, por sujetos que lo atacaron con pistolas calibres 9 y 40 milímetros. En Playas de Rosarito, las autoridades reportaron tres personas asesinadas con arma de fuego, una parcialmente calcinada, en un camino vecinal del Corredor 2000.

Sinaloa

Policías de Culiacán localizaron en el interior de un vehículo el cadáver de José Luis Martínez Sainz, quien fue asesinado con disparos de fusil AK-47. Personal del operativo conjunto Culiacán-Navolato, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, aseguraron 28 mil dólares y aprehendieron a 14 presuntos delincuentes. La vocería del operativo informó además que durante el viernes y sábado de la semana pasada se decomisaron 18.7 kilos de cocaína, 11 porciones de cristal, seis armas de fuego, 140 cartuchos y cinco vehículos automotores, uno de ellos blindado, se dijo.

Guerrero

Gregorio Victoriano Gómez, policía municipal de Chilpancingo, fue levantado (secuestro sin fines de rescate) la noche del viernes por un comando fuertemente armado y hasta ahora se desconoce su paradero.

Sonora

La Secretaría de la Defensa Nacional informó del decomiso de dos aeronaves utilizadas para transportar droga a la frontera con Estados Unidos. La primera avioneta, una Cessna 206, fue localizada en el municipio de Bacanuchi, la cual transportaba 500 kilogramos de mariguana. En otra operación, en el municipio de Imuris, los militares decomisaron otra aeronave con las características de la anterior, la cual llevaba 700 kilogramos de la misma yerba.

Colima

En Manzanillo, personal de la Agencia Federal de Investigación detuvo a Jesús Ernesto de los Santos Benítez, quien transportaba cuatro armas de fuego y 560 cartuchos útiles de diferentes calibres, informó la delegación de la Procuraduría General de la República.

(Miroslava Breach, Rubén Villalpando, Antonio Heras, Javier Valdez, Sergio Ocampo, Ulises Gutiérrez y Notimex)

(La Jornada, 9 de junio de 2008)

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Seguiremos poniendo los muertos

Néstor Martínez Cristo
nestormc@servidor.unam.mx

Uno de los últimos días del mes pasado, el lector de La Jornada se desayunó con una escalofriante cabeza en la portada: “Suman más de 4 mil ejecutados en el actual gobierno”, decía el titular en tres pisos.

El primer cuestionamiento que vino a mi mente y que me asaltó de súbito tras lo impactante del dato fue si en realidad existe alguna posibilidad de ganarle la guerra a este tipo de crimen tan bien organizado, mejor armado, despiadado, en pleno crecimiento, corrupto y corruptor, que se infiltra a todos los niveles, en esferas de dentro y fuera del gobierno, y que, además, es multimillonario en dólares.

Algo similar debe cruzar el pensamiento del presidente Felipe Calderón, quien a los pocos días hizo un airado reclamo público al gobierno de Estados Unidos al afirmar que en esta guerra “… México ha puesto los muertos”.

Las cuentas sobre la pérdida de cada una de las vidas humanas son francamente alarmantes y hablan de lo encarnizado de la lucha oficial contra el crimen organizado, así como de los ajusticiamientos entre los propios cárteles de la droga.

Resulta que el promedio de ejecutados en México durante 527 días, en el periodo comprendido entre diciembre de 2006 y el inicio de la última semana de mayo asciende a 7.6 diarios.

Todos ellos representan mucho más que los fríos números de una estadística. Son víctimas (así deben ser vistos) con rostro, nombre, apellido, familias, que participaban en una lucha que pareciera no tener fin y que, por el contrario, cada día se observa más compleja.

Por esos días de mayo, en los que además había repuntado la virulencia del crimen organizado hasta promediar 15 ejecutados diarios en media docena de entidades federativas, la versión oficial salía al paso y pretendía minimizar el impacto bajo el argumento de que el recrudecimiento de las ejecuciones obedecía a “un reacomodo de las organizaciones criminales ante el efectivo combate que el gobierno federal realiza contra el narcotráfico”.

También por esas fechas, en un foro sobre Seguridad Fronteriza Global, efectuado en Texas, uno de los subprocuradores de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, dio a conocer algunos otros datos que vinieron a alimentar mi pesimismo.

El funcionario mexicano dijo entonces que el crimen organizado y el narcotráfico en México es nutrido cada año por unos 10 mil millones de dólares provenientes de Estados Unidos.

A cambio, afirmó, México destina unos 3 mil 900 millones de dólares anuales en el combate al crimen organizado, es decir, menos de 40 por ciento del monto con el que esa red criminal se retroalimenta desde Estados Unidos.

José Luis Santiago Vasconcelos, según un despacho de la agencia Notimex, fechado en Austin, hizo una detallada exposición de las medidas que México adopta para combatir el crimen organizado.

Entre otras cosas, el funcionario habló del reforzamiento de la presencia de efectivos militares y policías en las zonas de mayor conflicto; de que se promueven reformas judiciales para reforzar la procuración de la justicia y para dotar a los cuerpos de combate de las herramientas necesarias para enfrentar “con éxito” a esos criminales.

No supe si lo que el actual gobierno ha hecho es mucho o poco ante la contundencia y la magnitud del número de ejecuciones. Lo cierto es que efectivamente ha puesto los muertos. Entonces recordé los muy numerosos espots que el gobierno de la República transmite, una y otra vez, a lo largo de todo el día, en diversas estaciones de radio y televisión, que dan cuenta de las medidas emprendidas en la lucha contra el narcotráfico y cuyo eslogan dice algo así como “… para que la droga no llegue a tus hijos”.

Ahora se debate la llamada Iniciativa Mérida. Los condicionamientos que el Congreso estadunidense ha puesto a México para aprobarla parecen ser un simple pretexto para escatimar los apoyos a nuestro país en una lucha que también les corresponde a ellos.

El narcotráfico es un problema multinacional y con ese mismo enfoque debe ser abordado y combatido. Los consumidores y el verdadero negocio están del otro lado de la frontera.

En México, las batallas se han ido perdiendo una a una, con costos cada vez más altos. Suman muchos, muchísimos ya, los muertos a lo largo de los años y, me temo, que con las estrategias seguidas hasta ahora, irremediablemente seguiremos poniendo los muertos…

(La Jornada, 9 de junio de 2008)

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Sedena apoyó a Televisa con bienes militares, según informe del IFAI

■ Un helicóptero y 147 efectivos, parte de lo que prestó para grabar un capítulo de El Pantera

■ Los vehículos y el personal castrense fueron “proporcionados con el fin de difundir la imagen del gobierno federal”, arguyó la dependencia

■ Fueron ocupados durante ocho días en diferentes puntos de la República para filmar el episodio que se transmitió el pasado 12 de mayo

Triunfo Elizalde

Durante ocho días fueron utilizados personal castrense, vehículos militares y hasta un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la filmación de diversos aspectos de la serie de televisión El Pantera, producida por Grupo Televisa, confirmó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

En respuesta a las preguntas que mediante el organismo le fueron formuladas a la Sedena para que diera a conocer “un inventario del material militar utilizado para la filmación y el número de efectivos que participaron en las escenas grabadas en diversas partes del país, la dependencia castrense respondió:

“Se hace de su conocimiento que esta Secretaría proporcionó apoyo con material y personal a la empresa Televisa, SA de CV, para la locación de algunos capítulos de la serie El Pantera, segunda temporada, como sigue: ‘Material: vehículos, tres (transportes) tipo CMN:TPTE, de personal, modelo Mercedes Benz, marca Mercedes Benz; seis tipo Humvee Vere, modelo Humvee-M.1044, marca AM General; seis tipo Humvee VTP, modelo Humvee-M-1038, marca AM General, y una ambulancia tipo para terapia intensiva, modelo Mercedes-Benz, marca Mercedes Benz.

“‘Respecto del personal militar se tuvo la participación de los siguientes efectivos: jefes (mayor, teniente coronel o coronel), tres; oficiales (mayores, capitanes o tenientes), seis, y tropa (sargentos, cabos y soldados razos), 138’”, precisa el comunicado.

Aunque la Sedena “no cuenta con copia certificada del valor unitario (del helicóptero UH60-L Black Hawk), el inventario que obra en poder de esta Secretaría indica un valor de 27 millones 265 mil pesos. El origen de fabricación de (ese tipo) de aeronaves es de Estados Unidos de América y el costo de mantenimiento es de 8 mil 798 pesos por hora”. La Sedena precisa que en la práctica “ese tipo de helicópteros no son empleados para la intercepción terrestre de aeronaves ilícitas”.

“Apoyo y difusión”

Al final de la información solicitada, la Sedena subraya: “Como conclusión se hace de su conocimiento (del IFAI) que los medios indicados fueron proporcionados como un apoyo de esta dependencia y utilizados para difundir la imagen del gobierno federal en relación con uno de los cinco ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, el cual establece como premisa fundamental que las personas necesitan de garantías de seguridad para su desarrollo humano sustentables, difundiéndose de esta forma algunas de las actividades llevadas a cabo por el Instituto Armado, referentes al estado de derecho y seguridad”.

Los 138 efectivos de tropa, seis oficiales y tres jefes de la Sedena fueron ocupados para desarrollar el capítulo dos de la segunda temporada de El Pantera, titulado La cruzada, trasmitido el 12 de mayo, que narra cómo autoridades militares capturan a una narcotraficante llamada La Reina, así como la ambulancia de terapia intensiva, el helicóptero y los 15 vehículos terrestres propiedad del “Instituto Armado” sirvieron para filmar el mencionado capítulo.

Durante el rodaje de la serie, los vehículos y el personal militar fueron desplazados a distintos puntos de la República Mexicana, entre ellos, el aeropuerto de Cuautla y una hacienda en Cuernavaca, ambos del estado de Morelos; tres puntos distintos del centro de la ciudad de México y el propio Hospital Central Militar.

Documentos oficiales revelan que entre el 18 de marzo y 30 de abril de este año, la institución militar “proporcionó a Televisa un helicóptero modelo UH-60L, con capacidad para 12 personas, el cual sobrevoló por el espacio aéreo mexicano durante 128 minutos, a fin de proporcionar aspectos en favor de las grabaciones de la televisora. El costo de mantenimiento por hora de uso de este tipo de aeronave es de 8 mil 798 pesos, más gastos de combustibles y sueldo de quienes integran la tripulación.

Con base en la información obtenida, al margen de lo dicho por la propia Sedena, la infraestructura militar fue utilizada para poner “en práctica diversas actividades de adiestramiento y en particular el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, actividades que por su naturaleza eminentemente práctica sirvieron para materializar los ejercicios que fueron incluidos en la serie televisiva”

La segunda temporada de la serie El Pantera inició el pasado 5 de mayo y narra las aventuras del héroe renegado y carismático, centrándose en el combate el crimen y el narcotráfico que se apoderan del país. La serie consta de 13 capítulos, y se trasmite por Canal 5 los lunes a las 22 horas; es protagonizada por Luis Roberto Guzmán, Ignacio López Tarso, Andrés García, Irán Castillo, Vanessa Terkes y Raúl Padilla Chóforo. Es dirigida por Gustavo Loza.

El Pantera, cómic

La historia de Gervasio Robles, alias El Pantera, comenzó en 1970, cuando su creador, Daniel Muñoz, recibió el encargo de dar vida a un personaje que reuniera las características del mejor agente secreto mexicano. El cómic surgió después de que José Suárez –entonces director artístico de Editorial Argumentos– le propuso a Muñoz la creación de un personaje policiaco diferente a los que en ese momento estaban en circulación. Las ideas revolotearon en la cabeza de Muñoz y recordó a El Trompo, panadero oaxaqueño que conoció en la colonia Obrera. El Trompo era un tipo fuerte, moreno, “de ojos color acero y pocas palabras”. Sin ser bravucón poseía una “violencia innata” que llamó la atención del escritor. Una vez le pidieron a El Trompo que le diera un susto a un profesor por 50 pesos. “Dame cien y lo mato”, respondió sin inmutarse. “Ese modo tan desenfadado de hablar de cosas tan serias me cautivó”, y a partir de esa personalidad construyó su personaje, recuerda Muñoz en una entrevista hace algunos años.

Daniel Muñoz creció en un barrio de la colonia Obrera, y ahí dio vida a El Pantera. Incluso el mote proviene de su experiencia en las calles: “En el barrio, a quienes son muy fieras, les decimos panteras”. El escritor quería que su personaje tuviera contacto con los pobres, con los oprimidos, los teporochos y los pordioseros; quería que de ahí surgiera un héroe. “Al menos en la imaginación voy a convertir a un perdedor en triunfador”, se dijo. Así transformó a un niño de la calle en un formidable súper héroe de carne y hueso.

Hasta 1975, El Pantera se publicó en el formato de “superminis” y formó parte de las “minipoliciacas”. Pero sus aventuras se publicaban sin peridodicidad fija.

Fue así como su personaje rugió con fuerza en 1980, cuando vino el relanzamiento del cómic; de acuerdo con cifras de Muñoz, “en 20 números la revista se disparó a 400 mil ejemplares”. En 1984, en vista del éxito de El Pantera, el tiraje se incrementó y se realizaron episodios completos. “Las ventas llegaron a 700 mil ejemplares”, según Muñoz. Pero a finales de los años 80 la historieta empezó a caer. “El personaje decayó porque el ilustrador original, Alberto Maldonado, exigió más honorarios, y como no le pagaron, se fue”, recuerda el escritor. El Pantera dejó de publicarse en 1998.

Tres años después, una encuesta de Editorial Vid revivió el personaje y desde diciembre del año pasado está nuevamente en circulación en puestos de periódicos. El criterio que motivó la redición del Pantera es sencillo: “falta de héroes”, dice Manelick de la Parra, presidente de Editorial Vid. “Si vas a un puesto de revistas no hay a quien seguir en el área nacional, de ahí el interés de intentarlo de nuevo”.

(Con información de www.revistabloc.com)

(La Jornada, 8 de junio de 2008)

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Regresaremos, advierten soldados a bases zapatistas

■ Estamos alertas porque buscan un enfrentamiento, señala JBG

■ Desde mayo se han sucedido acciones militares en zonas autónomas

Hermann Bellinghausen (Enviado)

La Garrucha, Chis., 6 de junio. Ante el rechazo decidido de los pobladores de la comunidad zapatista Hermenegildo Galeana, a unos kilómetros del caracol Hacia un nuevo amanecer, sobre las laderas de la sierra Livingston, el oficial al mando de las tropas federales que intentaban alcanzar el poblado se detuvo, y antes de retroceder amenazó a los campesinos tzeltales: “vamos a volver y no vamos a respetar; vamos a llegar adonde hay que llegar”.

Una cosa les queda clara a las bases zapatistas de los municipios autónomos Francisco Gómez y Ricardo Flores Magón: “los soldados y policías vienen a encontrarnos. Lo que buscan es enfrentar. Por eso, los pueblos están alertas”, expresa un miembro de la junta de buen gobierno (JBG), en nombre de seis compañeros suyos que lo flanquean.

“Ahora que ya vimos cómo están llegando los soldados, se teme que se metan en las montañas”, añade en su recapitulación de las operaciones del Ejército federal y diversas corporaciones policiacas realizadas en las recientes dos semanas contra comunidades zapatistas de la selva tzeltal. La más reciente y grave fue este 4 de junio, aquí, y no lejos, en las comunidades San Alejandro y Galeana.

En la segunda, los pobladores salieron a encontrarse con las tropas, “no los esperaron”. Los soldados se metieron en una milpa y allí se pintaron los rostros de negro. Blandiendo machetes, piedras, palos, y resorteras los niños, los indígenas los toparon y les exigieron retirarse. “A un paso quedaron ellos y nuestros compañeros”, detalla el portavoz de la JBG.

Ya no se puede hablar de hechos aislados. El 19 de mayo, el Ejército federal rodeó precisamente las casas de las familias zapatistas en San Jerónimo Tulijá (municipio Flores Magón) y allanó dos, en un operativo inesperado y nunca explicado. El día 23, un aparatoso movimiento de tropas atravesó una amplia región del mismo municipio autónomo, pasando por las comunidades rebeldes Culebra y 6 de Octubre para internarse en el poblado priísta de Chamizal (donde la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos ha tenido presencia) y presuntamente localizar un pequeño sembradío de mariguana.

Sembradíos ilegales

El teniente coronel Ismael Cortés Martínez, a cargo de la operación, declaró a la prensa dos días después que el hallazgo (que nadie vio) se había realizado “en terreno zapatista”, versión que la JBG desmintió inmediatamente. Era bastante fácil: en Chamizal, igual que en sus vecinas Nueva Palestina y San Antonio Escobar, no sólo no hay zapatistas, sino que allí está la base del grupo armado responsable, junto con la policía estatal, de la masacre de Nuevo Velasco Suárez a finales de 2006.

El pretexto de buscar sembradíos ilegales se repitió en la más reciente incursión, en esta cañada. Al igual que en el caso de Chamizal, las tropas federales llegaron a Galeana y San Alejandro coordinadamente, por dos direcciones opuestas, procedentes de diferentes posiciones castrenses. Aquí, de San Quintín y Toniná (las dos bases militares más grandes de la selva Lacandona). Para llegar a Chamizal, en los bordes de Montes Azules, las tropas ingresaron por Sibal y Nueva Palestina.

Los guías

La incursión a Tulijá llevó como guía a Narciso Morales Gutiérrez, soldado al parecer destinado a Quintana Roo, pero nativo del lugar, con el rostro cubierto; él señaló las casas de los zapatistas a las tropas federales, procedentes de Tabasco. En el intento por rodear La Garrucha de norte a sur (un movimiento envolvente), y para llegar a Galeana, los soldados fueron guiados por Feliciano Román Ruiz y Enrique Hernández Castellanos, policías municipales de Ocosingo, originarios del vecino Prado Pacayal.

Prosigue el portavoz de la JBG: “estábamos trabajando este miércoles en el caracol; de pronto llegaron los soldados y se pusieron a la entrada de La Garrucha. La gente se juntó y empezó a moverse. Pareció que iban a flanquear la comunidad. Como vieron a la gente siguieron de largo, pero pasaron filmando a la comunidad. En Patiwitz se juntaron más soldados, siguieron, y en Rancho Alegre se unieron con los que venían de San Quintín. Luego se dividieron para subir, unos a Galeana y otros entrar a San Alejandro. El mando militar exigía a los compas que callaran la bulla, que esta vez sí iban a regresar. En los dos lugares los compas los echaron para atrás”.

(La Jornada, 7 de junio de 2008)

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Repudian fallo del IVAI sobre caso Ascensión

A. T. Morales, corresponsal

Jalapa, Ver. La Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ) calificó de insuficiente y limitada la resolución del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) que la semana pasada ordenó a la procuraduría de justicia del estado entregar parte del expediente judicial sobre la muerte de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, en 2007.

Julio Atenco, líder de la agrupación, acusó al instituto de convertirse en cómplice de los gobiernos federal y estatal, los cuales “negociaron políticamente no sólo cerrar el caso, sino bloquear todo intento ciudadano para acceder a los documentos del mismo”.

La entrega parcial del expediente, acotó, excluye los datos personales de la anciana nahua e información sobre los peritajes que acreditarían un fallecimiento por homicidio y no por muerte natural.

En nombre de los grupos integrantes de la CROIZ, Atenco repudió la decisión de los consejeros del IVAI, Álvaro de Gasperín, María del Carmen Martí Capitanachi y Rafaela López Salas, que permitió a la procuraduría clasificar en reserva parte de la investigación ministerial sobre el caso Ascensión.

Igual que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luís Soberanes, dijo, ahora los tres integrantes del IVAI se confabularon con el gobernador Fidel Herrera para evitar que la ciudadanía conozca los detalles de la investigación y mantener en “secreto oficial” el caso.

Adelantó que en coordinación con el Centro de Servicios Municipales se analiza interponer un amparo contra el resolutivo IVAI-REV/22/2008/1, que faculta a la procuraduría veracruzana para mantener en calidad de información reservada datos esenciales de la investigación judicial sobre la muerte de la anciana de 73 años, originaria de la comunidad nahua Tetlatzinga.

(La Jornada, 3 de junio de 2008)

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Nuevas incursiones militares en comunidades de Chiapas

■ Mujeres de la OCEZ impiden el paso del Ejército en El Carrizal

Hermann Bellinghausen (Enviado)

San Cristóbal de las Casas, Chis., 2 de junio. Prosiguen en el estado las incursiones militares en comunidades indígenas y campesinas, bajo un patrón repetitivo: no median explicación ni justificación alguna de las tropas federales ni los cuerpos policiacos, que en algunos casos hacen imprecisas menciones a la lucha contra el narcotráfico.

Los episodios más recientes ocurrieron el pasado jueves 29 de mayo, cuando nueve camiones del Ejército y tres camionetas de la Policía Estatal Preventiva (que transportaban también policías municipales de Ocosingo), pretendieron entrar en la comunidad El Carrizal por su camino de terracería. Al percatarse, las mujeres pertenecientes a la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) formaron un cerco humano que les impidió el paso.

De acuerdo con la agrupación, “los soldados dijeron que sólo iban de paso hacia terrenos del vecino municipio de Oxchuc, donde ‘habían localizado sembradíos de mariguana’”. Si bien arguyeron que los acompañaban integrantes del Ministerio Público y el ayuntamiento de Ocosingo, así como por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ninguno aceptó identificarse ante la población. Las mujeres de la OCEZ, miembro del Frente Nacional de Lucha Por el Socialismo (FNLS), “permanecieron bloqueando el acceso hasta que el convoy se replegó, estacionándose a unos cientos de metros del lugar”.

Después, la fuerza pública intentó llegar al camino a las comunidades de Chulná y Río Florida. Nuevamente, hombres y mujeres “cerraron con candado la reja de acceso y se concentraron para evitar el allanamiento militar”. Soldados y policías se retiraron, “no sin antes lanzar la amenaza de que entrarían por la noche”. Hasta ahora eso no ha ocurrido.

El FNLS, que la semana anterior se ha movilizado por “la presentación con vida de los luchadores sociales desaparecidos por el régimen de Felipe Calderón”, repudió estas acciones “fascistas”.

El 23 de mayo un helicóptero sobrevoló más de dos horas estas comunidades, apuntando su artillería contra la población. Y el 26 se repitió un patrullaje similar en el vecino Chalam el Carmen-San Agustín, tan rasante que la aeronave “casi tocaba los techos de las casas”, según testigos.

La OCEZ-FNLS aclara que las comunidades hostigadas “gestionan su regularización agraria, por lo que están totalmente abiertas a que instancias civiles estatales y federales recorran la totalidad de sus tierras”. Y apunta: “una vez más queda al descubierto que el asunto del ‘narcotráfico’ es un vil pretexto del gobierno federal para militarizar el país, con el verdadero objetivo reprimir el descontento popular”.

(La Jornada, 3 de junio de 2008)

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Falta rigor en indagatorias sobre desapariciones: ONG

■ Señalan deficiencias de autoridades y comisiones de derechos humanos

■ Las denuncias se han convertido en numeralia y priva la impunidad

Víctor Ballinas

La Red de Organismos de Defensa de los Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez consideraron que “hay muchas denuncias de desapariciones forzadas que no son investigadas de manera rigurosa, ni por las procuradurías ni por las comisiones nacional y estatales de derechos humanos”.

Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todos, sostuvo que “decenas, muchas denuncias de desapariciones se han vuelto numeralia, pero no son casos específicos para la justicia, pues no determina qué pasó ahí; es una situación muy similar al enorme número de ejecuciones en el país. Lo que ocurre es que las desapariciones forzadas de personas no son investigadas de manera rigurosa. Hay enorme impunidad”.

Mientras, el director del Centro Pro, Luis Arriaga, sostuvo que casos como la desaparición de 38 petroleros de Nuevo León “ponen de manifiesto la ineficiencia de las instituciones para investigar estos delitos”.

Además, abundó Arriaga, ni las víctimas ni los familiares de éstas pueden acceder a la justicia, porque no se investiga; el Estado mexicano está obligado a indagar y lo preocupante es la ineficiencia.

Por su parte, el director de incidencias de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Humberto Guerrero, dijo que las desapariciones forzadas de personas no son de los últimos años, sino hay que remontarse a las décadas de los 60 y 70, en la denominada guerra sucia, y ahora ocurre lo mismo: las estructuras no responden. Por ejemplo, expuso, el hecho que no se pueda recurrir al amparo, porque es un requisito que la persona lo ratifique, “y si no sabemos dónde está, ¿cómo va a ratificar su demanda?”

Por su lado, Edgar Cortez destacó que estos casos de personas desaparecidas, como los de Oaxaca, del Ejército Popular Revolucionario, el ex guerrillero de Michoacán y los 38 petroleros de Nuevo León, se explican porque la justicia está en crisis. “Se trata de una institución (la Procuraduría General de la República) que lleva el recuento de los ejecutados y de las denuncias de desaparecidos, pero no garantiza que se investiguen.”

El secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todos abundó en la necesidad de insistir en las denuncias, porque hay una clara deficiencia de los organismos públicos en el caso de las investigaciones que realizan las comisiones nacional y estatales de derechos humanos; en muchas ocasiones les dicen a los familiares que “por no poderse determinar la participación de funcionarios o servidores públicos en los casos de desaparición, no pueden llevar a cabo la indagatoria respectiva.”

En estos últimos casos, resaltó Cortez, “hay que recordarles que es responsabilidad del Estado mexicano realizar una investigación amplia y adecuada; tienen que mejorar las técnicas de investigación, porque incluso si un particular hubiese participado en la desaparición de una persona, las diferentes comisiones de derechos humanos pueden determinar que hubo negligencia y una ostensible falta de intervención de las autoridades”.

(La Jornada, 3 de junio de 2008)

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El general Gallardo pide acotar papel del Ejército

■ Su actuación rebasa cauces legales, afirma

Bertha Teresa Ramírez

El general José Francisco Gallardo, defensor de los derechos humanos, aseveró que “el Ejército Mexicano está realizando funciones fuera de los cauces legales y tiene injerencia en asuntos que están fuera de su competencia”.

Durante su intervención en la mesa Resistencias contra la impunidad y la militarización, que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el militar manifestó que las actuaciones que lleva a cabo el Ejército “son consecuencia de una política de Estado, de un patrón sistemático que se viene ejerciendo por lo menos desde la guerra sucia de los años setenta, en el cual están involucrados altos mandos castrenses, los gobernadores estatales e incluso el propio presidente de la República”.

Ante estudiantes del plantel San Lorenzo Tezonco de esa universidad, Gallardo llamó a no perder de vista las estrategias que desarrolla el gobierno federal al involucrar al Ejército Mexicano en situaciones de conflicto interno.

“Dichas acciones–apuntó– atentan contra la soberanía de la nación, pues el Ejército debe actuar exclusivamente en defensa del territorio nacional ante potencias extranjeras, y no en asuntos de carácter policíaco o político.”

En un comunicado difundido por la UACM, el militar calificó de delicado este tipo de injerencias militares y paramilitares en política, que “se agravan con el tema de la Alianza para la seguridad y prosperidad de América del Norte y con la posible aprobación del plan Mérida, en el cual la idea del Pentágono y de la Casa Blanca es desarticular al Estado mexicano y tener injerencia en asuntos jurídicos, económicos, políticos y militares”.

(La Jornada, 3 de junio de 2008)

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La lucha anticrimen no se está ganando, señala Manuel Espino

■ Arremete contra la estrategia federal y demanda que sea revisada

■ Pide al gabinete de seguridad cuidar más al Presidente de la República

Angélica Enciso, Elizabeth Velasco y Ciro Pérez

El dirigente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), Manuel Espino Barrientos, sostuvo que el gobierno federal no está ganando la lucha contra el crimen organizado y dijo que la estrategia que se utiliza se debe revisar, no sostenerla sólo “por razones políticas”. Pidió además al gabinete de seguridad cuidar más al Presidente de la República.

Para el diputado Pablo Arreola, integrante de la coordinación política del PT, pese a ser positiva la postura del gobierno federal en torno a la Iniciativa Mérida –“que no es una concesión graciosa, sino un cambio ocurrido por la fuerte presión que ha ejercido la sociedad en el gobierno de Felipe Calderón”–, es indispensable que los mexicanos “nos mantengamos en estado de alerta para evitar la firma de algún convenio que pueda violentar nuestra soberanía por Estados Unidos”.

Ayer, en conferencia de prensa en la sede de la ODCA, Espino Barrientos –quien mantuvo diferencias con el gobierno de Felipe Calderón cuando era líder nacional del PAN– cuestionó el planteamiento del gobierno federal de que se está ganando la lucha contra el narcotráfico.

“No sé con base en qué elementos u objetivos del trabajo que se ha venido realizando se puede afirmar que se va ganando; me parece que es una guerra lamentable, con una pérdida de vidas humanas impresionante”, afirmó. Al mismo tiempo, comparó la situación con el conflicto bélico de Irak. Dijo que “es una guerra entre bandas del crimen organizado en el país y en medio de ella está la participación del gobierno haciéndole frente”.

Asentó que en su experiencia personal ha escuchado recientemente dos balaceras afuera de las instalaciones de la ODCA, en las Lomas de Chapultepec, y también en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde reside . La estrategia, insistió, debe ser revisable y no mantenerla “solamente para que no se piense que se está dando marcha atrás”. Si hay que cambiarla, sugirió, “hay que hacerlo buscando eficacia para evitar la pérdida de vidas humanas”.

También señaló que al presidente Felipe Calderón “hay que cuidarlo más”, aunque no sólo físicamente, sino que sus colaboradores deben ser los que den la cara para explicar los operativos y para anunciar el endurecimiento del gobierno.

Desconfiaza e impacto mediático

Mientras tanto, el representante del PT Pablo Arreola consideró que las declaraciones del gobierno federal en materia de seguridad “han sido ambivalentes y engañosas”, por lo que “hay que tener mucho cuidado”.

Por ejemplo, puntualizó, en el caso de la reforma petrolera, el gobierno federal desplegó “una campaña mediática negando su privatización, pero en los hechos –al revisar la propuesta de reforma del Ejecutivo– las cosas son totalmente distintas”.

La desconfianza en el caso de la seguridad, añadió, surge del hecho de que Felpie Calderón “personalmente dio fe y testimonio de la puesta en marcha de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN)”, suscrita en el gobierno de Vicente Fox Quesada y mediante la cual “consiente la ‘colaboración’ del gobierno estadunidense en asuntos de seguridad interna de México”.

Frente a esa situación, advirtió que los legisladores se mantendrán atentos a cualquier documento que pudiera firmar el Ejecutivo federal con el país vecino del norte, pues “dudo que el gobierno de Calderón acepte otras condiciones a las que ya impuso Estados Unidos”.

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la perredista Ruth Zavaleta, también habló del tema de seguridad y declaró: “México está como Colombia”.

Planteó que el combate contra el crimen organizado debe ser un “proyecto integrado” en el cual se incluya la participación ciudadana, a actores políticos y económicos, así como a los municipios, para “reconstruir el país entre todos”.

(La Jornada, 3 de junio de 2008)

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Jugar a la guerra

Pedro Miguel
navegaciones@yahoo.com • http://navegaciones.blogspot.com

“Ustedes libran una batalla por toda la sociedad y no se trata, como pretenden algunos, de alguna guerra en algún continente lejano; es una guerra que estamos librando en nuestro propio territorio, el enemigo está en nuestras propias calles”, dijo Felipe Calderón al dirigirse a los marinos mexicanos en su día (primero de junio). Lo recalcó: “Su frente fundamental en esta guerra está en el nivel local”, para regañar en forma oblicua a “los gobiernos municipales y estatales”, los cuales no deben declinar “en su obligación de garantizar la seguridad en sus comunidades”. Comparó la delincuencia con los invasores gringos y franceses del siglo antepasado, y remató con una arenga “como comandante”: “perseverar en el ataque hasta alcanzar la victoria”.

El que ejerce la Presidencia como haiga sido debería ser más cuidadoso en el uso de la palabra guerra, porque ésta, aunque él no lo sepa, tiene connotaciones legales asentadas, por ejemplo, en varios pasajes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el artículo 16 señala que “en tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones en los términos que establezca la ley marcial correspondiente”; el 73 indica que corresponde al Congreso la facultad “para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo” y éste, según el 89, puede ejercer también esa atribución “previa ley del Congreso de la Unión”; el 123, por su parte, estipula que las huelgas de los trabajadores gubernamentales podrán ser consideradas ilícitas en caso de guerra.

Pero como el calderonato no ha enviado al Legislativo ninguna propuesta de ley marcial ni ha invocado “los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto” estipulados en el artículo 29 de la Carta Magna, debe inferirse que no estamos, formal ni legalmente, en guerra, y que los dichos del gobernante son metafóricos: juegos de palabras de esos que a Calderón no se le dan muy bien que digamos y juegos de atribuciones que le salen aún peor. Podrá excusarse el tropo “guerra contra el paludismo”, pero en el contexto en que se empleó el domingo, la metáfora es sangrienta: menuda gracia causará a los marinos –y a los militares en general– que su jefe máximo ande jugando a la guerra a expensas de las vidas de los efectivos castrenses y policiales involucrados en una lucha contra las drogas que carece de claridad, objetivos, tácticas y estrategia.

En año y medio la carnicería ha causado en México más muertos que el total de bajas fatales sufridas por los invasores estadunidenses en cinco años de ocupación de Irak. Pero si esto es guerra, se trata de una guerra civil, por cuanto la inmensa mayoría de los delincuentes considerados “el enemigo” no son, hasta donde se sabe, invasores extranjeros, sino ciudadanos mexicanos. Y por cierto: ¿dónde empieza y dónde acaba la caracterización de “enemigo”? ¿Serán parte de ella los campesinos que siembran mota para no morirse de hambre? ¿Ha de considerarse agentes enemigos a los antecesores del propio Calderón que –según él– permitieron, con su “tolerancia, indolencia” o “franca complicidad”, la “expansión de la criminalidad”? ¿Se refiere a Fox, a Zedillo, a Salinas? Y si es así, ¿por qué no los denuncia?

Otra: ¿Se le habrá ocurrido al orador que con su manoseo de los términos abre una rendija para que las organizaciones delictivas sean reconocidas como fuerzas beligerantes?

Se han escrito millones de páginas sobre la importancia de las actividades lúdicas en la vida de los niños e incluso en la de los adultos. Pero eso no da pie para ponerse un traje militar sobrado y usar la Presidencia para jugar a la guerra ni para que un gobernante crea que es posible erradicar, así nomás, a balazos, los problemas –complicados, multifacéticos, internacionales, con ramificaciones políticas, institucionales, económicas y hasta culturales– del narcotráfico y de la delincuencia organizada.

(La Jornada, 3 de junio de 2008)

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A la guerra sin armas, sin estrategia, sin inteligencia...

Jorge Carrasco Araizaga

Si los ciudadanos no contaran con las tranquilizadoras expresiones de funcionarios como Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República –para quien, “aunque no lo parezca”, la guerra antinarco está siendo “ganada” por las fuerzas federales–, pensarían lo contrario... Esto se infiere a juzgar por la mortífera capacidad de fuego mostrada en los últimos días por los narcotraficantes. Sin armas, sin estrategia y sin inteligencia, las corporaciones federales prácticamente se encuentran a merced del narcotráfico, como ocurrió el pasado 26 de mayo en Culiacán, Sinaloa…

Una simple llamada telefónica evidenció a la publicitada policía científica del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de paso ocasionó el más duro golpe a los operativos antinarco del gobierno federal con el asesinato de ocho policías federales.La noche del pasado 26 de mayo, a las 10:50, hora local, la denominada Policía Federal que participa en el Operativo Culiacán-Navolato recibió una llamada anónima en la que se denunciaba la presencia de un grupo armado en una casa de la colonia Las Vegas, al oriente de Culiacán. Una veintena de policías se trasladó en tres camionetas pick up al número 1100 de la calle Alba de Acosta, la casa de seguridad en que los esperaba una célula de los hermanos Beltrán Leyva, quienes disputan el control del cartel de Sinaloa con Joaquín El Chapo Guzmán.Se trata del mismo grupo que ordenó la ejecución de Édgar Eusebio Millán Gómez. El coordinador de seguridad regional de la Policía Federal fue asesinado el pasado 8 de mayo, en represalia por el fallido operativo que dirigió para capturar a Arturo Beltrán Leyva, conocido como El Barbas; en la acción detuvo a nueve de sus guardaespaldas.Pese a otras sensibles bajas que el cuerpo policial ha sufrido en semanas recientes a manos de los Beltrán, y sin ponderar la información anónima, los agentes destacados en Culiacán se trasladaron la noche del lunes a la casa reportada, en un populoso barrio de la ciudad.Sin datos fidedignos y procesados mediante un sistema de inteligencia se presentaron en una de las zonas más conflictivas de la capital sinaloense, sector de “picaderos” donde dos semanas atrás detuvieron a siete delincuentes en posesión de armas largas y vehículos con reportes de robo.La trampa estaba tendida. En cuanto los policías llegaron fueron recibidos a tiros por sicarios que los atacaron desde la casa de seguridad reportada. Algunos de ellos, incluso, estaban apostados como francotiradores en la parte alta del inmueble. Construida en dos niveles y de gran tamaño, la casa se convirtió en un refugio para los agresores, quienes dispararon también desde todas las ventanas de la construcción. Pero el ataque letal también se lanzó desde un inmueble de la acera de enfrente. Ahí se encontraba otro grupo de agresores. Los policías que acudieron a la llamada anónima desconocían la manera en que se encontraban organizados los pistoleros.En los primeros momentos de la balacera cuatro agentes fueron acribillados. De acuerdo con la secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), de la que depende la denominada Policía Federal, varios policías recibieron tiros de frente y por la espalda. Tres más murieron en el hospital. Uno más, que alcanzó a subir adonde se encontraban los francotiradores, quedó en esa parte de la casa que sirvió de señuelo.En total, fallecieron ocho uniformados y tres quedaron heridos. Son las bajas más numerosas que la Policía Federal ha sufrido en una sola acción desde que comenzaron los operativos antinarco, en diciembre de 2006, en Michoacán.Del otro bando, sólo uno de los sicarios murió y tres fueron detenidos, incluida una menor de 14 años. Se estima que más de 20 sujetos huyeron antes de que llegaran cientos de refuerzos policiales y militares. En el ataque, los sicarios utilizaron por lo menos fusiles AK-47 y granadas de fragmentación. Las casas vecinas resultaron dañadas y sus habitantes vivieron una noche de terror.La manera en que fueron asesinados los agentes federales revela que hubo una grave falla de inteligencia, el elemento que García Luna presume, de manera insistente, en su labor de reestructuración de las policías federales.
Menos riesgos y más fuerza
El director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia –organización dedicada a la capacitación policial y de propuestas de políticas de seguridad y justicia–, Ernesto López Portillo Vargas, afirma: “Hechos de tal magnitud revelan que los sistemas de inteligencia policial y militar están rebasados”.Asegura que no se previó la magnitud del ataque al que serían sometidas las fuerzas federales en un contexto como el de Sinaloa. “El proceso de inteligencia policial debiera dar los elementos necesarios para reducir los riesgos e incrementar la fuerza; no de manera indiscriminada, sino la clave del despliegue táctico para estar lo mejor preparado posible ante el embate y en su caso anticiparse”.La acción contra la policía de la SSP confirmó también la denuncia hecha por el excomisario regional Javier Herrera Valles, recientemente destituido como coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP), componente principal de lo que García Luna presenta ya como Policía Federal, pese a que el Congreso aún no reforma la Ley Orgánica de la SSP para dar existencia legal a ese cuerpo.Separado de la SSP por órdenes del propio García Luna, Herrera Valles no sólo acusó al funcionario federal de lucrar con los operativos en beneficio de sus amigos, sino que lo responsabilizó de la ineficiencia de los operativos debido a que no se realiza trabajo de inteligencia.En entrevista con Proceso (1637), Herrera Valles aseguró: “Nos mandaron a la guerra sin información, con pocas armas y sin soporte de inteligencia; andábamos haciendo el ridículo por todos lados, confundidos por las órdenes y contraórdenes que nos giraban nuestros jefes”.Refiere que en las primeras semanas de los operativos ordenados por Felipe Calderón, había una total confusión entre los mandos de la secretaría: “El área de inteligencia de la SSP no nos proporcionaba ninguna información. No sabíamos a quién estábamos persiguiendo. Todo era un caos. Las órdenes eran así: ‘váyanse para allá’, ‘ahora para acá’. Más tarde dijeron: ‘coloquen retenes y hagan presencia en las calles’… todo aquello era la total descoordinación”.En Culiacán el problema no fue de descoordinación, sino algo también grave: la falta de información de inteligencia para actuar en una de las zonas más conflictivas por la presencia de la delincuencia organizada. Tal era el desconocimiento del lugar al que llegaron los policías federales que la propia SSP en su comunicado oficial aseguró que los hechos ocurrieron en la colonia Miguel Hidalgo, cuando en realidad se trataba de Las Vegas.Apenas llegaron los federales, los pistoleros les comenzaron a disparar causándoles las bajas. Desatado el tiroteo, varios sicarios salieron por el portón en dos camionetas abriendo fuego contra los policías. Una de ellas, tipo Chevrolet Tahoe, chocó contra un poste. Otros salieron por las dos puertas frontales de la casa.Ante el fuego cruzado, los federales pidieron refuerzos. Llegaron más camionetas con numerosos elementos del Grupo de Operaciones Especiales (Gope) y de Fuerzas Federales de Apoyo, destacados por la SSP en el Operativo Culiacán-Navolato. El operativo fue echado a andar el pasado 13 de mayo, como respuesta al incremento de la violencia en el estado, que desde comienzos de mayo mantiene en zozobra a la población.Los elementos del Gope y de Fuerzas Federales rescataron a los policías heridos que se habían arrastrado hacia una de las esquinas, así como los cuerpos de los policías abatidos enfrente del inmueble donde fueron emboscados.También llegaron agentes de las policías de Seguridad Pública estatal y municipal, así como un destacamento de la IX Zona Militar, ubicada a sólo unas cuadras del lugar de la celada. En total, se estima que llegaron entre 300 y 400 elementos entre civiles y militares armados. Pero cuando se presentaron, los policías federales ya habían caído.
Mutismo castrense
En el Distrito Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional no informó nada sobre la participación de los elementos castrenses en el enfrentamiento que duró casi cuatro horas, con tiroteos espaciados.Hacia las 3:00 de la madrugada del martes, elementos del Gope pudieron entrar a la casa. Ahí aseguraron siete fusiles AK-47, 36 cargadores, cuatro cargadores de disco y 25 cajas de cartuchos calibre 7.62, de 20 unidades cada una. De la otra casa, los sicarios huyeron por la azotea. Ese inmueble fue asegurado por la PGR. Los militares activaron una granada que no estalló durante el ataque.Horas después, en la tarde del martes, García Luna negó que sus elementos hubieran sido ejecutados y los presentó como víctimas de un enfrentamiento debido a la superioridad de fuego de los narcotraficantes. Aseguró que las armas de los delincuentes eran de calibre superior a los 50 milímetros.Peor aún, en una muestra de la poca preparación con la que están actuando sus elementos en los operativos, dijo que la SSP va a “identificar los patrones de conducta que ellos generan en la parte criminal…”. Al día siguiente del ataque, 200 policías federales más fueron desplazados a Culiacán, con lo que llegaron a 800 los destacados por la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa. Ese desplazamiento colocó a ese estado como el segundo con el mayor número de efectivos de la SSP que forman parte de los operativos ordenados por Calderón. Casi igual que Sinaloa está Tamaulipas, donde hay 817 policías federales. En tercer lugar se encuentra Michoacán, con 584, y le sigue Ciudad Juárez, con 469.De acuerdo con la SSP, hasta antes de que se enviaran los refuerzos a Culiacán, la Policía Federal tenía 4 mil 766 policías en diferentes estados como parte de los operativos. La actual cifra representa la cuarta parte de los 20 mil elementos con que cuenta en total, en su mayoría integrantes de la PFP.Los elementos adicionales llegaron a Culiacán la mañana del 28 de mayo pasado en dos aviones de la corporación, tipo Boeing 727 con matrícula XC FPA, al mando del general Rodolfo Cruz López, coordinador operativo de las Fuerzas Federales de Apoyo de la SSP.En declaraciones a la prensa, el militar aseguró que, luego de una llamada anónima, un grupo de inteligencia de la corporación alertó a los uniformados de que un grupo armado se encontraba en la zona del ataque.Dijo que la agresión se dio desde diferentes casas, por lo que los uniformados quedaron en medio de varios fuegos desde distintos ángulos. Explicó así las bajas: Los agentes recibieron “fuego de al lado, de enfrente; al ver que oponíamos resistencia o que les íbamos ganando, llegaron por la parte posterior, salieron de otras casas”.Su versión de la resistencia o de que “iban ganando” se contradice con el hecho de que los policías de la SSP no sabían cuantos sicarios había en la zona, cómo estaban distribuidos y el armamento con que contaban. El propio general, un día después de los hechos aún no sabía cuántos sicarios estuvieron involucrados en el tiroteo.Al igual que García Luna, negó que se tratara de una ejecución y dijo que los sicarios utilizaron armamento más potente que el de los elementos de la SSP: “Nos arrojaron granadas, nos atacaron con armas de calibres superiores, normalmente las que manejan el Ejército y las fuerzas especiales”. Precisó que por lo menos les lanzaron cinco granadas. En el ataque, añadió, se utilizaron “AK-47 automático (calibre) 7.62, con punta de acero. Penetra el blindaje y penetra todo. Son ametralladoras y se diferencian en que su cadencia de tiro es de casi 200, 500 cartuchos por minuto… Los cargadores que nuestra gente trae son de 20 cartuchos. La desventaja es horrible”. El general Cruz López insistió en que no fue una ejecución, “simplemente tuvieron más parque del otro lado y se acabó”. Enseguida se refirió a lo que no tuvieron los agentes emboscados en Culiacán: “Nosotros tenemos que actuar con la inteligencia de blancos específicos; necesitamos aquí, ¿cuántos, 50 mil, 60 mil hombres para estar en las calles día a día? Sería materialmente imposible. Entonces hay que privilegiar la inteligencia”.Sin indicar a partir de cuándo ni cómo, dijo que la Policía Federal elevará el calibre de las armas que utiliza, de 2.23 a 7.62; aunque aseguró que la SSP tiene 4 mil de esas piezas que disparan en ráfaga, la mitad de las que se requieren en la actualidad.Sobre los responsables del ataque, se limitó a decir: “Se supone que es una célula derivada de otra célula de los Beltrán”.
Mantas acusadoras
El mismo día en que llegaron los refuerzos policiales desde la Ciudad de México, el miércoles 28, amanecieron en distintos puntos de la capital sinaloense cinco mantas en contra de García Luna y del comandante de la III Región Militar y exjefe del Estado Mayor Presidencial en el gobierno de Ernesto Zedillo, general de división Roberto Miranda Sánchez, quien también tiene un programa de denuncia anónima.Firmados por “policías honestos de Culiacán”, en uno de los mensajes se acusa al secretario y al general de proteger a Arturo Beltrán Leyva y a Vicente Carrillo, quienes, según la PGR, se unieron en contra de El Chapo Guzmán. Fue la segunda ocasión en menos de un mes que aparecieron mantas en contra del general Miranda y de García Luna.“General Roberto Miranda; secretario que vende y entrega a sus policías, Genaro García Luna; en su memoria y conciencia, si es que tienen, llevarán la muerte de tantos policías y gente inocente, y todo por ser fieles de Arturo Beltrán Leyva y Vicente Carrillo. Señor presidente, en manos de quién estamos”, decía uno de los mensajes colocados el miércoles 28.Otro apuntaba: “En estos operativos los resultados son: pueblo pierde vidas y Miranda gana dólares, ¡que bien! Pudiera pagar la nómina aquí en la corporación”.Más directa, en otra manta se leía: “General Miranda: sólo faltaba que a los delincuentes matapolicías les dieran asilo y respaldo en el cuartel militar. ¿Qué no tiene un grupo de inteligencia, por qué no lo había detectado si estaban a dos cuadras del cuartel…”. El mensaje aludió a la cercanía de las instalaciones de IX Zona Militar con las casas de seguridad desde las que la célula de los Beltrán Leyva atacó a los federales. La manta agregaba: “… Y te lo decimos a ti, porque también sabemos que estás de planta en Culiacán por instrucciones de Arturo y Vicente para atacar a sus rivales. Qué lástima general corrupto, dónde quedó su lealtad a la patria y su honestidad. La verdad, soy yo mil veces más honesto que tú. General vendido”.Ernesto López Portillo dice que con las mantas, “esas organizaciones nos avisan a todos que están por encima de cualquier institución del Estado. No tengo duda de que alguien que hace ese acto opera sobre la base de esa certeza. Estamos en un momento dramático que nos debería llevar a una revisión total de la respuesta de las instituciones y de la sociedad frente a la delincuencia organizada”.Añade que si bien la respuesta violenta era previsible, pues incluso las mejores policías pueden verse rebasadas por la delincuencia en hechos específicos, lo que está ocurriendo es que las organizaciones delictivas han demostrado su capacidad para desafiar al Estado mexicano.Lo peor, añade, es que cada hecho de violencia de la delincuencia organizada que no es castigado alienta a que se realice otro. Pero además de la impunidad, dice, estamos ante una compleja suma de fallas, que pasa por la inteligencia y la profesionalización de las policías. Cauto, considera que en este momento no se puede afirmar que la estrategia contra el narcotráfico, centralizada en el uso de la fuerza, sea un fracaso y menos un éxito. “No existen elementos suficientes para afirmarlo, lo que sí se puede decir es que es insuficiente”.

(Proceso, junio de 2008. Tomado de El Justo Reclamo)

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