Calderón busca, vía militarización, un liderazgo que no ganó en las urnas: expertos

Cuestionan el papel preponderante de las fuerzas armadas en el combate al narco

JESUS ARANDA

La militarización de la lucha contra el narcotráfico responde a la política diseñada por el presidente Felipe Calderón con la cual pretende asumir un liderazgo que no obtuvo en las urnas, apoyado, fundamentalmente, por las fuerzas armadas.

Coincidieron en lo anterior la investigadora Laura Carlsen, del Centro de Política Internacional con sede en Washington; el embajador Víctor Flores Olea y el catedrático John Saxe Fernández, al participar en el panel organizado por Casa Lamm y La Jornada sobre el tema Guerra contra el narco o militarización de México.

Carlsen agregó que el plan México, con el que se pretende combatir el crimen organizado, resulta ser una copia del fallido plan Colombia, el cual ha tenido como consecuencia la pérdida de soberanía y la criminalización de la oposición y de los luchadores sociales.

Añadió que llama la atención la política asumida por el presidente Felipe Calderón en contra del narcotráfico, al calificar a éste del enemigo principal que tiene el país y un peligro para la soberanía nacional.

Lo mismo hizo en su momento el presidente de Estados Unidos Richard Nixon, quien llegó al poder débil políticamente y con la necesidad de fortalecer su liderazgo, añadió.

En el caso de Calderón, añadió la especialista, éste se ha apoyado en las fuerzas armadas para combatir el tráfico ilegal de drogas y la creciente violencia que tiene lugar en el país, pero también lo ha hecho con el propósito de consolidar su Presidencia, a la que llegó debilitado por el controvertido proceso electoral pasado.

Carlsen agregó que con la integración de México al Acuerdo de Seguridad para América del Norte (ASPAN) el país ha asumido como suya la agenda de seguridad y en contra del terrorismo de Estados Unidos, lo cual va en detrimento de la soberanía nacional.

Además, añadió, se ha aceptado la tesis estadunidense de que las fuerzas armadas deben combatir al crimen organizado, lo cual tiene también un trasfondo estratégico que ya se ha aplicado en Colombia, en el sentido de que la militarización de la lucha contra el narcotráfico abre la puerta a la criminalización de los conflictos sociales y con ello a la represión de los opositores al gobierno en turno.

Por su parte, el embajador Víctor Flores Olea destacó la política de sumisión del gobierno mexicano hacia Estados Unidos y refirió que la militarización de la seguridad pública abre espacios para la represión y violación de los derechos humanos, como ha ocurrido últimamente en eventos en los que soldados se han visto involucrados en la muerte de civiles.

A su vez, el investigador de la UNAM John Saxe Fernández, quien no acudió por estar enfermo, señaló en su ponencia -que fue leída por el moderador Angel Guerra- que la sumisión del gobierno mexicano en materia de política exterior y seguridad hacia Estados Unidos se ha fortalecido en los años recientes con la creciente capacitación de militares mexicanos en el vecino país y la adquisición de armamento, la cual se ha multiplicado a partir del gobierno de Miguel de la Madrid.

(La Jornada, 27 de junio de 2007)

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Felipe Calderón: respuestas sin pregunta

Alejandro Nadal

Si el ejército es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Quizás a Felipe Calderón ya hasta se le olvidó. Acaso se le ocurrió durante la campaña, cuando las encuestas baratas y mal diseñadas le revelaron que "la gente" pedía orden y mano firme. Es posible que esta idea se le haya reforzado en la crisis poselectoral, cuando sintió que "su gente" ya estaba harta de tanta protesta y caos.

Pero ¿cuál es el estado de cosas que el ejército debe proteger y mantener? Vamos a ver. Hoy existe un consenso entre los economistas de todas las filiaciones: la economía mexicana permanece en un letargo peligroso. De ahí se desprenden todo tipo de problemas, desde la desigualdad, hasta la migración y el deterioro ambiental. ¿Podría estar ahí la guerra que el ejército estaría llamado a ganar? Claro que no. El estancamiento económico depende del dogma según el cual en la globalización neoliberal no hay espacio para una política económica para el desarrollo. Así de sencillo. Por eso no hay política para el campo ni para la industria. Por eso se piensa que tampoco es posible una política macroeconómica contra-cíclica para fomentar la actividad económica en épocas de recesión o crisis.

Esa visión dogmática se encuentra ahora plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Si ese documento de tanta pobreza conceptual contiene el plan de trabajo de la gestión de Felipe Calderón, estamos en aprietos.

Para muestra basta un botón. El primer eje rector del PND es el estado de derecho y la seguridad, "para que las familias sientan que su patrimonio está seguro". Para eso, alguien de mirada estrecha podría pensar se puede utilizar al ejército. Pero, ¿proteger el patrimonio de quién? No es una pregunta trivial. Una idea de la concentración de riqueza está dada por la estructura de cuentas bancarias. En México, cerca de el 60 por ciento de las cuentas en bancos apenas tienen saldos inferiores a mil pesos y son responsables del 0.4 por ciento del valor de los depósitos bancarios. En el otro extremo, el 0.3 por ciento de las cuentas en bancos tiene saldo promedio de un millón de pesos y acapara el 68 por ciento de todos los depósitos.

El segundo eje rector del PND tiene que ver con el desempeño de la economía. La meta ahora para el crecimiento del PIB es de "5 por ciento al final del sexenio". ¡Qué bueno! Ya le bajamos dos puntos porcentuales a la fanfarronería foxista, aunque el promedio podría ser igual al del sexenio anterior. Lo interesante es que aun con una tasa de crecimiento de 5 por ciento se necesitarían 72 años para que el ingreso del 10 por ciento de la población más pobre en México pueda alcanzar el del 10 por ciento más rico.

Este es un país que le cerró la puerta en las narices a millones de jóvenes que no estudian y que tampoco tienen trabajo. El mensaje que se les dio es claro y terrible: a ver cómo le hacen, porque en este modelo económico no caben. Una bomba de tiempo. ¿Podría desactivarse con retenes del ejército?

El PND afirma que el aumento en la población en edad de trabajar (el llamado bono demográfico) es una gran oportunidad. Pero con las metas del Plan, ese bono sólo va a beneficiar a la economía de Estados Unidos. En efecto, la fuerza de trabajo en el vecino país ya no puede crecer sino a través de la migración. México "resuelve" su problema de empleo expulsando su fuerza de trabajo a Estados Unidos. Adiós al bono demográfico.

¿Será el ejército una respuesta al problema de las finanzas públicas averiadas por las cargas financieras de tanto gobierno incompetente y estúpidamente corrupto? ¿Al riesgo de colapso energético que irremediablemente sufrirá México si no resuelve su transición a una economía baja en carbono y en emisiones de gases invernadero? ¿Al deterioro ambiental que vive nuestro país en todas las regiones y en casi todos sus ecosistemas? No, ¿verdad? Ni siquiera se arreglarán problemas como el de las mafias de la tala clandestina que cobraron la vida de Aldo Zamora, otro joven campesino asesinado por defender el bosque.

Hoy los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están debatiendo si los retenes militares restringen el libre tránsito de los ciudadanos. Eso es como discutir si el león deshizo el prado antes de devorar al cordero. No se equivoquen, señores ministros de la SCJN, la Constitución es clara: "en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar". El ejército no tiene funciones de policía y no puede ser utilizado para aplicar la ley de armas de fuego o para combatir la delincuencia.

En la coyuntura actual, el ejército no es la respuesta para ninguno de los grandes problemas nacionales. Felipe Calderón debe entenderlo bien: no hay nada más peligroso que equivocarse de pregunta. Eso no lo cambian ni diez regimientos blindados.

(La Jornada, 20 de junio de 2007)

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Agudiza Calderón crisis en el ejército

Zósimo Camacho

Con la creación del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, Felipe Calderón busca rescatar al Ejército de la derrota en su “guerra” contra pistoleros de narcotraficantes. La violencia desatada –que arroja más de mil 500 muertos y ningún narcotraficante detenido en casi siete meses– es la coartada para involucrar de lleno a la milicia en el“restablecimiento del orden público”, lo que, a decir de especialistas, apunta más a los movimientos sociales que al crimen organizado.

Como no se hacía desde 1968, cuando al frente del Poder Ejecutivo se encontraba Gustavo Díaz Ordaz, el Ejército Mexicano vuelve a ser requerido para “restablecer el orden público”, según el decreto por el que se crea el “Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo pasado.

Desmoralizado, con bajos salarios aún después del publicitado aumento a la tropa, ante quejas de trato despótico por parte de los altos mandos y bajo acusaciones de violar derechos humanos, las fuerzas armadas entregan magros resultados en sus encuentros con gatilleros de narcotraficantes, organizaciones con elementos “más motivados” que los efectivos castrenses.

“La lucha es contra organizaciones que tienen la capacidad de operar en tierra, mar y aire. Incluso, han cooptado a muchos elementos del Ejército; han penetrado todo el aparato policiaco; poseen servicios de inteligencia, y tienen a su disposición recursos económicos ilimitados”, advierte el maestro en sociología y especialista en fuerzas armadas Guillermo Garduño.

Y es que, aunque el gobierno federal machaca que se libra una “guerra” entre el Estado mexicano y el narcotráfico, sólo el Ejército parece librar las batallas. A casi siete meses de la actual administración no se ha desmembrado una sola red financiera de ninguno de los cárteles que operan en territorio mexicano. Tampoco se han develado nexos entre delincuentes y autoridades políticas de los tres niveles de gobierno.

Por definición, al crimen organizado le son inherentes los nexos con el poder político, pero ni un sólo funcionario ha pisado la cárcel. Tampoco se han descubierto quiénes son los “delincuentes de cuello blanco” que lavan el dinero del narcotráfico y que, según estimaciones de Transparencia Internacional, en México superan anualmente los 30 mil millones de dólares. El tema ni siquiera está en la agenda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para colmo, no existen campañas que prevengan el consumo y tráfico de enervantes.

“Desde diciembre pasado, el Ejército ha estado actuando solo. No veo a ni una autoridad civil actuando. Jamás he visto, escuchado o tenido información de que las autoridades aduanales estén realizando acciones determinantes para impedir el trasiego de drogas y armas. Al Ejército se le ha dejado completamente solo y con las Fuerzas Armadas no se juega”, advierte Alfonso Suárez del Real, integrante de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados y legislador por el Partido de la Revolución Democrática.

En un escenario donde las policías federales y estatales han desaparecido casi completamente, sólo el Ejército mantiene una lucha desigual en las calles y carreteras que, a decir de especialistas, está perdida, pues no se están “tocando” las estructuras político-financieras del narcotráfico.

“Sólo si se logra golpear a las finanzas del crimen organizado tendremos una reducción significativa del narcotráfico”, considera Guillermo Garduño.

La creación del Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea vendría a dar legalidad a las actividades de las fuerzas armadas en las entidades federativas, pero también buscaría retirar al grueso de la tropa del combate al narcotráfico.

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Jorge Justiniano González Betancourt, rechaza que exista ilegalidad en la conformación del cuerpo especial, que tendrá entre sus objetivos garantizar la seguridad pública.

El general en retiro y diputado por el Partido Acción Nacional dice que “todo es absolutamente legal, pues los cuerpos especiales están previstos en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea. Estamos enfrentando momentos que son de contingencia extraordinaria y por eso se ha destinado un cuerpo al combate al narcotráfico. Más que nada, coadyuvará con las autoridades civiles y, como todo cuerpo especial, recibirá adiestramiento y capacitación especiales”.

El legislador agrega que las fuerzas armadas no necesitarán una partida presupuestal extraordinaria para el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.

Guillermo Garduño considera que la creación del nuevo grupo de elite “es incuestionablemente una buena intención; pero no tenemos garantía de que el Ejército acabará con el problema. Las certezas no existen y menos en esta época”.

Según Garduño, con el Cuerpo Especial, Calderón busca “ajustar el tipo de fuerza del Estado a la que va a ser combatida, pues no se trata sólo de ‘echarle el Ejército’ al narco, algo que fracasaría al intentar enfrentar una fuerza convencional con otras no convencionales”.

Sin embargo, para el antropólogo social y especialista en Seguridad Nacional Gilberto López y Rivas, la decisión de Felipe Calderón de crear un nuevo grupo especial “se da ante el fracaso del Ejército en los operativos antinarco, pues ya van muchos muertos y no se detiene el tráfico de drogas. Al contrario, los narcotraficantes hasta provocan a los militares dejando cabezas humanas cerca de los cuarteles”.

Quien fuera agente del servicio secreto de la Unión Soviética agrega que el nuevo cuerpo especial no detendrá el descrédito y la derrota del Ejército Mexicano. Para el analista, el culpable sería el presidente Felipe Calderón, pues “en aras de obtener la legitimidad que no obtuvo en las urnas” expuso irresponsablemente a las fuerzas armadas al desprestigio.

“La conformación de este cuerpo especializado va en contra de todo lo que hemos venido diciendo la mayoría de quienes nos dedicamos a hacer análisis políticos. Hemos dicho que se tiene que sacar al Ejército del combate al tráfico de drogas. Y así digan que van a usar a un cuerpo de elite o a tropa regular, finalmente es el Ejército, el cual no está preparado para las actividades que le han encomendado.”

A este respecto, el maestro en Sociología y especialista en Seguridad Nacional, José Luis Piñeyro, señala que en el decreto constitutivo del Cuerpo Especial “se está mezclando la gimnasia con la magnesia, porque se habla de combatir el crimen organizado, pero también situaciones de perturbación del orden público”.

La represión que viene

Y es que el nuevo cuerpo de elite –el cual terminará su integración el 10 de agosto y se espera que cuente con hasta 30 mil elementos– podrá intervenir no sólo en actividades contra la delincuencia organizada, sino en la ambigüedad de las “tareas de restauración del orden y seguridad pública […] o en contra de actos que atenten contra la seguridad de la nación”, según el artículo 2 del decreto.

Además, de acuerdo con el artículo 5, este cuerpo castrense “recibirá adiestramiento y capacitación especializada en el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública, cuya finalidad será el reestablecimiento del orden público y el Estado de Derecho”.

“Esto es algo que preocupa, porque se suma a las modificaciones realizadas al Código Penal, en donde ahora, con cierta laxitud, se puede calificar de terroristas a líderes sociales o al conjunto del movimiento social”, considera José Luis Piñeyro.

Luego de haber asumido el Poder Ejecutivo bajo acusaciones de fraude electoral y epítetos de “espurio”, el gobierno de Felipe Calderón parecería estar preparándose a una serie de protestas y movimientos sociales que aparecerían en 2010.

La reforma al artículo 139 del Código Penal Federal –consumada el 26 de abril pasado y en la que se criminaliza la protesta social– y la firma de un convenio con Estados Unidos para espiar conversaciones telefónicas y por internet –dado a conocer por el diario estadunidense Los Ángeles Times– sugieren que el calderonismo toma provisiones para una eventual cadena de protestas que organizaciones como La Otra Campaña, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el Frente Amplio de Izquierda estarían preparando.

“Por lo que se ve, se pretende que el cuerpo especial de las fuerzas armadas no sólo combatan al crimen organizado, sino que realicen actividades contraguerrilleras y, peligrosamente, se puedan usar contra movimientos sociales. Hay un riesgo de que se busque perseguir la oposición política”, advierte José Luis Piñeyro.

Sin embargo, al Ejército le ha resultado desastroso salir a las calles a “restaurar el orden público”. Tuvieron que pasar décadas para que la sociedad le retribuyera parte de la confianza perdida luego de la “masacre” del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

Garduño señala que las “fuerzas morales” son “un factor esencial” en cualquier Ejército.

“Las policías federales y estatales perdieron desde hace tiempo esa característica y por ello ya no pueden ganarle la batalla al narcotráfico. El Ejército representa tradición y respeto; pero si pierde esto, que es su fuerza moral, estará perdido. El riesgo que corre el país es que finalmente el Ejército pierda la batalla y, entonces sí, esto se va a volver inenarrable.”

Ahora, Calderón vuelve a encomendarle a las fuerzas armadas el restablecimiento del orden público, cuando no son capaces siquiera de retener a su tropa. Los jóvenes militares no encuentran motivos para seguir en el Ejército y lo abandonan sin miramientos. De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, existen alrededor de 150 mil desertores del Ejército. En contraparte, actualmente sólo hay 130 mil efectivos. Y los propios mandos ya se muestran incómodos ante una lucha que no les corresponde y que, al parecer, están librando solos.

“En el Ejército ya empiezan a asomar inconformidades. Ellos no son felices cuando los ponen de policías. Tanto su formación como sus misiones fundamentales están orientadas a la defensa de la integridad territorial y política”, considera José Luis Piñeyro.

“La tropa sigue teniendo una escasa remuneración, también padece sobrecargas de trabajo y abusos por parte de sus superiores. Todo eso lleva a muchos a desertar. Ya tenemos una cantidad impresionante de gente que ha salido y que forma un ejército paralelo aún y cuando no esté unificado”, concluye Guillermo Garduño.

(Contralínea, 2a quincena de junio de 2007)

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La guerra sucia, contra las mujeres

Rosalva Aída Hernández Castillo

Los primeros meses de gobierno de Felipe Calderón se caracterizan por la militarización de las principales regiones indígenas del país y la continuidad de una política de penalización de los movimientos sociales que, en nombre de la "paz social", pretende justificar la violencia de Estado y la represión. La modificación al Código Penal Federal, aprobada el 26 de abril del 2007, para "castigar el terrorismo" y fijar penas más severas para quienes amenacen la tranquilidad de la población "por cualquier medio violento", es denunciada como una estrategia más para criminalizar a los movimientos sociales.

El llamado "multiculturalismo neoliberal" que caracterizó el gobierno de Vicente Fox --mediante la apropiación y trivializació n de las demandas de los pueblos indígenas-- es sustituido ahora por un neo-conservadurismo que trata como delincuentes a los indígenas organizados y sustituye la retórica en torno al reconocimiento cultural, por un discurso desarrollista contra la pobreza. (El Estado y los indígenas en tiempos del pan. Neoindigenismo, legalidad e Identidad, Rosalva Aída Hernández, Sarela Paz y Teresa Sierra, coordinadoras, ciesas-Porrúa, México 2005.)

En este nuevo contexto, las mujeres indígenas sufren de manera específica las consecuencias de la militarizació n del país, al crearse un clima de inseguridad e intimidación, sobre todo en las regiones donde existen antecedentes de organización indígena y campesina. La denuncia de la violación de una anciana nahua de 73 años, Ernestina Ascención Rosario, por parte de cuatro efectivos del Ejército en la Sierra de Zongolica en Veracruz, el pasado 25 de febrero, pone en evidencia el rechazo de la población indígena ante la presencia del ejército en sus comunidades. El debate nacional que este incidente provocó ha convertido al cuerpo de Ernestina en una arena de pugnas políticas entre el gobierno federal, estatal y municipal, donde la justicia parecería ser la última prioridad de funcionarios y gobernantes.

Este caso no es algo aislado. Según informes de Amnistía Internacional, desde 1994 a la fecha se han documentado 60 agresiones sexuales contra mujeres indígenas y campesinas por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas, sobre todo en Guerrero, Chiapas y Oaxaca (estados donde hay una gran efervescencia organizativa) .

Lo paradigmático del caso es que, una vez más, pone en evidencia el racismo y el sexismo de los grupos de poder y la red de complicidades que posibilita y perpetúa la impunidad en México. Pese a que Ernestina Ascención denunció a sus violadores antes de morir y quince personas --familiares, autoridades comunitarias y médicos legistas--, escucharon su denuncia y dieron fe de los estragos que la violación tumultuaria dejó en el cuerpo de la anciana, Felipe Calderón negó la veracidad de la denuncia sin tener ningún informe médico o legista que fundamentara su versión de "muerte por gastritis". Como en los viejos tiempos de las monarquías, la palabra del "Supremo" fue suficiente para desmentir el certificado de defunción, las necropsias firmadas por tres médicos legistas, el dictamen del procurador estatal de Justicia de Veracruz y el propio testimonio de lavíctima.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de las Mujeres, instancias creadas supuestamente para defender los derechos de los ciudadanos, hicieron eco de la versión oficial. Rocío García Gaytán, presidenta de Inmujeres, descalificó las últimas palabras de Ernestina, ya que fueron expresadas en náhuatl y la mujer estaba moribunda (¡?). Después de un amplio debate nacional sobre el caso, todas las pruebas de la violación parecen haberse esfumado junto con la familia de la víctima.

La misma impunidad y el mismo racismo, encontraron las hermanas Méndez Sántiz, tres mujeres tzeltales violadas en un retén militar en Altamirano, Chiapas, en marzo de 1994; Delfina Flores Aguilar y Aurelia Méndez Ramírez, tlapanecas, de Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero, quienes fueron violadas por cinco soldados el 3 de diciembre de 1997; las 12 mujeres indígenas de la zona de Loxichas, Oaxaca, violadas por efectivos del ejército mexicano en 1997; las mujeres nahuas Victoriana Vázquez Sánchez y Francisca Santos Pablo, de Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, interceptadas y violadas por militares en casas abandonadas en abril de 1999; Valentina Rosendo Cantú agredida sexualmente por ocho soldados del 41 Batallón de Infantería, en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero, en febrero del 2002; Inés Fernández Ortega, violada en su casa por 11 soldados el 22 de marzo de 2002,en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero; las 23 mujeres agredidas sexualmente en Atenco por fuerzas de seguridad en mayo del 2006; las trece mujeres de Castaños, Coahuila que el 11 de julio de 2006 fueron víctimas de una violación tumultuaria por parte de 20 soldados. Más que de casos aislados cometidos por enfermos mentales, estas cifras y estos nombres dan cuenta de una política de intimidación que utiliza la violencia sexual como arma de desmovilización política. Los cuerpos de las mujeres indígenas se han convertido en campo de batalla para un gobierno patriarcal que desarrolla una guerra no declarada contra el movimiento indígena. Como lo plantea Maylei Blackwell, la violación es una colonización íntima que degrada la sexualidad de las mujeres indígenas. Si en el pasado sus cuerpos fueron la materia prima para forjar la nación mestiza, ahora son el espacio de disputa para darle continuidad a un proyecto neocolonial.

En esta lucha por la autodeterminación y el autogobierno de los pueblos indígenas y campesinos, las mujeres mantienen una importante participación. Las fotos de las mujeres zapatistas enfrentando al ejército han dado la vuelta al mundo. En la coyuntura actual oaxaqueña, las mujeres fueron las encargadas de tomar la radio universitaria y durante tres meses fueron voces femeninas las que diariamente transmitieron desde Radio Caserola las demandas de destitución del gobierno de Ulises Ruiz y los llamados a mantener la resistencia.

La participación de las mujeres en el movimiento zapatista y en movimientos como los de Atenco y Oaxaca, han venido a trastocar los roles de género al interior de las comunidades, y a confrontar las políticas excluyentes del Estado mexicano. No es casual entonces que ante el "peligro desestabilizador" los poderes locales y nacionales centren su violencia en las mujeres. El nuevo colonialismo del gobierno mexicano se está valiendo de la violencia sexual para sembrar el terror e intimidar a las mujeres organizadas.

Análisis de género en otras regiones militarizadas como el de Davida Wood en Palestina o Dette Denich en Sarajevo, señalan que en contextos de conflicto político militar la sexualidad femenina tiende a convertirse en un espacio simbólico de lucha política y la violación sexual se instrumenta como forma de demostrar poder y dominación sobre el enemigo.

Chiapas, Atenco, Guerrero y ahora Oaxaca no son una excepción: la militarizació n y la paramilitarizació n afectan de manera específica a las mujeres en esta guerra sucia no declarada. Desde una ideología patriarcal, que sigue considerando a las mujeres como objetos sexuales y como depositarias del honor familiar, la violación, la tortura sexual y las mutilaciones corporales son un ataque a todos los hombres del grupo enemigo. Al igual que los soldados serbios, las fuerzas represivas del Estado mexicano "se apropian de los cuerpos de las mujeres simultáneamente como objetos de violencia sexual y como símbolos en una lucha contra sus enemigos hombres, reproduciendo esquemas de los patriarcados tradicionales, en los que la ineficacia de los hombres para proteger a sus mujeres, controlar su sexualidad y sus capacidades reproductivas, era considerada como un símbolo de debilidad del enemigo" (Dette Denich, en el libro colectivo Feminism, Nationalism and Militarism, 1995).

Todos estos casos de violación sexual por parte de militares o fuerzas de seguridad, que parecen sacados de un expediente sobre la represión en Guatemala, han sucedido en el México de la "transición democrática", mientras el gobierno mexicano firma varios convenios internacionales contra la violencia hacia las mujeres. Estos compromisos han sido letra muerta y no han limitado ni frenado a las fuerzas represivas del Estado.
Esta política de "dos caras" caracteriza al gobierno de Felipe Calderón, pues por un lado el Congreso aprobó en febrero pasado una de las leyes contra la violencia hacia las mujeres más avanzada de América Latina, tipificando el delito de feminicidio, a la vez que mujeres activistas de Atenco y Oaxaca siguen encarceladas y las violaciones sexuales cometidas durante los operativos policiacos y militares siguen sin castigarse.

La apropiación e institucionalizació n de los discursos en torno a la equidad de género por parte del Estado mexicano, despojándolos de su radicalidad crítica nos lleva a pensar en la necesidad de reivindicar la denuncia del colonialismo como parte de la crítica feminista. Urge construir alianzas entre el movimiento feminista y el movimiento indígena [.... y con los movimientos sociales en general, meto mi cuchara.....] para denunciar y desarticular las estrategias neocoloniales que usan la violencia sexual como herramienta contrainsurgente. La libertad de los y las presas políticas debe de ser una demanda urgente de las organizaciones feministas, pues la integridad física de quienes denunciaron la violencia sexual estará en peligro mientras continúen presas. Durante el conflicto magisterial en Oaxaca, 153 mujeres han pasado por las cárceles y muchas de ellas han sido víctimas de violencia física y psicológica. Trece mujeres participantes en el movimiento continúan desaparecidas y 64 activistas siguen presos. En el caso de Atenco, 29 activistas siguen en la cárcel, entre ellos cinco mujeres.

En el contexto político actual, recuperar la radicalidad de la crítica feminista resulta fundamental ante una política de Estado que utiliza los cuerpos de las mujeres indígenas y campesinas [....y de las mujeres en general, no olvidemos el debate moralino patriarcal sobre el aborto y la nula capacidad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo...] como campo de batalla de una nueva guerra sucia que en estos momentos específicos se libra en distintas regiones de México.

Aída Hernández es investigadora de CIESAS y coordinadora del Seminario Género y Etnicidad.

(Actualidad Étnica, 8 de junio de 2007)

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Muerte en el retén

Miguel Angel Granados Chapa

Hasta ayer al mediodía, la Secretaría de la Defensa Nacional se había abstenido de informar sobre la desgracia ocurrida el viernes por la noche en un retén sinaloense, cuando soldados dispararon contra el vehículo en que viajaba una familia y mataron a cinco personas.

Hasta el mediodía del lunes 4, la Secretaría de la Defensa Nacional no había emitido información sobre un episodio muy confuso ocurrido el viernes 1o. de junio por la noche en el municipio de Sinaloa de Leyva, en el estado de Sinaloa, que dejó un saldo inequívoco: una mujer y cuatro menores de edad, todos miembros de una familia, fueron muertos a tiros, disparados por integrantes de un puesto de inspección militar. Murieron Griselda Galaviz Barraza, de 25 años, Alicia Esparza Parra, de 17, y los hijos de la primera Joniel, Griselda y Juana Esparza Galaviz, de 7, 4 y 2 años de edad. Resultaron heridos el chofer del vehículo, Adán Abel Esparza Parra, de 29 años, Teresa Flores de 16 y José Carrillo Esparza, de 5 años de edad.

Priva la confusión en torno a los hechos. No está claro si la familia, que viajaba en una camioneta pick up, volvía de un funeral o de un curso de actualización educativa, puesto que ambas versiones han circulado. No se sabe con precisión si el conductor del vehículo no logró frenar a tiempo, tan pronto como lo pidieron los soldados del retén, y por ello los militares dispararon, o uno de los tiradores salió inesperadamente a la carretera "y al tiempo que le marcaba el alto a sus ocupantes les abrió fuego" (Noroeste.com, 3 de junio). Por otro lado, mientras que una "fuente cercana a la Novena Zona militar indicó que en el vehículo se localizaron armas y drogas" (Reforma, 3 de junio), los deudos de las víctimas lo niegan: "Cómo se les ocurre que unas mujeres y un niño van a traer armas, quieren justificarse a toda costa", dijo Faustino Esparza Parra, hermano del conductor, quien "se bajó de la camioneta con una mano herida y con la mano buena les hacía señas y les gritaba que no dispararan por favor, que venían señoras y niños. Pero los militares le dispararon a la mano buena, y siguieron disparando contra la camioneta". Otros familiares, sobrevivientes de la balacera, dijeron que "los militares les hicieron perder mucho tiempo y no los dejaban mover a los heridos... Explicaron que en el camino se encontraron más camiones llenos de soldados que se dirigían al lugar de los hechos, y nuevamente perdieron mucho tiempo porque los revisaron a pesar de que ellos les explicaron que llevaban heridos... Con todo el tiempo perdido, en lugar de hacer cinco horas hasta el Hospital General de Culiacán se hicieron ocho, lamentaron" (Noroeste.com, 3 de junio).

Los familiares de las víctimas, según el parte de la Policía Ministerial, dijeron que "los elementos del Ejército sembraron un costal de mariguana a tres metros de la camioneta". De ser verdad ese dicho, acaso lo hicieron los militares para ocultar su responsabilidad, no sólo por disparar sino por la circunstancia en que se hallaban. Oscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la que los afectados ocurrieron en queja el sábado, dijo el domingo: "Tenemos información que indica que presuntamente los militares que participaron en los hechos que culminaron en una desgracia, se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes... se nos indicó también que podría haber consumo de algún tipo de droga" (Reforma, 4 de junio). El propio ombudsman estatal había informado de quejas de los familiares porque "al momento de querer levantar el vehículo donde venía la familia", se opusieron soldados, lo que provocó forcejeos. "'Al parecer, no permitieron que se la trajeran (la camioneta)', manifestó" (Noroeste.com, 3 de junio).

La Comisión Nacional de Derechos Humanos se apersonó en el lugar de los hechos, mediante tres visitadores adjuntos y dos peritos médicos, para "conocer directamente las quejas por probables violaciones a derechos fundamentales por parte de elementos militares destacamentados en el retén, así como para iniciar las investigaciones que comprenden inspecciones oculares, entrevistas y la solicitud de información a las autoridades sobre los operativos realizados".

Como parte de la estrategia de conjuntar las fuerzas federales en determinadas entidades y regiones, el 7 de enero comenzó el Operativo Triángulo Dorado en la confluencia de los estados de Chihua-hua, Durango y Sinaloa. A esa operación corresponde el retén instalado cerca del poblado Los Alamillos, cerca de la comunidad La Joya de los Martínez. En otro sitio del propio municipio de Sinaloa de Leyva, en Ocorahui, el propio viernes en que se produjo la matanza fue asesinado José Lucio Juárez Pérez, por un grupo de matones que al mismo tiempo secuestró a Ebodio Soto Domínguez, de 15 años. "Del jovencito no se sabía nada hasta ayer en la mañana cuando fue encontrado su cuerpo tirado a la orilla del camino, a un costado de las casas del poblado Ciénega de los Parra" (Debate.com.mx, 3 de junio). El 21 de mayo la presencia del Ejército se había extendido a Culiacán, donde no ha cesado la violencia delincuencial. El 2 de febrero, cerca del palacio de gobierno de la capital fueron asesinados dos militares.

Después de que al retén de Los Alamillos acudieron agentes del Ministerio Público estatal, federal y militar, se produjo la detención de 19 elementos del Ejército que fueron llevados a la Prisión Militar de Mazatlán. El rumor de posesión de armas y drogas atribuida a las víctimas no se formalizó en acusación, y los heridos permanecen sin custodia en el hospital de Culiacán, donde la familia sufre ahora la pena de conseguir recursos para la atención médica. Todavía no se responsabiliza a nadie de los homicidios y las lesiones, que inequívocamente ocurrieron, aunque no se precise cómo.

Cajón de Sastre

Imposible aprisionar en un espacio breve como éste, así nos limitáramos a su simple enumeración, la variedad de tareas que en media docena de artes emprendió Juan José Gurrola Iturriaga, nacido el 19 de noviembre de 1935 y muerto el 1o. de junio pasado. En el teatro, su campo más fértil, más asiduamente roturado, hizo de todo: creó obras, las tradujo, las dirigió, las actuó, les hizo escenografía, que fue el arte para el que se preparó formalmente, en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM y en cursos de diseño y tecnología teatral en Estados Unidos. Pero entró también en parcelas cercanas, como el cine, la televisión, la radio, la pintura, la música. En todos esos territorios dio de qué hablar, pues a menudo su crítica al orden establecido, las ideas rutinarias, los convencionalismos burocráticos se expresaba de modo lapidario, ya sea de palabra o de obra. Fernando de Ita, gurroliano él mismo, lo llamó "el Picasso de nuestro teatro", único genio de la escena mexicana, según dictamen de Ludwik Margules.".

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