Manú Dornbierer
Al neoliberalismo, mientras más débil está por sus fracasos en el mundo entero, más se agudiza la militarización en los países que han caido en su ámbito material. Al tambaleante Bush con los aberrantes resultados conocidos: -La destrucción de Iraq. -La muerte de cientos de miles de iraquíes (para democratizarlos). La pérdida de más de 3 mil soldados estadunidenses.-El odio del mundo hacia USA.- El obvio sometimiento de la ONU a los designios imperiales.
Además, el recalentamiento peligroso del polvorín que es el Medio Oriente. E internamente:- La imposición del Patriot Act, dictatorial y limitante de los derechos civiles. La caída de la economía y, finalmente, la pérdida del Congreso para los republicanos.
Apenas hoy los gringos se están dando cuenta de la barbarie de su presidente. Y los daños al planeta, así en suelo ajeno como en el propio, proviene de dos elecciones fraudulentas del millonario George W. Bush, obsesionado por la guerra, aunque cuando él tuvo que hacerla en Vietnam su padre le evitó la molestia.
En el México actual, Calderón ha impuesto sin duda por disposición de los búnkeres neoliberales, una militarización que nunca anunció en su campaña. Curiosamente ambos mandatarios proceden de elecciones similares, empezaron débiles, apoyados por plutócratas y requieren del “terror” ciudadano para que la gente sienta que “los necesita”. Pero Calderón tiene mejores pretextos que Bush: La inseguridad, la delincuencia en México debidos a la galopante miseria y los malos gobiernos, el descarado narcotráfico que patrocinó Fox o cuando menos toleró porque a decir de los expertos, hubo una alianza con el célebre narcotraficante Chapo Guzmán al que dejó escapar de la cárcel y nunca buscó. Por eso el célebre capo no fue extraditado esta semana como los demás dirigentes del narcotráfico de nacionalidad mexicana.
A propósito de los operativos militares se oye decir a los que no entienden lo que es una dictadura militar : ¡Por fin alguien hace algo! Sí, sólo que ese algo es cambiar el status jurídico del país: Militarizar al régimen civil vigente y puede resultar el remedio mucho peor que la enfermedad. La gente pensante que conoce a fondo la situación que vive el México sometido al neoliberalismo disfrazado de democracia, se da cuenta de los "Riesgos de la Militarización de la Seguridad Pública".
Por ejemplo, en un boletín mancomunado de prensa (SC/01, del 18 de enero, fechado en la Cd. De México), del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", del Frente Cívico Sinaloense, de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, se expone lo siguiente:
"Expresamos nuestra profunda preocupación porque la creciente incorporación de militares en tareas de seguridad interior se da en detrimento del fortalecimiento de la policía civil. Además, esta respuesta del gobierno federal ante la legítima demanda de seguridad de los ciudadanos mexicanos ha demostrado su ineficacia..
"Desde la creación de la PFP los gobiernos federales de Zedillo, Fox y Calderón han insistido en militarizar la seguridad pública. A pesar de ello la situación no ha mejorado. Diversos organismos internacionales han emitido recomendaciones al gobierno mexicano para desvincular a los cuerpos militares de los cuerpos de seguridad pública.
"Exigimos al Estado mexicano una política de seguridad interior basada en el bienestar social de las mayorías, la profesionalización de los cuerpos de seguridad y el respeto irrestricto al los derechos humanos y al debido proceso".
Y más adelante explica : «La experiencia nos revela que existe un riesgo real en el hecho de que las fuerzas armadas se involucren en actividades de seguridad pública. No son pocos los casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por elementos militares en contra de poblaciones vulnerables durante operativos como el implementado ahora, pues el fuero militar evita que los miembros de las Fuerzas armadas puedan ser presentados ante la justicia civil, lo cual propicia la impunidad y la falta de rendición de cuentas...»
Sigue el texto: «Por todo lo señalado, las organizaciones firmantes insistimos en que el involucramiento de elementos militares en tareas de seguridad interior, en un país con una incipiente democracia electiva y con un incremento acelerado de la pobreza en la población, representa un riesgo importante para la construcción de un modelo de seguridad pública que garantice de manera eficaz, y respetando los derechos humanos, la seguridad de la población. Al respecto, queremos insistir que en distintas recomendaciones emitidas por organismos de protección a los derechos humanos –entre ellas el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU–, se ha solicitado al gobierno mexicano la separación de los militares de las tareas policíacas».
Pero por más organizaciones respetables nacionales o internacionales que sin duda rubricarán el boletín citado, el gobierno neoliberal plutócrata no hará el menor caso. Ha recibido órdenes del gobierno de Bush por una parte y mucho dinero de los empresarios transnacionales para que haga lo que unos y otros creen que requiere México: Militarización. Calderón tiene en esos niveles los apoyos necesarios dentro y fuera y hasta para crearse una aureola de héroe.
Por fortuna en México hay aún gente pensante, la mayoría. Los legisladores de cualquier partido, que no esten completamente vendidos, deberían aprovechar la ocasión para votar ahora ese REFERENDUM que tanto necesitamos los mexicanos. Los presidentes no tienen un cheque en blanco. Aún tras una elección limpia -NO es el caso- no puede un presidente, con todo y el excelente pretexto de la inseguridad, militarizar una nación que apenas se ufana de su reciente democracia. Es algo tan trascendental que debe consultarse con la población entera en forma directa. La necesidad existe más que nunca, nos falta el instrumento, el Referendum, y el organismo que podría monitorearlo, porque nadie puede confiar en el IFE por más que se promueva al amparo de la Ley Televisa. ¿Recurrir a una instancia internacional quizás ya que estamos en plena globalización?
Por otra parte, la dramática militarización que nos imponen tiene aspectos ridículos. Los militares del Estado Mayor Presidencial no deben de estar muy a gusto con que los usen como en una opereta, como lo hizo el “vicepresidente”, Juan Camilo Mouriño: en una fiesta privada, pero a nombre del estado de Campeche, en su finca Gely en la Comunidad de Imi, se llevó a cabo la coronación de “Nuestra Belleza Infantil” su hija de 5 o 6 años, María de los Angeles Mouriño Escalante. Los militares acordonaron a los campesinos locales, impidiendo el libre tránsito para que la ex Miss México, Lupita Jones, llegada en avión especial, coronara a la niña y el acto fuera amenizado por los Jeans que dio a conocer Televisa durante la campaña calderonista. ¿Y quién pagó la fiesta?
¡REFERENDUM! diputados. Hay que preguntar a los mexicanos si quieren o no un régimen franquista como el que vino a promover en plena campaña el Sr. Rebuznar, amigo de Calderón y de Bush.
Apéndice: Aumento a los Militares: 46 %
Aumento a Maestros, Obreros, Burócratas, Universitarios: 3.8 %
Sí a alguien no le quedaba claro lo que está sucediendo en México y se va con la idea falsa de que los militares están en las calles para realizar la “noble labor” de combatir el narcotráfico, cada vez se aclara más y más lo que significa que empezando por la tropa se les haya asignado un aumento salarial del 46%. Leyeron bien: 46%, mientras para los obreros, maestros, trabajadores universitarios, burócratas, se encuentran con un tope salarial que fija un aumento un aumento máximo de 3.8 %.
El mensaje es muy claro: los Estados Unidos le han mandatado a Felipe Calderón tener un ejército que poco a poco se vaya convirtiendo en una institución ajustada a una fuerza mercenaria, que esté allí por el dinero que recibe, no por la convicción de ser garante de la Seguridad del estado nacional.
Para que los obreros que recibieron un aumento de menos de $2,00 diarios (sesenta pesos al mes, cinco dólares) tengan una idea de la magnitud del aumento a los militares, revisemos el ejemplo que dio Calderón: “el soldado raso de menor ingreso, perteneciente a la primera Región Militar, de obtener 3 mil 500 pesos mensuales, pasó a 5 mil 200 pesos, es decir, 46 por ciento más”.
¿De dónde saldrá ese dinero?... de los impuestos, recortando gastos para escuelas, universidades, salud, entre otros rubros.
Queda claro que para Felipe Calderón lo que importa no es que la población mexicana tenga resuelta sus problemas económicos, sino que todos los mexicanos vayan entendiendo que el que proteste será reprimido. Ahora es con el pretexto del narcotráfico, con el que a cualquier “hijo de vecino” le pueden “poner el dedo” y presumir su responsabilidad penal. Mañana el pretexto será el terrorismo, considerando terrorista a quien se atreva a cuestionar la privatización del petróleo, la electricidad, la educación, la salud, todo eso que ellos ya están dispuestos a imponer y que llaman las reformas estructurales.
Dice Calderón que todo esto se hace para lograr la seguridad. Pero qué es para él la seguridad: cuidar los bancos, la bolsa de valores, que no haya protestas contra los grandes inversionistas, sobre todo extranjeros; que no haya huelgas, que se respete la propiedad privada (incluyendo aquella que se acumuló con la corrupción y la explotación). A ellos no les interesa que haya seguridad para los trabajadores, empezando por la seguridad en el empleo. Eso no es de su interés y como sienten que cada día hay más gente inconforme, necesitan un ejército pagado como fuerza mercenaria de la que no haya deserciones, a cambio de un sueldo que no van a poder obtener en otra actividad.
Los militares están copando toda la esfera política incluyendo las labores policiales. Por cierto que esto es otra disposición de los gringos. En un informe realizado por Adam Isacson, Lisa Haugaard y Joy Olson, queda claro que el Pentágono sigue impulsando prácticas militares, programas y doctrina militar en América Latina “confundiendo los roles civiles y militares, especialmente tras crear nuevas misiones militares dentro de las fronteras de los países".
En el presupuesto FY2005 de ayuda militar estadounidense se desglosa la ayuda económica para América Latina y el Caribe. La superpotencia provee 921 millones de dólares en ayuda económica, y al menos 859 millones para ayuda militar.
El 12 de marzo estará Bush en México para que Calderón le rinda cuentas, a lo que el chaparrito contestará: aumenté el 46% del salario a los militares, además de seguir preparando fuerzas de contrainsurgencia para enfrentar el descontento popular.
Se necesita estar ciego para no ver que el plan de los poderosos (para México) es el control militar del descontento popular. Habrá que ver si los hijos de Villa y de Zapata se amedrentan con los kaibiles mexicanos.
Pero no hay que olvidar que es tan burda la supeditación de los altos mandos militares a los mandos gringos, que dentro de las fuerzas armadas hay gente conciente y patriota que está haciendo una labor callada y que se opondrá a que el ejército mexicano se convierta en verdugo de su pueblo, pero con el propósito real de defender los intereses económicos y políticos de las trasnacionales.
La lucha que se avecina no va a ser sencilla; por el contrario, será cruenta, por lo que hay que empezar a prepararse desde ahora. Lo primero que hay que hacer es lo que millones de trabajadores ya están haciendo: enterarse, juntarse con grupos experimentados en la lucha y organizarse.
(Voltairenet.org, 26 de mayo de 2007)
sábado, 26 de mayo de 2007
Felipe Calderón impone el estado de excepción para ordenar al país
viernes, 25 de mayo de 2007
Ni un paso atrás en labor del Ejército: Calderón
La participación de militares, hasta que sea necesaria: PGR
Sergio Javier Jiménez
El Universal
Viernes 25 de mayo de 2007
GÓMEZ PALACIO, Dgo.- En respuesta al exhorto del Congreso para retirar al Ejército de la lucha contra el crimen, el presidente Felipe Calderón señaló que no dará "ni un paso atrás" en la tarea de defender a México de la delincuencia organizada.
"Haremos todo lo que esté en nuestras manos, aunque algunos insistan en eliminar y restringir la acción del gobierno federal", añadió.
Pidió al público que lo escuchaba manifestar "a los legisladores del PRD y a algunos del PRI" -que promovieron el miércoles el exhorto- si el futuro que quieren para el país es el de la delincuencia.
El mandatario dijo -al momento que con el dedo golpeaba sobre el atril- que su administración llegará hasta donde la gente diga.
En su discurso aludió de manera directa a perredistas y priístas: "Si ese es el futuro que quieren (el de la delincuencia), que lo digan de una vez. Esta acción de gobierno sólo puede hacerse si la ciudadanía la apoya, no es tarea sólo del Presidente, del gobierno federal, no es una tarea personal, es una tarea colectiva".
En la ciudad de México, en reunión con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, aseguró que la participación del Ejército en las tareas de seguridad y en la aplicación de operativos será temporal, pero "todo el tiempo que sea necesario",
A los legisladores mencionó que la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública está perfectamente legitimada en la Constitución, en la ley y en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aceptó que el gobierno perdió el poder ante el crimen y que disputa potestades exclusivas del Estado como el uso de la fuerza e incluso el cobro de impuestos en algunas regiones.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, afirmó que insistirá para que el Ejército se retire de las labores de seguridad pública y de combate al crimen organizado. "No vivimos en una dictadura. Hay un estado de derecho", expresó.
(Con información de Silvia Otero y Liliana Alcántara).
(El Universal, 25 de mayo de 2007)
lunes, 21 de mayo de 2007
La ley como fetiche
Carlos Fazio
El gobierno espurio de Felipe Calderón está empeñado en construir un Estado autoritario, más subordinado y dependiente de Estados Unidos, donde las fuerzas armadas y los organismos de seguridad jueguen un papel clave. El nuevo modelo de Estado contrainsurgente cuenta con el aval de los poderes fácticos y el capital financiero, articulados en la coyuntura por una lógica de Estado.
En el marco de una campaña de propaganda mediática de gran envergadura, en los últimos días Calderón ha estado convocando a la ciudadanía a sumarse a "su" guerra. Con un discurso centrado en la violencia, en nombre de "la patria", está llamando a "los mexicanos" a "formar un solo frente contra los enemigos de México". Su intención es imbuir a la sociedad civil de su lógica belicista y arrancar el apoyo a soluciones de fuerza. Tal pareciera que Calderón ha decidido cancelar los caminos de la lucha civil pacífica y ha optado por confrontar a los movimientos sociales en las calles y en las cárceles.
Para ello ha instruido la formación de una nueva fuerza de despliegue rápido, denominada Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos (ver decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2007), cuya misión anticonstitucional, entre otras, serán "diversas tareas" de "seguridad interna", incluido "el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública". La nueva encomienda viene a modificar el carácter de la institución armada, convirtiéndola en lo que bien puede calificarse de "ejército de ocupación" en su propio país.
Se puede deducir que en materia de "seguridad pública" la misión fundamental del nuevo cuerpo militar especializado será enfrentar líderes y grupos sociales inconformes catalogados según la lógica guerrerista del "enemigo interno". Es decir, se tratará de impedir toda muestra de descontento y, sobre todo, imposibilitar por vía de la fuerza, la tortura y el terror (como ha venido comprobándose en la práctica en Atenco, Oaxaca, Guerrero y Michoacán) cualquier cambio, por mínimo que sea, en la estructura social de la nación. En esa lógica, y dado que se trata de una "guerra" (según persiste en calificarla Calderón), el "enemigo" no está afuera, sino en el interior del país, y es fácilmente identificado como la "antipatria" o el "elemento subversivo" al que hay que aniquilar.
En ese contexto, la sentencia dictada por el juez Alfredo Blas, de Toluca, el 5 de mayo, quien mediante la fabricación del delito de "secuestro equiparado" condenó a 67 años de prisión a los luchadores sociales Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, no sólo constituye un acto de venganza, escarmiento y sevicia judicial, sino que desnuda la naturaleza fascistoide del régimen de facto encabezado por Calderón y sus aliados.
La sentencia dejó firme una lectura jurídica sobre las formas de la protesta social y sentó los lineamientos para el futuro. Pero además, la medida desnuda el renovado papel del Poder Judicial, que avanza sobre el terreno social para reducir la protesta ciudadana a un tema de legalidad, con la pretensión de desalentar cualquier abordaje centrado en el conflicto. Como ha ocurrido antes en la historia de México, la sanción legal busca desplazar lo político, y ejercer su poder normativo reforzando el supuesto carácter abstracto e imparcial del precepto jurídico.
Esa "purificación" de la esfera judicial puede entenderse como una "fetichización" de la ley, que refleja cómo una autonomización creciente de lo político exige transformar el conflicto social en mero litigio jurídico. Por ello que vez que lo social se politiza aparecen voces que denuncian el supuesto ataque a las "instituciones"y al "Estado de derecho" y llaman a defender la "Patria" y consensos políticos fundacionales como la "mexicanidad". Las reivindicaciones políticas devienen así actos delincuenciales o "subversivos", la denuncia se convierte en "apología del delito", y la movilización social en "motín", "asonada" o "rebelión".
Por la vía de criminalizar la protesta y transformar una acción política en delito penal, equiparando a manifestantes y luchadores políticos y gremiales con narcotraficantes, secuestradores o terroristas, la renovada justicia represora pasa a ser un elemento de control y disciplinamiento social que intenta impedir el avance de las organizaciones populares que se oponen a la lógica del pensamiento único neoliberal. El castigo de la rebeldía busca reducir a los actores sociales a meros espectadores y fijar sus acciones en los estrechos límites que marcan los ejecutores de la ley, muchos de los cuales son los fiscales de la impunidad del antiguo régimen priísta y el continuismo foxista-calderonista.
Es evidente que hay jueces que están haciendo política y persiguen a los que protestan. Eso entraña un mensaje represivo, pero también podría interpretarse como un intento por presionar al gobierno surgido de un fraude para que vire aún más a la derecha. En ese marco, el binomio formado por una institución armada convertida en Ejército de ocupación en su propio país y jueces políticos que actúan de consuno con los militares contra un "enemigo interno", en un escenario de violencia y caos generalizado a escala nacional, no deja mucho margen para el optimismo.
(La Jornada, 21 de mayo de 2007)
viernes, 11 de mayo de 2007
México estrena un cuerpo militar para situaciones de excepción bajo mando presidencial
Aunque oficialmente no ha trascendido cuántos agentes lo integrarán, algunos medios locales señalan que esta fuerza podría tener al menos 3.500 miembros
EFE - México - 11/05/2007
México cuenta desde ayer con un nuevo cuerpo militar de élite destinado a mantener el orden y actuar en situaciones de excepción que estará bajo las órdenes de la presidencia del país. El decreto de creación del nuevo cuerpo militar entra en vigor en medio de una ola de violencia derivada del crimen organizado en varios Estados de México, donde este año han sido asesinadas 958 personas, según datos extraoficiales citados por el diario El Universal.
El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF), creado por el presidente, Felipe Calderón, intensificará el combate contra las bandas criminales y el narcotráfico bajo la supervisión directa del jefe del Estado. La Secretaría (ministerio) de Defensa Nacional (Sedena) se encargará de la operatividad administrativa y técnica de la nueva corporación militar. El propósito de este nuevo cuerpo será "el restablecimiento del orden público y el Estado de derecho" en México cuando ambos estén amenazados.
Hasta la fecha, ante las situaciones más graves que ocurrían en los 32 Estados mexicanos, si la autoridad estatal o local se veía desbordada se complementaba con cuerpos federales.Entre dichos cuerpos, destacan la Policía Federal Preventiva (PFP), dependiente del ministro de Seguridad Pública (SSP), y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), subordinada a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía general). El decreto de creación del nuevo cuerpo, en vigor desde ayer, señala que las acciones del CFAF se llevarán a cabo "a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles de cualquier nivel de Gobierno a quienes preste apoyo".
3.500 agentes
Aunque oficialmente no ha trascendido cuántos agentes lo integrarán, algunos medios locales señalan que esta fuerza podría tener al menos 3.500 miembros. La creación de la corporación militar se sustenta en un fallo de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) que determina que el Ejército de México puede brindar apoyos a otros entes en la seguridad pública.
El año pasado, dos de las acciones más llamativas tuvieron lugar en Oaxaca, un Estado sumido en una crisis durante más de medio año por un conflicto político-social que causó una veintena de muertos, y los desórdenes de San Salvador Atenco de mayo, donde murieron dos personas. Esta segunda actuación acabó, además, con más de 200 detenciones tras secuestros de agentes policiales y enfrentamientos entre los alzados y la policía federal y del Estado de México, entidad que purgó a los mandos que dirigieron aquella acción tras admitir que se cometieron abusos de autoridad.
(El País, 11 de mayo de 2007)
jueves, 10 de mayo de 2007
La estrategia de la militarización
RAMÓN GUZMÁN RAMOS
La primera cuestión que seguramente se planteó Felipe Calderón al hacerse cargo de la Presidencia de la República debió haber sido sobre la problemática más urgente a la que tendría que enfrentarse. Era necesario escoger de entre todos el problema más grave que padecía la sociedad. El objetivo fundamental consistía en dar un golpe mediático contundente que le permitiera empezar a hacerse de la legitimidad que no había obtenido del reciente proceso electoral. Y el problema más urgente era –y sigue siendo– el de la inseguridad pública. Su antecesor, Vicente Fox, había dejado que el crimen organizado creciera desmedidamente hasta el punto en que llegó a convertirse en un verdadero asunto de seguridad nacional.
La mejor estrategia que se acomodaba a sus pretensiones era la militarización. El uso de las fuerzas armadas le daba al presidente Calderón la posibilidad de alcanzar dos objetivos al mismo tiempo: 1) darle un golpe espectacular al crimen organizado y hacerse de la legitimidad que tan urgentemente estaba necesitando; y 2) hacer una contundente demostración de fuerza, del control de la fuerza pública por parte del Ejecutivo federal, para disuadir a la población de cualquier intento de rebelión cívica en su contra, sobre todo cuando casi la mitad del electorado cuestionaba directamente su triunfo en las urnas.
En Michoacán, la violencia desatada por el crimen organizado llegaba a situaciones de guerra. Las ejecuciones y los enfrentamientos entre los cárteles de la droga por el control de territorios saturaban la atmósfera de un olor a horror y a muerte. Todavía no podemos asegurar con precisión cuál fue realmente la causa por la que Calderón decidió iniciar sus operativos conjuntos en la entidad. Quizá el hecho de haber un gobierno perredista influyó en su decisión –además de que es su tierra natal–, más cuando una buena parte del perredismo michoacano, sobre todo el oficial, había tenido serias diferencias con López Obrador y algunos acercamientos con el foxismo. Quién sabe. Estos son elementos que se pudieron haber tomado en cuenta a la hora de decidirse a empezar por Michoacán. Un triunfo militar aquí contra el narco le significaría la adquisición de todo ese capital político que estaba necesitando desesperadamente.
Las cosas, sin embargo, no le han resultado a Calderón como quisiera. La estrategia de militarizar la lucha contra el crimen organizado y de usar al Ejército como una fuerza de disuasión política ha empezado a generar efectos de desastre. Los cárteles que se disputan encarnizadamente el control de los territorios en el país han empezado a dirigir su capacidad de fuego contra las corporaciones policiacas y el Ejército. Esta es, por cierto, una guerra que nadie puede ganar. Es que tendría que ser una guerra de exterminio, como en efecto se empieza a mostrar. Y los narcos no son de ninguna manera una especie en extinción. Son capaces de reponer rápidamente a los elementos que se aniquilan y de volver a crecer con su enorme, inacabable, poder de fuego y de corrupción.
Lo que está ocurriendo más bien es que la militarización de la estrategia de combate al narcotráfico invade ya a la sociedad. La pretensión de disuasión ha rebasado todos los límites y se convierte en una política de intimidación directa y de represión indiscriminada contra la población civil. Lo que se empieza a militarizar es la vida social. Y la militarización implica la violación sistemática, de facto en este caso, de las garantías constitucionales de la sociedad civil. Lo que ha estado sucediendo durante estos días en la región de Tierra Caliente es una muestra alarmante de lo que podría ser una tendencia a nivel nacional. Felipe Calderón se podría sentir tentado a afianzarse exclusivamente en las fuerzas armadas del país y dejar a un lado las disposiciones que le marca la Constitución.
Pero esta estrategia está mostrando también una contradicción garrafal. No ha logrado acabar con el crimen organizado. Al contrario, las ejecuciones, los enfrentamientos entre los cárteles y entre éstos y el gobierno son cada vez más frecuentes y más sangrientos, con un daño colateral a la sociedad civil que raya en el terror. El descontento ciudadano, que se concentraba casi exclusivamente en el cuestionamiento a los resultados electorales del 2 de julio del 2006, se ha desplazado a otros sectores de la sociedad civil, como los sindicatos, las organizaciones populares y campesinas, que no han vacilado en tomar los espacios públicos para impulsar un movimiento de magnitud nacional en contra de las reformas estructurales del régimen. Y está en ciernes otro tipo de descontento colectivo, que tiene que ver con la violación generalizada de los derechos humanos.
La estrategia de militarización que ha adoptado Felipe Calderón podría empezar a meter todo tipo de tensiones entre las propias fuerzas armadas. El Ejército no puede hacerse cargo por sí solo de un problema que les compete directamente a las corporaciones policiacas y que requiere, como se ha insistido, de una estrategia diferente que incorpore las acciones de inteligencia. Pero no sólo a través de la violencia se combate un proceso de descomposición social como el que estamos padeciendo. Es necesario abrir otros frentes en donde las armas tengan que ver más bien con el desarrollo equitativo, la construcción de oportunidades para todos, la educación y la cultura. Aceptar que la militarización es el único recurso que nos queda es como abrirle paso sin ninguna resistencia a un proceso de fascistización de la vida nacional que nos puede asfixiar políticamente a todos.
(La Jornada Michoacán, 10 de mayo de 2007)
Crea Ejército grupo élite de apoyo a seguridad pública
La nueva corporación castrense, que de acuerdo con fuentes militares se formaría con unos 3 mil 500 integrantes del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (Ganfes), estará bajo las órdenes del Presidente, pero dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
Jorge Ramos Pérez y María de la Luz González
El Universal
Jueves 10 de mayo de 2007
El presidente Felipe Calderón creó el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que apoyará a las autoridades civiles en tareas de seguridad pública, restauración del orden, combate al crimen organizado y actos contra la seguridad de la nación.
La nueva corporación castrense, que de acuerdo con fuentes militares se formaría con unos 3 mil 500 integrantes del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (Ganfes), estará bajo las órdenes del Presidente, pero dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De acuerdo con el artículo 2 del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, dicha corporación actuará por instrucciones del presidente "a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno a quienes preste el apoyo".
Un capítulo más
Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), consideró que la creación del organismo institucionaliza la política del presidente Calderón de involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, "práctica que ha acompañado a la historia de México".
"Este es un capítulo más en la transición del Estado para caracterizar al fenómeno de la delincuencia organizada como un problema de seguridad nacional y de seguridad pública y, además, hace patente la debilidad de las instituciones civiles, particularmente las policiales, y el fortalecimiento de las militares", sostuvo.
José Luis Piñeyro, experto en seguridad nacional de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) , consideró "preocupante" el anuncio porque se corre el riesgo de que también se utilice para aplacar movimientos sociales.
"El desacuerdo es que el Ejército pueda participar en la contención de movimientos de protesta social", sostuvo el analista.
Consideró que la creación del cuerpo de élite se inscribe en el combate al narcotráfico, en el que a pesar de que oficialmente se ha dicho que se trata de "recuperar territorio" esto es discutible y "tiene sus asegunes" porque en Michoacán se realizaron operativos en el arranque del sexenio pero ante los hechos de violencia recientes "se recupera y no se recupera".
El decreto firmado por el presidente Felipe Calderón y el titular de la Secretaría de la Defens Nacional, Guillermo Galván, entrará en vigor a partir de hoy 10 de mayo.
López Portillo expresó además su preocupación por el hecho de que el decreto no defina las condiciones de la cadena de mando en que se darán las intervenciones de la nueva corporación militar, pues esa indefinición podría llevar a "una virtual sustitución operativa del Ejército por la policía".
El decreto sustenta la creación de este cuerpo especial en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que autoriza la participación de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.
"Eso es cierto, pero hay una salvedad, y es que la autoridad civil tiene que estar al mando, y el decreto no establece cómo se resuelve la cadena de mando en terreno estratégico, operativo y táctico", advirtió López Portillo.
El decreto establece que la nueva corporación se integrará por unidades organizadas, equipadas y adiestradas, y con los mandos y órganos de mando que determine el titular de la Sedena, y aclara que no podrá sustituir, en ningún caso, a las autoridades apoyadas en las funciones que legalmente les competan.
Los integrantes de la corporación recibirán adiestramiento y capacitación especializada en el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública, con el objeto de restablecer el orden público y el Estado de derecho, señala.
El decreto fija a la Defensa 90 días para brindar los recursos humanos, materiales y presupuestarios.
(El Universal, 10 de mayo de 2007)
miércoles, 9 de mayo de 2007
Crea Sedena el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal
El grupo especial del Ejército actuará por instrucciones del Presidente para combatir a la delincuencia organizada y en actos que atenten contra la seguridad nacional
Notimex
El Universal
Ciudad de México
Miércoles 09 de mayo de 2007
08:40 La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publica el decreto por el que se crea el grupo especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.
El documento, difundido en el Diario Oficial de la Federación, precisa que el cuerpo especial coadyuvará en el combate a la delincuencia organizada y aquellos actos que atenten contra la seguridad nacional; además, apoyará la restauración del orden.
El decreto, que entrará en vigor este 10 de mayo, indica que este organismo en ningún caso podrá sustituir en las funciones que legalmente competan a las autoridades apoyadas.
Dependiente de la Sedena, este nuevo organismo actuará por instrucciones del Presidente de la República "a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles a quienes preste el apoyo".
Señala que se le brindarán los recursos humanos y materiales que requiera, y estará conformado por unidades organizadas, equipadas y adiestradas, las cuales se constituirán por mando, órganos de mando y el número de unidades que determine el titular de la Sedena.
El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal recibirá adiestramiento y capacitación especializada en el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública, cuya finalidad será el restablecimiento del orden y del Estado de derecho.
La Sedena tiene 90 días a partir de esta publicación para brindar los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para que este organismo inicie sus funciones.
fllq/grg/goc
(EL Universal, 9 de mayo de 2007)
