La Secretaría de la Defensa Nacional informó que mantiene bajo proceso militar a un jefe, tres oficiales y un elemento de tropa por su participación con la organización delictiva
Jorge Alejandro Medellín
El Universal
Ciudad de México Viernes 31 de octubre de 2008
18:21
El Ejército Mexicano mantiene bajo proceso militar a cuatro elementos (un jefe, tres oficiales y uno de tropa) vinculados a delitos contra la salud, reconoció la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La revelación se produce un día después de que el subsecretario de la Defensa Nacional, el general Francisco Armando Meza Castro, aseguró en la Cámara de Diputados que el Ejército estaba "blindado" contra este tipo de situaciones.
Meza Castro, quien encabezó el desfile militar del pasado 20 de noviembre, aseguró que "en las Fuerzas Armadas 'estamos blindados' contra la infiltración del crimen organizado".
Dijo incluso que a la fecha, no se ha dado un caso de complicidad de algún militar con criminales, "como antes".
Los militares estarían relacionados con el cártel que encabezan los hermanos Beltrán Leyva.
La Sedena recuerda en un comunicado sobre la sitaución de los cuatro militares detenidos, que "de la información obtenida con la captura del narcotraficante Beltrán Leyva el 21 de enero del presente año, se obtuvieron indicios sobre la participación de un jefe, tres oficiales y un elemento de tropa, con esta organización".
Por ello, "a partir del 29 de enero del mismo año, fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada dependiente (SIEDO) de la Procuraduría General de la República.
Dicha instancia de la PGR "integró una averiguación previa en contra de este personal; actualmente se encuentran bajo proceso ante el Juez Séptimo de Distrito en materia penal en el estado de Jalisco".
La Defensa Nacional no dio más datos sobre la identidad o el tipo de involucramiento de los militares con el narcotráfico.
En su comunicado, la dependencia agregó que "esta Secretaría no tiene información que involucre a personal militar en actividades ilícitas posterior a la localizada en el mes de enero en el marco de la detención de Alfredo Beltrán Leyva".
Sin embargo, añade la Sedena, "se reitera la disposición de no solapar conductas indebidas por parte del personal militar y en caso de contar con nueva información que involucre a efectivos militares, se aplicará la Ley conforme a derecho de acuerdo a la política de esta Dependencia del Ejecutivo Federal de cero tolerancia a la corrupción".
Al mismo tiempo, el Ejército hace una invitación a la ciudadanía a seguir denunciando actividades ilícitas "en forma anónima a la autoridad militar más cercana a su comunidad, de actos delictivos que tengan conocimiento".
mma
(El Universal, 31 de octubre de 2008)
viernes, 31 de octubre de 2008
Reconoce Sedena vínculo de militares con los Beltrán Leyva
jueves, 30 de octubre de 2008
Sedena está ‘blindada’ contra espías, afirman
Subsecretario niega que general en retiro esté sujeto a indagación
Juan Arvizu
El Universal
Jueves 30 de octubre de 2008
juan.arvizu@eluniversal.com.mx
El subsecretario de la Defensa Nacional, Francisco Armando Meza Castro, dijo que en las Fuerzas Armadas “estamos blindados” contra la infiltración del crimen organizado.
Negó que el general en retiro Roberto Aguilera Olivera, ex jefe del Centro de Inteligencia Antinarcóticos (CIAN), esté involucrado con narcos. “No está sujeto a procedimiento alguno”, afirmó.
Este diario informó el miércoles que Aguilera interrumpió su trayectoria militar al solicitar su baja, vigente desde el 16 de julio, luego de no obtener notas satisfactorias en una evaluación de la que fue objeto, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Meza Castro, entrevistado en la Cámara de Diputados, dijo que a la fecha, no se ha dado un caso de complicidad de algún militar con criminales, “como antes”.
Por su parte, el presidente de la Comisión Legislativa de Defensa Nacional, Jorge Justiniano González Betancourt, afirmó que los últimos generales procesados por supuestos nexos con el narco, fueron Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo, en el sexenio de Ernesto Zedillo. “No es fácil burlar los mecanismos de control y disciplina militar”, señaló.
Meza Castro indicó que, en efecto, Roberto Aguilera “pidió su baja, pero no está sujeto a procedimiento alguno”, y sobre la nota periodística, “no hay información al respecto”, subrayó.
Desde luego, agregó, “hay peligro” de que grupos criminales penetren las Fuerzas Armadas, “pero no hay prueba de que alguien esté infiltrado”. Y remarcó que “todo mundo está expuesto”.
A su vez, González Betancourt expresó que los métodos de control militar, que también incluyen a generales, permiten a la estructura de supervisión registrar el modo de vida de comandantes.
(El Universal, 30 de octubre de 2008)
Desaparecidos en Colombia y México
Miguel Ángel Granados Chapa
30 Oct. 08
Evidenciada por contrastantes resultados, la prioridad con que se atiende la desaparición forzada de personas en Colombia y México resulta notoria; en aquel país investigan un caso en tres semanas, aquí un año y cinco meses son insuficientes.
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunciaron ayer miércoles la destitución de tres generales, cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, tres mayores y seis suboficiales, a los que se seguirán procesos penales y disciplinarios en relación con "los desaparecidos de Soacha".
Entre enero y marzo pasados, entre 11 y 20 jóvenes desaparecieron de Soacha, un municipio conurbado a Bogotá. Los familiares denunciaron la desaparición y a mediados de junio los más de ellos recibieron notificación de que los cuerpos de sus parientes habían sido hallados en una fosa común en la provincia de Santander. El Ejército los había reportado como "muertos en combate", pero sus deudos no se resignaron con esa noticia y presionaron hasta hallar una explicación más convincente, pues estaban seguros de que los suyos no se habían adherido a ninguna banda de paramilitares o guerrilleros y sospechaban, por lo tanto, que los jóvenes habían sido asesinados a sangre fría. El Ministerio de Defensa, quizá acuciado por la inminente llegada, en octubre mismo, de Navanethem Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, y necesitado de obtener una adecuada calificación en esa materia, acordó el 3 de este mes formar una comisión investigadora que en tres semanas halló responsabilidades en los generales, jefes y oficiales ahora destituidos.
Aunque la espesa prosa evita definir con claridad los hechos, un comunicado expedido ayer en la Casa de Nariño, residencia presidencial colombiana, acepta que la comisión "encontró serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles en cuanto a la observancia y verificación de los procedimientos que rigen el ciclo de inteligencia y el planeamiento, conducción, ejecución y evaluación de las operaciones y misiones militares, así como una inexcusable falta de diligencia del mando en la investigación rigurosa de presuntos casos irregulares en su jurisdicción". El comunicado agrega que "esta negligencia pudo haber facilitado la colusión de algunos miembros del Ejército Nacional con delincuentes externos que gozaban de impunidad...".
La desaparición de personas es un ingrediente o consecuencia del estado de violencia interna, verdadera guerra civil en algunas regiones, que padece Colombia desde hace décadas. Según Amnistía Internacional, que presentó su informe sobre los derechos humanos en Colombia el mismo día, ayer, en que se anunció la destitución del personal castrense, entre 15 y 30 mil personas desaparecieron desde el comienzo del conflicto, hace unos 40 años. Sólo el año pasado los desaparecidos sumaron 190, sin que pueda determinarse qué porción de esa cifra corresponde a acciones guerrilleras o de grupos paramilitares, y cuántas constituyen casos de desaparición forzada, un delito de lesa humanidad perpetrado por agentes del Estado o con su aquiescencia.
Es probable que en México el problema de las desapariciones alcance una dimensión mayor que en Colombia. Se calcula que durante los casi dos años de la actual administración federal la cifra llega a 600 personas, sin que sea posible distinguir en ese número cuántas resultan de "levantones" practicados por bandas criminales contra enemigos que poco después de ser privados de la libertad aparecen asesinados, y cuántas corresponden a la definición legal de desaparición forzada, es decir cometida por agentes del Estado, por instrucciones superiores.
Entre esa suma adquirió notoriedad el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, denunciado por el Ejército Popular Revolucionario a cuyas filas pertenecían en el momento de su desaparición, fines de mayo de 2007. En reclamo por la presentación de sus compañeros, en julio y septiembre siguientes, ese grupo insurgente armado atentó contra ductos de Pemex, sin causar daño a persona alguna pero generando cuantiosas pérdidas económicas, tanto por la destrucción de las instalaciones atacadas cuanto por la interrupción del suministro de gas a extensas y activas regiones, que era el objetivo de los ataques.
Hace seis meses, el EPR propuso la creación de una Comisión de mediación que favoreciera un diálogo entre ese grupo guerrillero y el gobierno federal con vistas a la presentación con vida de sus compañeros. A esa distancia de su integración, en que se ha reunido en varias ocasiones con un grupo de trabajo de la Secretaría de Gobernación, la Comisión declaró el martes que debido a las omisiones del gobierno, no le ha sido posible acercarse siquiera "al objetivo esencial que la convoca", que es la presentación de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Entre omisa y renuente la administración federal sólo ha dado un paso, que resultó fallido, para establecer la suerte y el paradero de los desaparecidos: arraigó durante 90 días a dos agentes de la policía ministerial del estado de Oaxaca, al cabo de los cuales tuvo que liberarlos por la imposibilidad de fincarles cargos firmes por la desaparición. Habían sido detenidos bajo la presunción de que ellos capturaron a Reyes Amaya y Cruz Sánchez y los entregaron a instancias federales, policiacas o militares, a las que no se ha convocado en la averiguación previa respectiva, sobre desaparición forzada.
El viernes pasado Gobernación respondió a planteamientos de la Comisión hechos en junio y agosto, lo que permitirá a los comisionados hablar no sólo con Bucareli, sino con la Secretaría de la Defensa, la PGR y el Cisen...
Cajón de sastre
Dirigentes de algunas de las organizaciones internacionales de derechos humanos y promoción civil más activas e influyentes (Amnistía, Oxfam, Greenpeace, entre otras) han formulado una declaración pública para recordar a los gobiernos de los países industriales que su contribución al encaramiento de la crisis financiera internacional contrasta "con su reticencia y promesas incumplidas de ayuda y alivio a la pobreza, derechos humanos y cambio climático...". Los derechos humanos no son un lujo para los buenos tiempos. La inacción frente al cambio climático no es una opción viable. La pobreza mundial no ayuda a la estabilidad mundial. Los países ricos seguirán una estrategia miope y contraproducente si ignoran los retos más importantes de nuestro tiempo y se enfocan únicamente en intereses financieros estrechos. No se trata sólo de dinero. Es una cuestión de atención permanente, colaboración internacional y voluntad política clara para resolver los grandes problemas.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
(El Siglo de Torreón, 30 de octubre de 2008)
miércoles, 29 de octubre de 2008
García Luna: la fiereza improvisada
Alvaro Delgado
Detrás del feroz rostro de la tropa disfrazada de "Policía Federal" que Genaro García Luna encabeza de facto, porque legalmente ese cuerpo no existe, están muchos de los vicios del Gobierno de Felipe Calderón, entre ellos la ineptitud y la improvisación, como quedó de manifiesto en el operativo para evitar la aprobación de la reforma energética en el Senado.
Ese jueves por la mañana, cuando era generalizada la impresión de que Andrés Manuel López Obrador tiraba a la basura el triunfo de su movimiento, porque el proyecto privatizador de Calderón quedó hecho añicos, en la Secretaría de Gobernación se reunieron su titular, Juan Camilo Mouriño, el subsecretario Daniel Cabeza de Vaca y el propio García Luna, Secretario de Seguridad Pública.
Desde ahí se disponían a seguir el debate, por el Canal del Congreso, que se celebraría en la sede del Senado, en el edificio de Xicoténcatl, que para entonces era resguardado por centenares de soldados disfrazados de policías, colocados detrás de granaderos capitalinos, que hacían las veces de contención de los manifestantes.
La víspera, López Obrador convocó a sus seguidores a concentrarse en el Hemiciclo a Juárez, para de ahí marchar al Senado, supuestamente para evitar la aprobación de la reforma que deja abierta una "rendija" para la cesión territorial a empresas privadas, y así lo hicieron.
Cualquiera que hubiera visto la movilización en las inmediaciones del Senado no habría dudado que no sería posible ingresar al recinto sin un choque entre gendarmería y manifestantes, tal como lo apreciaron los senadores del Partido Acción Nacional que iban a bordo de un autobús.
Con los senadores iba el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Cuauhtémoc Cardona, a quien le reclamaron la falta de seguridad a su integridad. Se alarmaron porque, para hacer retroceder el autobús, el chofer debió abrir la puerta para que su auxiliar bajara a "echarle aguas" para la maniobra.
Sólo hasta entonces, y cuando ya era un hecho que la sesión se celebraría en el recinto alterno de la Torre del Caballito, Cardona se comunicó con García Luna, quien todavía estaba en la Secretaría de Gobernación, para manifestarle la molestia de los senadores y la exigencia de que dispusiera un operativo de seguridad más eficaz.
Fue así que García Luna se apareció en la Torre del Caballito, acompañado del coordinador de asesores de Mouriño, el ex priista Ulises Ramírez, Senador con licencia.
La presencia del jefe policiaco produjo un caos: Sin conocimiento del personal de seguridad ni con la logística habitual del edificio, y en específico del quinto piso donde se celebraría la sesión senatorial, el aparatoso operativo que involucró a mil 500 elementos barrió con todo, al grado que el empuje de los gorilas estuvo a punto de enviar al vacío a un grupo de periodistas, de haberse vencido los vidrios a sus espaldas.
Fue tan obvia la improvisación de García Luna en el recinto alterno del Senado, a punto de la tragedia, que el operativo de resguardo de la Cámara de Diputados por la "Policía Federal" comenzó desde el propio viernes, con la presencia del mismo funcionario, aunque ahora bajo la supervisión del Ejército.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
(Periódico Noroeste/Proceso, octubre de 2008)
domingo, 26 de octubre de 2008
El Silencio de la SEDENA
Jorge Carrasco Araizaga
A Carmen Aristegui, por el premio María Moors Cabot
MÉXICO, D.F., 24 de octubre (apro).- El Ejército mexicano atraviesa uno de sus peores momentos desde que Felipe Calderón lo sacó a las calles, en diciembre de 2006, para enfrentar a los cárteles del narcotráfico.
Entre el 8 y el 22 de octubre de este año, una decena de efectivos de la Séptima Zona Militar, con sede en Escobedo, Nuevo León, fueron asesinados por comandos de la delincuencia organizada, el mayor número de bajas militares en un solo estado y en tan poco tiempo, en el marco de las operaciones ordenadas por Calderón.
De por sí agraviantes para las Fuerzas Armadas, estas muertes son una verdadera afrenta pública al Ejército por la manera en que se cometieron: todos fueron degollados y apuñalados.
Tres de ellos fueron sorprendidos en un centro nocturno de Monterrey, donde al parecer realizaban labores de recolección de información.
Un comando de jóvenes llegó al lugar y los sometió. Luego de golpearlos, los sicarios empezaron a torturarlos con armas blancas. Heridos, los arrastraron al centro de la pista de baile, donde los dejaron ante la sorpresa de los empleados y clientes que se vieron obligados a permanecer en el lugar.
Poco a poco aparecieron más efectivos del Ejército degollados al estilo de la técnica utilizada por desertores de la fuerza especial del Ejército de Guatemala conocida como kaibiles.
De confirmarse la autoría, el agravio para las Fuerzas Armadas mexicanas sería aún mayor, pues exmilitares extranjeros habrían actuado en contra de efectivos del Ejército.
En menos de dos años, decenas de elementos castrenses, incluidos algunos jefes, han sido torturados y asesinados por el narcotráfico, ya sea en emboscadas, secuestros o enfrentamientos.
En todos los casos ha quedado demostrado que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina carecen de preparación para la guerra a la que los embarcó Calderón.
En más de una ocasión, los narcotraficantes han mostrado mayor poder de fuego. Además, no constituyen una fuerza regular, a la que en teoría los soldados mexicanos están preparados para enfrentar.
Los sicarios del narcotráfico tampoco actúan como grupos subversivos. Son aún más peligrosos. Muchos mandos castrenses han sido entrenados para enfrentar a la guerrilla. En el mejor de los casos, el Ejército cuenta con fuerzas especiales para combatir a los brazos armados de los cárteles de la droga.
Pero está demostrado que esas fuerzas del Ejército mexicano son insuficientes para enfrentar simultáneamente en diferentes partes del país a los lugartenientes y comandos del narcotráfico.
Apenas este viernes 24, el gobierno de Nuevo León y la comandancia de la Séptima Zona Militar rindieron un homenaje a las víctimas en las instalaciones del Ejército en Nuevo León.
Pero en la ciudad de México, la secretaría de la Defensa Nacional guardó silencio. Ni siquiera emitió un boletín para informar del reconocimiento a sus elementos.
El silencio no sólo tiene que ver con una estrategia de comunicación. Se puede entender que forma parte de la institucionalidad del Ejército y que las bajas están consideradas en el cumplimiento de sus obligaciones.
Pero no son aisladas las voces de elementos militares, retirados y en activo, inconformes con las situaciones de ignominia en que se ha colocado al Ejército.
En más de una ocasión, los militares no ven quién se los hizo, sino quién se los paga. De ahí el incremento de violaciones a los derechos humanos de civiles a manos del Ejército.
Muy caro le está saliendo a las Fuerzas Armadas darle la legitimidad al Presidente, pues no hay que olvidar que en medio de la crisis política que representó su llegada a la Presidencia, el primer acto de gobierno de Calderón fue sacar a los militares de sus cuarteles para enfrentar al narco.
jcarrasco@proceso.com.mx
(Proceso, octubre de 2008)
domingo, 12 de octubre de 2008
Editorial: Gobernar con la política
El pasado viernes, en una reunión sostenida con diputados federales, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, calificó –según lo relatado por el legislador Alfonso Suárez del Real, del Partido de la Revolución Democrática– como una “cuestión de altísimo riesgo para el Ejército” la solicitud de la Policía Federal Preventiva (PFP) en el sentido de mantener abiertas las vías de comunicación en el conflicto magisterial de Morelos. En cambio, de acuerdo con el diputado perredista, el funcionario llamó a “distender la situación” que se vive en esa entidad, a efecto de “generar condiciones de un verdadero diálogo”, y agregó que el número de efectivos militares que intervienen en acciones de seguridad pública se reducirá, para 2009, de tres mil a 500.
Las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional dejan entrever un reconocimiento acerca de la necesidad de privilegiar la negociación política sobre el uso de la fuerza pública como vía de solución al conflicto que se vive actualmente en Morelos, consecuencia del rechazo del magisterio estatal a la llamada Alianza por la Calidad en la Educación (ACE). Tal postura, que resulta de obvia sensatez, contrasta sin embargo con la propensión de las autoridades civiles, tanto estatales como federales: apenas el pasado jueves, elementos del Ejército y las policías federal y estatal participaron en el violento desalojo ocurrido en Xoxocotla, donde padres de familia protestaban por la negativa de las autoridades para atender a las demandas de los docentes, y que tuvo como saldo un cúmulo de atropellos y vejaciones cometidos por elementos de las fuerzas públicas.
La aparente resistencia del mando castrense por seguirse involucrando en este conflicto, tendría que obligar al Gobierno federal a abrir sus perspectivas de solución y a reconocer la importancia del diálogo y el entendimiento entre las partes; tendría, también, que hacerlo reflexionar con respecto a su proclividad a involucrar a la fuerza armada, cada vez de forma más recurrente, en tareas y responsabilidades que le son ajenas.
No puede pasarse por alto que, en el momento actual, el Ejército experimenta un evidente desgaste institucional como consecuencia del empecinamiento del gobierno por involucrarlo en la cruzada nacional contra el narcotráfico y el crimen organizado, emprendida por la administración calderonista a principios del año pasado, y que no sólo no ha restablecido la legalidad y el estado de derecho en el país, ni ha disminuido, hasta donde puede verse, el margen de maniobra de las corporaciones criminales; ha propiciado, además, un cúmulo de atropellos contra civiles inocentes, que son, en última instancia –sin que haya aquí pretensión de exculpar a los militares involucrados en estos delitos– responsabilidad de los mandos civiles, que son los que dan las órdenes.
Si lo que se quiere es evitar que este desgaste se profundice, el Gobierno federal tiene que reconocer como improcedente y peligrosa su apuesta por atender, mediante el recurso de la fuerza militar, problemáticas tan disímiles como las manifestaciones de descontento social y la inseguridad pública: la solución al primero de estos fenómenos demanda disposición de las autoridades a atender las demandas de los grupos inconformes, sin incurrir en la represión y la persecusión; el segundo, por su parte, requiere para su combate de acciones de inteligencia e investigación policiaca que escapan a los procesos de formación castrense, en tanto que su prevención debe girar en torno a la erradicación de las causas sociales, económicas e institucionales que lo originan. Es necesario, en suma, que las autoridades entiendan que, en democracia, una nación debe ser gobernada con, autoridad, sí, pero sobre todo con base en la política, la sensibilidad social, la sensatez y la razón.
(La Jornada, 12 de octubre de 2008)
jueves, 9 de octubre de 2008
Matanza silenciada
Miguel Ángel Granados Chapa
PLAZA PÚBLICA
Al mediodía del lunes 18 de agosto pasado, el tianguis que se sitúa al lado del templo parroquial en el San Pedro Limón, un poblado en el municipio de Tlatlaya, distrito de Sultepec, Estado de México, fue interrumpido de manera brutal. Llegados a bordo de tres vehículos, una veintena de individuos con el rostro cubierto y con vestimenta de tipo militar disparó sus armas, AR-15 y AK-47 contra la pequeña multitud que trajinaba en el lugar. Murieron por lo menos 23 personas, niños y adultos, y decenas más resultaron heridas. No pareció que buscaran a alguien en particular, contra el que dirigieran su ataque. Su blanco era gente común y corriente, desconocida de los agresores. Se cree que no todos se marcharon al concluir su estúpida y sangrienta acción, sino que algunos de ellos se quedaron en la zona para tener control sobre lo que allí ocurriría.
Con ser excesivo, no fue eso lo peor. Rato después de la inesperada embestida, que dejó pasmados a los sobrevivientes, quienes no acertaban a decidir qué hacer, llegaron al lugar otros vehículos, esta vez ocupados por miembros del Ejército. Éstos retiraron los cadáveres, recogieron los casquillos y limpiaron la escena. Despojaron de sus teléfonos celulares a los espantados vecinos y visitantes y se las arreglaron para hacerles saber que era preferible que no se supiera nada de lo ocurrido. Quizá disuadieron también al personal de la agencia del Ministerio Público, incluidos agentes ministeriales, que supieron de los hechos, pero no cumplieron sus funciones, pues no se inició averiguación previa alguna.
He tenido acceso a esta información por fuentes cuya identidad no revelo, pero que merecen mi confianza. Por ese motivo doy por ciertos los hechos cuya gravedad resulta evidente de su sola exposición. Se trata del primer ataque a la población civil, como el que un mes más tarde acontecería en Morelia, la noche del Grito. Si cabe compararlas, la matanza de San Pedro Limón es aún más estremecedora no sólo porque es mucho mayor el número de víctimas (tres veces más que las habidas en la capital michoacana) sino por las acciones y omisiones de las autoridades, encaminadas a ocultar lo sucedido en vez de investigar los hechos y perseguir a los responsables.
En otros espacios periodísticos (las columnas de Ciro Gómez Leyva en Milenio y Jorge Fernández Menéndez en Excélsior) aparecieron ayer informaciones sobre otra grave expresión de violencia. Se trata de la desaparición de siete comerciantes en joyería de oro. Procedentes de Pajacuarán, Michoacán, iban camino a Oaxaca y se detuvieron en Atoyac de Álvarez, Guerrero. En un burdel de esta última ciudad se les vio por última vez. Puesto que llevaban consigo unos cuatrocientos mil pesos, se presume que fueron asaltados, pero el vehículo en que viajaban apareció quemado en un paraje remoto y sin indicio alguno sobre su paradero. La desaparición ocurrió el 29 de agosto y desde entonces nada se sabe de ellos, a pesar de que sus familiares han recorrido oficinas de tres estados en busca de información sobre los suyos.
Todo lo más que llegaron a saber los parientes de los desaparecidos es que probablemente fueron víctimas de Los Pelones, “la temible banda local parte narco, parte guerrilla, parte secuestradores, parte alborotadores”, según la define Gómez Leyva. Esa misma banda –u otra homónima, o extensión de la primera— actúa en otro extremo de Guerrero, en los límites con el Estado de México. En la madrugada del seis de septiembre Los Pelones se enfrentaron con Los Zetas en Arcelia. Los Pelones de este caso merodean en Tlatlaya, por lo que quizá la matanza del 18 de agosto se debe a esta pandilla. La actuación de los militares, en obvio beneficio de la banda homicida, revelaría un contubernio entre delincuentes y mandos militares, encargados de proveerles impunidad.
Tengan o no vinculación estos sucesos, son una nueva evidencia de que la delincuencia organizada está derrotando al Estado mexicano en su función de garantizar la seguridad de los ciudadanos. En la zona de Sultepec es verdad sabida que los agentes ministeriales se cuidan de realizar tareas de investigación o captura de presuntos delincuentes sin antes recabar una suerte de autorización de Los Zetas, sin la cual no es posible que hagan sus labores. Ese es un escalón superior en el trato de la banda criminal con los policías, con quienes mantienen una fluida relación después de haber roto una práctica común no sólo en esa comarca sino en muchos lugares del país. Los Zetas sentaron las bases de su trato con los jefes policiacos rehusando pagar “ayudas” a los agentes ministeriales, cuotas de protección cuya cobertura permite el narcomenudeo y la comisión de otros delitos menores. Alterada así la relación de poder, ahora son los agentes policiacos los que dependen del poder criminal.
El silencio que hasta este momento, en que lo rompemos, ha rodeado a la gran matanza de San Pedro Limón ha sido posible por la profundidad de la intimidación lograda por el atentado mismo y por la presencia militar complicitaria. Se comprende que los pobladores se sientan inermes, presos en la tijera de esos dos factores, y accedan a no hablar de lo ocurrido, temerosos de que la crueldad que mató sin causa a 23 personas agregue a su cuenta nuevas víctimas. La Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa, el Gobierno mexiquense poseen, en cambio, capacidades al menos formales para indagar lo sucedido. Al menos es su deber intentarlo.
(El Siglo de Torreón, 9 de octubre de 2008)
miércoles, 8 de octubre de 2008
Los años perdidos
Javier Ibarrola
Fuerzas Armadas
Quedó claro, pues: los dos primeros años de gobierno calderonista han sido una pérdida de tiempo, en cuanto a la seguridad de la nación.
Cuando el pasado 12 de septiembre el presidente Felipe Calderón dijo en el Heroico Colegio Militar y ante los altos mandos del Ejército que era imperioso “recuperar el control del Estado y de su territorio en todos sus frentes”, nadie pareció tomarlo en serio, pues se creyó que era más bien un estribillo discursivo que una realidad.
Pero días después él mismo se encargaría de sacar de su error a todos aquellos que no creyeron que se había perdido el control del estado, con el envío al Congreso de su iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Si ante los militares dijo que se había perdido el control del estado, ante los legisladores descubrió que “los esfuerzos realizados hasta el momento no han logrado consolidar un adecuado sistema de seguridad pública articulado en una estrategia nacional, la cual ha sido una misión largamente postergada y sustituida en ocasiones por el discurso”.
¿Y por qué… por qué no se ha logrado consolidar un adecuado sistema de seguridad pública articulado en una estrategia nacional?
También él mismo lo explica en la exposición de motivos de su iniciativa: “si este tema no es atendido en la agenda legislativa con la importancia que merece, las actuales políticas de combate al crimen no tendrán la contundencia y efectos esperados, al no poder sostener únicamente a las fuerzas armadas en el terreno del combate al delito sin un fuerte componente de prevención”.
Por fin, el presidente Calderón se ha dado cuenta que “la contundencia en el actuar policial no ha sido constante ni homogénea”.
Además, confluye también en el fracaso “una división orgánica de los cuerpos policiales, falta de coordinación entre las mismas, e incluso, una lógica rivalidad entre las distintas agencias, que llega al extremo de no compartir la información de inteligencia para el combate al crimen; circunstancias que se traducen finalmente en la desorganización de las capacidades del Estado para hacer frente al fenómeno delictivo y el fortalecimiento del flagelo criminal”.
Quedó claro, pues: los dos primeros años de gobierno calderonista han sido una pérdida de tiempo, en cuanto a la seguridad de la nación. Y todo parara en eso: pero se han perdido recursos millonarios y lo más importante, muchas vidas humanas se perdieron porque nunca se pudo articular una estrategia nacional para combatir el crimen.
Lo dijo Calderón, pero ya antes distinguidos miembros del Ejército lo habían advertido: una guerra en contra del crimen organizado no puede ser librada para satisfacer las cámaras de televisión, los medios de información y de comunicación, los organismos no gubernamentales sean nacionales o extranjeros. “Erradicar este problema requiere de un excelente manejo de la verdad, la honestidad, la tecnología, la inteligencia, la contrainteligencia, el seguimiento, la perseverancia, la continuidad y el secreto”.
Los analistas militares también han dicho que “en la actual guerra en contra del crimen organizado y el narcotráfico se debe evitar la confrontación inútil y reactiva del Estado mexicano”.
Pero tampoco nadie hace caso de lo que dicen los militares, y por ello los narcotraficantes o quienes estén atrás de ellos, saltan al escenario como salvadores de la patria.
El lunes pasado, en diversas ciudades de la república volvieron a aparecer las famosas narcomantas presuntamente firmadas por el “Cartel del Golfo”, en las que no sólo se deslindan de los atentados en Morelia la noche del pasado 15 de septiembre, sino que ofrecen una recompensa de cinco millones de dólares para quien proporcione información para capturar a los culpables. En dichas mantas invitan a la gente a unirse a su organización donde “tendrán todo nuestro apoyo”.
Por ahí asoma ya la respuesta a una de tantas preguntas que se han hecho en este espacio: hasta ahora los únicos beneficiarios de este desastre han sido los delincuentes y quienes los protegen.
Pero Calderón ya sabe porqué no avanzamos en seguridad pública, ¿no será tiempo de que haga algo al respecto?
De imaginaria
La Federación de Militares Retirados “Gral. Francisco J. Múgica”, sigue muy activa en el proceso de aprobación de la nueva Ley para el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISSFAM. El pasado 30 de septiembre un grupo de militares retirados, aunque reducido, muy representativo: dos generales, nueve jefes y 22 individuos de tropa, marcharon del Zócalo a la Cámara de Diputados para exponer sus puntos de vista sobre la ley. Cuán sería su sorpresa cuando el diputado de extracción militar, general Justiniano González Betancourt, ni los vio ni los oyó. Eso se llama “espíritu de cuerpo”.
(Por Esto, octubre de 2008. Vía El justo Reclamo)
