Débil sentencia contra militares, licencia para que sigan los atropellos: Vera López

Leopoldo Ramos, Enrique Méndez y Roberto Garduño (Corresponsal y reporteros)

Saltillo, Coah., 2 de octubre. La “débil sentencia” del juez penal Hiradier Huerta Medrano contra los militares acusados de violar y golpear a 13 trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños “abre una puerta aún más amplia para que miembros del Ejército Mexicano sigan realizando todo tipo de atropellos”, denunció el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, tras llamar a la sociedad civil “a levantar la voz” para erradicar la impunidad “que protege” a los miembros de las fuerzas armadas..

En la ciudad de México, también criticaron esa sentencia las diputadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Alternativa Social Marisela Contreras y Marina Arvizu, quienes señalaron que aunque con el fallo se rompe la impunidad de las fuerzas armadas, faltó aplicar la ley a los 20 soldados involucrados en ese caso.

Desde Saltillo, el sacerdote Vera López estimó urgente el fortalecimiento del sistema de procuración de justicia, “pues muchas fueron las causas que provocaron la débil sentencia del caso Castaños”. Citó como ejemplo “la pobre actuación” del Ministerio Público y de la defensa de las víctimas.

Afirmó que desde la época de los gobiernos federales priístas, los abusos de los militares en contra de la población han quedado impunes, pero la situación empeoró con Acción Nacional (PAN) en la Presidencia de la República.

“Esta sentencia no es un caso aislado en México; la actitud de los elementos de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) es condenada en diferentes estados, porque nunca se les castiga de la misma manera que a quienes pudieran realizar las mismas agresiones o menores desde agrupaciones sociales”, señaló.

En el comunicado, titulado Seguimos siendo víctimas de los abusos impunes del poder, el obispo de la diócesis de Saltillo consignó también que “dejar prácticamente impunes con este juicio a la mayoría de los militares que intervinieron en una acción que se equipara al secuestro (…) abre una puerta aún más amplia para que miembros del Ejército Mexicano sigan realizando todo tipo de atropellos, como los que ya cometen por todo el país”.

Destacó que la “debilidad” de “la defensa de las víctimas, del Ministerio Público y el juez –en perjuicio de las afectadas y la sociedad– nos invita a quienes como ciudadanos organizados en agrupaciones de diversa índole, que buscamos mejorar y elevar la calidad de vida en México, la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de una verdadera democracia (…) nos enlacemos y solicitemos a las autoridades correspondientes que deben intervenir en la apelación contra este débil juicio”.

El lunes, el juzgado segundo penal de Monclova emitió sentencia condenatoria por violación y lesiones en contra de cuatro de los ocho integrantes del Ejército Mexicano detenidos en el penal de esa ciudad tras la violación de 13 bailarinas, meseras y sexoservidoras que trabajaban en los salones El Pérsico y Las Playas, de la zona de tolerancia del municipio de Castaños. Los otros cuatro militares fueron absueltos del delito de violación.

Al respecto, y en particular sobre el castigo contra el soldado Omar Rangel Fuentes, consistente en 41 años de prisión, la diputada Marina Arvizu indicó que propicia desde todos los ámbitos legales un trabajo a fondo en el Congreso federal para garantizar que la justicia sea expedita, y que los militares sean juzgados como cualquier otro ciudadano.

Maricela Contreras, representante del PRD, adujo que la decisión del juez marca un precedente para juzgar a militares en el fuero civil; no obstante, aún restan muchísimos casos pendientes de resolver.

(La Jornada, 3 de octubre de 2007)