De la redacción
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aplicar medidas cautelares para proteger a los pobladores del estado de Michoacán, ante acciones de militares que participan en operativos contra el narcotráfico en esa entidad.
En un comunicado de prensa la CNDH informó que esas medidas precautorias o cautelares de protección le fueron solicitadas al director general de Justicia Militar de la Sedena, Jaime Antonio López Portillo Robles, y subrayó que la autoridad militar las aceptó. Estas medidas de protección tienen una duración de 30 días.
La CNDH explicó que esas medidas fueron requeridas para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la población ante las denuncias recibidas por habitantes que dicen estar expuestos a violaciones en sus garantías por parte de elementos militares.
Detalla la CNDH que la solicitud de esas medidas precautorias tienen su fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de la CNDH, y los artículos 116, 117 y 118 de su reglamento interno.
En la solicitud a la autoridad militar, la CNDH pidió que toda diligencia o actuación practicada por elementos del Ejército en Michoacán se apegue a la legalidad y respeto a los derechos humanos; que esas prácticas se efectúen con la orden judicial correspondiente, como lo establece la Constitución, y previa solicitud expresa de tal intervención de elementos militares, hecha por una autoridad civil.
Además, la CNDH solicitó que las personas que sean detenidas en probable delito flagrante sean puestas de inmediato a disposición del Ministerio Público, como lo establece la Constitución.
(La Jornada, 26 de diciembre de 2007)
miércoles, 26 de diciembre de 2007
Militares violan derechos de civiles en Michoacán: CNDH
jueves, 18 de octubre de 2007
Diputados amenazan con no aprobar recursos para rambos de Calderón
Por: Luciano Franco | Nacional
Jueves 18 de Octubre de 2007 | Hora de publicación: 04:21
El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF), creado por decreto del presidente Felipe Calderón, quedó ayer en serio riesgo de quedarse sin un centavo para operar en 2008, luego de que diputados del PRI y del PRD amenazaron con no aprobar los mil 600 millones de pesos que solicita la Secretaría de la Defensa Nacional para poner en marcha ese cuerpo de elite militar.
Es más, el diputado del PRD Cuauhtémoc Sandoval, integrante de la comisión de la Defensa Nacional en la Cámara baja, aseguró que dicho presupuesto “no se va a aprobar” porque el Cuerpo aquel carece de constitucionalidad al sustituir funciones de otros organismos de seguridad especializados y, también, porque está creado sin bases jurídicas sólidas.
Sin embargo, el general Roberto Badillo Martínez, del PRI, secretario de esa comisión, dijo que aún no hay nada concreto en relación al presupuesto del CFAF, y será en los próximos días cuando se defina en concreto.
Aunque no aventuró el futuro de los recursos para ese cuerpo de elite, el general Badillo reconoció que “en ninguna parte del mundo una organización militar especializada como esa, está en manos de un civil”, en alusión directa a que, de acuerdo al decreto publicado semanas atrás, el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal estará bajo el mando directo del secretario de Gobernación.
El que sí adelantó que votará en contra del presupuesto de dicho Cuerpo fue el diputado Carlos Rojas Gutiérrez, también integrante de aquella comisión, en razón de que dijo no creer “ni en grupos especiales ni en autonomías mal entendidas”.
Cabe destacar que la comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados acordó, la semana pasada, incrementar el presupuesto para la Defensa Nacional para la adquisición de tres radares fijos de detección aérea que sustituirán a los ubicados en Chiapas, Tabasco y Oaxaca.
El general Jorge Justiniano González Betancourt, del PAN, presidente de dicho órgano legislativo, reiteró que el incremento avalado para el sector es de 7 mil 100 millones de pesos, dentro de los cuales están los 672 millones de pesos para la sustitución de ese equipo.
(La crónica de hoy, 18 de octubre de 2007)
Diputados amenazan con no aprobar recursos para rambos de Calderón
Por: Luciano Franco | Nacional
Jueves 18 de Octubre de 2007 | Hora de publicación: 04:21
El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF), creado por decreto del presidente Felipe Calderón, quedó ayer en serio riesgo de quedarse sin un centavo para operar en 2008, luego de que diputados del PRI y del PRD amenazaron con no aprobar los mil 600 millones de pesos que solicita la Secretaría de la Defensa Nacional para poner en marcha ese cuerpo de elite militar.
Es más, el diputado del PRD Cuauhtémoc Sandoval, integrante de la comisión de la Defensa Nacional en la Cámara baja, aseguró que dicho presupuesto “no se va a aprobar” porque el Cuerpo aquel carece de constitucionalidad al sustituir funciones de otros organismos de seguridad especializados y, también, porque está creado sin bases jurídicas sólidas.
Sin embargo, el general Roberto Badillo Martínez, del PRI, secretario de esa comisión, dijo que aún no hay nada concreto en relación al presupuesto del CFAF, y será en los próximos días cuando se defina en concreto.
Aunque no aventuró el futuro de los recursos para ese cuerpo de elite, el general Badillo reconoció que “en ninguna parte del mundo una organización militar especializada como esa, está en manos de un civil”, en alusión directa a que, de acuerdo al decreto publicado semanas atrás, el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal estará bajo el mando directo del secretario de Gobernación.
El que sí adelantó que votará en contra del presupuesto de dicho Cuerpo fue el diputado Carlos Rojas Gutiérrez, también integrante de aquella comisión, en razón de que dijo no creer “ni en grupos especiales ni en autonomías mal entendidas”.
Cabe destacar que la comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados acordó, la semana pasada, incrementar el presupuesto para la Defensa Nacional para la adquisición de tres radares fijos de detección aérea que sustituirán a los ubicados en Chiapas, Tabasco y Oaxaca.
El general Jorge Justiniano González Betancourt, del PAN, presidente de dicho órgano legislativo, reiteró que el incremento avalado para el sector es de 7 mil 100 millones de pesos, dentro de los cuales están los 672 millones de pesos para la sustitución de ese equipo.
(La crónica de hoy, 18 de octubre de 2007)
miércoles, 17 de octubre de 2007
Sedena planea comprar 5 naves y mil Hummer
Guillermo Galván solicita a Cámara ampliar en casi 9 mmdp gasto para 2008
Romina Román
El Universal
Miércoles 17 de octubre de 2007
romina.roman@eluniversal.com.mx
El aumento en el presupuesto que solicitó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a legisladores se destinaría a la compra de mil vehículos Hummer con un valor de mil 240 millones de pesos; tres aviones del fabricante español CASA, por 295 mil 035 millones de pesos; dos helicópteros Blackhawk y la adquisición de mil 517 equipos de radio Falcón II de origen estadounidense por 685.7 millones de pesos.
Datos recabados de la reunión privada que sostuvo Guillermo Galván Galván, titular de la Sedena, con diputados de la Comisión de Defensa, revelaron que el presupuesto original que se acordó para este año es de 34 mil 712 millones de pesos; sin embargo, los militares requirieron una ampliación de 8 mil 622 millones de pesos más, para sumar 43 mil 335.6 millones de pesos.
Otro de los rubros a los que se dirigirían los recursos es a un incremento —compensación— de mil pesos mensuales para las tropas, que en total sumarían 2 mil 362 millones de pesos; mejoras de atención médica integral por 395 millones de pesos; gastos en alimentación, combustibles, lubricantes, refacciones y mantenimiento de instalaciones por 356 millones de pesos, principalmente.
En el caso específico del aumento en las compensaciones de los soldados, se busca que éstos logren, en un periodo no mayor a cinco años, ingresos equivalentes a los de la policía capitalina y de los agentes federales preventivos, que ganan 8 mil y 8 mil 700 pesos mensuales, respectivamente.
Sistema de salud
Guillermo Galván advirtió en San Lázaro que una de las mayores debilidades del Ejército es el sistema de salud, debido al creciente déficit de medicamentos; en este momento, el personal tiene que comprar sus propias medicinas y la falta de insumos provoca que se reprogramen consultas e intervenciones quirúrgicas.
Incluso, hay una saturación de las instalaciones hospitalarias e insuficiencia en infraestructura médica.
En 2007, a través del servicio médico subrogado, se transfirieron 879 millones de pesos para atender a 534 mil 876 retirados y derechohabientes en activo. Además de estas cantidades, la Sedena requirió mil 568 millones de pesos para crear el cuerpo especial de fuerzas de apoyo federal. Este dinero se otorgaría durante un trienio, pero los legisladores están en contra de esta partida.
En el encuentro con legisladores, el titular de la Secretaría de la Defensa presentó un panorama de la situación del Ejército y advirtió que éste se encuentra en una “modesta” situación.
Los diputados confirmaron que el secretario detalló que los más de 181 mil efectivos representan 0.16% de la población, mientras que en naciones como Estados Unidos llegan a 0.5%; en Cuba a 0.44%; Chile 0.46% y Argentina 0.17%.
Puntualizó que aun cuando el país es la decimotercera economía mundial, canaliza para el gasto en defensa —de sus tres fuerzas armadas— sólo 0.43% del presupuesto, no obstante, a nivel mundial, el promedio es de 2.6% y en AL llega a 1.6%.
Galván insistió en que es prioritario reforzar los recursos para el Ejército, ya que la seguridad demanda a los militares tareas básicas, entre las que destacan el combate al crimen organizado, entre otras. Como parte de la urgencia de la Sedena, en unos días senadores de la Comisión de Defensa se reunirán con Agustín Carstens, secretario de Hacienda, para plantearle la problemática del Ejército.
(El Universal, 17 de octubre de 2007)
viernes, 12 de octubre de 2007
Bloquean en la Cámara cuerpo militar decretado por Calderón
El presupuesto del Ejército aumentará 2 mil 500 millones; 97.5 irá a compensaciones de jefes y oficiales
Roberto Garduño y Enrique Méndez
Con los votos de las fracciones parlamentarias de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados rechazó autorizar una nueva partida de mil 600 millones de pesos que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó expresamente para integrar el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal, creado hasta el momento sólo por decreto presidencial de mayo pasado.
No obstante, los legisladores descubrieron una partida de 200 millones de pesos que el Ejército incluyó en el rubro 1802 para ese cuerpo de elite en la Primera Región Militar, y cuestionaron que si bien el presupuesto regular de la Sedena aumentará 2 mil 500 millones, 97.5 por ciento se destinará a gasto corriente y a incrementar considerablemente las compensaciones para jefes y oficiales.
El presidente de la comisión, general Jorge González Betancourt, citó este jueves a reunión extraordinaria, dos días después de que se difundió el listado de recursos solicitados por el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván, quien advirtió sobre la obsolescencia de la mayoría del equipo, aviones y transportes del Ejército y la Fuerza Aérea.
Aunque el secretario presentó una ampliación presupuestal de 32 mil millones de pesos para renovación de aeronaves, vehículos y compra de radares, la comisión sólo se comprometió a gestionar un incremento de 7 mil millones ante la Comisión de Presupuesto para que ésta lo incluya en el dictamen que se votará en el pleno.
Ese monto será adicional a los 34 mil 712 millones de pesos considerados para el presupuesto 2008 de la Sedena, por lo que el gasto de la dependencia ascendería a 41 mil 712 millones.
A pesar de que los incrementos fueron solicitados de manera expresa por Galván en un desayuno el viernes pasado, en el Campo Militar Número Uno, ayer el panista González Betancourt pretendió hacer creer que el aumento fue “a iniciativa de la comisión y no de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
El ajuste al alza del presupuesto militar se debió, explicó el general González, a que si bien para el próximo año se considera un aumento considerable a los recursos destinados a las fuerzas armadas, respecto de su gasto para 2007, 97.5 por ciento estará destinado a sueldos.
Al respecto, el diputado perredista David Sánchez Camacho realizó el desglose de las partidas que crecerán para las compensaciones de jefes y oficiales, que van de 45.17 a 2 mil 64 por ciento.
El legislador informó que el rubro que representa un crecimiento sin precedentes es el de la partida 1320, Compensación de Servicios, en la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, que tendría un aumento de 211 millones 356 mil pesos, que representa un aumento de mil 883 por ciento respecto de lo autorizado a ese rubro durante 2007.
Otras partidas destinadas a bonos para los jefes y oficiales del Ejército son: Dirección General de Administración, partida 1320, Compensación de Servicios, 171 millones 33 mil pesos más, un aumento de 429 por ciento; partida 1511, Asignaciones al sueldo, subirá 42 millones 111 mil pesos, 183 por ciento; partida 2200, Productos Alimenticios, 121 millones adicionales, 255 por ciento más.
También, dentro de la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa, la partida 1511, Asignaciones al Sueldo, 43 millones 796 mil 972 pesos más, 211 por ciento adicional.
Dirección General de Industria Militar, partida 1320, Compensación de Servicios, aumento de 30 millones 588 mil 780 pesos, 837 por ciento; partida 1511, Asignaciones Adicionales a Sueldo, 21 millones más, 211 por ciento.
El diputado perredista Sánchez Camacho resaltó que las compensaciones y asignaciones adicionales se incrementan también para los oficiales de las direcciones General de Salud y General de Ingenieros, y específicamente para la I y II regiones militares.
En contraste, el acuerdo de la Comisión de Defensa es autorizar un aumento de sólo mil pesos mensuales a los soldados rasos, que representa un costo total de 2 mil 400 millones de pesos.
Además, en el aumento de 7 mil millones de pesos se incluyen: 395 millones para atención médica y medicamentos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM); 356 millones para gastos de operación y mantenimiento en los operativos estatales; 600 millones para la fabricación de vestuario y equipo de campaña, que dejó de confeccionarse desde el tercer año de gobierno de Vicente Fox; mil 35 millones para la compra de tres aviones caza 925; 368 millones para la adquisición de dos helicópteros UH-60L; 685 millones para la compra de mil 500 radios Falcon II, y mil 240 millones para comprar mil Hummers.
jueves, 4 de octubre de 2007
La CNDH, insatisfecha con el fallo sobre abusos militares en Castaños
Víctor Ballinas
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, destacó ayer que la decisión de un juez de Coahuila de condenar a tres militares por el caso de 14 mujeres violadas en Castaños y dejar libres a otros, “es una resolución con la cual nosotros no estamos conformes; se quedaron cortos. Hay muchos pendientes, empezando con el Ejército y luego con el gobierno del estado”, subrayó..
El ombudsman insistió en que es necesario que se investiguen aspectos importantes del caso, “como la existencia de una cárcel privada en un antro, misma que era cuidada por policías municipales, como lo señalamos en la recomendación. Vimos muchas irregularidades; la nuestra es una recomendación de 500 páginas y se tiene que cumplir, todavía hay violaciones pendientes”.
Cuestionado sobre la recomendación que la CNDH emitió sobre Pasta de Conchos, donde murieron 65 mineros luego de un accidente, el titular de la comisión informó: “Todavía no se cumple; tenemos abierto el expediente y estamos esperando que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que aceptó la recomendación, la cumpla”.
En entrevista al término de la firma de un convenio con organizaciones civiles, el ombudsman manifestó que “la CNDH investiga las desapariciones de dos miembros del EPR, cuya investigación ha llevado a los visitadores al estado de Guerrero, y también se recibió queja de la desaparición de Francisco Paredes Ruiz, quien fuera militante del Movimiento Armado Revolucionario.
El titular de la CNDH subrayó que está enterado de que en el Senado hubo un punto de acuerdo para que se investigue este último caso.
Luego dijo que en el gobierno del presidente Vicente Fox se recibieron quejas sobre personas desaparecidas, hubo denuncias ante la comisión para que se investigaran estas situaciones, al igual que los llamados levantones, perpetrados por policías o grupos de narcotraficantes.
El ombudsman señaló que al Ejército le falta mucho para cumplir “con educación y capacitación; no está hecho para labores de seguridad pública, sino para salvaguardar la soberanía nacional y apoyar en casos de desastres”.
Cuestionado en relación con la opinión de que las recomendaciones de la CNDH son débiles, Soberanes respondió: “Que las lean, porque normalmente son comentarios que hacen sobre las rodillas, sin estudiarlas. Son documentos extensos y sólidos”.
(La Jornada, 4 de octubre de 2007)
miércoles, 3 de octubre de 2007
Débil sentencia contra militares, licencia para que sigan los atropellos: Vera López
Leopoldo Ramos, Enrique Méndez y Roberto Garduño (Corresponsal y reporteros)
Saltillo, Coah., 2 de octubre. La “débil sentencia” del juez penal Hiradier Huerta Medrano contra los militares acusados de violar y golpear a 13 trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños “abre una puerta aún más amplia para que miembros del Ejército Mexicano sigan realizando todo tipo de atropellos”, denunció el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, tras llamar a la sociedad civil “a levantar la voz” para erradicar la impunidad “que protege” a los miembros de las fuerzas armadas..
En la ciudad de México, también criticaron esa sentencia las diputadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Alternativa Social Marisela Contreras y Marina Arvizu, quienes señalaron que aunque con el fallo se rompe la impunidad de las fuerzas armadas, faltó aplicar la ley a los 20 soldados involucrados en ese caso.
Desde Saltillo, el sacerdote Vera López estimó urgente el fortalecimiento del sistema de procuración de justicia, “pues muchas fueron las causas que provocaron la débil sentencia del caso Castaños”. Citó como ejemplo “la pobre actuación” del Ministerio Público y de la defensa de las víctimas.
Afirmó que desde la época de los gobiernos federales priístas, los abusos de los militares en contra de la población han quedado impunes, pero la situación empeoró con Acción Nacional (PAN) en la Presidencia de la República.
“Esta sentencia no es un caso aislado en México; la actitud de los elementos de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) es condenada en diferentes estados, porque nunca se les castiga de la misma manera que a quienes pudieran realizar las mismas agresiones o menores desde agrupaciones sociales”, señaló.
En el comunicado, titulado Seguimos siendo víctimas de los abusos impunes del poder, el obispo de la diócesis de Saltillo consignó también que “dejar prácticamente impunes con este juicio a la mayoría de los militares que intervinieron en una acción que se equipara al secuestro (…) abre una puerta aún más amplia para que miembros del Ejército Mexicano sigan realizando todo tipo de atropellos, como los que ya cometen por todo el país”.
Destacó que la “debilidad” de “la defensa de las víctimas, del Ministerio Público y el juez –en perjuicio de las afectadas y la sociedad– nos invita a quienes como ciudadanos organizados en agrupaciones de diversa índole, que buscamos mejorar y elevar la calidad de vida en México, la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de una verdadera democracia (…) nos enlacemos y solicitemos a las autoridades correspondientes que deben intervenir en la apelación contra este débil juicio”.
El lunes, el juzgado segundo penal de Monclova emitió sentencia condenatoria por violación y lesiones en contra de cuatro de los ocho integrantes del Ejército Mexicano detenidos en el penal de esa ciudad tras la violación de 13 bailarinas, meseras y sexoservidoras que trabajaban en los salones El Pérsico y Las Playas, de la zona de tolerancia del municipio de Castaños. Los otros cuatro militares fueron absueltos del delito de violación.
Al respecto, y en particular sobre el castigo contra el soldado Omar Rangel Fuentes, consistente en 41 años de prisión, la diputada Marina Arvizu indicó que propicia desde todos los ámbitos legales un trabajo a fondo en el Congreso federal para garantizar que la justicia sea expedita, y que los militares sean juzgados como cualquier otro ciudadano.
Maricela Contreras, representante del PRD, adujo que la decisión del juez marca un precedente para juzgar a militares en el fuero civil; no obstante, aún restan muchísimos casos pendientes de resolver.
(La Jornada, 3 de octubre de 2007)
lunes, 1 de octubre de 2007
Calderón vulnera derechos humanos
En materia de derechos humanos, el primer ejercicio de Felipe Calderón deja saldo negativo: militarización; criminalización y represión de la protesta social; ejecuciones ligadas a la lucha contra el narcotráfico; impunidad en desapariciones forzadas y violaciones sexuales, entre otras, son expresiones de un autoritarismo velado, califican defensores.
Nancy Flores
Con una diferencia de menos de un punto porcentual y el rechazo de un amplio sector que lo consideró “espurio”, Felipe Calderón Hinojosa asumió –bajo la sombra de los militares– la Presidencia de México el 1 de diciembre pasado. Cuatro días después, Flavio Sosa, integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), fue aprehendido y encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
A esta detención, que marca el inicio de lo que defensores de derechos humanos califican como autoritarismo velado, le sigue la “Operación Conjunta”: primera acción oficial del gobierno llevada a los estados y, al tiempo, primer atentado contra las garantías individuales.
Y es que los operativos contra el narcotráfico han derivado en la militarización del país, además de tener por objetivo real la localización y erradicación de “grupos subversivos”, según reconoció en enero pasado Zeferino Torreblanca, gobernador de Guerrero, entidad donde aún se realizan acciones vinculadas a dicho programa.
Michael Chamberlin, subdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, dice que la presencia del Ejército en la vida civil del país responde a la necesidad de legitimación que tiene el presidente, pues no hay consenso social.
El activista señala que “la acción enfocada contra el narcotráfico está dedicada, por debajo, hacia organizaciones sociales. El panorama no es bueno: cada vez es más posible que se detengan personas, que haya mayor discrecionalidad para torturar y desaparecer ciudadanos, sin ningún control ni protección. Es previsible que en adelante esa tendencia se recrudezca”.
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) acusa a la administración federal de desaparecer, el 25 de mayo pasado, a dos de sus militantes: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Como respuesta, el EPR ha emprendido una campaña de sabotaje a grandes empresarios, por medio de ataques a ductos de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Al respecto, el 15 de septiembre el presidente Calderón exigió “que se sepa quiénes apoyan o toleran, así sea veladamente, este tipo de actos y quiénes los rechazamos porque estamos convencidos de que la vía pacífica es la única”. Hasta ahora, la Secretaría de Gobernación ha negado haber secuestrado a los disidentes.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dice que, sin consultar a la población, el gobierno ha tomado decisiones sobre temas muy álgidos que tienen que ver con la seguridad pública y el narcotráfico y ha optado por una salida dura: la militarización de la sociedad, sobre todo en lugares estratégicos como la frontera norte y estados como Guerrero, Tabasco, Oaxaca.
“Ésta es una mala señal para los derechos humanos de la población más pobre y vulnerable. Además de generar mayor malestar porque no hay resultados tangibles que reviertan los procesos de polarización y de conflictividad social.”
Michael Chamberlin destaca que, en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, han aumentado las ejecuciones sin esclarecer. Desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia más de 2 mil 500 personas han perdido la vida, de las cuales cerca de 200 eran policías.
“Los asesinatos se toman como más normales, como si fuera una justificación y la lucha contra el narcotráfico permitiera la muerte de personas. Es una devaluación del respeto a la vida y de la obligación que tiene el Estado de respetar los derechos humanos. Eso tiene que ver con el asunto de la procuración de justicia y abre la puerta a la impunidad.”
En este mismo contexto, militares han perpetrado abusos en contra de la población civil, entre los que sobresalen los asesinatos ocurridos en contra de una familia en Sinaloa, el pasado 1 de junio; los cateos sin órdenes judiciales de Netzahualcóyotl, efectuados el 2 de agosto por el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en la colonia El Sol, y violaciones sexuales como la de la mujer indígena de 73 años, Ernestina Ascencio Rosario, quien murió en marzo pasado después de haber declarado a sus familiares que “los verdes se le echaron encima”.
Cuerpos policiacos
La política de seguridad también implica la militarización de las fuerzas policiacas, eso es lo preocupante, dice Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Detalla que “se han dado diversas transferencias de militares a los cuerpos policiacos. Pero para que se dé una política clara en materia de derechos humanos se debe de entrar en un proceso de desmilitarización de estas corporaciones, que sean preventivas y no violadoras de dichos derechos”.
De acuerdo con el diario La Jornada, el pasado 1 de abril, los secretarios Genaro García Luna, de Seguridad Pública, y Guillermo Galván Galván, de Defensa Nacional, firmaron un convenio de colaboración para transferir, en calidad de apoyo, 7 mil 588 militares a la Policía Federal Preventiva.
El contrato –cita el reportero Gustavo Castillo– establece que los elementos “seguirán sujetos a las normas de disciplina militar que los rigen y al marco jurídico aplicable”, por lo que no podrán ser juzgados por autoridades civiles aun cuando incurran en violaciones a derechos humanos o en otro tipo de delitos.
Aunado a esto, la administración calderonista creó, el pasado 9 de mayo, el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército, para auxiliar acciones estatales y nacionales, entre las que destaca sofocar disturbios.
Para el antropólogo Abel Barrera, este gobierno criminaliza la protesta y pone fuera de la legalidad a los movimientos de resistencia, como ha sucedido con la APPO y con los habitantes de San Salvador Atenco, quienes han recibido penas excesivas como lección para la sociedad que se organiza.
El 11 de septiembre, apenas 10 días después de que el presidente se comprometiera –en su primer informe de gobierno– a respetar y promover los derechos humanos de los mexicanos, fue ratificada la condena de 67 años y seis meses de prisión, en el penal de máxima seguridad del Altiplano, contra Ignacio del Valle Medina, Héctor Galindo Gochicua y Felipe Álvarez Hernández.
Con esta sanción, la primera sala colegiada penal del estado de México determinó que los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra e integrantes de La Otra Campaña son más peligrosos que, por ejemplo, Ismael Higuera Guerrero, el Mayel, identificado por la Procuraduría General de la República como el líder de una célula del cártel de Tijuana, sancionado con 18 años de prisión por delitos contra la salud.
Más indeseables que Mario Arturo Acosta Chaparro, señalado entre los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la década de 1970, durante la guerra sucia. El general fue excarcelado el pasado 28 de junio del Campo Militar número uno, donde permaneció seis años por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.
Contrainsurgencia
Las medidas contrainsurgentes, aplicadas incluso contra los movimientos civiles y pacíficos, no se limitan a la militarización y represión: incluyen desapariciones forzadas, asesinatos, violaciones sexuales, reactivación de guardias blancas, desalojos violentos.
A inicios de este año, en las zonas conflictivas de Chiapas se reactivaron dos grupos de corte paramilitar: la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos y la Unión Regional Campesina Indígena.
En complicidad con funcionarios federales, estas organizaciones reclaman tierras en posesión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con un saldo cuando menos de cinco incursiones armadas a la Junta de Buen Gobierno El Camino del Futuro, el secuestro de tres milicianos, amenazas y actos intimidatorios en contra de defensores de derechos humanos (Contralínea, 75).
Más reciente, el 18 de agosto pasado, seis helicópteros de las policías estatal y federal desalojaron en forma violenta los poblados de San Manuel y Buen Samaritano, ubicados en la reserva de la Biosfera de Montes Azules, donde habitaban bases de apoyo del EZLN.
De estos hechos, el grupo guerrillero responsabilizó a Felipe Calderón Hinojosa, “gobernante de los ricos de México”, y a Juan Sabines Guerrero, “gobernador de los terratenientes y paramilitares de Chiapas”.
Michael Chamberlin dice que “no podemos desvincular estos nuevos desalojos de una serie de acciones que se han venido dando al menos desde 2001. Una presión constante a despejar esta zona por cualquier medio, desde las mesas de negociación hasta el desalojo forzado, como estos últimos casos, las amenazas y los ataques armados. Una vehemencia por ampliar su base territorial creando nuevas áreas naturales protegidas, para seguir despejando, más que por razones ecológicas, para proyectos marcados en el Plan Puebla Panamá”.
El defensor de derechos humanos advierte que la supuesta protección de la reserva busca la extracción de recursos naturales: petróleo, agua y biodiversidad, e indica que está relacionada con la presencia del EZLN y de las organizaciones que han estado luchando durante años por la tierra en esa zona, la ARIC, Unión de Uniones, y sus diferentes facciones, los intereses comunales de la Selva Lacandona.
Pobreza
La guerra sucia nunca se fue
Los conflictos sociales deben ser atendidos desde las causas estructurales que los originan, como la alta marginación y la pobreza, en vez de ser reprimidos, asegura Luis Arriaga Valenzuela.
De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México 2006, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México, 11 municipios del país se encuentran entre los más pobres del mundo, sólo comparados con los de África subsahariana.
Sobre este tema, Abel Barrera indica que no sólo se han hundido a los pueblos en la pobreza sino que se mantienen los programas asistenciales de viejo cuño, que buscan fortalecer clientelas y hacer más dependiente a la población pobre de beneficios inmediatos que no atacan las causas de la miseria.
Michael Chamberlin detalla que el aumento de la migración también es un indicador de pobreza. “Hay un deterioro fuerte a nivel social y a nivel institucional. No se dan garantías para este tipo de derechos a una vida digna”.
El crecimiento de la población indígena y campesina que emigra hacia el norte del país y Estados Unidos, coloca a estos mexicanos en una situación de mayor vulnerabilidad: los trabajadores eventuales están catalogados de segunda categoría, por no tener preparación y ser en gran parte analfabetas funcionales, reflexiona el antropólogo Abel Barrera.
Añade que el fenómeno migratorio trae consigo un desgarramiento del tejido social, que causa, a su vez, mayor confrontación, polarización y aislamiento, por el distanciamiento de las autoridades con la ciudadanía.
Sobre este tema, Arriaga Valenzuela, director del Pro Juárez, advierte éste es otro pendiente de la administración federal. “Es necesario establecer una clara política migratoria que no dependa exclusivamente de las decisiones tomadas en el Congreso de Estados Unidos. No basta con señalar las deficiencias existentes en el país del norte sino que es necesario crear condiciones para que la migración no sea una necesidad forzada por parte de los mexicanos que van a Estados Unidos.
“En relación con los emigrantes que transitan por nuestro país, es necesario que se les respeten en todo momento sus derechos, además de brindar garantías a quienes defienden estos derechos.”
Conflictos agrarios
Entre las violaciones a los derechos humanos cometidas en este nuevo gobierno sobresale la regresión a las conquistas laborales de los trabajadores que están dentro el sistema del ISSSTE, indica Abel Barrera. “Con esta contrarreforma se conculcan derechos fundamentales de los trabajadores, en aras de privatizar los servicios de salud y demás servicios públicos”.
El director de Tlachinollan dice que “el Estado renuncia a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de los mexicanos. Eso es grave sobre todo para las regiones indígenas donde ni siquiera se ha garantizado el acceso a la salud, a la educación, a los caminos, al empleo, y eso ha ensanchado la brecha entre ricos y pobres en el país. El gobierno se ha olvidado y ha sacado de la agenda política los derechos indígenas”.
Añade que otros capítulos pendientes de esta administración son los conflictos agrarios: el tema de la tierra no ha sido resuelto y agudiza la confrontación comunitaria. Para Abel Barrera lo más grave es que, lejos de resolver esta problemática, la administración federal impulsa megaproyectos, como el de la hidroeléctrica La Parota, en detrimento de los derechos colectivos de los pueblos.
Para Luis Arriaga Valenzuela, otro capítulo irresuelto es el referente a los delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia. El activista dice que es necesario que el tema se mantenga vigente y que realmente se aborde. “El presidente Calderón no ha hecho mención explícita de este tema”.
El defensor de los derechos humanos señala que en el Primer Informe de Gobierno de Calderón el tema de derechos humanos ocupa un lugar poco relevante y esta situación confirma lo poco visible del tema en relación a determinados asuntos públicos.
“Si bien se señala que se han iniciado los trabajos para elaborar el programa nacional de derechos humanos cabe insistir que en su elaboración no se han involucrado diversas voces de la sociedad civil, con lo cual se corre el riesgo de repetir lo ocurrido en el sexenio anterior.”
Agrega que lo poco visible del tema no se reduce al lugar que ocupa en el Informe, también a la inexistencia de una política clara, contundente, en materia de derechos humanos y también necesaria especialmente cuando la estrategia de seguridad pública ha alcanzado un lugar relevante como parte de la política seguida por el actual régimen.
(Contralínea, 1a quincena de octubre de 2007)
miércoles, 26 de septiembre de 2007
Apoya la ONU recomendaciones del ombudsman contra abusos militares
Gabriel León y Jesús Aranda
El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amerigo Incalcaterra, consideró que las recomendaciones emitidas la semana pasada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por abusos cometidos por integrantes del Ejército son señalamientos “muy pertinentes”, porque recogen la preocupación social debida a la violación de las garantías de la población por fuerzas militares desplegadas en tareas de seguridad pública.
Luego de participar en el Encuentro iberoamericano desarrollo social, democracia y no discriminación, el funcionario del organismo internacional puntualizó que “es evidente que no es la fuerza militar la que debe intervenir en materia de seguridad interna”.
Expuso que cualquier acción que despliegue el gobierno federal para salvaguardar la seguridad pública de la población debe tener lugar en un marco de respeto a los derechos humanos.
Por otra parte, la jerarquía católica consideró preciso que el gobierno federal atienda las recomendaciones de la CNDH y ordene el repliegue de las fuerzas armadas a sus cuarteles.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó que luego de conocerse la semana pasada los señalamientos del organismo, el gobierno de Felipe Calderón está obligado a revisar los procedimientos en los que se ven involucrados efectivos de las fuerzas armadas, evitar que cometan atropellos y revisar la permanencias de los mismos en la calle.
La jerarquía católico destacó que “desde siempre” se han condenado los abusos cometidos por las fuerzas militares en contra de la población civil, como ocurrió, entre otros casos, en el poblado de Castaños, Coahuila, donde una veintena de uniformados agredió sexualmente a un grupo de mujeres y golpeó a habitantes de la comunidad.
En tanto, Maureen Meyer, funcionaria de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, planteó que “cualquier programa de colaboración entre México y Estados Unidos para combatir al narcotráfico “debe incluir mecanismos de supervisión para asegurar el respeto a las garantías, al debido proceso y a los derechos humanos”.
Al participar en el seminario internacional México: la seguridad nacional en la encrucijada, que se desarrolla en El Colegio de México, la especialista sostuvo que la historia de violaciones a los derechos humanos por policías y militares, y el clima de impunidad que los rodea, “subraya la necesidad de asegurar que cualquier asistencia proporcionada a las fuerzas de seguridad en México no sea a costa del respeto y la promoción de las garantías individuales”.
Como muestra de esta impunidad Meyer señaló las recomendaciones que emitió la CNDH en contra del Ejército por violaciones a los derechos de la población civil.
Amerigo Incalcaterra destacó que la CNDH ha dado un seguimiento exhaustivo a las tareas de seguridad del Ejército y expuso que las tareas de los militares deben tener lugar “dentro de ciertos márgenes que permitan que su actuación sea más efectiva y eficaz”.
En entrevista, expuso que México enfrenta “un problema serio y grave” en su lucha contra la delincuencia organizada, por lo que la solución no es retirar a las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública.
“Lo que sí es importante –añadió el titular del ACNUDH– es que en la medida en que el Estado mexicano ha tomado la decisión de utilizar ciertas fuerzas militares en tareas de seguridad interna, esto se haga dentro de un marco de respeto y garantía a los derechos humanos.”
Confió en que antes de que el gobierno federal siga corriendo los riesgos de mantener a las fuerzas militares en la calle, “debe tomar en cuenta que el tema de la seguridad pública es sumamente delicado y grave”, por lo que “la obligación de Naciones Unidas, y lo que recomienda y exige a sus estados asociados, es combatir toda clase de violencia y al crimen organizado.
“En el tema de la utilización de los mecanismos de fuerza hay que ser cautelosos. No hay una receta. Cada estado tiene que reaccionar y dar una respuesta adecuada, según sus propios ordenamientos jurídicos”, puntualizó.
(La Jornada, 26 de septiembre de 2007)
sábado, 22 de septiembre de 2007
Castigar a militares violadores de derechos, exige CNDH a Calderón
Víctor Ballinas
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, urgió ayer al presidente Felipe Calderón a que se pronuncie y tome las medidas correspondientes ante la gravedad de las violaciones a derechos humanos cometidas por más de 78 militares contra civiles, que van desde ultrajes a 16 mujeres, tortura y detenciones arbitrarias hasta asesinatos..
El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo esperar “que el Ejecutivo asuma su responsabilidad y ordene el castigo para los militares involucrados”. Reveló que “en el caso de las 14 mujeres violadas en Castaños, Coahuila, participó un general, y en el asesinato de una familia en Sinaloa está involucrado un coronel”.
Advirtió que el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública puede resultar contraproducente, “como demuestran los hechos violatorios de las garantías corroborados por la CNDH”. Asimismo, dijo que “es hora de que el gobierno genere un plan para regresar a los militares a los cuarteles y se deje de exponerlos en misiones para las que no están preparados y que no son de su competencia estricta. Será por el bien de los derechos humanos y del Ejército”.
Insistió en la necesidad de que el Ejecutivo establezca fechas para el retiro gradual del Ejército de las labores policiaca. “Sería irresponsable, como ombudsman nacional, si pidiera que en este preciso momento se retirara a los militares de las labores que no son de su competencia, no sólo porque en varias regiones del país se generaría una ausencia de Estado, que únicamente puede convenir al narcotráfico y a otros grupos que actúan con violencia, sino también porque muchos mexicanos perderían la única protección que tienen contra la delincuencia organizada.
“Paralelamente al retiro gradual del Ejército es imperativo que las policías municipales, estatales y federales asuman cabalmente la responsabilidad que por ley les corresponde”, insistió, y recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la presencia de militares en labores policiacas debe ser excepcional, únicamente de apoyo y sin usurpar jamás las esferas de competencia de la autoridad civil, guardando el más escrupuloso respeto a las garantías individuales.
En conferencia de prensa, Soberanes Fernández se pronunció, “a título personal y como abogado”, por la revisión del fuero militar. “Creo que la existencia de ese fuero debe ser algo excepcional; tiene que aplicarse a los militares por el ejercicio de sus cargos y por actos contra la disciplina militar; en todos los demás casos debe ser la justicia civil la que investigue los delitos, ya sean del fuero común o federales”.
Subrayó: “pienso que debe abrirse un debate en los foros jurídicos y académicos, y con la sociedad para que opinen al respecto”, pero, “como ombudsman, creo que se debe respetar la ley, y la Constitución establece el fuero militar en su artículo 13”.
El titular de la CNDH presentó ayer a la opinión pública las recomendaciones 37, 38, 39 y 40 que este año dirigió al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, por violaciones graves a derechos humanos cometidas por militares contra civiles en Coahuila, Sinaloa y Michoacán.
Expuso los casos de Castaños, Coahuila, donde el 11 de julio de 2006 militares violaron a 14 mujeres de los salones El Pérsico Dancing y Las Playas Cabaret en represalia por que detuvieron a un militar en una de las cárceles privadas con que contaban esos centros, y en cuyo actos de ultraje participó un general, por lo que emitió la recomendación 37/2007.
Detalló que la recomendación 38/2007 se refiere a los hechos ocurridos el 2, 3 y 4 de mayo de este año en Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, Michoacán, donde después de que militares fueron emboscados por presuntos grupos armados, se desplazaron al lugar cientos de elementos castrenses, quienes cometieron detenciones arbitrarias, torturas, cateos, robos a domicilios y violaciones sexuales contra cuatro mujeres, dos de ellas menores de edad.
La recomendación 39 –dijo– se refiere a los hechos ocurridos el 7 de mayo de este año en Apatzingán, Michoacán, donde cuatro presuntos narcotraficantes perdieron la vida al enfrentarse con miembros del Ejército, quienes posteriormente detuvieron a ocho personas a las que mantuvieron incomunicadas y retenidas de manera ilegal en instalaciones militares, donde las torturaron, además de que durante los cateos cometieron robos.
En el caso de la recomendación 40/2007, se refiere a los hechos ocurridos en el municipio Sinaloa de Leyva, en Sinaloa, donde soldados que estaban acampando a la orilla de la carretera dispararon contra una camioneta en la que viajaban ocho personas. Los soldados habían consumido mariguana y uno, además, cocaína. En el tiroteo murieron dos personas –una mujer y su hija–, y posteriormente perecieron tres más a causa de las heridas recibidas, porque “los militares impidieron que se les diera atención médica”.
Asimismo, Soberanes destacó que la CNDH investiga 202 expedientes de queja presentados por violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de la Sedena.
Advirtió que un Ejército débil y vacilante sólo conviene al narcotráfico y a quienes buscan imponer cambios políticos por medio de la violencia. Y advirtió: “la CNDH sostiene que conocer y castigar con el rigor que marca la ley a los individuos que agraviaron los derechos humanos fortalecerá a la milicia en su conjunto y elevará su autoridad moral”. Con ello “se enviará a la sociedad el mensaje de que la institución de las fuerzas armadas no tolera que sus integrantes violen las garantías fundamentales de la población”.
México necesita un Estado capaz de imponer el imperio de la ley, un Estado capaz de interponerse como un escudo entre los criminales y los ciudadanos. “Ninguna ganancia social puede haber si se busca hacer de la autoridad una figura vacilante y temerosa; seríamos los mexicanos quienes pagaríamos las consecuencias”.
“Las recomendaciones que hacemos públicas hoy no son un amago a nadie, sino un llamado firme y comprometido para la reflexión, para las decisiones responsables. Se requiere urgentemente una cruzada educativa y de capacitación en el Ejército”.
(La Jornada, 22 de septiembre de 2007)
martes, 18 de septiembre de 2007
Élite militar deja de depender directamente del Presidente
Jorge Ramos
El Universal
Martes 18 de septiembre de 2007
jorge.ramos@eluniversal.com.mx
El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército mexicano, que actuará en tareas de seguridad pública a petición de autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno, para la restauración del orden, combate al crimen organizado y actos contra la seguridad de la nación, ya no estará directamente bajo las órdenes del Presidente de la República.
Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que reforma al anterior que creó al Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea, denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.
“Se crea el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos bajo las órdenes del Presidente de la República. Este cuerpo dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional”, señala el decreto publicado en el mismo DOF el 9 de mayo pasado.
Ayer se modificó ese artículo para quedar así: “Se crea el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el cual dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Además, se establece que la solicitud para que actúe este cuerpo especial deberá hacerse al secretario de Gobernación.
La nueva corporación castrense, según se anunció desde el pasado 9 de mayo, se formará con 3 mil 500 integrantes del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales.
El domingo pasado, durante el desfile con motivo del 197 aniversario de la Independencia, miembros de este nuevo cuerpo fueron presentados ante el presidente Felipe Calderón Hinojosa y la gente que acudió a ver la tradicional parada militar en el zócalo.
(El Universal, 18 de septiembre de 2007)
lunes, 17 de septiembre de 2007
Militariza Calderón a sus hijos para el desfile
Reaparecen aeronaves y se presentan las Fuerzas de Apoyo Federal
Jesús Aranda y Claudia Herrera.
La reaparición de las aeronaves militares en el cielo del valle de México, la demostración de fuerza en el plancha del Zócalo capitalino, con el despliegue de paracaidistas de elite; la presentación oficial de las Fuerzas de Apoyo Federal, creadas en la presente administración para combatir al crimen organizado, y la “desaparición” de los “contingentes históricos”, caracterizaron ayer el desfile conmemorativo del inicio de la guerra de Independencia.
El presidente Felipe Calderón también imprimió un toque personal al acto, al presentar a sus pequeños hijos, Juan Pablo y Luis Felipe, vestidos con uniforme militar, con todo e insignias que asemejaban los grados de mayor y teniente coronel, respectivamente.
Ataviados con gorra castrense (el mayor con dos estrellas y el menor con una), los pequeños imitaban a su padre cuando éste levantaba la mano a la altura de la cabeza para saludar desde el balcón central de Palacio Nacional a los contingentes de soldados y marinos. El titular del Ejecutivo federal estuvo acompañado por su esposa, Margarita Zavala; por el general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; por Mariano Francisco Saynez Mendoza, almirante secretario de Marina; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y el presidente del Senado, Santiago Creel.
A los niños Calderón les quedaba bien el traje; se lo hicieron a la medida en la Secretaría de la Defensa Nacional, comentó un militar, quien sin embargo reconoció que había sido un “exceso” que los pequeños portaran insignias. Aunque “sabemos –justificó– que el Presidente lo hizo por la alta estima que le tiene a las fuerzas armadas”.
Además de los miembros del gabinete presidencial, diplomáticos e invitados especiales, estuvieron los hermanos de la esposa del Presidente, entre ellos Juan Ignacio e Hildebrando Zavala, este último acusado por Andrés Manuel López Obrador de haberse enriquecido con contratos gubernamentales cuando Calderón era secretario de Energía.
Cuando arribó Felipe Calderón al Zócalo, miles de militares ya ocupaban la parte central de la plaza; acto seguido, subió a un vehículo Hummer y, acompañado por los titulares de Defensa y de Marina, pasó revista a soldados y marinos presentes.
Tan pronto ocupó su lugar el Ejecutivo federal en el balcón central, hizo su aparición una escuadra de aviones supersónicos F/5, los cuales, al igual que el resto de las 68 aeronaves y helicópteros de la Fuerza Aérea y 12 más de la Armada de México, pasaron en formación hasta en tres ocasiones sobre el centro de la ciudad de México. Después del accidente aéreo de 1995, cuando cuatro aviones militares chocaron en el aire y se desplomaron por el rumbo de Cuajimalpa, con un saldo de seis muertos, las aeronaves sólo habían desfilado en 2001, el primer año del sexenio de Vicente Fox.
En esta ocasión, por primera vez, las tropas especiales del Ejército hicieron una demostración en el corazón del país. De entrada, aparecieron 12 paracaidistas que saltaron desde un helicóptero a la plancha de la Plaza de la Constitución. Después, dos helicópteros Blackhawk Sikorsky artillados sobrevolaron a unos metros de altura y bajaron militares camuflados para llevar a cabo un simulacro de “infiltración de soga rápida”.
Ambas maniobras fueron recibidas con aplausos por las personas que ocupaban las gradas o que permanecían de pie en espera de poder acercarse a la plancha, una vez que fueran retiradas las vallas de seguridad.
El comandante de la columna del desfile, general de división Tomás Angeles Dauahare, estuvo acompañado por un vicealmirante de la Armada y un general de ala de la Fuerza Aérea, como muestra de la nueva relación de cooperación que hay entre las fuerzas armadas.
Sin embargo, trascendió que en la demostración de las fuerzas especiales participaron únicamente elementos del Ejército y la Fuerza Aérea.
El desfile formal se inició por tierra, mientras por aire pasaban continuamente aviones y helicópteros. Así, hicieron su presentación oficial los integrantes de las Fuerzas de Apoyo Federal, vestidos con un uniforme café y con sus vehículos pintados de igual color.
Este agrupamiento fue creado oficialmente el 10 de mayo pasado y tiene como misión principal coadyuvar en el combate a la delincuencia organizada en “aquellos actos que atenten contra la seguridad nacional, y en la restauración del orden”. El grupo depende de la Sedena, pero actúa bajo las órdenes del Presidente y “a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles a quienes preste apoyo”.
Siguieron las fuerzas especiales, las cuales, de acuerdo con el guión de la transmisión televisiva, han participado “de manera destacadísima y con una eficacia sorprendente” en las 21 operaciones que ha llevado el Ejército en contra de la delincuencia organizada en lo que va de este gobierno.
Después de que pasaron los agrupamientos motorizados tocó el turno a los planteles de las escuelas militares y navales; también desfilaron vehículos Ural y fuerzas de la Armada de México.
El desfile empezó poco después de las 10 de la mañana y terminó una hora 39 minutos después con el paso de 120 charros y sus cabalgaduras. Quedaron fuera los llamados “destacamentos históricos”, como los zacapoaxtlas y cuerudos de Michoacán. Participaron 18 mil 147 elementos en total, más 98 piezas de artillería, 557 vehículos, 55 caballos y 12 canes.
(La Jornada, 17 de septiembre de 2007)
Publican reforma que crea Cuerpo de Especial del Ejército
El grupo estará bajo las órdenes técnica, operativa y administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional
Jorge Ramos Pérez
El Universal
Ciudad de México
Lunes 17 de septiembre de 2007
12:03 El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó hoy el decreto que reforma el diverso que crea el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea, denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.
“Se crea el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos bajo las órdenes del Presidente de la República. Este cuerpo dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional ”, señalaba el decreto publicado en el mismo DOF el 9 de mayo pasado.
Este lunes se modificó el mismo artículo que, entre otras cosas, elimina la frase “bajo las órdenes del Presidente de la República ”.
De esta manera, el artículo 1 del decreto queda de la siguiente manera:
“Se crea el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el cual dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional ”.
Además, se establece que la petición deberá hacerse al secretario de Gobernación para que actúe este cuerpo especial.
El artículo 2, que también fue modificado, establece ahora lo siguiente:
“El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal es un organismo que tiene como misiones generales, las que establece el artículo 1o. de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y en particular, proporcionar apoyo a las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno, en tareas de restauración del orden y seguridad pública, en el combate a la delincuencia organizada o en contra de actos que atenten contra la seguridad de la nación, para lo cual contará con los recursos humanos, materiales, técnicos, tecnológicos, tácticos y estratégicos, que le permitan cumplir con tales misiones”.
Precisa que “este cuerpo podrá intervenir cuando, habiendo solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles que requieran apoyo, así se resuelva conforme lo dispuesto en el cuarto párrafo de este precepto. En ningún caso podrá sustituirse en las funciones que legalmente competan a las autoridades federales o locales apoyadas”.
Añade que “la solicitud deberá precisar las circunstancias excepcionales que la motivan, las acciones ejecutadas hasta ese momento, el área geográfica afectada, así como el periodo mínimo de tiempo en que se requeriría la intervención”.
Por ello “dicha solicitud deberá presentarse ante el Secretario de Gobernación quien, conjuntamente con los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, evaluará la situación a enfrentar, el estado actual de la misma, las posibles alternativas a instrumentar y, en su caso, hará la propuesta de intervención y coordinación entre las autoridades involucradas”.
Y “el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional autorizará la intervención del cuerpo especial en términos del artículo 11 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”.
La publicación señala que “que el objetivo fundamental del citado Decreto es contar con un cuerpo adscrito a las fuerzas armadas debidamente capacitado, para que, en los casos excepcionales, en que dichas fuerzas sean requeridas para actuar en auxilio de las autoridades civiles en tareas de seguridad pública, restauración del orden público e incluso para enfrentar al crimen organizado, cuenten con la preparación necesaria para atender situaciones distintas de aquellas estrictamente bélicas”.
La nueva corporación castrense, según se anunció desde el pasado 9 de mayo, se formará con 3 mil 500 integrantes del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (Ganfes) y aunque estará bajo las órdenes del Presidente, dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
mvc/grg
(El Universal, 17 de septiembre de 2007)
domingo, 16 de septiembre de 2007
Ante una confirmación impropia
Plaza Pública
Miguel Ángel Granados Chapa
El desfile del 16 de septiembre quedó esta vez marcado por el deplorable uso que el presidente Calderón hizo de sus propios hijos Juan Pablo y Luis Felipe, y por la presentación del Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal (Cefaf), creado por decreto del Ejecutivo aparecido en el Diario Oficial el 9 de mayo anterior.
Cada familia tiene derecho a educar y ataviar a sus miembros conforme a sus criterios, y nadie debe interferir en el ejercicio de ese derecho ni a violar la intimidad de la vida hogareña, pero lo que acontezca en la familia del jefe del Estado mexicano, máxime cuando ocurre a la luz pública, queda sujeto al escrutinio de la sociedad. Por eso es posible censurar a Calderón por hacer vestir a sus vástagos réplicas de uniformes del Ejército (mejor cortadas que las utilizadas por el propio comandante supremo), con insignias que en la vestimenta militar formal identifican a los mayores (una estrella) y a los tenientes coroneles (dos estrellas).
Fue usual —y la costumbre no ha desaparecido del todo— en las monarquías que los futuros reyes, cuando aún eran niños, ostentaran galas militares y hasta recibieran honores correspondientes a los jefes castrenses. Pero es impropio que eso ocurra en una república y es condenable que un padre de familia use de ese modo a sus inocentes criaturas para confirmar su adhesión y admiración a las fuerzas armadas, evidenciadas desde los últimos minutos del sexenio anterior y los primeros del presente, en que militares fueron testigos únicos de la transmisión de la Presidencia de la República de Fox a Calderón.
Si ningún padre tiene derecho a considerar como cosas a su descendencia, menos lo tiene el actual Presidente de la República que recibió de su padre, don Luis Calderón Vega, pleno respeto a su modo de ser y de pensar. Decepcionado por el rumbo que seguía Acción Nacional, en que había sido figura notable desde casi la fundación del partido, don Luis abandonó explícitamente su pertenencia al PAN en 1981, pero se abstuvo de arrastrar en esa decisión a sus hijos Luisa María, Juan Luis y Felipe de Jesús que, en sentido contrario, comenzaban en ese tiempo su militancia.
No obstante que en 1984 Calderón Vega denunció “el robo de un partido prestigiado” por los empresarios norteños que le imprimieron su sello, no pretendió que sus hijos mantuvieran sus mismas convicciones y abandonaran el partido en que Felipe haría carrera hasta llegar a la Presidencia.
Ya en ese cargo Calderón ha subrayado su identificación, susceptible de ser entendida como dependencia, con los uniformados (al punto de juzgar apetecible que sus pequeños hijos lo sean también). Ha hecho descansar en el Ejército y en menor medida en la Marina el combate contra la delincuencia organizada, con resultados poco fructíferos.
Movido por ese resultado, el 4 de mayo dispuso la creación del Cuerpo que hizo su presentación ayer. El decreto respectivo, aparecido en el Diario Oficial el 9 de mayo, instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional para que “dentro del término de 90 días naturales” llevara “al cabo las acciones pertinentes para proveer los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios” para organizar la nueva unidad.
En ese lapso puntualmente cumplido, fueron reclutados cerca de 2,000 soldados, oficiales y jefes que no mostraron la renuencia de sus compañeros cuando se trata de ingresar a la Policía Federal Preventiva. Por instrucciones de Calderón, 10,000 efectivos militares debían engrosar las filas de la PFP, sin que de lejos se haya conseguido el tránsito de ese número. Quizá la previsión de esa reticencia —aunque no está por supuesto explícita en los considerandos del decreto correspondiente— movió a organizar un cuerpo de índole policial pero integrado al Ejército mismo y no a una corporación distinta.
El Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal quedó integrado por una brigada de 1,884
integrantes, armados con fusiles FX-05, calibre 5.56 x 45 milímetros, que se transportan en camionetas Pick-up RAM artilladas con ametralladoras MK-19 y Barret, calibre 50 milímetros.
Los miembros del flamante cuerpo (algunos de los cuales descendieron mediante cuerdas desde dos helicópteros que volaban sobre el Zócalo, en su primera demostración pública) visten uniformes color capuchino —que es también el de sus vehículos— y boina negra. (Reforma, 17 de septiembre).
Conforme al decreto de su creación, el Cefaf está “bajo las órdenes del Presidente de la República” y “dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional”. Su misión consiste en “proporcionar apoyo a las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno en tareas de restauración del orden y seguridad públicas, en el combate a la delincuencia organizada o contra actos que atenten contra la seguridad de la nación”.
El Cuerpo Especial “intervendrá por instrucciones del Presidente de la República, a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles a quienes preste el apoyo. En ningún caso se podrá sustituir en las funciones que legalmente competan a las autoridades apoyadas”. Su papel en el combate a la delincuencia casi desaparece al disponerse que sus miembros reciban “adiestramiento y capacitación especializada en el manejo de situaciones críticas de perturbación y alteración o alteración de la paz social y seguridad pública, cuya finalidad será el restablecimiento del orden público y del estado de derecho”.— México, D.F.".
miércoles, 12 de septiembre de 2007
México frágil
Miguel Ángel Granados Chapa
12 Sep. 07
El ataque del Ejército Popular Revolucionario a ductos de Pemex, donde colocó a las dos de la mañana del lunes 12 cargas explosivas, de las que sólo una falló, fue un alarde para mostrar capacidad de fuego y organización y despliegue de efectivos por doquier
En un lapso tan breve como seis horas, nuestro país vivió acontecimientos que muestran su fragilidad, derivada de la incompetencia gubernamental para hacer cumplir la ley, ineptitud aprovechada por núcleos sociales tan diversos como empresarios y terroristas que desafían de distinto modo y con diferentes fines a una autoridad cuando no impasible, corrupta.
El domingo, cerca de Monclova, un camión cargado con 25 toneladas de nitrato de amonio chocó contra una camioneta y poco después estalló su contenido en una explosión que mató a 28 personas y causó lesiones a más de 200. No fue en sentido estricto un accidente, regido por el azar, pues si bien la colisión entre los dos vehículos fue un acontecimiento fortuito, su principal consecuencia pudo haberse evitado. Eso es lo que impide hablar de sólo un accidente.
El camión, de la empresa transportadora Fletes y Traspaleos, salió de la planta de la compañía de productos químicos Orica en Cuatrociénegas rumbo a Colima. Según indicios, la operación contravenía los ordenamientos que norman el transporte de sustancias explosivas, que deben ser tratadas con gran delicadeza por razones de seguridad pública y de seguridad nacional. Los tripulantes deberían contar con adiestramiento para el manejo de la sustancia en circunstancias normales y en situaciones de emergencia. Y, sin embargo, tan pronto se produjo el choque, huyeron sin alertar en la forma prescrita (que incluye llamar al Sistema Nacional de Emergencias) sobre el riesgo inminente del estallido. Ellos se salvaron, pero no así cientos de personas que llegaron de inmediato a prestar auxilio o a informar sobre el percance, muchas de las cuales murieron o quedaron heridas. El vehículo viajaba a su suerte, sin unidades de acompañamiento, en previsión de sucesos como el ocurrido o el riesgo potencialmente más peligroso aun de ser asaltado para hacerse del cargamento, ya sea con fines mercantiles o políticos. Ni la Policía Federal Preventiva ni el Ejército federal, que tienen responsabilidades respecto de la seguridad del tránsito y del trasiego de explosivos, estaban al tanto de ese viaje, que debió realizarse con aviso a dichas autoridades.
El diario Reforma puntualiza que si bien el nitrato de amonio se utiliza de manera lícita en la industria minera y de la construcción, es también apetecido por delincuentes peligrosísimos como los que con ese material hicieron estallar el edificio federal de Oklahoma en Estados Unidos, en 1995, que causó la muerte de 137 personas. Informa, asimismo, que el Ejército Popular Revolucionario lo ha utilizado en algunas de sus incursiones.
Quizá lo hizo de nuevo horas después. A las dos de la mañana del lunes se inició en seis puntos del estado de Veracruz y uno más en Tlaxcala un ataque contra ductos de Pemex, que provocaron incendios en la cercanía de cuatro poblados y obligaron a cerrar el suministro de gas natural a más de mil instalaciones industriales en nueve entidades de la República, muchas de las cuales han tenido que suspender sus propias operaciones por la falta de ese energético.
La operación destructora, reconocida de inmediato por Pemex como un acto premeditado, se asemejó mucho a la ocurrida en julio pasado en Guanajuato y Querétaro, que también causó estragos no sólo a las instalaciones de la empresa petrolera, sino a su clientela en diversos estados. Ocurrieron en la madrugada, con la obvia intención de no causar víctimas sino destrozos materiales, tanto directa como indirectamente. Por ignorancia o por sigilo, ni Pemex ni la Procuraduría General de la República reconocieron aquella vez que se trataba de atentados. Sólo aceptaron que eso era cuando el 10 de julio -justamente dos meses antes de los estallidos veracruzanos- el EPR las caracterizó como "acciones quirúrgicas de hostigamiento", destinadas a forzar la presentación de dos de sus dirigentes, detenidos el 25 de mayo en Oaxaca y de los que no ha vuelto a saberse más. La guerrilla anunció que no cesaría su campaña político-militar hasta la aparición de los desaparecidos.
Por impericia o por negligencia, las autoridades no asumieron la calidad de esa amenaza, que se consumó el lunes a primera hora. En mucho mayor medida que en julio, esta vez, el ataque fue al mismo tiempo un alarde de poder y exactitud. El EPR se adjudicó ayer al mediodía la operación y al describirla hizo gala de su conocimiento del mapa estratégico de Pemex y exhibió su vulnerabilidad: "Unidades militares pertenecientes a nuestro ejército colocaron 12 cargas explosivas en igual número de ductos de Pemex en los municipios de La Antigua, Úrsulo Galván, Olmeaca, Mendoza, Cumbres de Maltrata en Veracruz y en Cuapiaxtla, Tlaxcala, de las cuales la colocada en el oleoducto de 24 pulgadas Nuevo Tepa-Cadereyta (en La Antigua) no se activó. Todas fueron activadas simultáneamente a las 2:00 horas del día 10 del presente mes".
Ha quedado interrumpido el suministro de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad, que lo utiliza para generar fluido eléctrico y a más de mil empresas, entre ellas la planta Volkswagen en Puebla (como ocurrió en julio a Nissan en Aguascalientes), y acaso la suspensión del servicio se prolongue hasta el fin de esta semana. Esos efectos parecen no haber sido ignorados por los atacantes, sino al contrario contar en su estrategia.
La fragilidad de México, en esos casos al menos, deriva de causas diversas, pero la constante es la incapacidad gubernamental de ser eficaz lícitamente.
Cajón de Sastre
Andrés Manuel López Obrador había estado en la Cámara de Diputados el 7 de abril de 2005 para defenderse del desafuero que finalmente se decretó allí como parte de la maniobra, a la postre fallida, mediante la cual Vicente Fox quiso impedirle ser candidato a la Presidencia de la República, maniobra que sin embargo fue a la larga exitosa porque el jefe del Gobierno de la Ciudad de México no se convirtió en titular del Poder Ejecutivo. Ayer tornó a San Lázaro, ahora en su calidad de voz principal de la oposición, líder de los legisladores agrupados en los partidos que sostuvieron su candidatura. Presentó un proyecto de legislación fiscal y arengó a los diputados a impedir la aprobación de impuestos lesivos para la gente. Le sienta bien el aire parlamentario. Por eso debería ser en 2009 candidato a diputado, para impulsar como hizo el año pasado la votación para su partido y sus aliados. Sin ese aliciente, la presencia electoral del PRD decaerá casi automáticamente. Quizá no debería desdeñar esa posibilidad.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
(El Norte.com, 12 de septiembre de 2007)
miércoles, 1 de agosto de 2007
El ejército pasa factura a calderón
Como pago a los “servicios extraordinarios” prestados por el Ejército Mexicano a la Presidencia de la República, las fuerzas armadas buscan que se les retribuya con un presupuesto adicional de 3 mil 500 millones de pesos para el próximo año. Los militares ven la oportunidad de incrementar los recursos destinados a sueldos y prestaciones
Yenise Tinoco
Déficit en vivienda y servicios médicos para militares en activo y en retiro son el saldo de años de abandono en materia de prestaciones a los elementos castrenses, aseguró el director General del Instituto de Seguridad Social para la Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), Fermín Rivas García, ante los diputados de la Comisión de Seguridad Social. Por ello, el general de división solicitó, en una reunión a puerta cerrada con los legisladores, que se incrementara el presupuesto militar en 3 mil 500 millones de pesos. Con ello se buscaría mejorar las condiciones sociales y de salud de sus derechohabientes.
Rivas García les explicó que el ISSFAM requiere, por lo menos, 3 mil 450 millones de pesos adicionales para subsanar el déficit en materia de servicio médico y de vivienda, y de esa forma estar en condiciones de mejorar salarios y pensiones, y al mismo tiempo evitar deserciones una vez que se proporcionen mejores niveles de vida a los militares.
De acuerdo con datos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), en cinco años han desertado más de 152 mil elementos, en tanto que en la Secretaría de Marina (Semar), en el mismo lapso de tiempo, alrededor de 10 mil efectivos han abandonado las filas de los marinos.
Alfonso Suárez del Real, integrante de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados, menciona que, en un momento histórico donde se utilizan las fuerzas armadas de manera incorrecta, dándole actividades que no le corresponde encabezar como el combate al narcotráfico, el aumento de salario y de prestaciones se interpretan como “una manera de premiar” las acciones extraordinarias que llevan acabo militares y marinos.
José Francisco Gallardo, general brigadier del Ejército Mexicano y candidato a doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que el excesivo presupuesto que hoy pide el titular del ISSFAM, para aumentar las prestaciones a sus miembros, es el pago a los servicios prestados al presidente Felipe Calderón.
“El ejército va a pedir eso y más. Ellos tienen una situación de privilegios que les da ventaja sobre cualquier institución del Estado para hacer esas peticiones, ya que se sienten con el derecho de hacerlas”, considera Gallardo.
El Ejército tiene una demanda de 33 mil solicitudes pendientes para créditos hipotecarios, y al año sólo es posible satisfacer el 7 por ciento. Además, los hospitales castrenses registran un desbasto de medicamento superior al 60 por ciento, el cual tiene que ser solventado por los derechohabientes del sistema de seguridad social militar.
Fermín Rivas García, titular del ISSFAM, expuso a los diputados que en materia de medicamentos existe desbasto en la mayoría de los hospitales de ambas secretarías –Defensa y Marina–, donde el 66 por ciento de las medicinas las otorgan las dependencias. Además, ante la escasez, es el derechohabiente quien termina cubriendo el déficit con sus recursos.
Para resolver el problema de desabasto de medicamentos se requieren 500 millones de pesos. Además, se está depurando la base de datos de los derechohabientes del Instituto, para tratar de hacer una sola tarjeta de identidad con el fin de tener un control administrativo. A la fecha, se han recogido casi 7 mil tarjetas de personas que no deben tener derecho al servicio médico militar.
Entre las prestaciones que se cubrirían con los recursos extraordinarios se encuentra el servicio médico, pues el instrumental quirúrgico, el equipo de Rayos X y de telemedicina de los hospitales de la Sedena y Semar tienen un promedio de vida actual de 15 años.
De acuerdo con información del ISSFAM, anualmente las clínicas del Instituto dan 2 millones de consultas a 610 mil 340 usuarios. El desglose de la forma en que es atendido el universo de elementos militares es: 51 mil 953 militares en situación de retiro; 25 mil 262 pensionistas y 533 mil 125 derechohabientes.
Margarita Arenas Guzmán, diputada panista e integrante de la Comisión de Seguridad Social, sostiene que la atención médica es una de las situaciones más sensibles para la población, y lamenta que no exista estudio alguno que mida la calidad de las más de 2 millones de consultas anuales que brindan los hospitales militares.
Pensiones
El titular del ISSFAM, informó a los legisladores que de los 3 mil 500 millones de pesos, 2 mil 200 millones serían para cubrir las necesidades de los haberes de retiro, pensiones y compensaciones. Se pretende incrementar los montos destinados al retiro, pensiones y compensaciones, de 70 por ciento que en la actualidad se otorga, a 95 por ciento del salario base.
Aun cuando los diputados de la Comisión de Seguridad Social cuestionaron al director del ISSFAM sobre pasivos proyectados a futuro de acuerdo con la tendencia de más retirados, lo cierto es que las pensiones y compensaciones son cubiertas en su totalidad por el erario federal. El instituto no maneja ningún fondo de pensión (Contralínea, 80).
La población de militares en situación de retiro tiene una taza de crecimiento anual del 5 por ciento en promedio. Y los haberes de retiro que perciben para el personal de tropa equivale a 73 por ciento del ingreso mensual del personal activo; así que, si el sueldo promedio mensual es de 5 mil 24 pesos, el retiro es de 3 mil 646 pesos. Para generales y almirantes, de 19 por ciento, es decir, de 111 mil 350 pesos, y su pensión oscila alrededor de los 21 mil 214 pesos por mes.
La reforma
Dentro de la propuesta de reforma que presentó el titular del ISSFAM a la Cámara de Diputados se contemplan tres conceptos principales: incremento de 70 a 95 por ciento a los haberes de retiro, pensiones y compensaciones; un porcentaje adicional para militares en activo que pasarán a situación de retiro con 30 ó más años de servicio y un aumento de las aportaciones del gobierno federal para otras prestaciones.
En el tema de las aportaciones del gobierno federal se pretende obtener mil 250 millones para cubrir de 1.8 a 2 por ciento el haber y sobrehaber de los militares en activo para el Seguro de Vida Militar; de 0.5 a 3 por ciento el haber y el sobrehaber mínimo vigente del personal en activo para el Seguro Colectivo de Retiro, y de 11 a 15 por ciento del equivalente a los haberes de retiro y pensiones para el Servicio Médico y otras prestaciones que no tienen cuota específica.
Por otra parte, el Instituto argumenta que sólo puede rehabilitar las viviendas de su patrimonio en un 3 por ciento, es decir, una vivienda rehabilitada por cada 30 años. Para atenuar el rezago y poner en condiciones óptimas 9 mil 160 unidades, solicita se autorice un recurso por 293 millones de pesos.
Para solucionar el problema en el rezago de entrega de créditos hipotecarios, el ISSFAM considera necesario que el Ejecutivo Federal apoye en forma directa al fondo de la vivienda militar con 500 millones de pesos anuales durante la presente administración.
Además, requiere 304 millones de pesos para levantar casas hogar para militares retirados; apoyo para construir tres centros de desarrollo infantil, tres centros deportivos y de recreo, así como para sostener los cambios de adscripción e incrementar el número de becas escolares –de las 2 mil 410 por ciclo escolar actuales a 10 mil– y para que sean de 400 pesos mensuales en vez de 200.
Los olvidados
Alfonso Suárez del Real, diputado de extracción perredista, comenta que en los últimos años las fuerzas armadas se conformaron con los recursos que el Ejecutivo les asignara. Y señala que los insumos para cubrir las dietas o el pago de estipendios de la tropa y de los oficiales estuvieron muy por debajo del resto de burocracia.
Dentro del mismo Ejército, dice el legislador, los sueldos que tienen los altos mandos reflejan la gran inequidad que existe con respecto al resto de los miembros de las fuerzas armadas, inequidad más acentuada si se los compara con los demás trabajadores del Estado.
Jorge Justiniano González Betancourt, militar de carrera y presidente de la Comisión de Defensa Nacional, menciona que durante años la tropa no tenía acceso a un crédito hipotecario porque su sueldo no alcanzaba para pedir tal beneficio. Y sostiene que el aumento al presupuesto del ISSFAM para brindar mayores prestaciones a sus derechohabientes “es una deuda que falta cumplir”.
Ramón Valdés Chávez, intrigante de la Comisión de Seguridad Social, dice que resulta necesario un reforzamiento de las prestaciones sociales que se ofertan en las fuerzas armadas con la finalidad de profesionalizar los servicios médicos y garantizar el acceso a las prestaciones que por ley le corresponden, sin dejar de lado la calidad en el servicio.
Recursos propios
Francisco Gallardo considera dudoso el origen de la propuesta del director del ISSFAM, y más dudoso aún el supuesto déficit en sus finanzas. Explica que, dentro del presupuesto de Defensa y Marina, se incluyen recursos para el Instituto.
“El presupuesto adicional que hoy se pide al Congreso se puede subsanar a través de los recursos que genera la Sedena”, dice el general. Dichos recursos provienen de los intereses que cobra el Banco del Ejército por préstamos personales y créditos para la compra de casas o vehículos. Asimismo, la Sedena cuenta con tiendas de servicio en todo el país y cobra cuando rectifica la cartilla militar nacional o cuando otorga permisos para la fabricación de explosivos o para la portación de arma de fuego.
(Contralínea, 1a quincena de agosto de 2007)
domingo, 29 de julio de 2007
De interés público... Y dale con lo mismo
Julio Morales
El Sol de Parral
29 de julio de 2007
"En este momento podría haber abordado temas como el del "chino gate o el de la reforma fiscal" pero me parece que estos son la cortina de humo para ocultar la militarización del país y ello evidencia claramente la visión errática del gobierno federal acerca de lo que significa la seguridad pública y sus formas de garantizarla; además, las fuerzas armadas continúan haciéndola de policías y eso preocupa porque así desvirtúa su naturaleza jurídica, pues no existe en el país ese estado de excepción que justificaría legalmente su intervención".
Y en ese intento de restablecer el orden público en México, los retenes, toques de queda y demás abusos de militares contra civiles se volvieron cosa común en San Nicolás de los Garza Nuevo León y Ciudad Juárez en Chihuahua en los últimos meses. Violaciones a derechos humanos aunados a modificaciones y decisiones en el terreno legal dieron lugar a Instancias que otorgan mayores facultades y nuevos ámbitos de competencia a las fuerzas armadas, dándose un retroceso grave en la historia del país, al contravenir el actual gobierno, como sucediera en el sexenio Díaz Ordaz - el espíritu Constitucional, montando en las fuerzas armadas todo su programa de seguridad pública nacional, si el 129 constitucional especifica que "en tiempos de paz, las fuerzas armadas no podrán ejercer funciones ajenas a la disciplina militar, mucho menos ejercer funciones policiales", asimismo, el 89 Constitucional en su fracción VI, faculta al Presidente a disponer de todas las fuerzas armadas y enfrentar una invasión extranjera o amenazas a la preservación de la seguridad nacional, sólo así se justificaría la creación de un cuerpo elite. Pero el Decreto publicado en el diario oficial el 10 de mayo pasado, creo el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, grupo elite bajo las órdenes directas del "espurio", dependiendo de manera técnica, operativa y administrativa de la SEDENA; Ahí se estableció que la creación del CFAF tiene el objetivo principal, de manejar situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública con elementos especialmente adiestrados y capacitados. Pero el origen oscuro del actual mandatario y atribuciones que este se auto-otorgó, siembran la duda de que tal cuerpo especial de las fuerzas armadas además de combatir a la delincuencia organizada, sea utilizado en la represión simulada, en actividades contra la guerrilla y suprimir movimientos sociales, es decir, un órgano para perseguir opositores políticos, percepción sustentada en modificaciones al Código Penal para calificar de terroristas a líderes sociales a movimientos en su conjunto. El de Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, procesado irregularmente a 67 años de prisión, por los cargos de secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación y el de Flavio Sosa líder de la APPO en Oaxaca bajo cargos similares, evidencian tal posibilidad. Baste decir que dicho decreto presidencial que creó el CFAF pasó por encima del Congreso, debido a facultades que otorga al "espurio" el 89 constitucional fracción VI en las Leyes orgánicas del Ejército y Fuerza Aérea como jefe supremo, que sin embargo, no son reglamentarias exclusivas de la Constitución, porque promulgar tal decreto no es acto meramente administrativo como el impostor lo hizo creer al exponer sus motivos, y si un acto de organización que cae en el ámbito legislativo y al invadir esta esfera, corresponde al Congreso de la Unión reglamentar y ordenar al Ejército; así lo citan los Artículos Constitucionales 29, 31, 35, 89 y 119 además del 73. Si a Usted le interesa consúltelos, verifíquelos y discútalos.
(El Sol de Parral, 29 de juio de 2007)
jueves, 12 de julio de 2007
Movilizan a 5 mil soldados élite
La Secretaría de la Defensa Nacional ordenó la movilización de las unidades de élite que integran el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF)
Jorge Alejandro Medellín y Manuel Lombrera
El Universal
Jueves 12 de julio de 2007
La Secretaría de la Defensa Nacional ordenó la movilización de las unidades de élite que integran el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF), creado el 9 de mayo, y que está bajo las órdenes directas del Presidente de la República, luego de los atentados perpetrados en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Desde la mañana del pasado 10 de julio, el alto mando movilizó a casi la totalidad de los 5 mil efectivos que integran el CFAF, indicaron altas fuentes militares. Ese día, según las fuentes, el titular de la Sedena, general Guillermo Galván Galván, se reunió en la sala de juntas de la dependencia con los comandantes de las 12 regiones y 45 zonas militares del país para darles a conocer las directivas de seguridad con las que se está enfrentando la situación por los estallidos en Guanajuanto y Querétaro.
El general Galván recibió informes sobre movimientos y presencia de la guerrilla en el país y ordenó a sus mandos triplicar la vigilancia estratégica en la nucleoelétrica de Laguna Verde y en las plantas de nitrógeno de Atasta y Dos Bocas, en Tabasco.
De igual forma, se reforzó la vigilancia en termoeléctricas, hidroeléctricas, presas y plantas industriales que se consideraron como posibles blancos de atentados con explosivos.
Éstas se sumaron a las 142 instalaciones que la Sedena, Marina y la Policía Federal Preventiva (PFP) resguardan en todo el país.
La reunión con los mandos territoriales inició a las 14:00 horas del pasado martes y duró poco más de dos horas; en ella se priorizó reforzar la inteligencia y se ordenó triplicar la vigilancia en Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Tabasco.
Este martes en al menos una docena de estados, elementos del Ejército y PFP reforzaron la vigilancia en refinerías, presas, terminales marítimas y de almacenamiento, y en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con un especial énfasis en sobrevuelos de estas instalaciones y sus inmediaciones.
Los pasados 5 y 10 de julio, instalaciones de Pemex en Guanajuato y Querétaro fueron objeto de atentados cuya autoría se adjudicó el Ejército Popular Revolucionario para exigir la libertad de dos de sus militantes.
Pemex ratificó que se incrementaron sus patrones de seguridad en todas las instalaciones y que, de manera especial, se ampliaron los “celajes aéreos” (vigilancia aérea) con helicópteros y personal de tierra, a lo largo de los 14 mil kilómetros de los derechos de vía en todo el país, que incluye los 65 mil kilómetros de la red de ductos.
En Veracruz, el subsecretario de Protección Civil, Ranulfo Márquez Hernández, dijo que la industria petrolera tiene resguardo permanente por elementos de la Sedena, Marina y Seguridad Pública.
Detalló que Pemex les comunicó que se mantendría —por el momento— la misma vigilancia aplicada desde hace un año, cuando la organización terrorista Al-Qaeda amenazó con atacar instalaciones en México.
En Campeche, el comandante Martín Fernández Zetina señaló que, en coordinación con autoridades de Pemex, reforzó la vigilancia en las plataformas petroleras.
También en Hidalgo militares y agentes federales reforzaron la vigilancia en las instalaciones de la refinería Miguel Hidalgo, y en los ductos de Pemex que atraviesan la entidad, confirmó Víctor Hugo Deschamps Lugo, vocero de la paraestatal.
La misma acción se realizó en el complejo Pemex Cactus y las cuatro hidroeléctricas de Chiapas.
En Salamanca, donde el pasado 5 de julio se registraron cinco explosiones en ductos de gas de Pemex, el edil Ignacio Luna Becerra pidió a los consejeros municipales “permanecer con los ojos bien abiertos” y denunciar al número 066 de Seguridad Pública cualquier irregularidad.
En tanto, el Grupo de Coordinación de Baja California aplicará el plan Centinela para vigilar los puntos vulnerables que pudieran ser blanco de atentados.
En este marco, el gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, informó que pidió al gobierno federal reforzar todos los lugares estratégicos de Pemex en el estado.
El vocero del sindicato petrolero, Roberto Contreras, afirmó: “No existe ninguna relación entre los accidentes y las negociaciones contractuales porque las pláticas se están llevando en muy buen nivel”. (Con información de Alberto López, Édgar Ávila, Xóchitl Álvarez, Julieta Martínez, Dinorath Mota, Hilda Fernández, Juan Cedillo, Francisco Ynurreta y Óscar Gutiérrez, corresposnales)
(El Universal, 12 de julio de 2007)
miércoles, 11 de julio de 2007
¿Guerra contra el narcotráfico o la militarización de México?
Laura Carlsen | 11 de julio de 2007
Quisiera ofrecer algunos elementos para enmarcar la guerra contra el narcotráfico en un contexto histórico e internacional que espero nos ayude entender los peligros y proponer políticas alternativas y estrategias de resistencia desde ahora.
Este marco ampliado nos da aún más razones por pensar que el modelo militarizado de combate al narcotráfico presente graves riesgos para la soberanía nacional y para los derechos de los ciudadanos mexicanos.
"Guerra contra el narcotráfico": Importación directa de los EEUU
La frase "guerra contra el narcotráfico" fue inventada e utilizada por primera vez por el Presidente Richard Nixon en 1971, en un contexto político muy parecido al actual estadounidense. Empantanado en una guerra que no podía ganar, con un déficit comercial e inflación rampante, en este año Nixon declaró que las drogas eran el "enemigo público número uno".
Nixon entró a la presidencia con la promesa de mano dura contra el crimen. Se dio cuenta que por las características del problema y las responsabilidades principalmente de los estados en el asunto, en realidad tenia pocas posibilidades de tener un impacto grande desde el ejecutivo. Para dar un papel espectacular y preponderante al gobierno federal, creó de un problema preocupante, una verdadera crisis de drogas a través de la manipulación de las estadísticas.
Si este contexto histórico suena parecido es que la invención de la guerra contra las drogas tuvo un objetivo primordial que también se aplica al caso de México hoy—expandir extralegalmente los poderes de la presidencia y consolidar una imagen de líder fuerte frente a la sociedad y en medio de circunstancias difíciles y debilidades políticas. Según varios análisis, se trataba de una manipulación de miedo para ganar poderes de emergencia—incluyendo detenciones preventivas, espionaje, redadas, etc.
Después de lanzar la "guerra contra el narcotráfico" Nixon crea varias agencias anti-droga que tienen en común que reportan directamente al presidente y no pasan por la supervisión del Congreso: el Departamento para la Aplicación de las leyes anti-droga, y después la DEA, una súper-agencia combinando agentes del Agencia de Narcóticos y Drogas Peligrosas (BNDD), Aduanas, la CIA y la Oficina contra el abuso de las drogas para coordinar esfuerzos locales y federales (ODALE).
Con la creación de estas agencias federales, la presidencia restó de los estados y municipios el poder de combatir las drogas en el marco de un problema comunitario o de salud, y de paso estableció agencias bajo el mando directo del presidente. Esto tendrá grandes repercusiones en el equilibrio de poderes. No es casual que exactamente un año después de anunciar la guerra contra el narcotráfico—el 17 de junio de 1972—un grupo de personas que se conocieron en estas nuevas agencias anti-droga coordinadas por el ejecutivo llevaron a cabo otra encomienda de su presidente: el robo de las oficinas del partido demócrata en el hotel Watergate.
A pesar de que, como todos sabemos, Nixon cayó víctima de su propia arrogancia y excesos, nos dejó con la guerra contra el narcotráfico, un modelo que sigue siendo fundamental para mantener el control en la sociedad estadounidense. La criminalización de los consumidores de drogas ha llevado al encarcelamiento de una gran parte de las poblaciones latina y africano-americana, el enfoque en la producción y abasto en lugar del consumo permite obviar en el discurso los profundos problemas internos de la sociedad estadounidense y la mano dura canaliza fondos gubernamentales a fortalecer las fuerzas policiacas en lugar de gastar el mismo dinero en programas de salud y educación pública en las comunidades.
Pero quizás donde más ha sido útil el modelo es como una herramienta para mantener el control geopolítico. Elevar el tráfico de drogas a un asunto de seguridad nacional le ha permitido intervenir en la política de los países productores de droga y de transito.
Sin duda, el caso clásico de injerencia estadounidense en un país a través del modelo de la guerra contra el narcotráfico ha sido el Plan Colombia.
Plan Colombia
Desde el año 2000 cuando empezó, EEUU ha enviado aproximadamente 4.3 mil millones de dólares al gobierno colombiano supuestamente para la lucha contra las drogas; 76% a las fuerzas militares. Ha sido un fracaso rotundo. No es necesario repetir los resultados—el precio de cocaína en EEUU ha bajado, tiene mayor pureza, y según un congresista la superficie del territorio colombiano cultivado en coca ha incrementado 42%.
Además de su absoluta falta de eficacia en detener la producción, procesamiento y transito de drogas, el Plan Colombia se ha utilizado para apoyar a la derecha colombiana en su guerra contra las insurgencia. El analista Frank Smyth señala que en 2001 Colombia ya había superado a El Salvador como el esfuerzo contrainsurgencia estadounidense más grande desde Viet Nam. Después de unos años, el Plan Colombia fue ampliado formalmente para autorizar el uso de la ayuda militar en la guerra interna y en particular en contra de las FARC.
Con la llegada de armamento y dinero para las fuerzas militares, la violación de derechos humanos, el desplazamiento de comunidades enteras y el asesinato de civiles también han aumentado de manera tan alarmante que hasta el Congreso de los Estados Unidos está preocupado. En la autorización de nuevos fondos para Plan Colombia, la Cámara de Representantes aprobó una versión que reduce la ayuda militar por 30 millones (36%), pone condicionamientos en materia de derechos humanos, y reduce las fumigaciones. El total de la asistencia al gobierno colombiano sigue siendo enorme—65% militar en este presupuesto comparado a 80% antes. Sin embargo, junto con el probable rechazo a aprobar el TLC con Colombia debido a las violaciones de derechos humanos, marca un mínimo reconocimiento de que la política anti-droga de Plan Colombia no funciona.
Desde el Plan Colombia al Plan México
Ahora a pesar del desastre del Plan Colombia se plantea el Plan México en términos que parecen ser muy similares. En mayo el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes Silvestre Reyes dijo que México necesita mayor apoyo en su lucha contra el narcotráfico al estilo de Plan Colombia. El Plan México, implicaría programas de cooperación, entrenamiento, intercambio de información y recursos. Inmediatamente la frase salió en los medios y fue desmentido por el gobierno mexicano.
Llame como se llame, es evidente que estamos frente a una acción coordinada de militarización en nombre de la seguridad, y que el modelo implica una etapa de mucho mayor participación de Estados Unidos. Esta participación se da en cuatro niveles: primero en la planeación de medidas nacionales y locales de seguridad, segundo en el entrenamiento de policías y elementos del ejército y de los cuerpos de investigación, después en la ejecución de acciones y políticas de seguridad y de "guerra contra el narcotráfico" en territorio mexicano.
Esta etapa de colaboración entre México y Estados Unidos en asuntos de seguridad empezó formalmente con el Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Anteriormente existían acuerdos de colaboración entre la defensa y los cuerpos policíacos de los dos países, sin embargo con el ASPAN se inicia la tarea de construir una agenda tri-nacional de seguridad sin precedentes, que en lugar de enfrentar, invadir o someter a la fuerza a México como ha hecho EEUU en el pasado, busca cooptar el estado mexicano en el marco del TLCAN, haciendo que el país acepte una serie de obligaciones relacionadas a la seguridad de los Estados Unidos.
Fechas clave en este proceso son la reunión en Mérida en marzo entre los presidentes Bush y Calderón y la reunión el 11 de enero entre el Procurador de EEUU Alberto González y de México Eduardo Medina Mora. En esta última reunión se acordaron según la prensa nacional una serie de acciones incluyendo la construcción de un sistema bilateral de identificación de traficantes, un diagnóstico de las policías mexicanas, el envío de ocho aeronaves para la detección e intercepción de aviones con cargamentos de droga, y que agentes de la DEA participen como supervisores de labores de erradicación. También por estas fechas el DEA anunció su intención de colocar agentes en otros puntos en la frontera, entre ellos Matamoros y Nuevo Laredo.
Sería una simplificación decir que el Plan México sea una copia fiel o la sustitución del Plan Colombia en los designios geopolíticos de EEUU para la región. Sin embargo, un análisis del Plan Colombia en el contexto mexicano resulta interesante, e igual que el análisis del origen de la guerra contra el narcotráfico en EEUU da unas pistas de por donde vamos.
Entre los rasgos principales del Plan Colombia que podrían aplicar o están aplicando en México están:
1. El creciente papel del ejército en la sociedad. En México el ejército es una institución fuerte pero malentrenado para combatir el narcotráfico. Su uso en estas tareas está llevando a graves violaciones de derechos humanos.
2. La expansión de las fuerzas paramilitares, la presencia de mercenarios, y empresas privadas inclusive extranjeras en tareas de seguridad. En México el problema de los paramilitares es serio en Chiapas y con la militarización se espera que empeore por la sencilla razón de que tarde o temprano con el aumento de armas estos llegan a sus manos.
3. La ampliación de la guerra contra el narcotráfico a la represión de disidentes y contrainsurgencia.
También hay importantes diferencias entre México y Colombia. México no vive una guerra ni está en jaque el control de grandes partes del territorio nacional. Y otro factor que distingue un Plan México de un Plan Colombia es la relación específica entre México y Estados Unidos, en particular la proximidad geográfica y la dependencia economía que existe después de 13 años del TLCAN. Estos factores aumentan el riesgo de pérdida de soberanía nacional.
Hasta ahora el resultado principal de la guerra contra el narcotráfico de Calderón ha sido desatar la violencia en varias regiones del país. En marzo, el número de policías ejecutados había subido 50% respeto al año pasado. Para finales de mayo habían más de 1,000 asesinados relacionado con el narcotráfico. La muerte, extradición o detención de capos lleva a batallas para la sucesión sin acabar con la producción y tránsito de la droga. La cantidad y bajo precio de las drogas en las calles de las ciudades estadounidenses es el mejor indicador de que el tráfico no ha afectado el flujo constante de drogas hacía los mercados del consumidor número uno en el mundo—EEUU.
En resumen, la historia nos muestra que el modelo de "la guerra contra el narcotráfico" tiene una serie de objetivos ocultos y resultados anti-democráticos que atentan contra la paz y la soberanía.
En la guerra contra el narcotráfico, se confluyen los objetivos de EEUU con los intereses del gobierno de Felipe Calderón. Los Estados Unidos busca extender su presencia militar y su hegemonía en la región, y lo ha hecho bajo el modelo del ASPAN, de la guerra contra el terrorismo y la militarización de la frontera, y ahora en la guerra contra el narcotráfico. Con mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad, su participación en la formación de agentes y soldados, y su injerencia en el diseño de las políticas de seguridad en México, por lo pronto no hace falta tener mayor presencia de tropas. La promesa de cantidades de recursos y ayuda militar al estilo Plan Colombia es suficiente para asegurar que el gobierno mexicano siga el guión de seguridad escrito en Washington.
Por otro lado, Felipe Calderón—un presidente débil y con poca credibilidad popular—decidió desde el primer día de su presidencia seguir la receta de los gobiernos tambaleantes de construir un enemigo externo para consolidar su posición, apoyado por el aparato militar, y con el uso de la represión ó la amenaza de represión. La militarización del país constituye una medida preventiva en una coyuntura en que no tiene garantizado el control social.
Resumiendo
Primero, este modelo funciona en la práctica para ampliar el poder de la presidencia. Desde el inicio del modelo esto es uno de sus propósitos principales. Fortalece el poder ejecutivo sin contrapesos y transparencia, quitando poderes de los otros niveles de gobierno y restringiendo los derechos ciudadanos.
Segundo, promueve la militarización de la sociedad y construye un poder de facto de fuerzas especializadas con pocos controles legales o sociales. El modelo de enfrentar el tráfico, venta y consumo de drogas con medidas militares, aumenta la violencia y debilita las instituciones democráticas. En países donde estas sean débiles puede causar severos retrasos en una transición a la democracia.
Tercero, invariablemente se extiende a una guerra contra la oposición política en países en donde se ha aplicado, borrando la línea entre la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, y los disidentes.
Cuarto, existe una clara amenaza a la soberanía nacional bajo este esquema. Otra vez viendo el Plan Colombia, se ha desarrollado una economía dependiente de la ayuda militar desde afuera, y la imposición de un modelo de lucha contra el narcotráfico que no solo no ha tenido resultados, sino que ha profundizado la violencia y la destrucción social y ambiental de gran parte del territorio, creando un círculo vicioso de miedo y caos que se utiliza para justificar la continuación de la intervención extranjera. Sólo la vigilancia de grupos ciudadanos y de derechos humanos en EEUU lograba que se mantuviera un tope al número de soldados EEUU en territorio Colombiano, y hubo un incremento paulatino de mercenarios estadounidenses de empresas particulares sub-contratados para llevar a cabo funciones militares bajo el Plan Colombia.
El Plan México contempla el entrenamiento de las fuerzas mexicanas bajo el esquema de EEUU y en particular del gobierno de George W. Bush. Se amplia la red de agentes anti-drogas y aduanales estadounidenses que opera en el país, y se reduce el espacio para aplicar políticas basadas en las prioridades nacionales y no en la agenda de seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos.
En este sentido, el ASPAN, la Guerra contra el Terrorismo de Bush, y la guerra contra el narcotráfico de Calderón son todos aspectos de una estrategia para ampliar la hegemonía de los Estados Unidos en la región, pasando por la consolidación de un gobierno de dudosa legitimidad en México que garantice sus intereses.
Laura Carlsen es Directora del Programa de las Américas (www.ircamericas.org) en la Ciudad de México, donde ha trabajado como analista y escritora política por dos décadas. Este artículo fue parte de una ponencia en Casa Lamm en la Ciudad de México el 25 de junio de 2007.
(Programa de las Américas, 11 de julio de 2007)
