México, 13 abr (EFE).- La confianza de los mexicanos en el Ejército descendió 11 puntos porcentuales en los últimos dos años, en coincidencia con el aumento de su intervención en la lucha antidrogas, aunque es todavía la institución mejor considerada del país, revela una encuesta publicada hoy.
Según la encuestadora María de las Heras, contratada por el diario Milenio, a la pregunta de si hacen bien o mal su trabajo distintos actores en el país, en 2009 un 72% de los mexicanos califica positivamente al Ejército, mientras que en 2007 lo hacía el 83%.
María de las Heras opina que la institución "empieza a resentir el desgaste" por las tareas que le ha encomendado el presidente mexicano, Felipe Calderón.
El mandatario asumió su cargo el 1 de diciembre de 2006 y ese mismo mes ordenó el envío de militares a los estados más conflictivos de México para combatir el narcotráfico y al crimen organizado.
En estos momentos más de 45.000 militares están presentes en las zonas más violentas de México, especialmente en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Baja California y Michoacán, donde tratan de prevenir los actos de la delincuencia organizada.
Otro sector que también ha perdido credibilidad en estos últimos dos años es la prensa.
En 2007 los periodistas despertaban una gran simpatía entre la gente (83%), pero en la actualidad ese porcentaje de apoyo se sitúa en el 59%, lo que representa un descenso del 24%.
Para De las Heras, ello puede ser "resultado de la insistencia gubernamental en satanizar el trabajo periodístico sobre el problema del narcotráfico", aunque la encuestadora no aporta ningún argumento empírico para justificar esa opinión.
Los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), el árbitro en los comicios que se celebran en México, pierden terreno al pasar de 61% a 49% en el grado de aceptación, un descenso de 12 puntos porcentuales.
Otros agentes sociales que decaen son los obispos y cardenales, al pasar del 50% al 46%, y los magistrados de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN), que bajan del 49% al 36%.
Los policías federales mexicanos son la única institución de las analizadas que mantiene en 2009 el mismo nivel de apoyo (43%) de 2007.
El sondeo consistió en 500 entrevistas telefónicas realizadas el pasado 2 de abril a mayores de 18 años, con un margen de error próximo al 4,5% y un índice de confianza del 95%.
(SDP Noticias, 13 de abril de 2009)
lunes, 13 de abril de 2009
Disminuye confianza de los mexicanos en el Ejército: Encuesta
Denuncian que ejército tiene cuarto de torturas en Ciudad Juárez
Por Redacción SDPnoticias.com/SDP
13 de Abril, 2009 - 10:45 — Ciudad Juárez, Chihuahua
Denuncian al ejército por de "levantar" y torturar a dos jóvenes; uno murió
El ejército mexicano tiene un cuarto de torturas en Ciudad Juárez, denunció Sergio Fernández, jóven que fue "levantado" presuntamente por elementos del ejército mexicano junto con su amigo Javier Eduardo Rosales, de 21 años, quien murió luego de que los militares lo torturaran por dos días seguidos.
El ejército mexicano tiene un cuarto de torturas en Ciudad Juárez, denunció Sergio Fernández, jóven que fue "levantado" presuntamente por elementos del ejército mexicano junto con su amigo Javier Eduardo Rosales, de 21 años, quien murió luego de que los militares lo torturaran por dos días seguidos.
De acuerdo con información publicada el 11 de abril en El Diario de Ciudad Juárez, familiares de las víctimas dieron a conocer que elementos del ejército mexicano de la unidad 2321370, "levantaron" a los dos jóvenes el pasado martes 7 de abril sin motivo alguno.
La mañana del jueves 9, Sergio Fernández regresó a su casa severamente golpeado y denunció que habían sido llevados por el ejército a una casa en donde fueron torturados para forzarlos a revelar donde se vendía droga en la colonia en donde vivían.
De acuerdo con el testimonio de Sergio Fernández, a su amigo, Javer Rosales, lo torturaron aún más simplemente por tener un tatuaje. Debido a este tatuaje, los militares lo acusaron de ser miembro de la banda "los aztecas".
Sin embargo, los dós jóvenes no eran los únicos que estaban siendo golpeados por el ejército. Sergio Fernández denunció que en la habitación en donde estaban siendo torturados había más gente siendo torturada.
Luego de dos día de turtura, el ejército llevó a los dos muchachos a un cerro, en donde los apedrearon para que corrieran entre cactus y espinas propias del terreno desértico. Puesto que el trayecto de regreso fue corto, revela El Diario, el cuarto de torturas pudo haber estado en una guarnición militar.
Debido a la golpiza que sufrió, Javer Rosales no aguantó el camino a pie de regreso a su casa y falleció. De acuerdo con los peritos de las autoridades estatales, el jóven presentaba "escoriaciones en pómulo izquierdo, la mejilla derecha y la nariz como huellas externas de violencia. Además, heridas por fricción en abdomen de lado derecho y ambos pies."
De acuerdo con las familias de las víctimas, cuando se presentaron ante la Subprocuraduría de Justicia y ante la PGR, se les negó auxiliarlos. Les dijeron que como se trataba de una denuncia contra militares tenían que ir a un módulo de quejas del cual los familiares no supieron donde se encontraba.
De acuerdo con El Diario, ninguna de las dos instancias judiciales explicaron por qué no atendieron la queja de los familiares de las víctimas.
Poco después el ejército mexicano emitió un comunicado en el que negó que hubiera participado en los actos denunciados, pero los testimonios denuncian lo contrario.
(SDP Noticias, 13 abril de 2009)
domingo, 12 de abril de 2009
Han muerto 610 niños en las guerras por la droga: Sedena
-Desde 2006 al menos 3 mil 700 menores quedaron huérfanos
-De ese total, 427 perecieron tras ser reclutados como sicarios
De diciembre de 2006 a marzo de 2009, en la guerra entre cárteles y en las batallas entre sicarios y fuerzas del Estado, existen otros saldos: 610 niños han muerto y al menos 3 mil 700 quedaron en la orfandad, revelan informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a los cuales La Jornada tuvo acceso.
De los 610 menores fallecidos, 110 cayeron víctimas del fuego cruzado durante enfrentamientos entre bandas rivales o sicarios y fuerzas del Estado; 73 fueron ejecutados en el momento en que integrantes del crimen organizado asesinaban a sus familiares; otros 427 que habían sido reclutados como sicarios han muerto en enfrentamientos entre grupos rivales, y los restos de 120 de éstos últimos, fueron enviados a la fosa común porque nadie los reclamó.
Los informes castrenses, elaborados a partir "de los reportes que envían a esta dependencia las procuradurías estatales", refieren que en lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón han muerto 610 menores, cuyas edades van desde los dos meses hasta los 16 años.
Estos son algunos ejemplos: en abril de 2007, en un rancho ganadero del municipio de Frontera Comalapa, en los límites con Guatemala, miembros de bandas dedicadas al tráfico de indocumentados, drogas y armas, asesinaron a cinco personas; dos de ellas eran menores de edad: Jesús Iván Vázquez Vega, de 17 años, y Fabiola Cárdenas Jacob, de 14.
La madrugada del 4 de mayo de 2007, durante un tiroteo en la colonia Florida, municipio de Ecatepec, estado de México, murieron los menores Fernando Cruz Ayala y Cristina Mendoza Rodríguez. Presentaban cuatro y 10 heridas de bala, respectivamente.
Un año después, en un paraje de Playas de Rosarito, Baja California, fueron localizados los cuerpos de cinco menores de edad asesinados con armas de fuego y con huellas de tortura. Las víctimas –entre ellas una joven de 17 años–, estaban apiladas en una calle del poblado Cuero de Venados, en las inmediaciones del rancho Casián, a medio kilómetro del bulevar 2000, vialidad que une a Tijuana con Playas de Rosarito.
El 14 de julio de 2008, en Sinaloa, 12 personas fueron ejecutadas, tres de ellas eran menores de edad. Los crímenes se cometieron en la esquina del bulevar Rosales y Enrique Bunant, atrás de un centro comercial. En el sitio se encontraron más de 300 casquillos de fusiles AR-15 y AK-47. Las víctimas fueron identificadas como Melina Judith Angulo Ruiz, de 12 años; Jesús Antonio Sabredica Salazar, de 17, y José Leonardo Castañeda Parra, de 17.
Ese mismo mes y año, en Jalisco, seis integrantes de una familia –tres menores de edad– fueron ejecutados con el tiro de gracia en una casa en Ciudad Guzmán, cabecera municipal de Zapotlán El Grande. Las víctimas infantiles fueron identificadas como Roberto Bernardino Campos, de 15; Magali Bautista Campos, de ocho, y Mayra Bautista Campos, de siete.
En agosto del año pasado, en la comunidad de Creel, Chihuahua, grupos de sicarios ejecutaron a 13 personas, incluyendo a un niño de cuatro años de edad y otro de meses.
El 3 de enero de este año, en Tijuana, Baja California, un menor de 14 años, identificado como Alejandro Joel Arámbula Flores, y cuatro hombres fueron ejecutados y sus cuerpos abandonados en un coche.
Según los reportes en estos estados murieron 183 menores: Chihuahua, 43; Baja California, 26; Zacatecas, 23; Tabasco, 11; Tamaulipas, nueve; Michoacán, 17; Guerrero, 19; Sinaloa, 15; Durango, siete, y Nuevo León, 13.
Los huérfanos
Los reportes castrenses señalan que durante la administración de Felipe Calderón, al menos se han contabilizado 3 mil 700 menores en la orfandad a causa de la ejecución de sus padres.
Los informes indican: “estos 3 mil 700 menores de edad han quedado marcados sicológicamente al haber observado uno de los hechos mas traumáticos de su vida, y a ello hay que agregar que han tenido que sobrellevar otro problema mayor: vivir con desconocidos o familiares para no ir a una casa hogar.
“En este contexto, las ejecuciones están provocando que los niños se vuelvan víctimas y después en victimarios por el odio con el que están creciendo”.
Los sicarios
Las estadísticas gubernamentales señalan que del total de delitos cometidos a escala nacional, 9.23 por ciento son perpetrados por menores de 12 a 15 años.
En ese contexto, el gobierno federal tiene documentado que han muerto por disputas entre cárteles rivales 427 menores de edad que actuaban como sicarios y que 30 por ciento de los cadáveres fueron enviados a la fosa común.
Según los reportes consultados, los niños fueron contratados por sumas que oscilan entre los 5 y 10 mil pesos mensuales al inicio, y “en su mayoría fueron cooptados después de haber sido liberados de los consejos tutelares mediante el pago de fianzas.
“Los cárteles también están reclutando a niños en situación de calle o en colonias donde la población enfrenta situaciones de pobreza extrema.
“En muchos de los casos, el primer paso para cooptarlos es brindarles protección jurídica, alimentaria, de vestimenta y de vivienda. Luego, son entrenados en el manejo de armas.
“Los niños sicarios son utilizados por el crimen organizado como avanzada en acciones armadas en contra de miembros de otros grupos, y como espías de las bandas rivales.
“A esos menores se les vuelve adictos, si no lo eran antes. Se ha detectado que en primera instancia son bautizados con mariguana, después ellos escogen la droga que consumirán, siempre y cuando sus ingresos se los permitan.
"Además, quienes logran ascender en la estructura criminal tienen mayores ingresos, hay registro del pago de cientos de dólares por alguna acción especial".
En mayo de 2007, efectivos del Ejército detuvieron a seis adultos y a cuatro mujeres menores de edad en el municipio de Carácuaro, Michoacán, luego de que fue emboscada una partida del 12 Batallón de Infantería, con saldo de cinco muertos y tres heridos.
Las 10 personas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Morelia. Se les inició la averiguación previa AP/PGR/-MICH/M-II/283/2007, por la comisión de delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En octubre de 2008, en Caborca, Sonora, los menores Claudio y Eduardo fueron detenidos por la policía estatal investigadora, en el ejido Morelos; el reporte oficial mencionó que portaban armas de fuego, chalecos antibalas y cientos de cartuchos útiles.
En febrero de este año en Tultitlán, estado de México, agentes federales detuvieron a 10 sicarios del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, dos de ellos eran menores de edad; la encomienda era eliminar a miembros La Familia, que opera en esa zona.
(La Jornada, 12 de abril de 2009)
martes, 7 de abril de 2009
Asume militar mando de Seguridad Pública en Piedras Negras
Piedras Negras, Coah. 7 Abr (Notimex).- Un militar retirado, con trayectoria en el Estado Mayor Presidencial, asumió hoy la Dirección General de la Policía y Tránsito de Piedras Negras, como parte de la estrategia para reforzar la prevención y combate a la delincuencia.
El coronel Arturo Navarro López fue avalado por decisión de la mayoría de miembros del cabildo local, en medio del rechazo de representantes del PRD, quienes cuestionaron el currículum del nuevo funcionario, que apenas hace tres días llegó a esta ciudad.
Al rendir protesta de su nuevo cargo, el militar aseguró que viene a tomar las medidas que sean necesarias para que haya una verdadera seguridad pública, y adelantó que habrá una depuración de los elementos que no reúnan el perfil para desempeñar su puesto.
"Es un compromiso que tengo con la gente que ha confiado en mí, por lo que a lo único a lo que vengo es a trabajar y a tomar las medidas que sean necesarias para continuar con la seguridad de los ciudadanos", aseveró.
Mencionó que la depuración es con el fin de evitar todo tipo de involucramiento con la delincuencia, por lo que habrá mano dura contra todo elemento que no acate la orden o que se les sorprenda en actos ilícitos.
"Analizaré a la gente con la que cuento, y serán ellos mismos los que tomen la decisión de renunciar si no reúnen el perfil y no se adaptan a la forma y disciplina de trabajar, por lo que no se tolerarán actos de corrupción de ningún elemento", apuntó.
El arribo del militar como director de Seguridad Pública en Piedras Negras es el cuarto que se registra en las últimas semanas en municipios de Coahuila, después de Saltillo, Ramos Arizpe y Monclova.
(SDP Noticias, 7 de abril de 2009)
lunes, 6 de abril de 2009
Designan a militar como director de Policía Municipal en Ramos Arizpe
06 de Abril, 2009 - 16:57 —
Saltillo, 6 Abr (Notimex).- El alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre Gutiérrez, presentó hoy a Manuel Jesús Cicero Salazar, como nuevo director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quien remplazó a Homero Durán Flores.
El presidente municipal expuso que para esa decisión, el municipio estuvo en pláticas directas con el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, a través del secretario de Gobierno, Armando Luna Canales.
"Con este esfuerzo entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el estado, el que va a ganar sobre todo es el municipio de Ramos Arizpe", dijo.
Resaltó que desde que el 2006, cuando arrancó su administración municipal, sólo se ha registrado un asesinato en el ejido "El Perillal", donde un adulto fue victimado con una arma de fuego, de manera accidental.
Destacó que ante estas cifras, Ramos Arizpe es considerado uno de los municipios con menor índice de violencia, por lo que esperan seguir manteniendo este récord.
Por su parte, Cicero Salazar expresó que sus raíces son militares y ahora que estará a cargo de la Dirección de la Policía Preventiva pondrá todo su esfuerzo para que siga la tranquilidad, así como el respeto a las garantías individuales.
(SDP Noticias, 6 de abril de 2009)
domingo, 5 de abril de 2009
La guerra de Calderón
Jorge Moch
tumbaburros@yahoo.com
La guerra de Calderón
El poder intoxica. La toxina del poder engendra abusos. El abuso tiende en este país a pintarse de institucionalidad. La institucionalización del abuso se llama impunidad, y a su vez casi siempre aspira a la perpetuidad. Así reposan felices demasiados trapos sucios de esta moderna República, desde históricas masacres hasta asesinatos selectivamente desestabilizadores, pasando por escandalosos fraudes electorales y de variopintas, irresueltas tesituras. Por eso somos el país de la mordida.
Felipe Calderón, de quien sigue siendo imposible certificar a cabalidad que sea el legítimo presidente de México, resultó un tipo, vaya, belicoso. Nadie lo hubiera pensado mirando su breve historial público. Como titular de energía, lo mismo que como burócrata de altos vuelos en Banobras fue una eminencia gris. Anodino. Lo mismo cuando fue presidente de an . Pero ya insaculado tal que presidente, o debo decir impuesto “haiga sido como haiga sido” según un dicho suyo, resultó así, belicoso, bravucón. Amigo en demasía de los uniformes y las jerarquías castrenses: un hombre pequeño que, de pronto presidente de un país, se exhibe militarista irredento. En la realidad cruda, fuera de su propia visión en el espejo; en el espejo de los elogios, de los lamesuelas, de la cohorte de merolicos perversos y cortesanos zalameros de que se hace rodear, no alcanza a ver lo que realmente es: un hombrecillo inseguro de poder mantener el equilibrio sobre la silla presidencial que no le pertenece. Por eso, quizá, esa necesidad ridícula de militarizar su imagen y, como alguna vez vimos, hasta la de su progenie. Pero qué hombre pequeño, oiga usted, no se crece cuando se le recita al oído que él, él, él es nada menos que el comandante supremo de las fuerzas armadas, aunque nunca en su vida haya sido entrenado para combate, o padecido el infierno de un enfrentamiento armado, o estudiado estrategia militar, o tácticas de contrainteligencia o, en fin, aprendido a desarmar y ensamblar una pistola. Quizá, pues, Calderón lo que acusa es una irreprensible necesidad de respeto, de legitimidad, y por eso la milicia hasta en el pozole.
Desde el principio de su mandato hasta esta primera mitad del sexenio, Calderón se ha hecho ver rodeado de galones y charreteras. La guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado ha sido, al margen de una pésima manera de hacer valer la ley, una bien montada campaña de propaganda. En la televisión, su principal aliado propagandístico, Felipe Calderón ha logrado aglutinar sólo adulación. La crítica a su fallida estrategia de choque es una lamentable ausencia en el discurso de noticieros y analistas. Ya desde su incipiente campaña por la presidencia, Calderón y sus alecuijes demostraron la beligerancia por venir en contra de cualquier periodista crítico inserto en canales de alta penetración como radio y televisión. Hoy el combate velado al periodismo crítico de los yerros gubernamentales se traduce en el apuntalamiento de una censura igualmente nebulosa: se nos pide a los periodistas, principalmente a aquellos ligados a los medios electrónicos, que solamente enfaticemos los presuntos logros de la guerra al crimen, pero sin mencionar rincones oscuros. Poco o nada la televisión menciona, por ejemplo, que la tal guerra al narco ha causado más muertos en estos dos años y fracción que todos los casos de muerte por adicción y/o asuntos relacionados directamente con el consumo de drogas per cápita en Estados Unidos, el más grande consumidor del planeta, y eso combinando, además, todas las drogas que entran a ese país por otras vías alternas a la frontera con México.
¿Dónde nace esa obcecación por poner al ejército a hacer labor de policía, situar cada vez más soldados en las calles gobernadas por civiles, exponer a las fuerzas armadas a los mismos mecanismos prevaricadores que infectaron de corrupción a las policías de todos los niveles?, ¿por qué ese empeño enfermizo en convencernos de lo que es in extremis indefendible?
Parece que Felipe Calderón, como su nefasto antecesor, habrá de terminar llevando a los medios una guerra que, al final, parecería estar luchando simplemente contra sí mismo. Y mientras tanto, igual que con su nefasto antecesor, la realidad de las calles, la de día a día de pobreza y carencias y falta de oportunidades para millones de mexicanos, seguirá caminando su propia senda, disociada de la versión oficial, paralela de modo que nunca pueda verificar su cruce con la otra, la virtual, la risueña mentira de la televisión.
(La Jornada Semanal, 5 de abril de 2009)
viernes, 3 de abril de 2009
Ciudadanos denuncian abusos del Ejército en Chihuahua
Miembros de organizaciones no gubernamentales y estudiantes revelaron que, supuestamente, militares revisan en partes íntimas am ujeres con el pretexto de que podrían esconder drogas
Luis Carlos Cano/corresponsal
El Universal
Ciudad Juárez, Chih. Viernes 03 de abril de 2009
17:26 Miembros de organizaciones no gubernamentales y estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) denunciaron que la noche del jueves elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional entraron al campus universitario donde se encuentran el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) y el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA).
Por otro lado, activistas sociales de todo el estado de Chihuahua formaron el llamado Observatorio Ciudadano para vigilar el Operativo Conjunto Chihuahua y Juárez, a la vez que denunciaron que se están dando agresiones contra las mujeres por parte de soldados y PFP, ya que revisan a las señoras que van por sus hijos a las escuelas, les tocan pechos y otras partes íntimas con el pretexto de que esconden droga.
Esto fue corroborado por Gustavo de la Rosa Hickerson , Primer Visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien dio a conocer que fue testigo directo de un caso de este tipo y que los soldados le dijeron que esa era la orden que tenían.
Cipriano Jurado, activista de los Derechos Humanos dijo que testigos y estudiantes vieron al personal del Ejército dar dos vueltas por el campus cerca de la macro aula II del IADA, sitio donde el jueves en la mañana se llevo a cabo el Foro, Militarización: ¿política de seguridad o de miedo?
"Esto se trata de una flagrante violación a la autonomía universitaria, ya que el ejército se encuentra en nuestra ciudad de manera ilegal y su actuación en la supuesta guerra contra el crimen, no ha sido clara y mucho menos provechosa, además de verse implicado en múltiples secuestros y casos de tortura, según reportes de la CEDH".
Pidieron al rector de la UACJ, Jorge Quintana Silveyra pronunciarse enérgicamente en contra de este atropello que tiene claras intenciones de amedrentar a la población universitaria para que se imponga el miedo y se terminé avalando el estado de excepción que ya padecemos. Así mismo toda la comunidad universitaria debe rechazar estas acciones del ejército y sumarse a la campaña de desmilitarización del estado.
Por otro lado, en conferencia de prensa el diputado local Víctor Quintana Silveyra; el visitador para Proyectos Especiales y Atención a Víctimas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Gustavo de la Rosa Hickerson y el ex diputado Jaime García Chávez, entre otros, dieron a conocer que por la alta incidencia de casos de violación a derechos humanos de los ciudadanos por parte de elementos federales y del Ejército que participan en el Operativo Conjunto Chihuahua, crearon el Observatorio Ciudadano para dar seguimiento a todo lo que tenga que ver con las acciones policiales extraordinarias que se llevan a cabo en el estado.
Exigen que "las autoridades establezcan una hoja de ruta que registre plazos y formas para que el Ejército regrese a sus cuarteles en el plazo de seis meses que dio el comandante de la Quinta Zona Militar en el estado de Chihuahua, Felipe de Jesús Espitia, una vez que se cumplan los objetivos planteados con la presencia militar y de las fuerzas federales encaminadas a combatir la violencia atípica, plazo que vence el próximo 31 de agosto".
Por su parte, la activista Patricia Mendoza, denunció que se ha venido dando la tendencia en los retenes militares y policíacos de someter a madres de familia elegidas supuestamente al azar, a revisiones físicas que incluyen tocamientos en sus zonas íntimas, a la vista de todos en plena vía pública, lo cual constituye una violación a sus derechos humanos.
Esto se da bajo el argumento de que se ha sorprendido a mujeres portando droga en el busto y la entrepierna, situación que ha derivado en la presentación de 35 quejas formales, por lo cual pidió que se denuncien este tipo de situaciones a fin de poner freno a esta práctica.
Una de las escuelas donde han realizado este tipo de operativos a la salida de alumnos es la Primaria José Torres Bodet, en la colonia Pradera Dorada, entre otras.
El visitador de la CEDH, Gustavo de la Rosa Hickerson dio a conocer que el pasado 19 de marzo levantó un acta circunstanciada a las 12:15 horas del día, haciendo constar que mientras transitaba por la Ave.
Gómez Morín vio un retén policiaco y se dio cuenta que una persona con uniforme azul y chaleco amarillo tiene detenida a una mujer joven, delgada, unos 30 años y 1.70 de estatura la cual tiene las manos pegadas al techo de su vehículo y la persona de uniforme la está revisando corporalmente tocándole el busto, las caderas, las piernas hasta los tobillos y después al no encontrar ningún elemento delictivo en ella, le permiten retirarse.
Agrega que la mujer que había sido revisada se retira conduciendo su camioneta marca Honda de modelo aproximado 2004-2005 que es un vehiculo evidentemente familiar, la mujer va llorando y cuando le pido que se detenga me contesta negativamente con la cabeza.
En ese momento se acerca un vehículo azul marca Toyota de modelo aproximado1995 conducido por una mujer de 35 años de edad de aproximadamente 1.60 de estatura la cual es bajada de la unidad y nuevamente la agente comisionada vuelve a revisarla corporalmente poniendo especial atención en el busto de la mujer revisada.
"Vuelvo a protestar por el proceder de la Agente ante el Comandante quien dice llamarse José Castillo, insistiendo yo en que solo pueden revisar corporalmente a aquella mujer que previamente hayan detenido en flagrancia y contestándome que ellos tienen instrucciones de revisarlas para buscar que no traigan armas o droga en su cuerpo aunque no se tenga ninguna evidencia previa y que la agente pone especial atención en el busto por que las mujeres ponen la droga en el brasier, en las pantaletas e incluso en la vagina".
cgb
(El Universal, 3 de abril de 2009)
jueves, 2 de abril de 2009
Soldados criminales… e impunes
Ricardo Rocha
Detrás de la Noticia
02 de abril de 2009
“A mí me violaron los militares, luego me mataron a mi hermano y a mi esposo lo amenazaron de muerte. Vivo con miedo por mis hijos y por mí. No se qué más quiere el gobierno; nosotros lo único que hemos pedido es justicia”, dice Inés Fernández, que ha vivido un vía crucis desde que fue violada por los soldados en su casa de Ayutla de los Libres, Guerrero.
No muy lejos, Valentina Rosendo, muchacha bonita y recién casada, lavaba ropa en el arroyo cuando se le aparecieron 8 soldados preguntándole dónde andaban los encapuchados, a lo que Valentina contestó que no sabía. Luego de que si era de Barranca Bejuco y ella que no, que de Caxitepec. Así que pa’ pronto le metieron un culatazo que la dobló sobre las piedras. Allí a ras del agua le arrancaron la falda. Uno de ellos le abrió las piernas, se bajó el pantalón y la violó por unos 10 minutos; luego vino otro con lo mismo y los otros 6 nomás viendo. De aquello le quedó el virus del papiloma humano y el riesgo de la muerte, además de la humillación que no se olvida.
Los casos de Inés y Valentina están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí ni quién oiga sus demandas. Pero todavía peor: como han luchado por que se haga justicia, se han desatado las amenazas y los hostigamientos.
Tan sólo en 2008, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió mil 230 quejas contra el Ejército. En ese mismo año 381 averiguaciones previas de delitos cometidos por militares contra civiles fueron turnadas a la Procuraduría General de Justicia Militar. Que sólo aceptó iniciar 110 procesos. De los cuales únicamente 11 —menos de 10%— derivaron en consignaciones.
Por su parte, diversas organizaciones civiles han documentado plenamente 120 casos durante el actual gobierno. Se incluyen 17 asesinatos, decenas de violaciones, allanamientos y torturas. Uno de estos casos puede ser histórico porque ya fue atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y se refiere a los hechos de Santiago de los Caballeros, en Sinaloa, donde cuatro civiles fueron muertos por soldados. Aquí lo que la Corte ha de definir es si la actual extensión del fuero de guerra es compatible con nuestra Constitución y con los tratados internacionales que el gobierno mexicano ha firmado y ratificado. En pocas palabras, si es justo que en este país los militares que cometen delitos contra civiles sean juzgados por ellos mismos. Porque lo que ha ocurrido hasta ahora es que hay un permanente patrón de absoluta impunidad cuando las violaciones a derechos humanos de civiles son investigadas por las propias instituciones castrenses.
No se trata de abolir este fuero, sino de que se aplique para los asuntos internos del Ejército y no en agravio de civiles. Por cierto, no hay lucha antinarco alguna que justifique esta intolerable cadena de abusos de parte de un Ejército que sólo se desprestigia con la impunidad y cuyo comandante supremo es el propio Presidente.
P.D. Para mi nuevo y formidable amigo Eduardo Galeano, con mi admiración devota de siempre.
(El Universal, 2 de abril de 2009)
