El Ejército seguirá en las calles

Jorge Carrillo Olea

El Ejército seguirá en las calles, decreta Calderón, y con ese decreto viola la Constitución, que dispone, artículo 129: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar podrá ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.” De la misma manera se violó cuando en Tijuana la comandancia de la segunda región militar quiso atribuirse funciones de Ministerio Público, y se ha violado siempre.

Para mí no es un problema que el Ejército participe en estas acciones. En 1968 experimenté personalmente su presencia en las calles de Washington para reprimir brutalmente los motines que efectuaban negros en demanda de derechos civiles. Lo hemos visto también en países de alta civilidad, como Francia. El auténtico e insoslayable problema es que en México, a diferencia de aquellos países, se hace violando la Constitución y leyes secundarias. Nuestros gobernantes no han querido, por temor a la crítica, adecuar las leyes a los tiempos, muy particularmente las leyes militares que datan de los años 30 y aquéllas fueron inspiradas en las porfiristas. El Programa Sectorial 2007-2012, de la Secretaría de la Defensa Nacional, no contempla nada al respecto.

Los ejércitos tienen la función de coadyuvar al sostenimiento de las instituciones y, por tanto, del Estado, pero lo deben hacer en el marco de la legalidad y sufrir las sanciones en los casos en que se acrediten responsabilidades. Antes de su toma de posesión, el hoy Presidente confesó a quien iba a ser su secretaria de Gobernación, que no sabía nada del Ejército.

Esto no es un pecado. Se convierte en un grave error u omisión política, actuar sin consultar a quien tiene la obligación de saber, para eso existen los asesores y para eso es la función del refrendo de leyes y decretos. De esta manera hoy estamos viendo el “sí, señor presidente” de otros tiempos.

Adecuar la legislación castrense a la demanda de los tiempos es imperativo. No hacerlo coloca al militar y a la sociedad en una situación de verdadera indefensión jurídica que finalmente daña al propio Ejército y a la sociedad.

La situación descrita mucho tiene que ver con el pasmoso número de deserciones anuales. Es un problema añejo que ahora se ha hipertrofiado, porque cada día las leyes son más obsoletas y, por tanto, la discrecionalidad cada día es mayor, conduciendo a la más libre e impune arbitrariedad y abusos de autoridad.

La vida militar transcurre tras de cortinas. Nadie sabe su verdadero desarrollo y su impacto en la dignidad del individuo. Tómese de ejemplo lo siguiente: la ley previene que a un general no se le puede arrestar por más de 24 horas. Hace algún tiempo a un general, director del Hospital Central Militar, se le arrestó 15 días por mandar cortar unas ramas, dicha sanción corresponde exclusivamente a la tropa. El autollamado general Gallardo se equivoca en cuanto a su planteamiento del ombudsman militar, pero lamentablemente las violaciones a la dignidad y entereza del hombre se dan en todas partes todos los días, sin que haya recursos de apelación.

En estos tiempos en que se presume el cambio está la oportunidad para transparentar la vida militar y hacer las correcciones necesarias a leyes y procedimientos. De ello, además de los militares, será beneficiaria la sociedad.

Lamentablemente la ruta por la que se ha enviado al país es promotora de mayores conflictos: desempleo, pobreza, miseria en los servicios públicos –esencialmente salud–, huelgas, inseguridad y violencia; e ineficiencia en otros: energía, correos, etcétera. Esta situación obliga al gobierno a echar mano de todos sus recursos para mantener la estabilidad, pena es también que se olvide del recurso de primera mano que es la persuasión, la comunicación y el diálogo.

No, el gobierno transita con la mirada puesta en el cielo sin advertir lo escabroso que puede ser el camino. Gobierna a reacción, no a prevención o evitación de problemas, pero parece ser que así le gusta al Presidente. Se sintió valiente cuando declaró: “me gusta gobernar en la adversidad”.

(La Jornada, 30 de enero de 2008)