Por: Luciano Franco | Nacional
Jueves 18 de Octubre de 2007 | Hora de publicación: 04:21
El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF), creado por decreto del presidente Felipe Calderón, quedó ayer en serio riesgo de quedarse sin un centavo para operar en 2008, luego de que diputados del PRI y del PRD amenazaron con no aprobar los mil 600 millones de pesos que solicita la Secretaría de la Defensa Nacional para poner en marcha ese cuerpo de elite militar.
Es más, el diputado del PRD Cuauhtémoc Sandoval, integrante de la comisión de la Defensa Nacional en la Cámara baja, aseguró que dicho presupuesto “no se va a aprobar” porque el Cuerpo aquel carece de constitucionalidad al sustituir funciones de otros organismos de seguridad especializados y, también, porque está creado sin bases jurídicas sólidas.
Sin embargo, el general Roberto Badillo Martínez, del PRI, secretario de esa comisión, dijo que aún no hay nada concreto en relación al presupuesto del CFAF, y será en los próximos días cuando se defina en concreto.
Aunque no aventuró el futuro de los recursos para ese cuerpo de elite, el general Badillo reconoció que “en ninguna parte del mundo una organización militar especializada como esa, está en manos de un civil”, en alusión directa a que, de acuerdo al decreto publicado semanas atrás, el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal estará bajo el mando directo del secretario de Gobernación.
El que sí adelantó que votará en contra del presupuesto de dicho Cuerpo fue el diputado Carlos Rojas Gutiérrez, también integrante de aquella comisión, en razón de que dijo no creer “ni en grupos especiales ni en autonomías mal entendidas”.
Cabe destacar que la comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados acordó, la semana pasada, incrementar el presupuesto para la Defensa Nacional para la adquisición de tres radares fijos de detección aérea que sustituirán a los ubicados en Chiapas, Tabasco y Oaxaca.
El general Jorge Justiniano González Betancourt, del PAN, presidente de dicho órgano legislativo, reiteró que el incremento avalado para el sector es de 7 mil 100 millones de pesos, dentro de los cuales están los 672 millones de pesos para la sustitución de ese equipo.
(La crónica de hoy, 18 de octubre de 2007)
jueves, 18 de octubre de 2007
Diputados amenazan con no aprobar recursos para rambos de Calderón
Diputados amenazan con no aprobar recursos para rambos de Calderón
Por: Luciano Franco | Nacional
Jueves 18 de Octubre de 2007 | Hora de publicación: 04:21
El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF), creado por decreto del presidente Felipe Calderón, quedó ayer en serio riesgo de quedarse sin un centavo para operar en 2008, luego de que diputados del PRI y del PRD amenazaron con no aprobar los mil 600 millones de pesos que solicita la Secretaría de la Defensa Nacional para poner en marcha ese cuerpo de elite militar.
Es más, el diputado del PRD Cuauhtémoc Sandoval, integrante de la comisión de la Defensa Nacional en la Cámara baja, aseguró que dicho presupuesto “no se va a aprobar” porque el Cuerpo aquel carece de constitucionalidad al sustituir funciones de otros organismos de seguridad especializados y, también, porque está creado sin bases jurídicas sólidas.
Sin embargo, el general Roberto Badillo Martínez, del PRI, secretario de esa comisión, dijo que aún no hay nada concreto en relación al presupuesto del CFAF, y será en los próximos días cuando se defina en concreto.
Aunque no aventuró el futuro de los recursos para ese cuerpo de elite, el general Badillo reconoció que “en ninguna parte del mundo una organización militar especializada como esa, está en manos de un civil”, en alusión directa a que, de acuerdo al decreto publicado semanas atrás, el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal estará bajo el mando directo del secretario de Gobernación.
El que sí adelantó que votará en contra del presupuesto de dicho Cuerpo fue el diputado Carlos Rojas Gutiérrez, también integrante de aquella comisión, en razón de que dijo no creer “ni en grupos especiales ni en autonomías mal entendidas”.
Cabe destacar que la comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados acordó, la semana pasada, incrementar el presupuesto para la Defensa Nacional para la adquisición de tres radares fijos de detección aérea que sustituirán a los ubicados en Chiapas, Tabasco y Oaxaca.
El general Jorge Justiniano González Betancourt, del PAN, presidente de dicho órgano legislativo, reiteró que el incremento avalado para el sector es de 7 mil 100 millones de pesos, dentro de los cuales están los 672 millones de pesos para la sustitución de ese equipo.
(La crónica de hoy, 18 de octubre de 2007)
miércoles, 17 de octubre de 2007
Sedena planea comprar 5 naves y mil Hummer
Guillermo Galván solicita a Cámara ampliar en casi 9 mmdp gasto para 2008
Romina Román
El Universal
Miércoles 17 de octubre de 2007
romina.roman@eluniversal.com.mx
El aumento en el presupuesto que solicitó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a legisladores se destinaría a la compra de mil vehículos Hummer con un valor de mil 240 millones de pesos; tres aviones del fabricante español CASA, por 295 mil 035 millones de pesos; dos helicópteros Blackhawk y la adquisición de mil 517 equipos de radio Falcón II de origen estadounidense por 685.7 millones de pesos.
Datos recabados de la reunión privada que sostuvo Guillermo Galván Galván, titular de la Sedena, con diputados de la Comisión de Defensa, revelaron que el presupuesto original que se acordó para este año es de 34 mil 712 millones de pesos; sin embargo, los militares requirieron una ampliación de 8 mil 622 millones de pesos más, para sumar 43 mil 335.6 millones de pesos.
Otro de los rubros a los que se dirigirían los recursos es a un incremento —compensación— de mil pesos mensuales para las tropas, que en total sumarían 2 mil 362 millones de pesos; mejoras de atención médica integral por 395 millones de pesos; gastos en alimentación, combustibles, lubricantes, refacciones y mantenimiento de instalaciones por 356 millones de pesos, principalmente.
En el caso específico del aumento en las compensaciones de los soldados, se busca que éstos logren, en un periodo no mayor a cinco años, ingresos equivalentes a los de la policía capitalina y de los agentes federales preventivos, que ganan 8 mil y 8 mil 700 pesos mensuales, respectivamente.
Sistema de salud
Guillermo Galván advirtió en San Lázaro que una de las mayores debilidades del Ejército es el sistema de salud, debido al creciente déficit de medicamentos; en este momento, el personal tiene que comprar sus propias medicinas y la falta de insumos provoca que se reprogramen consultas e intervenciones quirúrgicas.
Incluso, hay una saturación de las instalaciones hospitalarias e insuficiencia en infraestructura médica.
En 2007, a través del servicio médico subrogado, se transfirieron 879 millones de pesos para atender a 534 mil 876 retirados y derechohabientes en activo. Además de estas cantidades, la Sedena requirió mil 568 millones de pesos para crear el cuerpo especial de fuerzas de apoyo federal. Este dinero se otorgaría durante un trienio, pero los legisladores están en contra de esta partida.
En el encuentro con legisladores, el titular de la Secretaría de la Defensa presentó un panorama de la situación del Ejército y advirtió que éste se encuentra en una “modesta” situación.
Los diputados confirmaron que el secretario detalló que los más de 181 mil efectivos representan 0.16% de la población, mientras que en naciones como Estados Unidos llegan a 0.5%; en Cuba a 0.44%; Chile 0.46% y Argentina 0.17%.
Puntualizó que aun cuando el país es la decimotercera economía mundial, canaliza para el gasto en defensa —de sus tres fuerzas armadas— sólo 0.43% del presupuesto, no obstante, a nivel mundial, el promedio es de 2.6% y en AL llega a 1.6%.
Galván insistió en que es prioritario reforzar los recursos para el Ejército, ya que la seguridad demanda a los militares tareas básicas, entre las que destacan el combate al crimen organizado, entre otras. Como parte de la urgencia de la Sedena, en unos días senadores de la Comisión de Defensa se reunirán con Agustín Carstens, secretario de Hacienda, para plantearle la problemática del Ejército.
(El Universal, 17 de octubre de 2007)
viernes, 12 de octubre de 2007
Bloquean en la Cámara cuerpo militar decretado por Calderón
El presupuesto del Ejército aumentará 2 mil 500 millones; 97.5 irá a compensaciones de jefes y oficiales
Roberto Garduño y Enrique Méndez
Con los votos de las fracciones parlamentarias de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados rechazó autorizar una nueva partida de mil 600 millones de pesos que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó expresamente para integrar el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal, creado hasta el momento sólo por decreto presidencial de mayo pasado.
No obstante, los legisladores descubrieron una partida de 200 millones de pesos que el Ejército incluyó en el rubro 1802 para ese cuerpo de elite en la Primera Región Militar, y cuestionaron que si bien el presupuesto regular de la Sedena aumentará 2 mil 500 millones, 97.5 por ciento se destinará a gasto corriente y a incrementar considerablemente las compensaciones para jefes y oficiales.
El presidente de la comisión, general Jorge González Betancourt, citó este jueves a reunión extraordinaria, dos días después de que se difundió el listado de recursos solicitados por el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván, quien advirtió sobre la obsolescencia de la mayoría del equipo, aviones y transportes del Ejército y la Fuerza Aérea.
Aunque el secretario presentó una ampliación presupuestal de 32 mil millones de pesos para renovación de aeronaves, vehículos y compra de radares, la comisión sólo se comprometió a gestionar un incremento de 7 mil millones ante la Comisión de Presupuesto para que ésta lo incluya en el dictamen que se votará en el pleno.
Ese monto será adicional a los 34 mil 712 millones de pesos considerados para el presupuesto 2008 de la Sedena, por lo que el gasto de la dependencia ascendería a 41 mil 712 millones.
A pesar de que los incrementos fueron solicitados de manera expresa por Galván en un desayuno el viernes pasado, en el Campo Militar Número Uno, ayer el panista González Betancourt pretendió hacer creer que el aumento fue “a iniciativa de la comisión y no de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
El ajuste al alza del presupuesto militar se debió, explicó el general González, a que si bien para el próximo año se considera un aumento considerable a los recursos destinados a las fuerzas armadas, respecto de su gasto para 2007, 97.5 por ciento estará destinado a sueldos.
Al respecto, el diputado perredista David Sánchez Camacho realizó el desglose de las partidas que crecerán para las compensaciones de jefes y oficiales, que van de 45.17 a 2 mil 64 por ciento.
El legislador informó que el rubro que representa un crecimiento sin precedentes es el de la partida 1320, Compensación de Servicios, en la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, que tendría un aumento de 211 millones 356 mil pesos, que representa un aumento de mil 883 por ciento respecto de lo autorizado a ese rubro durante 2007.
Otras partidas destinadas a bonos para los jefes y oficiales del Ejército son: Dirección General de Administración, partida 1320, Compensación de Servicios, 171 millones 33 mil pesos más, un aumento de 429 por ciento; partida 1511, Asignaciones al sueldo, subirá 42 millones 111 mil pesos, 183 por ciento; partida 2200, Productos Alimenticios, 121 millones adicionales, 255 por ciento más.
También, dentro de la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa, la partida 1511, Asignaciones al Sueldo, 43 millones 796 mil 972 pesos más, 211 por ciento adicional.
Dirección General de Industria Militar, partida 1320, Compensación de Servicios, aumento de 30 millones 588 mil 780 pesos, 837 por ciento; partida 1511, Asignaciones Adicionales a Sueldo, 21 millones más, 211 por ciento.
El diputado perredista Sánchez Camacho resaltó que las compensaciones y asignaciones adicionales se incrementan también para los oficiales de las direcciones General de Salud y General de Ingenieros, y específicamente para la I y II regiones militares.
En contraste, el acuerdo de la Comisión de Defensa es autorizar un aumento de sólo mil pesos mensuales a los soldados rasos, que representa un costo total de 2 mil 400 millones de pesos.
Además, en el aumento de 7 mil millones de pesos se incluyen: 395 millones para atención médica y medicamentos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM); 356 millones para gastos de operación y mantenimiento en los operativos estatales; 600 millones para la fabricación de vestuario y equipo de campaña, que dejó de confeccionarse desde el tercer año de gobierno de Vicente Fox; mil 35 millones para la compra de tres aviones caza 925; 368 millones para la adquisición de dos helicópteros UH-60L; 685 millones para la compra de mil 500 radios Falcon II, y mil 240 millones para comprar mil Hummers.
jueves, 4 de octubre de 2007
La CNDH, insatisfecha con el fallo sobre abusos militares en Castaños
Víctor Ballinas
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, destacó ayer que la decisión de un juez de Coahuila de condenar a tres militares por el caso de 14 mujeres violadas en Castaños y dejar libres a otros, “es una resolución con la cual nosotros no estamos conformes; se quedaron cortos. Hay muchos pendientes, empezando con el Ejército y luego con el gobierno del estado”, subrayó..
El ombudsman insistió en que es necesario que se investiguen aspectos importantes del caso, “como la existencia de una cárcel privada en un antro, misma que era cuidada por policías municipales, como lo señalamos en la recomendación. Vimos muchas irregularidades; la nuestra es una recomendación de 500 páginas y se tiene que cumplir, todavía hay violaciones pendientes”.
Cuestionado sobre la recomendación que la CNDH emitió sobre Pasta de Conchos, donde murieron 65 mineros luego de un accidente, el titular de la comisión informó: “Todavía no se cumple; tenemos abierto el expediente y estamos esperando que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que aceptó la recomendación, la cumpla”.
En entrevista al término de la firma de un convenio con organizaciones civiles, el ombudsman manifestó que “la CNDH investiga las desapariciones de dos miembros del EPR, cuya investigación ha llevado a los visitadores al estado de Guerrero, y también se recibió queja de la desaparición de Francisco Paredes Ruiz, quien fuera militante del Movimiento Armado Revolucionario.
El titular de la CNDH subrayó que está enterado de que en el Senado hubo un punto de acuerdo para que se investigue este último caso.
Luego dijo que en el gobierno del presidente Vicente Fox se recibieron quejas sobre personas desaparecidas, hubo denuncias ante la comisión para que se investigaran estas situaciones, al igual que los llamados levantones, perpetrados por policías o grupos de narcotraficantes.
El ombudsman señaló que al Ejército le falta mucho para cumplir “con educación y capacitación; no está hecho para labores de seguridad pública, sino para salvaguardar la soberanía nacional y apoyar en casos de desastres”.
Cuestionado en relación con la opinión de que las recomendaciones de la CNDH son débiles, Soberanes respondió: “Que las lean, porque normalmente son comentarios que hacen sobre las rodillas, sin estudiarlas. Son documentos extensos y sólidos”.
(La Jornada, 4 de octubre de 2007)
miércoles, 3 de octubre de 2007
Débil sentencia contra militares, licencia para que sigan los atropellos: Vera López
Leopoldo Ramos, Enrique Méndez y Roberto Garduño (Corresponsal y reporteros)
Saltillo, Coah., 2 de octubre. La “débil sentencia” del juez penal Hiradier Huerta Medrano contra los militares acusados de violar y golpear a 13 trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños “abre una puerta aún más amplia para que miembros del Ejército Mexicano sigan realizando todo tipo de atropellos”, denunció el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, tras llamar a la sociedad civil “a levantar la voz” para erradicar la impunidad “que protege” a los miembros de las fuerzas armadas..
En la ciudad de México, también criticaron esa sentencia las diputadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Alternativa Social Marisela Contreras y Marina Arvizu, quienes señalaron que aunque con el fallo se rompe la impunidad de las fuerzas armadas, faltó aplicar la ley a los 20 soldados involucrados en ese caso.
Desde Saltillo, el sacerdote Vera López estimó urgente el fortalecimiento del sistema de procuración de justicia, “pues muchas fueron las causas que provocaron la débil sentencia del caso Castaños”. Citó como ejemplo “la pobre actuación” del Ministerio Público y de la defensa de las víctimas.
Afirmó que desde la época de los gobiernos federales priístas, los abusos de los militares en contra de la población han quedado impunes, pero la situación empeoró con Acción Nacional (PAN) en la Presidencia de la República.
“Esta sentencia no es un caso aislado en México; la actitud de los elementos de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) es condenada en diferentes estados, porque nunca se les castiga de la misma manera que a quienes pudieran realizar las mismas agresiones o menores desde agrupaciones sociales”, señaló.
En el comunicado, titulado Seguimos siendo víctimas de los abusos impunes del poder, el obispo de la diócesis de Saltillo consignó también que “dejar prácticamente impunes con este juicio a la mayoría de los militares que intervinieron en una acción que se equipara al secuestro (…) abre una puerta aún más amplia para que miembros del Ejército Mexicano sigan realizando todo tipo de atropellos, como los que ya cometen por todo el país”.
Destacó que la “debilidad” de “la defensa de las víctimas, del Ministerio Público y el juez –en perjuicio de las afectadas y la sociedad– nos invita a quienes como ciudadanos organizados en agrupaciones de diversa índole, que buscamos mejorar y elevar la calidad de vida en México, la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de una verdadera democracia (…) nos enlacemos y solicitemos a las autoridades correspondientes que deben intervenir en la apelación contra este débil juicio”.
El lunes, el juzgado segundo penal de Monclova emitió sentencia condenatoria por violación y lesiones en contra de cuatro de los ocho integrantes del Ejército Mexicano detenidos en el penal de esa ciudad tras la violación de 13 bailarinas, meseras y sexoservidoras que trabajaban en los salones El Pérsico y Las Playas, de la zona de tolerancia del municipio de Castaños. Los otros cuatro militares fueron absueltos del delito de violación.
Al respecto, y en particular sobre el castigo contra el soldado Omar Rangel Fuentes, consistente en 41 años de prisión, la diputada Marina Arvizu indicó que propicia desde todos los ámbitos legales un trabajo a fondo en el Congreso federal para garantizar que la justicia sea expedita, y que los militares sean juzgados como cualquier otro ciudadano.
Maricela Contreras, representante del PRD, adujo que la decisión del juez marca un precedente para juzgar a militares en el fuero civil; no obstante, aún restan muchísimos casos pendientes de resolver.
(La Jornada, 3 de octubre de 2007)
lunes, 1 de octubre de 2007
Calderón vulnera derechos humanos
En materia de derechos humanos, el primer ejercicio de Felipe Calderón deja saldo negativo: militarización; criminalización y represión de la protesta social; ejecuciones ligadas a la lucha contra el narcotráfico; impunidad en desapariciones forzadas y violaciones sexuales, entre otras, son expresiones de un autoritarismo velado, califican defensores.
Nancy Flores
Con una diferencia de menos de un punto porcentual y el rechazo de un amplio sector que lo consideró “espurio”, Felipe Calderón Hinojosa asumió –bajo la sombra de los militares– la Presidencia de México el 1 de diciembre pasado. Cuatro días después, Flavio Sosa, integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), fue aprehendido y encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
A esta detención, que marca el inicio de lo que defensores de derechos humanos califican como autoritarismo velado, le sigue la “Operación Conjunta”: primera acción oficial del gobierno llevada a los estados y, al tiempo, primer atentado contra las garantías individuales.
Y es que los operativos contra el narcotráfico han derivado en la militarización del país, además de tener por objetivo real la localización y erradicación de “grupos subversivos”, según reconoció en enero pasado Zeferino Torreblanca, gobernador de Guerrero, entidad donde aún se realizan acciones vinculadas a dicho programa.
Michael Chamberlin, subdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, dice que la presencia del Ejército en la vida civil del país responde a la necesidad de legitimación que tiene el presidente, pues no hay consenso social.
El activista señala que “la acción enfocada contra el narcotráfico está dedicada, por debajo, hacia organizaciones sociales. El panorama no es bueno: cada vez es más posible que se detengan personas, que haya mayor discrecionalidad para torturar y desaparecer ciudadanos, sin ningún control ni protección. Es previsible que en adelante esa tendencia se recrudezca”.
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) acusa a la administración federal de desaparecer, el 25 de mayo pasado, a dos de sus militantes: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Como respuesta, el EPR ha emprendido una campaña de sabotaje a grandes empresarios, por medio de ataques a ductos de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Al respecto, el 15 de septiembre el presidente Calderón exigió “que se sepa quiénes apoyan o toleran, así sea veladamente, este tipo de actos y quiénes los rechazamos porque estamos convencidos de que la vía pacífica es la única”. Hasta ahora, la Secretaría de Gobernación ha negado haber secuestrado a los disidentes.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dice que, sin consultar a la población, el gobierno ha tomado decisiones sobre temas muy álgidos que tienen que ver con la seguridad pública y el narcotráfico y ha optado por una salida dura: la militarización de la sociedad, sobre todo en lugares estratégicos como la frontera norte y estados como Guerrero, Tabasco, Oaxaca.
“Ésta es una mala señal para los derechos humanos de la población más pobre y vulnerable. Además de generar mayor malestar porque no hay resultados tangibles que reviertan los procesos de polarización y de conflictividad social.”
Michael Chamberlin destaca que, en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, han aumentado las ejecuciones sin esclarecer. Desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia más de 2 mil 500 personas han perdido la vida, de las cuales cerca de 200 eran policías.
“Los asesinatos se toman como más normales, como si fuera una justificación y la lucha contra el narcotráfico permitiera la muerte de personas. Es una devaluación del respeto a la vida y de la obligación que tiene el Estado de respetar los derechos humanos. Eso tiene que ver con el asunto de la procuración de justicia y abre la puerta a la impunidad.”
En este mismo contexto, militares han perpetrado abusos en contra de la población civil, entre los que sobresalen los asesinatos ocurridos en contra de una familia en Sinaloa, el pasado 1 de junio; los cateos sin órdenes judiciales de Netzahualcóyotl, efectuados el 2 de agosto por el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en la colonia El Sol, y violaciones sexuales como la de la mujer indígena de 73 años, Ernestina Ascencio Rosario, quien murió en marzo pasado después de haber declarado a sus familiares que “los verdes se le echaron encima”.
Cuerpos policiacos
La política de seguridad también implica la militarización de las fuerzas policiacas, eso es lo preocupante, dice Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Detalla que “se han dado diversas transferencias de militares a los cuerpos policiacos. Pero para que se dé una política clara en materia de derechos humanos se debe de entrar en un proceso de desmilitarización de estas corporaciones, que sean preventivas y no violadoras de dichos derechos”.
De acuerdo con el diario La Jornada, el pasado 1 de abril, los secretarios Genaro García Luna, de Seguridad Pública, y Guillermo Galván Galván, de Defensa Nacional, firmaron un convenio de colaboración para transferir, en calidad de apoyo, 7 mil 588 militares a la Policía Federal Preventiva.
El contrato –cita el reportero Gustavo Castillo– establece que los elementos “seguirán sujetos a las normas de disciplina militar que los rigen y al marco jurídico aplicable”, por lo que no podrán ser juzgados por autoridades civiles aun cuando incurran en violaciones a derechos humanos o en otro tipo de delitos.
Aunado a esto, la administración calderonista creó, el pasado 9 de mayo, el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército, para auxiliar acciones estatales y nacionales, entre las que destaca sofocar disturbios.
Para el antropólogo Abel Barrera, este gobierno criminaliza la protesta y pone fuera de la legalidad a los movimientos de resistencia, como ha sucedido con la APPO y con los habitantes de San Salvador Atenco, quienes han recibido penas excesivas como lección para la sociedad que se organiza.
El 11 de septiembre, apenas 10 días después de que el presidente se comprometiera –en su primer informe de gobierno– a respetar y promover los derechos humanos de los mexicanos, fue ratificada la condena de 67 años y seis meses de prisión, en el penal de máxima seguridad del Altiplano, contra Ignacio del Valle Medina, Héctor Galindo Gochicua y Felipe Álvarez Hernández.
Con esta sanción, la primera sala colegiada penal del estado de México determinó que los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra e integrantes de La Otra Campaña son más peligrosos que, por ejemplo, Ismael Higuera Guerrero, el Mayel, identificado por la Procuraduría General de la República como el líder de una célula del cártel de Tijuana, sancionado con 18 años de prisión por delitos contra la salud.
Más indeseables que Mario Arturo Acosta Chaparro, señalado entre los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la década de 1970, durante la guerra sucia. El general fue excarcelado el pasado 28 de junio del Campo Militar número uno, donde permaneció seis años por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.
Contrainsurgencia
Las medidas contrainsurgentes, aplicadas incluso contra los movimientos civiles y pacíficos, no se limitan a la militarización y represión: incluyen desapariciones forzadas, asesinatos, violaciones sexuales, reactivación de guardias blancas, desalojos violentos.
A inicios de este año, en las zonas conflictivas de Chiapas se reactivaron dos grupos de corte paramilitar: la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos y la Unión Regional Campesina Indígena.
En complicidad con funcionarios federales, estas organizaciones reclaman tierras en posesión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con un saldo cuando menos de cinco incursiones armadas a la Junta de Buen Gobierno El Camino del Futuro, el secuestro de tres milicianos, amenazas y actos intimidatorios en contra de defensores de derechos humanos (Contralínea, 75).
Más reciente, el 18 de agosto pasado, seis helicópteros de las policías estatal y federal desalojaron en forma violenta los poblados de San Manuel y Buen Samaritano, ubicados en la reserva de la Biosfera de Montes Azules, donde habitaban bases de apoyo del EZLN.
De estos hechos, el grupo guerrillero responsabilizó a Felipe Calderón Hinojosa, “gobernante de los ricos de México”, y a Juan Sabines Guerrero, “gobernador de los terratenientes y paramilitares de Chiapas”.
Michael Chamberlin dice que “no podemos desvincular estos nuevos desalojos de una serie de acciones que se han venido dando al menos desde 2001. Una presión constante a despejar esta zona por cualquier medio, desde las mesas de negociación hasta el desalojo forzado, como estos últimos casos, las amenazas y los ataques armados. Una vehemencia por ampliar su base territorial creando nuevas áreas naturales protegidas, para seguir despejando, más que por razones ecológicas, para proyectos marcados en el Plan Puebla Panamá”.
El defensor de derechos humanos advierte que la supuesta protección de la reserva busca la extracción de recursos naturales: petróleo, agua y biodiversidad, e indica que está relacionada con la presencia del EZLN y de las organizaciones que han estado luchando durante años por la tierra en esa zona, la ARIC, Unión de Uniones, y sus diferentes facciones, los intereses comunales de la Selva Lacandona.
Pobreza
La guerra sucia nunca se fue
Los conflictos sociales deben ser atendidos desde las causas estructurales que los originan, como la alta marginación y la pobreza, en vez de ser reprimidos, asegura Luis Arriaga Valenzuela.
De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México 2006, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México, 11 municipios del país se encuentran entre los más pobres del mundo, sólo comparados con los de África subsahariana.
Sobre este tema, Abel Barrera indica que no sólo se han hundido a los pueblos en la pobreza sino que se mantienen los programas asistenciales de viejo cuño, que buscan fortalecer clientelas y hacer más dependiente a la población pobre de beneficios inmediatos que no atacan las causas de la miseria.
Michael Chamberlin detalla que el aumento de la migración también es un indicador de pobreza. “Hay un deterioro fuerte a nivel social y a nivel institucional. No se dan garantías para este tipo de derechos a una vida digna”.
El crecimiento de la población indígena y campesina que emigra hacia el norte del país y Estados Unidos, coloca a estos mexicanos en una situación de mayor vulnerabilidad: los trabajadores eventuales están catalogados de segunda categoría, por no tener preparación y ser en gran parte analfabetas funcionales, reflexiona el antropólogo Abel Barrera.
Añade que el fenómeno migratorio trae consigo un desgarramiento del tejido social, que causa, a su vez, mayor confrontación, polarización y aislamiento, por el distanciamiento de las autoridades con la ciudadanía.
Sobre este tema, Arriaga Valenzuela, director del Pro Juárez, advierte éste es otro pendiente de la administración federal. “Es necesario establecer una clara política migratoria que no dependa exclusivamente de las decisiones tomadas en el Congreso de Estados Unidos. No basta con señalar las deficiencias existentes en el país del norte sino que es necesario crear condiciones para que la migración no sea una necesidad forzada por parte de los mexicanos que van a Estados Unidos.
“En relación con los emigrantes que transitan por nuestro país, es necesario que se les respeten en todo momento sus derechos, además de brindar garantías a quienes defienden estos derechos.”
Conflictos agrarios
Entre las violaciones a los derechos humanos cometidas en este nuevo gobierno sobresale la regresión a las conquistas laborales de los trabajadores que están dentro el sistema del ISSSTE, indica Abel Barrera. “Con esta contrarreforma se conculcan derechos fundamentales de los trabajadores, en aras de privatizar los servicios de salud y demás servicios públicos”.
El director de Tlachinollan dice que “el Estado renuncia a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de los mexicanos. Eso es grave sobre todo para las regiones indígenas donde ni siquiera se ha garantizado el acceso a la salud, a la educación, a los caminos, al empleo, y eso ha ensanchado la brecha entre ricos y pobres en el país. El gobierno se ha olvidado y ha sacado de la agenda política los derechos indígenas”.
Añade que otros capítulos pendientes de esta administración son los conflictos agrarios: el tema de la tierra no ha sido resuelto y agudiza la confrontación comunitaria. Para Abel Barrera lo más grave es que, lejos de resolver esta problemática, la administración federal impulsa megaproyectos, como el de la hidroeléctrica La Parota, en detrimento de los derechos colectivos de los pueblos.
Para Luis Arriaga Valenzuela, otro capítulo irresuelto es el referente a los delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia. El activista dice que es necesario que el tema se mantenga vigente y que realmente se aborde. “El presidente Calderón no ha hecho mención explícita de este tema”.
El defensor de los derechos humanos señala que en el Primer Informe de Gobierno de Calderón el tema de derechos humanos ocupa un lugar poco relevante y esta situación confirma lo poco visible del tema en relación a determinados asuntos públicos.
“Si bien se señala que se han iniciado los trabajos para elaborar el programa nacional de derechos humanos cabe insistir que en su elaboración no se han involucrado diversas voces de la sociedad civil, con lo cual se corre el riesgo de repetir lo ocurrido en el sexenio anterior.”
Agrega que lo poco visible del tema no se reduce al lugar que ocupa en el Informe, también a la inexistencia de una política clara, contundente, en materia de derechos humanos y también necesaria especialmente cuando la estrategia de seguridad pública ha alcanzado un lugar relevante como parte de la política seguida por el actual régimen.
(Contralínea, 1a quincena de octubre de 2007)
