Gabriel León y Jesús Aranda
El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amerigo Incalcaterra, consideró que las recomendaciones emitidas la semana pasada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por abusos cometidos por integrantes del Ejército son señalamientos “muy pertinentes”, porque recogen la preocupación social debida a la violación de las garantías de la población por fuerzas militares desplegadas en tareas de seguridad pública.
Luego de participar en el Encuentro iberoamericano desarrollo social, democracia y no discriminación, el funcionario del organismo internacional puntualizó que “es evidente que no es la fuerza militar la que debe intervenir en materia de seguridad interna”.
Expuso que cualquier acción que despliegue el gobierno federal para salvaguardar la seguridad pública de la población debe tener lugar en un marco de respeto a los derechos humanos.
Por otra parte, la jerarquía católica consideró preciso que el gobierno federal atienda las recomendaciones de la CNDH y ordene el repliegue de las fuerzas armadas a sus cuarteles.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó que luego de conocerse la semana pasada los señalamientos del organismo, el gobierno de Felipe Calderón está obligado a revisar los procedimientos en los que se ven involucrados efectivos de las fuerzas armadas, evitar que cometan atropellos y revisar la permanencias de los mismos en la calle.
La jerarquía católico destacó que “desde siempre” se han condenado los abusos cometidos por las fuerzas militares en contra de la población civil, como ocurrió, entre otros casos, en el poblado de Castaños, Coahuila, donde una veintena de uniformados agredió sexualmente a un grupo de mujeres y golpeó a habitantes de la comunidad.
En tanto, Maureen Meyer, funcionaria de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, planteó que “cualquier programa de colaboración entre México y Estados Unidos para combatir al narcotráfico “debe incluir mecanismos de supervisión para asegurar el respeto a las garantías, al debido proceso y a los derechos humanos”.
Al participar en el seminario internacional México: la seguridad nacional en la encrucijada, que se desarrolla en El Colegio de México, la especialista sostuvo que la historia de violaciones a los derechos humanos por policías y militares, y el clima de impunidad que los rodea, “subraya la necesidad de asegurar que cualquier asistencia proporcionada a las fuerzas de seguridad en México no sea a costa del respeto y la promoción de las garantías individuales”.
Como muestra de esta impunidad Meyer señaló las recomendaciones que emitió la CNDH en contra del Ejército por violaciones a los derechos de la población civil.
Amerigo Incalcaterra destacó que la CNDH ha dado un seguimiento exhaustivo a las tareas de seguridad del Ejército y expuso que las tareas de los militares deben tener lugar “dentro de ciertos márgenes que permitan que su actuación sea más efectiva y eficaz”.
En entrevista, expuso que México enfrenta “un problema serio y grave” en su lucha contra la delincuencia organizada, por lo que la solución no es retirar a las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública.
“Lo que sí es importante –añadió el titular del ACNUDH– es que en la medida en que el Estado mexicano ha tomado la decisión de utilizar ciertas fuerzas militares en tareas de seguridad interna, esto se haga dentro de un marco de respeto y garantía a los derechos humanos.”
Confió en que antes de que el gobierno federal siga corriendo los riesgos de mantener a las fuerzas militares en la calle, “debe tomar en cuenta que el tema de la seguridad pública es sumamente delicado y grave”, por lo que “la obligación de Naciones Unidas, y lo que recomienda y exige a sus estados asociados, es combatir toda clase de violencia y al crimen organizado.
“En el tema de la utilización de los mecanismos de fuerza hay que ser cautelosos. No hay una receta. Cada estado tiene que reaccionar y dar una respuesta adecuada, según sus propios ordenamientos jurídicos”, puntualizó.
(La Jornada, 26 de septiembre de 2007)
miércoles, 26 de septiembre de 2007
Apoya la ONU recomendaciones del ombudsman contra abusos militares
sábado, 22 de septiembre de 2007
Castigar a militares violadores de derechos, exige CNDH a Calderón
Víctor Ballinas
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, urgió ayer al presidente Felipe Calderón a que se pronuncie y tome las medidas correspondientes ante la gravedad de las violaciones a derechos humanos cometidas por más de 78 militares contra civiles, que van desde ultrajes a 16 mujeres, tortura y detenciones arbitrarias hasta asesinatos..
El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo esperar “que el Ejecutivo asuma su responsabilidad y ordene el castigo para los militares involucrados”. Reveló que “en el caso de las 14 mujeres violadas en Castaños, Coahuila, participó un general, y en el asesinato de una familia en Sinaloa está involucrado un coronel”.
Advirtió que el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública puede resultar contraproducente, “como demuestran los hechos violatorios de las garantías corroborados por la CNDH”. Asimismo, dijo que “es hora de que el gobierno genere un plan para regresar a los militares a los cuarteles y se deje de exponerlos en misiones para las que no están preparados y que no son de su competencia estricta. Será por el bien de los derechos humanos y del Ejército”.
Insistió en la necesidad de que el Ejecutivo establezca fechas para el retiro gradual del Ejército de las labores policiaca. “Sería irresponsable, como ombudsman nacional, si pidiera que en este preciso momento se retirara a los militares de las labores que no son de su competencia, no sólo porque en varias regiones del país se generaría una ausencia de Estado, que únicamente puede convenir al narcotráfico y a otros grupos que actúan con violencia, sino también porque muchos mexicanos perderían la única protección que tienen contra la delincuencia organizada.
“Paralelamente al retiro gradual del Ejército es imperativo que las policías municipales, estatales y federales asuman cabalmente la responsabilidad que por ley les corresponde”, insistió, y recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la presencia de militares en labores policiacas debe ser excepcional, únicamente de apoyo y sin usurpar jamás las esferas de competencia de la autoridad civil, guardando el más escrupuloso respeto a las garantías individuales.
En conferencia de prensa, Soberanes Fernández se pronunció, “a título personal y como abogado”, por la revisión del fuero militar. “Creo que la existencia de ese fuero debe ser algo excepcional; tiene que aplicarse a los militares por el ejercicio de sus cargos y por actos contra la disciplina militar; en todos los demás casos debe ser la justicia civil la que investigue los delitos, ya sean del fuero común o federales”.
Subrayó: “pienso que debe abrirse un debate en los foros jurídicos y académicos, y con la sociedad para que opinen al respecto”, pero, “como ombudsman, creo que se debe respetar la ley, y la Constitución establece el fuero militar en su artículo 13”.
El titular de la CNDH presentó ayer a la opinión pública las recomendaciones 37, 38, 39 y 40 que este año dirigió al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, por violaciones graves a derechos humanos cometidas por militares contra civiles en Coahuila, Sinaloa y Michoacán.
Expuso los casos de Castaños, Coahuila, donde el 11 de julio de 2006 militares violaron a 14 mujeres de los salones El Pérsico Dancing y Las Playas Cabaret en represalia por que detuvieron a un militar en una de las cárceles privadas con que contaban esos centros, y en cuyo actos de ultraje participó un general, por lo que emitió la recomendación 37/2007.
Detalló que la recomendación 38/2007 se refiere a los hechos ocurridos el 2, 3 y 4 de mayo de este año en Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, Michoacán, donde después de que militares fueron emboscados por presuntos grupos armados, se desplazaron al lugar cientos de elementos castrenses, quienes cometieron detenciones arbitrarias, torturas, cateos, robos a domicilios y violaciones sexuales contra cuatro mujeres, dos de ellas menores de edad.
La recomendación 39 –dijo– se refiere a los hechos ocurridos el 7 de mayo de este año en Apatzingán, Michoacán, donde cuatro presuntos narcotraficantes perdieron la vida al enfrentarse con miembros del Ejército, quienes posteriormente detuvieron a ocho personas a las que mantuvieron incomunicadas y retenidas de manera ilegal en instalaciones militares, donde las torturaron, además de que durante los cateos cometieron robos.
En el caso de la recomendación 40/2007, se refiere a los hechos ocurridos en el municipio Sinaloa de Leyva, en Sinaloa, donde soldados que estaban acampando a la orilla de la carretera dispararon contra una camioneta en la que viajaban ocho personas. Los soldados habían consumido mariguana y uno, además, cocaína. En el tiroteo murieron dos personas –una mujer y su hija–, y posteriormente perecieron tres más a causa de las heridas recibidas, porque “los militares impidieron que se les diera atención médica”.
Asimismo, Soberanes destacó que la CNDH investiga 202 expedientes de queja presentados por violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de la Sedena.
Advirtió que un Ejército débil y vacilante sólo conviene al narcotráfico y a quienes buscan imponer cambios políticos por medio de la violencia. Y advirtió: “la CNDH sostiene que conocer y castigar con el rigor que marca la ley a los individuos que agraviaron los derechos humanos fortalecerá a la milicia en su conjunto y elevará su autoridad moral”. Con ello “se enviará a la sociedad el mensaje de que la institución de las fuerzas armadas no tolera que sus integrantes violen las garantías fundamentales de la población”.
México necesita un Estado capaz de imponer el imperio de la ley, un Estado capaz de interponerse como un escudo entre los criminales y los ciudadanos. “Ninguna ganancia social puede haber si se busca hacer de la autoridad una figura vacilante y temerosa; seríamos los mexicanos quienes pagaríamos las consecuencias”.
“Las recomendaciones que hacemos públicas hoy no son un amago a nadie, sino un llamado firme y comprometido para la reflexión, para las decisiones responsables. Se requiere urgentemente una cruzada educativa y de capacitación en el Ejército”.
(La Jornada, 22 de septiembre de 2007)
martes, 18 de septiembre de 2007
Élite militar deja de depender directamente del Presidente
Jorge Ramos
El Universal
Martes 18 de septiembre de 2007
jorge.ramos@eluniversal.com.mx
El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército mexicano, que actuará en tareas de seguridad pública a petición de autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno, para la restauración del orden, combate al crimen organizado y actos contra la seguridad de la nación, ya no estará directamente bajo las órdenes del Presidente de la República.
Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que reforma al anterior que creó al Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea, denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.
“Se crea el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos bajo las órdenes del Presidente de la República. Este cuerpo dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional”, señala el decreto publicado en el mismo DOF el 9 de mayo pasado.
Ayer se modificó ese artículo para quedar así: “Se crea el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el cual dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Además, se establece que la solicitud para que actúe este cuerpo especial deberá hacerse al secretario de Gobernación.
La nueva corporación castrense, según se anunció desde el pasado 9 de mayo, se formará con 3 mil 500 integrantes del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales.
El domingo pasado, durante el desfile con motivo del 197 aniversario de la Independencia, miembros de este nuevo cuerpo fueron presentados ante el presidente Felipe Calderón Hinojosa y la gente que acudió a ver la tradicional parada militar en el zócalo.
(El Universal, 18 de septiembre de 2007)
lunes, 17 de septiembre de 2007
Militariza Calderón a sus hijos para el desfile
Reaparecen aeronaves y se presentan las Fuerzas de Apoyo Federal
Jesús Aranda y Claudia Herrera.
La reaparición de las aeronaves militares en el cielo del valle de México, la demostración de fuerza en el plancha del Zócalo capitalino, con el despliegue de paracaidistas de elite; la presentación oficial de las Fuerzas de Apoyo Federal, creadas en la presente administración para combatir al crimen organizado, y la “desaparición” de los “contingentes históricos”, caracterizaron ayer el desfile conmemorativo del inicio de la guerra de Independencia.
El presidente Felipe Calderón también imprimió un toque personal al acto, al presentar a sus pequeños hijos, Juan Pablo y Luis Felipe, vestidos con uniforme militar, con todo e insignias que asemejaban los grados de mayor y teniente coronel, respectivamente.
Ataviados con gorra castrense (el mayor con dos estrellas y el menor con una), los pequeños imitaban a su padre cuando éste levantaba la mano a la altura de la cabeza para saludar desde el balcón central de Palacio Nacional a los contingentes de soldados y marinos. El titular del Ejecutivo federal estuvo acompañado por su esposa, Margarita Zavala; por el general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; por Mariano Francisco Saynez Mendoza, almirante secretario de Marina; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y el presidente del Senado, Santiago Creel.
A los niños Calderón les quedaba bien el traje; se lo hicieron a la medida en la Secretaría de la Defensa Nacional, comentó un militar, quien sin embargo reconoció que había sido un “exceso” que los pequeños portaran insignias. Aunque “sabemos –justificó– que el Presidente lo hizo por la alta estima que le tiene a las fuerzas armadas”.
Además de los miembros del gabinete presidencial, diplomáticos e invitados especiales, estuvieron los hermanos de la esposa del Presidente, entre ellos Juan Ignacio e Hildebrando Zavala, este último acusado por Andrés Manuel López Obrador de haberse enriquecido con contratos gubernamentales cuando Calderón era secretario de Energía.
Cuando arribó Felipe Calderón al Zócalo, miles de militares ya ocupaban la parte central de la plaza; acto seguido, subió a un vehículo Hummer y, acompañado por los titulares de Defensa y de Marina, pasó revista a soldados y marinos presentes.
Tan pronto ocupó su lugar el Ejecutivo federal en el balcón central, hizo su aparición una escuadra de aviones supersónicos F/5, los cuales, al igual que el resto de las 68 aeronaves y helicópteros de la Fuerza Aérea y 12 más de la Armada de México, pasaron en formación hasta en tres ocasiones sobre el centro de la ciudad de México. Después del accidente aéreo de 1995, cuando cuatro aviones militares chocaron en el aire y se desplomaron por el rumbo de Cuajimalpa, con un saldo de seis muertos, las aeronaves sólo habían desfilado en 2001, el primer año del sexenio de Vicente Fox.
En esta ocasión, por primera vez, las tropas especiales del Ejército hicieron una demostración en el corazón del país. De entrada, aparecieron 12 paracaidistas que saltaron desde un helicóptero a la plancha de la Plaza de la Constitución. Después, dos helicópteros Blackhawk Sikorsky artillados sobrevolaron a unos metros de altura y bajaron militares camuflados para llevar a cabo un simulacro de “infiltración de soga rápida”.
Ambas maniobras fueron recibidas con aplausos por las personas que ocupaban las gradas o que permanecían de pie en espera de poder acercarse a la plancha, una vez que fueran retiradas las vallas de seguridad.
El comandante de la columna del desfile, general de división Tomás Angeles Dauahare, estuvo acompañado por un vicealmirante de la Armada y un general de ala de la Fuerza Aérea, como muestra de la nueva relación de cooperación que hay entre las fuerzas armadas.
Sin embargo, trascendió que en la demostración de las fuerzas especiales participaron únicamente elementos del Ejército y la Fuerza Aérea.
El desfile formal se inició por tierra, mientras por aire pasaban continuamente aviones y helicópteros. Así, hicieron su presentación oficial los integrantes de las Fuerzas de Apoyo Federal, vestidos con un uniforme café y con sus vehículos pintados de igual color.
Este agrupamiento fue creado oficialmente el 10 de mayo pasado y tiene como misión principal coadyuvar en el combate a la delincuencia organizada en “aquellos actos que atenten contra la seguridad nacional, y en la restauración del orden”. El grupo depende de la Sedena, pero actúa bajo las órdenes del Presidente y “a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles a quienes preste apoyo”.
Siguieron las fuerzas especiales, las cuales, de acuerdo con el guión de la transmisión televisiva, han participado “de manera destacadísima y con una eficacia sorprendente” en las 21 operaciones que ha llevado el Ejército en contra de la delincuencia organizada en lo que va de este gobierno.
Después de que pasaron los agrupamientos motorizados tocó el turno a los planteles de las escuelas militares y navales; también desfilaron vehículos Ural y fuerzas de la Armada de México.
El desfile empezó poco después de las 10 de la mañana y terminó una hora 39 minutos después con el paso de 120 charros y sus cabalgaduras. Quedaron fuera los llamados “destacamentos históricos”, como los zacapoaxtlas y cuerudos de Michoacán. Participaron 18 mil 147 elementos en total, más 98 piezas de artillería, 557 vehículos, 55 caballos y 12 canes.
(La Jornada, 17 de septiembre de 2007)
Publican reforma que crea Cuerpo de Especial del Ejército
El grupo estará bajo las órdenes técnica, operativa y administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional
Jorge Ramos Pérez
El Universal
Ciudad de México
Lunes 17 de septiembre de 2007
12:03 El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó hoy el decreto que reforma el diverso que crea el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea, denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.
“Se crea el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos bajo las órdenes del Presidente de la República. Este cuerpo dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional ”, señalaba el decreto publicado en el mismo DOF el 9 de mayo pasado.
Este lunes se modificó el mismo artículo que, entre otras cosas, elimina la frase “bajo las órdenes del Presidente de la República ”.
De esta manera, el artículo 1 del decreto queda de la siguiente manera:
“Se crea el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el cual dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional ”.
Además, se establece que la petición deberá hacerse al secretario de Gobernación para que actúe este cuerpo especial.
El artículo 2, que también fue modificado, establece ahora lo siguiente:
“El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal es un organismo que tiene como misiones generales, las que establece el artículo 1o. de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y en particular, proporcionar apoyo a las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno, en tareas de restauración del orden y seguridad pública, en el combate a la delincuencia organizada o en contra de actos que atenten contra la seguridad de la nación, para lo cual contará con los recursos humanos, materiales, técnicos, tecnológicos, tácticos y estratégicos, que le permitan cumplir con tales misiones”.
Precisa que “este cuerpo podrá intervenir cuando, habiendo solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles que requieran apoyo, así se resuelva conforme lo dispuesto en el cuarto párrafo de este precepto. En ningún caso podrá sustituirse en las funciones que legalmente competan a las autoridades federales o locales apoyadas”.
Añade que “la solicitud deberá precisar las circunstancias excepcionales que la motivan, las acciones ejecutadas hasta ese momento, el área geográfica afectada, así como el periodo mínimo de tiempo en que se requeriría la intervención”.
Por ello “dicha solicitud deberá presentarse ante el Secretario de Gobernación quien, conjuntamente con los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, evaluará la situación a enfrentar, el estado actual de la misma, las posibles alternativas a instrumentar y, en su caso, hará la propuesta de intervención y coordinación entre las autoridades involucradas”.
Y “el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional autorizará la intervención del cuerpo especial en términos del artículo 11 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”.
La publicación señala que “que el objetivo fundamental del citado Decreto es contar con un cuerpo adscrito a las fuerzas armadas debidamente capacitado, para que, en los casos excepcionales, en que dichas fuerzas sean requeridas para actuar en auxilio de las autoridades civiles en tareas de seguridad pública, restauración del orden público e incluso para enfrentar al crimen organizado, cuenten con la preparación necesaria para atender situaciones distintas de aquellas estrictamente bélicas”.
La nueva corporación castrense, según se anunció desde el pasado 9 de mayo, se formará con 3 mil 500 integrantes del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (Ganfes) y aunque estará bajo las órdenes del Presidente, dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
mvc/grg
(El Universal, 17 de septiembre de 2007)
domingo, 16 de septiembre de 2007
Ante una confirmación impropia
Plaza Pública
Miguel Ángel Granados Chapa
El desfile del 16 de septiembre quedó esta vez marcado por el deplorable uso que el presidente Calderón hizo de sus propios hijos Juan Pablo y Luis Felipe, y por la presentación del Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal (Cefaf), creado por decreto del Ejecutivo aparecido en el Diario Oficial el 9 de mayo anterior.
Cada familia tiene derecho a educar y ataviar a sus miembros conforme a sus criterios, y nadie debe interferir en el ejercicio de ese derecho ni a violar la intimidad de la vida hogareña, pero lo que acontezca en la familia del jefe del Estado mexicano, máxime cuando ocurre a la luz pública, queda sujeto al escrutinio de la sociedad. Por eso es posible censurar a Calderón por hacer vestir a sus vástagos réplicas de uniformes del Ejército (mejor cortadas que las utilizadas por el propio comandante supremo), con insignias que en la vestimenta militar formal identifican a los mayores (una estrella) y a los tenientes coroneles (dos estrellas).
Fue usual —y la costumbre no ha desaparecido del todo— en las monarquías que los futuros reyes, cuando aún eran niños, ostentaran galas militares y hasta recibieran honores correspondientes a los jefes castrenses. Pero es impropio que eso ocurra en una república y es condenable que un padre de familia use de ese modo a sus inocentes criaturas para confirmar su adhesión y admiración a las fuerzas armadas, evidenciadas desde los últimos minutos del sexenio anterior y los primeros del presente, en que militares fueron testigos únicos de la transmisión de la Presidencia de la República de Fox a Calderón.
Si ningún padre tiene derecho a considerar como cosas a su descendencia, menos lo tiene el actual Presidente de la República que recibió de su padre, don Luis Calderón Vega, pleno respeto a su modo de ser y de pensar. Decepcionado por el rumbo que seguía Acción Nacional, en que había sido figura notable desde casi la fundación del partido, don Luis abandonó explícitamente su pertenencia al PAN en 1981, pero se abstuvo de arrastrar en esa decisión a sus hijos Luisa María, Juan Luis y Felipe de Jesús que, en sentido contrario, comenzaban en ese tiempo su militancia.
No obstante que en 1984 Calderón Vega denunció “el robo de un partido prestigiado” por los empresarios norteños que le imprimieron su sello, no pretendió que sus hijos mantuvieran sus mismas convicciones y abandonaran el partido en que Felipe haría carrera hasta llegar a la Presidencia.
Ya en ese cargo Calderón ha subrayado su identificación, susceptible de ser entendida como dependencia, con los uniformados (al punto de juzgar apetecible que sus pequeños hijos lo sean también). Ha hecho descansar en el Ejército y en menor medida en la Marina el combate contra la delincuencia organizada, con resultados poco fructíferos.
Movido por ese resultado, el 4 de mayo dispuso la creación del Cuerpo que hizo su presentación ayer. El decreto respectivo, aparecido en el Diario Oficial el 9 de mayo, instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional para que “dentro del término de 90 días naturales” llevara “al cabo las acciones pertinentes para proveer los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios” para organizar la nueva unidad.
En ese lapso puntualmente cumplido, fueron reclutados cerca de 2,000 soldados, oficiales y jefes que no mostraron la renuencia de sus compañeros cuando se trata de ingresar a la Policía Federal Preventiva. Por instrucciones de Calderón, 10,000 efectivos militares debían engrosar las filas de la PFP, sin que de lejos se haya conseguido el tránsito de ese número. Quizá la previsión de esa reticencia —aunque no está por supuesto explícita en los considerandos del decreto correspondiente— movió a organizar un cuerpo de índole policial pero integrado al Ejército mismo y no a una corporación distinta.
El Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal quedó integrado por una brigada de 1,884
integrantes, armados con fusiles FX-05, calibre 5.56 x 45 milímetros, que se transportan en camionetas Pick-up RAM artilladas con ametralladoras MK-19 y Barret, calibre 50 milímetros.
Los miembros del flamante cuerpo (algunos de los cuales descendieron mediante cuerdas desde dos helicópteros que volaban sobre el Zócalo, en su primera demostración pública) visten uniformes color capuchino —que es también el de sus vehículos— y boina negra. (Reforma, 17 de septiembre).
Conforme al decreto de su creación, el Cefaf está “bajo las órdenes del Presidente de la República” y “dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional”. Su misión consiste en “proporcionar apoyo a las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno en tareas de restauración del orden y seguridad públicas, en el combate a la delincuencia organizada o contra actos que atenten contra la seguridad de la nación”.
El Cuerpo Especial “intervendrá por instrucciones del Presidente de la República, a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles a quienes preste el apoyo. En ningún caso se podrá sustituir en las funciones que legalmente competan a las autoridades apoyadas”. Su papel en el combate a la delincuencia casi desaparece al disponerse que sus miembros reciban “adiestramiento y capacitación especializada en el manejo de situaciones críticas de perturbación y alteración o alteración de la paz social y seguridad pública, cuya finalidad será el restablecimiento del orden público y del estado de derecho”.— México, D.F.".
miércoles, 12 de septiembre de 2007
México frágil
Miguel Ángel Granados Chapa
12 Sep. 07
El ataque del Ejército Popular Revolucionario a ductos de Pemex, donde colocó a las dos de la mañana del lunes 12 cargas explosivas, de las que sólo una falló, fue un alarde para mostrar capacidad de fuego y organización y despliegue de efectivos por doquier
En un lapso tan breve como seis horas, nuestro país vivió acontecimientos que muestran su fragilidad, derivada de la incompetencia gubernamental para hacer cumplir la ley, ineptitud aprovechada por núcleos sociales tan diversos como empresarios y terroristas que desafían de distinto modo y con diferentes fines a una autoridad cuando no impasible, corrupta.
El domingo, cerca de Monclova, un camión cargado con 25 toneladas de nitrato de amonio chocó contra una camioneta y poco después estalló su contenido en una explosión que mató a 28 personas y causó lesiones a más de 200. No fue en sentido estricto un accidente, regido por el azar, pues si bien la colisión entre los dos vehículos fue un acontecimiento fortuito, su principal consecuencia pudo haberse evitado. Eso es lo que impide hablar de sólo un accidente.
El camión, de la empresa transportadora Fletes y Traspaleos, salió de la planta de la compañía de productos químicos Orica en Cuatrociénegas rumbo a Colima. Según indicios, la operación contravenía los ordenamientos que norman el transporte de sustancias explosivas, que deben ser tratadas con gran delicadeza por razones de seguridad pública y de seguridad nacional. Los tripulantes deberían contar con adiestramiento para el manejo de la sustancia en circunstancias normales y en situaciones de emergencia. Y, sin embargo, tan pronto se produjo el choque, huyeron sin alertar en la forma prescrita (que incluye llamar al Sistema Nacional de Emergencias) sobre el riesgo inminente del estallido. Ellos se salvaron, pero no así cientos de personas que llegaron de inmediato a prestar auxilio o a informar sobre el percance, muchas de las cuales murieron o quedaron heridas. El vehículo viajaba a su suerte, sin unidades de acompañamiento, en previsión de sucesos como el ocurrido o el riesgo potencialmente más peligroso aun de ser asaltado para hacerse del cargamento, ya sea con fines mercantiles o políticos. Ni la Policía Federal Preventiva ni el Ejército federal, que tienen responsabilidades respecto de la seguridad del tránsito y del trasiego de explosivos, estaban al tanto de ese viaje, que debió realizarse con aviso a dichas autoridades.
El diario Reforma puntualiza que si bien el nitrato de amonio se utiliza de manera lícita en la industria minera y de la construcción, es también apetecido por delincuentes peligrosísimos como los que con ese material hicieron estallar el edificio federal de Oklahoma en Estados Unidos, en 1995, que causó la muerte de 137 personas. Informa, asimismo, que el Ejército Popular Revolucionario lo ha utilizado en algunas de sus incursiones.
Quizá lo hizo de nuevo horas después. A las dos de la mañana del lunes se inició en seis puntos del estado de Veracruz y uno más en Tlaxcala un ataque contra ductos de Pemex, que provocaron incendios en la cercanía de cuatro poblados y obligaron a cerrar el suministro de gas natural a más de mil instalaciones industriales en nueve entidades de la República, muchas de las cuales han tenido que suspender sus propias operaciones por la falta de ese energético.
La operación destructora, reconocida de inmediato por Pemex como un acto premeditado, se asemejó mucho a la ocurrida en julio pasado en Guanajuato y Querétaro, que también causó estragos no sólo a las instalaciones de la empresa petrolera, sino a su clientela en diversos estados. Ocurrieron en la madrugada, con la obvia intención de no causar víctimas sino destrozos materiales, tanto directa como indirectamente. Por ignorancia o por sigilo, ni Pemex ni la Procuraduría General de la República reconocieron aquella vez que se trataba de atentados. Sólo aceptaron que eso era cuando el 10 de julio -justamente dos meses antes de los estallidos veracruzanos- el EPR las caracterizó como "acciones quirúrgicas de hostigamiento", destinadas a forzar la presentación de dos de sus dirigentes, detenidos el 25 de mayo en Oaxaca y de los que no ha vuelto a saberse más. La guerrilla anunció que no cesaría su campaña político-militar hasta la aparición de los desaparecidos.
Por impericia o por negligencia, las autoridades no asumieron la calidad de esa amenaza, que se consumó el lunes a primera hora. En mucho mayor medida que en julio, esta vez, el ataque fue al mismo tiempo un alarde de poder y exactitud. El EPR se adjudicó ayer al mediodía la operación y al describirla hizo gala de su conocimiento del mapa estratégico de Pemex y exhibió su vulnerabilidad: "Unidades militares pertenecientes a nuestro ejército colocaron 12 cargas explosivas en igual número de ductos de Pemex en los municipios de La Antigua, Úrsulo Galván, Olmeaca, Mendoza, Cumbres de Maltrata en Veracruz y en Cuapiaxtla, Tlaxcala, de las cuales la colocada en el oleoducto de 24 pulgadas Nuevo Tepa-Cadereyta (en La Antigua) no se activó. Todas fueron activadas simultáneamente a las 2:00 horas del día 10 del presente mes".
Ha quedado interrumpido el suministro de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad, que lo utiliza para generar fluido eléctrico y a más de mil empresas, entre ellas la planta Volkswagen en Puebla (como ocurrió en julio a Nissan en Aguascalientes), y acaso la suspensión del servicio se prolongue hasta el fin de esta semana. Esos efectos parecen no haber sido ignorados por los atacantes, sino al contrario contar en su estrategia.
La fragilidad de México, en esos casos al menos, deriva de causas diversas, pero la constante es la incapacidad gubernamental de ser eficaz lícitamente.
Cajón de Sastre
Andrés Manuel López Obrador había estado en la Cámara de Diputados el 7 de abril de 2005 para defenderse del desafuero que finalmente se decretó allí como parte de la maniobra, a la postre fallida, mediante la cual Vicente Fox quiso impedirle ser candidato a la Presidencia de la República, maniobra que sin embargo fue a la larga exitosa porque el jefe del Gobierno de la Ciudad de México no se convirtió en titular del Poder Ejecutivo. Ayer tornó a San Lázaro, ahora en su calidad de voz principal de la oposición, líder de los legisladores agrupados en los partidos que sostuvieron su candidatura. Presentó un proyecto de legislación fiscal y arengó a los diputados a impedir la aprobación de impuestos lesivos para la gente. Le sienta bien el aire parlamentario. Por eso debería ser en 2009 candidato a diputado, para impulsar como hizo el año pasado la votación para su partido y sus aliados. Sin ese aliciente, la presencia electoral del PRD decaerá casi automáticamente. Quizá no debería desdeñar esa posibilidad.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
(El Norte.com, 12 de septiembre de 2007)
