Calderón dice que aún no es tiempo de retirar al Ejército de las calles

México, 20 mar (EFE).- El presidente de México, Felipe Calderón, quien desde que asumió en diciembre de 2006 ordenó a los militares encabezar la lucha contra el crimen organizado, dijo hoy que no es momento de retirar al Ejército de las calles.
El mandatario, que encabezó la entrega del informe anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señaló que la vuelta de los militares a los cuarteles "no es posible en estos momentos, al no existir una policía capacitada para combatir al crimen organizado".

Dijo que coincide con la postura del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, de que "la tarea de las Fuerzas Armadas es y debe ser temporal".
México vive desde hace tres años una ola de violencia atribuida al crimen organizado, en particular a los carteles de la droga que se disputan el control de rutas hacia Estados Unidos, periodo en el que han sido asesinadas unas 10.000 personas.
Calderón tiene como su principal reto interno la seguridad y el combate al crimen organizado, por lo que ordenó el envío de fuerzas combinadas de miles de soldados y agentes federales a los puntos más conflictivos del país, medida que ha sido criticada por organizaciones sociales mexicanas e internacionales.
El mandatario dijo que frente a la situación de violencia estaba la disyuntiva de "o dejar a los mexicanos a su suerte y en estado de indefensión frente a la acción violenta del crimen" o asumir "la fuerza del Estado" con los riegos que implica esta alternativa.
En ese acto anunció, como una muestra de la acción del Ejército, la captura de un presunto narcotraficante, Sigifredo Nájera, alias "El Canicón", a quien responsabilizó de la muerte de nueve militares y de los ataques con granadas y disparos al consulado de Estados Unidos y a las instalaciones de Televisa, todo ocurrido en Monterrey entre octubre de 2008 y enero pasado.
Por su parte, el presidente de la CNDH dijo que durante 2008 México vivió una panorama de "marcados claroscuros" en materia de derechos humanos, pues hubo avances pero también "sombras difíciles de desvanecer".
"En este contexto, el derecho humano a la seguridad pública sigue siendo la principal demanda y preocupación de los mexicanos", dijo Soberanes.
Indicó que la CNDH registró el año pasado 6.004 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, la mayoría de las cuales dirigidas contra la Secretaría de la Defensa (1.230), el Instituto Mexicano del Seguro Social (1.007) y la Fiscalía general (769).

(SDP Noticias, 20 de marzo de 2009)

Leer más...

Ejército: ¿quién los regresará a los cuarteles?

Magdalena Gómez

a militarización paulatina que experimenta el país en el contexto del combate al crimen organizado avanza de manera significativa, en especial en algunas regiones, con altos costos en términos de respeto a los derechos humanos y con fuertes entredichos y contradicciones constitucionales, pues sin que el calderonismo declare la suspensión de garantías, en la práctica se está generando un discurso que prioriza y justifica acciones ominosas con la lógica de que "el fin justifica los medios".

Resulta muy elocuente y oportuna la reciente presentación del informe: ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las fuerzas armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, que elaboró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (Centro Prodh), el cual a partir de una investigación hemerográfica, documenta abusos militares cometidos por elementos de las fuerzas armadas mexicanas entre 2006 y 2008 y da cuenta del patrón de impunidad que prevalece cuando las violaciones a derechos humanos que han cometido los soldados en perjuicio de civiles son investigadas por las propias instituciones castrenses, resultando así vulneradas las garantías de independencia e imparcialidad.

Con un amplio recuento de la cadena de quejas recopiladas por instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de las investigaciones previas que han sido transferidas a la justicia militar, el referido informe nos muestra que en los hechos se hizo un uso extensivo e ilimitado de la decisión sobre la Controversia Constitucional 1/96 –en torno a la participación del Ejército en tareas de seguridad pública–, lo cual permitió que las fuerzas armadas actuaran más allá del expreso mandato constitucional, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que en todo caso estarían bajo las órdenes de autoridades civiles en dichas tareas.

El Centro Prodh pone el dedo en la llaga al recordar que inclusive durante la evaluación de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno federal entregó el pasado 10 de febrero un informe en el cual acepta que entre enero de 2007 y julio de 2008 la CNDH emitió 15 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) relacionadas con violaciones a derechos humanos vinculadas con la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Recordemos que entre muchos temas fue señalada al gobierno mexicano la necesidad de que se revisen los alcances del fuero militar y la necesidad de que sea el fuero civil el que juzgue violaciones a ciudadanos y ciudadanas cometidos por militares.

El Prodh refiere dos casos paradigmáticos que retratan la extensión del fuero de guerra a casos que involucran a civiles como víctimas de violaciones a derechos humanos, y en especial el relativo a Santiago de Caballeros, en Sinaloa, que ha sido atraído por la SCJN, permitirá a esta instancia revisar la postura que adoptó en 1996 a la luz del conjunto de evidencias que han sido documentadas y que serán presentadas, esa instancia tan poco prestigiada, pero a la que es menester insistir en que se encauce por el estado de derecho que incluya el derecho internacional de las garantías individuales. Estos temas ya son inocultables, y ciertamente no son consuelo las declaraciones que hizo el general de Brigada, Jaime Antonio López Portillo, titular de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional: “en la batalla que enfrenta el Ejército contra el crimen organizado se daña a las personas y a las propiedades, y agrego que la legislación militar prevé todo este tipo de cosas, evitar violaciones a las garantías individuales, pero hay algunas circunstancias en la que es inevitable, o desgraciadamente se puede generar alguna problemática (…) en relación con la gente que tenemos desplegada es muy baja la cantidad de quejas” (Reforma, 14/03/09).

Por otra parte, no está muy clara la reacción ciudadana; hay demasiado temor para expresarse libremente. Si tomamos en cuenta que el informe del Prodh se basó en revisiones de prensa, bien podemos suponer que hay un subregistro de los hechos cotidianos, que, a propósito de revisiones en retenes o cateos domiciliarios, entre otros, realizan los militares.

Por todo ello preocupan las declaraciones que hizo a la revista emeequis el obispo Renato Ascencio León: "si Ciudad Juárez se salva con la presencia del ejército de esta criminalidad que vive, bienvenido el ejército. Lo que necesitamos es recobrar la paz y la tranquilidad".

No en balde el próximo 20 de marzo se celebrará una audiencia temática sobre la justicia militar en México durante el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo dicho: si juzgamos por los resultados, fue, por decir lo menos, ligera la decisión de sacar de sus cuarteles a los militares. Más nos vale preocuparnos de cómo lograr que regresen.

(La Jornada, 17 de marzo de 2009)

Leer más...

En ocho años el Ejército ha acumulado dos mil 966 quejas: Derechos Humanos

Víctor Ballinas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que del primero de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2008 el número de quejas contra militares ascendió a 2 mil 966 (cada una puede ser por atropellos a varias garantías), y los hechos violatorios de éstos cometidos por las fuerzas castrenses fueron 6 mil 874.

Aquí escribes el resto del contenido que no se vera.Al presentar hoy ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su último informe de labores, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, destacará que el año pasado los soldados ocuparon el primer lugar en número de recomendaciones, con un total de 14.

Es largo el historial de hechos delictivos cometidos por militares contra la población civil en los últimos ocho años. Se acumularon las siguientes denuncias: 971 por cateos y visitas domiciliarias ilegales; 802 por trato cruel y degradante; 797 por ejercicio indebido de la función pública; 761 por ejercicio indebido del cargo; 708 por detención arbitraria; 433 por robo; 326 por retención ilegal, y 218 por amenazas, subraya la CNDH.

En la numeralia también hay 52 quejas por violaciones a los derechos de migrantes; 64 por ataques a la propiedad privada; 51 por atropellos al derecho a la vida; 44 por desaparición forzada; 35 por tortura; 22 por violación a garantías de indígenas; 10 por extorsión; nueve por violación; cinco por abuso sexual, y una por violar derechos de niños, entre muchas otras.

En el informe que Soberanes Fernández presentará dará cuenta de que durante 2008 se elaboraron 5 mil 921 expedientes de queja, en los cuales la Sedena ocupó el primer lugar con 633; el Instituto Mexicano del Seguro Social, segundo, con 478, y la PGR, tercero, con 303.

Destacan hechos de 2008: mil 170 casos de ejercicio indebido de la función pública; 755 por negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud; 731 por cateos y visitas domiciliarias ilegales; 655 por detención arbitraria, y 588 por trato cruel.

Además informará que en mil 431 expedientes de queja “existió violación a derechos”. Enfatizará que la Sedena ocupó el primer sitio en número de recomendaciones, con 14, de las 67 que emitió a diversas dependencias, autoridades, gobiernos y funcionarios.

En entrevista, el ombudsman nacional insistió: “la impunidad y corrupción imperantes son cánceres que están corroyendo a la sociedad” y el principal problema por el que persisten los atropellos a las garantías básicas.

Soberanes Fernández expresó ante reporteros que “sin duda hay que reconocer que en estos 10 años (al frente de la CNDH) hubo avances y retrocesos en la materia. Delitos que se creía pertenecían al pasado volvieron a presentarse y se recrudecieron, entre ellos desapariciones forzadas, torturas, detenciones ilegales y ejecuciones”.

Al hacer un recuento de su labor al frente de la comisión, reveló: “cuando entré, ésta era una dependencia de Gobernación y su trabajo estaba muy subordinado al gobierno federal. Cuando llegué, encontré varios expedientes perdidos que tenían que ver con asuntos delicados. Aquí se le hacía el trabajo sucio al gobierno.

“A mí me tocó una etapa de autonomía, y lo que me ayudó muchísimo fue la transición democrática. Me tocó otro nivel de diálogo. Si la bandera del nuevo gobierno en 2000 era la democracia, entonces el discurso de derechos humanos era parte de su discurso político.”

El ombudsman nacional reconoció que uno de sus errores “fue no ser políticamente correcto. A lo mejor, si lo hubiera, había sido terso. Fui un poco salvaje. Pero como decía aquella viejita, ‘no me importa que me digas perro, sino el perro modo en que me lo dices’”.

Durante la entrevista, Soberanes Fernández se muestra contento. Se expresa de modo coloquial. Cuando se le pregunta qué sigue después de la CNDH, responde: “No me hago ilusiones. Hay una frase española que luego me mal interpretan. Lo digo en sentido español: no me hago puñetas mentales”. Ríe y abunda: “Empezar a decir yo soy el gran defensor de los derechos humanos, el gran jurista, n’ombre. Lo que procuro decir por salud mental es que lo único que tengo es una plaza de tiempo completo en la UNAM, a la cual regresaré”.

Medina Mora, “cuhillito de palo”

De su relación con la PGR, dice: “La actitud del procurador es muy difícil respecto a nosotros. Cuando entró, optó porque no le importaba la comisión. No nos hacía caso. Él heredó cosas de la administración pasada, como el acoso que ministerios públicos hacían contra nosotros. Yo le pedía que pusiera orden, pero en lugar de ello, desde la procuraduría, los alentaban para que siguieran fastidiando. Luego vino la etapa de la ignorancia, en la cual nos negaban los expedientes y rechazaban las recomendaciones. Después la de los ataques. Por último, de la actitud de ignorarnos se pasó a la agresión. Medina Mora, como dicen, es mátalas callando, cuchillito de palo. No le gusta lo que hacemos”.

El titular de la CNDH sostiene: “con el gobierno hubo distanciamiento porque hacíamos nuestro trabajo. Si hubiésemos sido complacientes, tapaderas o alcahuetes, habríamos tenido una magnífica relación, pero nuestros nexos son ríspidos y hasta violentos”.

–Con la llegada de este gobierno, ¿notó algún cambio en el respeto a los derechos humanos?

–Con el gobierno de Fox tuvimos salida de caballo y llegada de burro. Fox hablaba de ellos, pero a la hora de la verdad no hubo tal.

(La Jornada, 27 de enero de 2009)

Leer más...

ONG: no hay niveles aceptables cuando se trata de violaciones a derechos humanos

ACritican a general por considerar admisible la cifra de recomendaciones hechas a Sedena

Militares han torturado, ultrajado mujeres y asesinado a ciudadanos en retenes, deploran

Han saqueado hogares, desaparecido personas y realizado detenciones ilegales, acusan

Enrique Méndez y Víctor Ballinas

Reacciones de reprobación y censura recibió el titular del área de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Jaime Antonio López Portillo, quien consideró que frente a 45 mil soldados que diariamente combaten al crimen organizado en México, las 671 recomendaciones hechas a la institución por violentar esas garantías "son aceptables" en términos númericos.

Legisladores federales; el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, y organizaciones no gubernamentales (ONG) puntualizaron que no es aceptable que las fuerzas armadas cometan una sola violación.

Los diputados Juan Guerra Ochoa (perredista), Samuel Aguilar (priísta) y Silvano Garay (petista) aseveraron que nada justifica los abusos militares en los operativos contra la delincuencia.

“No es justificable que se afirme que se trata de casos ‘totalmente involuntarios’, porque agresiones contra civiles rompen con la tradición militar de defensa de la población”, advirtió Aguilar.

Guerra Ochoa apuntó: "no hay niveles aceptables cuando se trata de violaciones a derechos humanos. Ninguna es aceptable, lo importante es que no las haya".

Silvano Garay deploró a su vez que "ahora se pretenda minimizar el número de quejas contra la actuación de las fuerzas armadas", porque se trata de casi dos diarias en solo un año, "cuando no debía ocurrir una sola".

Entrevistado también en San Lázaro, Álvarez Icaza aseguró que el respeto a los derechos humanos "es una estricta obligación (del Ejército), no una molestia", y aseguró que en las operaciones de fuerza pública, militar y policiaca, debe existir estricta consideración a los ciudadanos.

Apuntó que en la defensa del derecho a la seguridad no pueden violarse las garantías de los ciudadanos. "No puede ser que la intervención de las fuerzas del orden genere nuevas violaciones o maltratos", declaró.

De acuerdo con ONG defensoras de las garantías individuales, entre ellas la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), los soldados "han cometido cientos de violaciones graves a los derechos humanos; han ultrajado ancianas, señoras y menores de edad; han asesinado a ciudadanos en los retenes; han torturado, saqueado hogares, desaparecido personas; han detenido ilegalmente, y (han perpetrado) muchas atrocidades más, y eso no lo dice el titular de Derechos Humanos de la Sedena".

Gloria Ramírez, presidenta de la AMDH; Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todos, y Adrián Ramírez, presidente de la Limeddh, indicaron: "es una afrenta y un menosprecio a los derechos humanos. Con ese discurso muestra (el general) López Portillo que no entiende las obligaciones del país con la comunidad internacional".

Gloria Ramírez manifestó: "es lamentable que partamos de esa concepción que tienen las fuerzas castrenses sobre el respeto y el cumplimiento a los derechos humanos. No hay ningún margen, ningún umbral aceptable de violación a los derechos humanos; con esa respuesta ofenden a las víctimas y a la comunidad internacional".

(La Jornada, 24 de febrero de 2009)

Leer más...

Las quejas en contra del Ejército “no son muchas”

Aceptables resultados en derechos humanos: general López Portillo

Diariamente se despliegan 45 mil soldados en la guerra antinarco

Necesarias, reformas para dar solidez legal a esa participación, señala

Jesús Aranda

Los resultados del Ejército Mexicano en materia de respeto a los derechos humanos "son aceptables", porque a pesar de que se incrementó la presencia militar en el combate al crimen organizado (diariamente se despliegan 45 mil soldados en la guerra contra el narcotráfico) "no son muchas" las recomendaciones (671) presentadas en contra de soldados en el año anterior, sostuvo el general de brigada Jaime Antonio López Portillo, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Añadió que hacen falta reformas para dar "solidez" legal a la participación militar en las funciones de seguridad pública. Lo que se busca es mayor eficiencia de las fuerzas armadas "para hacer nuestro trabajo" con certeza y seguridad jurídica, señaló.

El fuero castrense

En entrevista con La Jornada, el general López Portillo, quien fuera procurador militar, dijo que no se prevén cambios en el Código de Justicia Militar para juzgar en el fuero común a militares que cometan delitos en agravio de civiles. "No es que uno quiera retener la competencia (el fuero castrense) por capricho", pero ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha demostrado que el fuero de guerra sirva de coto de impunidad, "lo han dicho, pero no lo prueban, si hubieran probado un caso a lo mejor tendríamos problemas".

Respecto del caso de los dos eperristas desaparecidos el 24 de mayo de 2007, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, precisó que la Sedena no tiene ninguna información sobre su paradero.

"La dirección a mi cargo requirió a todos los mandos del país y a todos los ministerios públicos que informaran si tenían conocimiento sobre el caso; incluso vinieron a las instalaciones del Campo Militar Número Uno a inspeccionar la prisión militar, a revisar los libros, a interrogar internos; vino un actuario de un juzgado de distrito y toda esta información se le entregó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual emitió una recomendación en la que no nos señala a nosotros."

Durante la plática, desarrollada en la sala de prensa de la Sedena, el funcionario –que recorrió todos los escalones de la justicia castrense– comentó que las denuncias más significativas en contra de soldados son las presentadas en Sinaloa de Leyva –cinco miembros de una familia, tres de ellos niños, acribillados– y la de Santiago de los Caballeros –cuatro civiles muertos–, ambas en Sinaloa, así como la de Aldama, Chihuahua –donde una mujer embarazada murió a tiros–, y una de Reynosa, Tamaulipas –donde murió otro civil–, casos, dijo, "que son totalmente involuntarios".

–¿Cómo ha influido la participación del Ejército en contra de la delincuencia organizada para que se incrementen las quejas?

–Tenemos un despliegue de 45 mil elementos diariamente, más todo el trabajo administrativo en todas las unidades y dependencias del Ejército. Estamos hablando de un despliegue diario de 185 mil hombres y mujeres, y de mil 200 quejas (ante la CNDH), de las cuales sólo 671 dan lugar a una recomendación y 15 recomendaciones en el último año; estimamos que el número de quejas no es mucho en relación con la cantidad de gente que tenemos trabajando. Esto habla de que el adiestramiento del personal es adecuado.

–¿Ha disminuido algún factor de medición en las quejas que han conocido?

–Obviamente se incrementó la participación del Ejército en contra de la delincuencia organizada y esto genera un aparente incremento en las quejas. A golpe de vista pareciera que son muchas y que fuimos el primer lugar en esta materia pero, si hacemos un balance en cuanto a la actividad que se desarrolla, es positiva la actuación del personal militar. Obviamente quisiéramos no tener ni siquiera una reclamación, pero sólo se puede caer del caballo el que anda a caballo, ¿no? Estamos trabajando fuerte en beneficio del país, y pues se tiene este tipo de resultados que consideramos son aceptables, desde mi punto de vista y en el momento actual.

–¿Qué me puede comentar de su participacion en Ginebra?

–Se hicieron señalamientos sobre el fuero de guerra y la revisión del Código de Justicia Militar por parte de algunos países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero no se trata de una sentencia, son sugerencias. Ahí señalaron que revisemos el Código de Justicia Militar para otorgarle estándares internacionales en materia de derechos humanos.

"Como el bien jurídico tutelado es la disciplina militar, lo que busca el fuero de guerra es mantener la disciplina, que no tengamos un grupo de seres armados sin que nadie los controle. Hasta ahorita hemos demostrado que tenemos control hacia el interior en el funcionamiento de las fuerzas armadas."

–¿Cómo avanzar hacia un sistema en el que quede atrás la percepción de que las denuncias por violaciones a los derechos humanos que cometen militares quedan impunes?

–Nuestras sentencias y procedimientos son revisables mediante el amparo, y esa es una garantía para evitar la impunidad en favor de alguien.

“No nos han citado un caso concreto donde se diga, ‘aquí están los elementos de prueba en donde es contundente que el fuero de guerra ha sido un coto de impunidad’, y se ha mencionado a escala internacional; incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho, pero no lo prueba. Si hubieran probado un caso, a lo mejor tendríamos ya problemas, independientemente de quién lo generaría.”

–Ha habido recientemente manifestaciones en Nuevo León y otros estados en contra de la presencia militar. ¿Este tipo de reclamos, qué tanto pueden enrarecer el ambiente, cuando la propia Sedena ha dicho que castigará cualquier acto ilícito de sus integrantes?

–No lo enturbia, porque lo que estamos haciendo es un trabajo lo más eficaz posible para el Estado mexicano como fuerzas armadas, participando subsidiariamente en actividades de seguridad pública. Todo tipo de expresión que hemos visto a escala nacional y en otros temas genera un incentivo para las autoridades. Nos obliga a revisar nuestras estructuras, organización, funcionamiento, nuestra logística, todo lo que es necesario para mejorar nuestro servicio.

–¿No es un contrasentido que por una parte el Ejército diga que en cuanto se fortalezcan las policías se retraerá de labores de seguridad pública, y que por otra el general secretario Guillermo Galván afirme que van a seguir actuando y que se requiere de mayor cobijo legal?

–Tal vez, las fuerzas policiales están haciendo lo suyo, no se minimiza, pero a lo mejor se maneja más el aspecto de que es más intenso el trabajo de las fuerzas armadas que el de las policías. Independientemente de la desarticulación de la que se habla mucho, porque cada municipio, cada estado, tiene su propia policía, y en el caso de las fuerzas armadas somos un ente monolítico a escala nacional.

(La Jornada, 23 de febrero de 2009)

Leer más...

Cae banda de plagiarios; el líder fue militar

edacción
El Universal
Ciudad de México Jueves 19 de febrero de 2009
19:49

Agente federales detuvieron en el estado de México a 12 presuntos secuestradores, integrantes de la organización criminal identificada como "Los Tenientes", incluyendo a su presunto líder, quien dijo que perteneció al Ejército y a la SSP del Distrito Federal, informó la Secretaría de Seguridad Pública federal.

En el operativo, efectuado en Ixtapaluca, los elementos de la Policía Federal liberaron a un empresario que estaba plagiado.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que, producto del trabajo de inteligencia, se logró ubicar la zona de operaciones de la banda y el lugar donde se reunían para planear la logística de su siguiente secuestro.

Los efectivos desplegaron un operativo que permitió la captura del presunto líder y 11 integrantes más del grupo.

José Antonio Cruz González, "El Jarocho", de 31 años de edad, fue identificado como el presunto jefe de la banda, cuya función era la de negociar con los familiares de las víctimas y dirigir las acciones de los integrantes de la organización criminal.

El detenido manifestó haber pertenecido al Ejército mexicano y a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

También fue detenido Juan Gutiérrez Galván, "La Chata", de 33 años de edad, considerado como el probable segundo mando en la organización, cuya función era cuidar la periferia de la zona de operación, reclutar nuevos integrantes de la banda y pagar sus servicios.

Además, Hugo Armando Hernández Ochoa, "El Furcio", de 29 años de edad, tercero al mando del grupo, con la probable función de interceptar y cuidar a las víctimas.

José Juan Pedraza Pérez, "Pepe el Toro" o "El Judas", de 33 años de edad, quien participaba en la intercepción de las víctimas y las trasladaba a la casa de seguridad.

Juan Carlos Díaz Díaz, "El Oso", de 26 años de edad, quien presuntamente se encargaba de conseguir las armas; Calixto Sánchez Jacinto, "El Calimán", de 40 años de edad, probable encargado de cuidar a las víctimas, y Luis Alberto Segura Rodríguez, "El Bob Esponja", de 24 años de edad, cuya función era cuidar y alimentar a las víctimas.

También, José Eduardo Sánchez Galván, "El Solín", de 20 años de edad; encargado de alimentar a las víctimas; Marlen Judith Montes Hernández, de 19 años de edad, quien tenía la tarea de cuidar a los plagiados, y Lucero Villanueva Valencia, de 24 años de edad.

Rosenda Elizabeth López Ochoa, de 25 años de edad, quien probablemente facilitaba su domicilio para realizar reuniones, e Iván Ramírez Chávez, de 28 años de edad.

Los agente aseguraron además una pistola calibre 9 milímetros, número de serie 77884737; un cargador abastecido; seis teléfonos celulares; dos radios de comunicación, y diversas identificaciones.

Además, un vehículo Nissan Tsuru, con placas de circulación MAJ79-28, del Estado de México, y un Volkswagen Bora, con placas 123ULU, del Distrito Federal.

"La captura tuvo lugar en el domicilio ubicado en calle Escudo 1030, en Villas de Jesús María, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, donde la banda mantenía en cautiverio a un empresario de materiales para la construcción, de 40 años de edad, secuestrado en enero, por quien exigían una cuantiosa cantidad de dinero a cambio de su liberación, hechos asentados en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/02/2009", refirió la dependencia.

La banda, agregó la SSPF, también había secuestrado a un empresario transportista de 63 años de edad, en octubre de 2008, a quien liberaron tras un pago de rescate.

"En seguimiento a la investigación de gabinete y campo, el 5 de enero de 2009 elementos federales detuvieron a un presunto secuestrador, identificado como Alejandro Bernardino Sánchez (a) "El Kano", quien en su declaración ministerial proporcionó alias y retratos hablados de los integrantes de esta organización criminal", abundó.

Con la información aportada por el detenido, comenzó la búsqueda de los demás miembros de la banda en colonias de Ixtapaluca, hasta llegar a la ubicación del jefe del grupo criminal "Los Tenientes".

La información permitió saber de dos inmuebles más utilizados como casas de seguridad, en las inmediaciones del fraccionamiento de Los Héroes y San Buenaventura, en dicho municipio.

"ediante una vigilancia permanente se logró ubicar el domicilio de calle Escudo 1030, Villas de Jesús María, en Ixtapaluca, estado de México, como el lugar donde los integrantes de la banda se reunían para planear su siguiente secuestro, lo que llevó finalmente a su captura".

De acuerdo con la dependencia, el modo de operar de la organización consistía en ingresar con lujo de violencia en los negocios de las víctimas y/o interceptarlas en las cercanías de sus domicilios, para lo cual se hacían pasar por elementos de la Policía Judicial, quienes aparentaban estar ejecutando una orden de aprehensión.

Luego introducían a las víctimas a vehículos con las características de los empleados por las autoridades policíacas, en los cuales partían con rumbo desconocido.

Los cobros de rescate los hacían en las inmediaciones de Chalco, estado de México, donde citaban a los familiares de los secuestrados en sitios públicos, en los que los observaban y conducían a otros lugares más vulnerables.

fml

(El Universal, 19 de febrero de 2009)

Leer más...

Militares: el enemigo, de la misma familia

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Las bajas más agraviantes que ha sufrido el Ejército en el combate al narcotráfico no son resultado de enfrentamientos con sicarios, sino ejecuciones realizadas por excompañeros de armas, entrenados por la Secretaría de la Defensa Nacional, que se han pasado a las filas del crimen organizado, o por células protegidas por altos mandos. En menos de cuatro meses, 21 militares han sido asesinados por quienes alguna vez formaron parte de los "incorruptibles".

Los enemigos más letales para el Ejército mexicano han salido de sus propias filas. Agrupados en su mayoría en Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo, hombres que alguna vez fueron militares son los responsables de los más graves ataques contra las fuerzas armadas en su enfrentamiento con los cárteles del narcotráfico.

En los últimos tres meses y medio, las bajas más significativas y agraviantes para el Ejército se han producido en Cancún, Quintana Roo; Chilpancingo, Guerrero, y Monterrey y sus alrededores, en Nuevo León, a manos de narcotraficantes que formaron parte de esa institución o que, de acuerdo con los propios grupos dedicados al tráfico de drogas, tienen alianzas con militares en activo.Contrario al discurso del presidente Felipe Calderón sobre la incorruptibilidad de los soldados mexicanos, los golpes más extremos contra el Ejército han sido planeados y ejecutados por quienes fueron preparados y especializados, tanto en México como en el extranjero, por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Del 17 de octubre de 2008 al 3 de febrero pasado, un total de 21 militares, incluido un general de brigada en retiro, fueron ejecutados por células de Los Zetas, surgidas del propio Ejército, y de los hermanos Beltrán Leyva, vinculadas a su vez con militares en funciones. De esas 21 muertes, 11 fueron por acuchillamiento, ocho por decapitación y dos por tortura. A diferencia de las bajas ocurridas durante enfrentamientos con sicarios, esas víctimas han sido “levantadas” o acorraladas y sometidas en presencia de numerosos testigos.Según datos públicos de la Sedena, hasta antes del martes 3 el Ejército había sufrido 68 bajas, tanto de militares en activo como en retiro, desde que comenzaron los operativos contra el narcotráfico en diciembre de 2006. Las mayores cantidades de víctimas se han registrado en Guerrero, Nuevo León, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.Las dos bajas más reciente sufridas por el Ejército ocurrieron en Cancún, el martes 3. El general de brigada Mauro Enrique Tello Quiñones y su asistente, el teniente de infantería Getulio César Román Zúñiga, fueron torturados y asesinados por un grupo que la Sedena identificó como Zetas, con la participación de exmiembros de la institución armada.Pasado a retiro apenas el 1 de enero, el general Tello Quiñones estaba a cargo de la creación de un grupo especial contra el narcotráfico integrado por 100 militares y que iba a estar bajo el mando directo del presidente municipal de Benito Juárez, en Cancún, Gregorio Sánchez Martínez.Originario de Coacolman, en la zona serrana del suroeste de Michoacán dominada por el narcotráfico, el alcalde conocido en Cancún como Greg asegura que la designación de Téllez Quiñones fue por recomendación del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.Junto con el general y su asistente fue asesinado el civil Juan Ramírez Sánchez, sobrino de Greg, cuestionado por los presuntos vínculos de su familia con la delincuencia organizada (Proceso 1684).

El verdugo

La muerte de Tello Quiñones fue un severo golpe para el Ejército. No sólo porque se trata del militar de mayor rango que asesina el crimen organizado, sino porque entre 2007 y 2008 el general fue comandante de la 21 Zona Militar, con sede en Morelia, donde participó en el Operativo Michoacán en contra del narcotráfico.El autor intelectual de estos crímenes fue Octavio Almanza Morales, alias El Gori 4, un exmilitar que, hasta su captura, el lunes 9, era el jefe de la célula de la organización de Osiel Cárdenas Guillén, del cártel del Golfo, en Cancún.Al informar de su detención, el miércoles 11, el subjefe operativo del Estado Mayor de la Sedena, el general de brigada Luis Arturo Oliver Cen, confirmó que El Gori 4 perteneció al Ejército, al que ingresó el 20 de mayo de 1997 y del que se dio de baja el 1 de julio de 2004.Junto con El Gori 4, actuaban como Zetas en Cancún sus hermanos Raymundo y Eduardo Almanza Morales, quienes también formaron parte del Ejército. De acuerdo con Oliver Cen, ambos lograron escapar del operativo en que fue detenida la célula del cártel del Golfo. Según la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, los dos exmilitares huyeron a Belice. Ni la Sedena ni la PGR indicaron el grado militar que alcanzaron los hermanos Almanza Morales en el Ejército. El Gori 4 no aparecía en la lista de los delincuentes más buscados que la PGR tiene en su sitio de internet.El asesinato del general Tello Quiñones fue la primera acción de envergadura emprendida por Almanza Morales, quien llegó recientemente a Cancún para sustituir como jefe de Los Zetas en la plaza a Javier Díaz Ramón, alias El Java Díaz, detenido por el Ejército el 22 de diciembre pasado, en el puerto de Veracruz.Octavio Almanza Morales fue lugarteniente de Sigifredo Nájera Talamantes, alias El Canicón, en el estado de de Nuevo León. Su captura, producto de una delación, fue significativa para el propio Ejército. La Sedena lo identifica también como corresponsable de la ejecución de nueve de los 11 militares asesinados en Monterrey en octubre pasado. Las bajas ocurrieron entre el 17 y el 22 de octubre de 2008 en actos de extrema crueldad, pues los efectivos castrenses fueron atacados con armas punzocortantes y lesionados en el cuello y en el tórax. Algunos de los restos fueron abandonados en terrenos baldíos y otros quedaron en el lugar de la agresión (Proceso 1669).El primer ataque contra los militares en Monterrey, desde que en diciembre de 2007 se echó a andar el Operativo Nuevo León Seguro, ocurrió la noche del martes 14 de octubre en un bar en pleno centro de la ciudad. Tres militares fueron acuchillados: Éder Missael Díaz García, Roberto Hernández Santiago y David Hernández Martínez.Cuatro días después, el sábado 18, los cadáveres de otros tres militares y un exmilitar aparecieron en distintos lugares, también acuchillados.Los cuerpos de David Hernández Aquino y Juan José Pérez Bautista quedaron en un parque de Country La Silla, en el vecino municipio de Guadalupe. Otro más, el de Gerardo Santiago Santiago, fue dejado a un lado de la cantina Los Generales, en el municipio de Juárez. La cuarta víctima fue Eligio Hernández Hernández, quien como exmilitar trabajaba en una empresa de seguridad. Fue apuñalado mientras estaba esposado con las manos en la espalda. Al día siguiente, domingo 19, otros tres militares aparecieron muertos en el ejido Las Margaritas, en el municipio de Santiago. Anastasio Hernández, Claudio Abad Hernández y Héctor Miguel Melchor Hernández –quien también era empleado de una empresa de seguridad– fueron degollados. Las violentas agresiones contra el Ejército en Monterrey culminaron el 22 de octubre, con tres asesinatos más. Uno de los ejecutados era el sargento segundo de la Séptima Zona Militar, Germán Cruz Lara. De acuerdo con la autopsia, su cuerpo presentaba cuchilladas en tórax y abdomen; golpes en la cabeza, pecho, hombros y rodillas, y quemaduras de segundo grado en brazos y antebrazos, espalda y abdomen.Todas esas muertes ocurrieron cuando el comandante de la Séptima Zona Militar, con sede en Escobedo, Nuevo León, era el general de división Javier del Real Magallanes. Desde el 4 de diciembre de 2008, el divisionario es subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, responsable de los operativos de la policía federal contra la delincuencia organizada.Según la Sedena, en todas esas ejecuciones participó El Gori 4, quien fue detenido junto con otras seis personas como presuntas responsables del asesinato de los dos militares en Cancún.

Los decapitados

La saña de los asesinatos en Monterrey fue sólo el aviso de lo que vendría después en Chilpancingo Guerrero, donde ocho militares fueron decapitados, siete de ellos aún con vida, según el expediente de la investigación al que este semanario tuvo acceso.El primer caso ocurrió el 9 de diciembre, cuando fue asesinado el sargento Carlos Alberto Navarrete Moreno. Su cabeza fue depositada en una cubeta sobre el monumento a las Banderas, en una de las calles más transitadas de la ciudad, junto con un mensaje: “Según los militares, andan combatiendo la delincuencia organizada y resultan secuestradores. Esto les va a pasar por putos”.

Las otras víctimas fueron militares de entre 21 y 38 años de edad adscritos a la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, quienes fueron interceptados en diferentes puntos de la ciudad –algunos frente a numerosos testigos– por uno o varios comandos armados, entre las ocho de la noche del 20 y los primeros minutos del 21 de diciembre. En total, fueron levantados siete militares que estaban francos: el capitán Ervin Hernández Umaña, los sargentos Juan Humberto Tapia Romero y Ricardo Marcos Chino; los cabos José González Mentado y Juan Muñoz Morales, así como los soldados Julián Teresa Cruz y Catarino Martínez Morales.Junto con ellos fueron asesinados Simón Vences Martínez, quien fue subdirector de la Policía Judicial en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu, y el indígena de 22 años Oligario Vázquez Quiroz, originario del municipio de Tlacopa, quien cumplía labores de limpieza en el 41 Batallón de Infantería de Chilpancingo y que estaba por ser dado de alta como soldado.El expediente de la averiguación previa por el delito de homicidio AP/BRA/SC/02/2725/2008 integrada por la Procuraduría de Justicia Guerrero, al que Proceso tuvo acceso, establece la causa de la muerte de los uniformados: “shock hipobolémico por hemorragia externa, producido por desprendimiento de extremidad cefálica consecutivo a herida producida por decapitación”.El dictamen forense registrado con el número 352/2008 señala que los victimarios utilizaron un instrumento denominado sierra tipo Giggy, un cable metálico dentado muy delgado y flexible que utilizan los traumatólogos para cortar hueso en cirugías. Precisa que, a pesar de haber sido amordazados, no sufrieron asfixia debido a que los decapitaron ante mortem.Sus cabezas fueron abandonadas en el estacionamiento de un centro comercial cercano a la 35 Zona Militar, al sur de la ciudad. Los cuerpos fueron arrojados en dos lugares al norte.Aunque la Sedena no le ha atribuido oficialmente a ninguna organización esos crímenes, la represión militar después de los hechos (que el Ejército públicamente asumió como “una ofensa que no quedará impune”) se ha concentrado en una célula de la organización de los hermanos Beltrán Leyva en la región de Costa Grande, incluido el puerto de Zihuatanejo.Grupos contrarios a esa organización en la zona han colocado narcomantas para señalar al coronel Víctor Manuel González Trejo, comandante del 19 Batallón de Infantería con sede en Petatlán, como protector del exalcalde del lugar, Rogaciano Alva Álvarez, y de Reynaldo El Rey Zambada, detenido en octubre pasado.A finales de enero se informó extraoficialmente que González Trejo fue relevado por el coronel de Infantería Marco Antonio Hernández Chávez, un militar ascendido en noviembre pasado por Calderón. De acuerdo con esa misma versión, González Trejo estaría siendo investigado por los señalamientos en su contra.El coronel González Trejo no es el único militar de la zona que ha sido acusado como protector de narcotraficantes. El teniente coronel José Alfaro Zepeda Soto fue mencionado en narcomantas colocadas en puentes peatonales y edificios públicos en los municipios de La Unión y Petatlán, también en la Costa Grande, además de Acapulco, Guerrero, así como en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El teniente coronel Zepeda Soto, comandante del grupo de Morteros en Zacatula, en el municipio de La Unión, es señalado como protector de José Ángel Pineda Sánchez, alias El Calentano.En los narcomensajes, dirigidos al titular de la Sedena, se asegura que ese jefe militar y El Calentano recibían dinero de Jaime González Durán, El Hummer, uno de los fundadores y jefes de Los Zetas detenido a principios de noviembre del año pasado en Reynosa, Tamaulipas. El pago, alegaron, fue a cambio de la protección de las actividades del brazo armado del cartel del Golfo en Guerrero (Proceso 1678).El Hummer también perteneció al Ejército. Causó alta el 15 de noviembre de 1991 y desertó el 24 de febrero de 1999 para unirse al también exmilitar Arturo Guzmán Decenas y al expolicía Heriberto Lazcano El Lazca, otros de los fundadores de Los Zetas al servicio del cártel del Golfo.

Los incorruptibles

A pesar de que las muertes de militares de los últimos meses están presuntamente vinculadas con actividades ilegales de compañeros y excompañeros del Ejército, Felipe Calderón aseguró el martes 10 que los soldados de México son incorruptibles.Durante la ceremonia del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, realizada en Tecámac, Estado de México, luego de pedir un minuto de silencio por el asesinato del general Tello Quiñones en Cancún, aventuró: “El general Vicente Riva Palacio decía con razón que toda sociedad guarda en su seno un germen incorruptible de moralidad y un núcleo de hombres que ni la seducción ni el miedo alcanzan a corromper. Así concibo yo a los soldados de México”. Añadió: “México ve en los integrantes de nuestras instituciones una reserva de esos valores que son la garantía verdadera de la Nación”.Además de los militares asesinados por exmiembros del Ejército, hay varios casos en que militares han sido asesinados por sus relaciones con la delincuencia organizada. El más reciente ocurrió el lunes 9, cuando un comando armado ingresó al penal de Torreón, Coahuila, para matar y posteriormente quemar con gasolina a tres secuestradores que apenas horas antes habían sido encarcelados.Uno de ellos fue Ubaldo Gómez Fuentes, El Uba, un subteniente que perteneció al Grupo de Inteligencia Militar del 33 Batallón de Infantería, detenido a principios de enero en Coahuila por el secuestro y asesinato del empresario regiomontano Rodolfo Alanís.

(Con información de Ezequiel Flores, en Chilpancingo.)

(Proceso, febrero de 2009, vía El Sentir de Cohahuila)

Leer más...

La CNDH de acusa a funcionarios de hacer desaparecer a dos guerrilleros

15 de Febrero, 2009 - 19:23 —

México, 15 feb (EFE).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) aseguró hoy que funcionarios del gobierno del sureño estado de Oaxaca son responsables de la desaparición de dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), cuyo paradero se desconoce desde el 24 de mayo de 2007.

La CNDH emitió una recomendación al Secretario de Gobernación (Interior), Fernando Gómez Mont; al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz; y al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández, por el caso de los guerrilleros desaparecidos y exigió al Ejecutivo "la presentación con vida de los agraviados".
Los guerrilleros Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya, y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo, desaparecieron en 2007 después de haber sido detenidos en un retén.
Según la CNDH (defensoría del pueblo), a través de investigaciones propias logró demostrar "violaciones a derechos humanos" de los desaparecidos por lo que las autoridades tienen "la obligación de restituirles el pleno goce de sus derechos fundamentales conculcados, así como a repararles, o en su caso a sus familiares, los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado".
El organismo detalló en un comunicado que existen "indicios suficientes" para establecer que funcionarios de la policía y de la fiscalía de Oaxaca y de las autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez "omitieron realizar las acciones adecuadas para ubicar el paradero" de los dos hombres.
Además criticó que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) no haya "obtenido resultado alguno" tras 18 meses de investigaciones.
La dependencia señaló también que los agentes policiacos que participaron en el retén en el que fueron detenidos los insurgentes "incurrieron en omisiones y graves contradicciones al manejar versiones distintas" sobre los hechos.
"Cobra mayor certeza la presunción de que ambos agraviados fueron detenidos en el mencionado operativo y posteriormente trasladados de manera velada a las instalaciones de la procuraduría estatal, entre el 24 y 25 de mayo de 2007, fecha a partir de la cual nada se volvió a saber de su paradero", subrayó.
A su vez, la CNDH denunció que la PGR se niega a compartir información del caso y aseguró que muchos funcionarios de la defensoría han sido amenazados por agentes de esa corporación.
Para llegar a sus conclusiones la institución de defensa de los derechos humanos realizó entrevistas a familiares de los ausentes, funcionarios públicos federales, estatales y municipales, así como a organismos no gubernamentales, empleados de establecimientos comerciales, autoridades religiosas, testigos y vecinos, entre otras cosas.
El informe de la CNDH sobre el caso consta de 10.089 hojas y 17 tomos.
En abril de 2008, el EPR propuso la creación de una comisión de mediación para dialogar con el Gobierno, con el objetivo de lograr la presentación con vida de dos de sus militantes desaparecidos hace un año, la cual fue instalada.
El EPR, que surgió en 1996 en el sureño estado de Guerrero, perpetró en junio y septiembre de 2007 atentados con explosivos contra la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), para exigir la aparición de sus militantes.

(SDP Noticias, 15 de febrero de 2009)

Leer más...

Derechos humanos: situación de alarma

Editorial

La injustificada detención de Raúl Lucas Lucía y Miguel Ponce Rosas –activistas de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco y cuyo paradero es hasta ahora desconocido–, realizada el pasado viernes en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, por presuntos policías de esa entidad, es un botón de muestra de la desastrosa situación que enfrenta el país en materia de respeto a las garantías individuales y vigencia de la legalidad, de la cual da cuenta el reciente informe realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entre otras cosas, el documento exhorta al gobierno federal a erradicar las inveteradas prácticas de tortura y abusos cometidos por elementos del Ejército y de las corporaciones policiales; a combatir la impunidad que gozan las autoridades involucradas en los atropellos en contra de la sociedad; a armonizar la legislación nacional con los acuerdos y tratados internacionales suscritos por México; a ajustar el código militar a las obligaciones internacionales del país; a reformar el sistema de justicia y seguridad pública, y a poner fin al sistema de arraigo, práctica que rompe con el principio constitucional de presunción de inocencia.

La aplicación de tales medidas, y de otras orientadas a restituir la vigencia de los derechos humanos, resulta de obvia necesidad ante la persistencia de excesos represivos y autoritarios, y ante las constantes violaciones a las garantías básicas cometidas por las instancias gubernamentales y ampliamente documentadas por diversos sectores de la sociedad y organismos humanitarios. Sin embargo, hasta ahora los gobiernos de todos los niveles, empezando por el federal, no han dado signos de capacidad ni voluntad para avanzar en esa materia.

Al inicio del sexenio anterior, Vicente Fox pretendió mostrarse ante la opinión pública nacional e internacional como un gobernante respetuoso de las garantías individuales. Pero los hechos ocurridos en la segunda mitad de su administración mostraron conductas opuestas a las que Fox reivindicaba en los discursos, y pusieron en evidencia un régimen represor y proclive a criminalizar la protesta social en forma frecuente y extendida: así ocurrió con las torturas sufridas por manifestantes altermundistas en mayo de 2004 en Guadalajara, Jalisco, entidad entonces gobernada por Francisco Ramírez Acuña –primer secretario de Gobernación calderonista–; y con los actos de represión que tuvieron lugar en Texcoco y San Salvador Atenco, en Sicartsa y en Oaxaca, a finales de la administración foxista.

En poco más de dos años del actual ciclo de gobierno, el tema de los derechos humanos ha sido relegado a un lugar marginal del discurso oficial, y las autoridades federales, lejos de hacer algo por esclarecer y castigar los abusos cometidos en el sexenio anterior, han propiciado el agravamiento del estado de las garantías individuales, se ha continuado con la aberrante práctica policial de “fabricar” culpables y criminalizar a los disidentes, y se ha garantizado la impunidad de gobernadores como los de Puebla, Mario Marín; Oaxaca, Ulises Ruiz, y estado de México, Enrique Peña Nieto, señalados como violadores prominentes de los derechos humanos. Por añadidura, en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico, se han cometido graves atropellos en contra de la población civil, a pesar de los cuales la administración calderonista ha sido renuente a modificar una política de seguridad que, por lo demás, ha demostrado ineficacia para mejorar las condiciones de seguridad pública. Con ello, ha quedado en evidencia un doble rasero por parte del gobierno federal, que se dice dispuesto a perseguir los graves delitos perpetrados por las organizaciones criminales, pero no hace lo propio con las ofensas a la sociedad que cometen quienes supuestamente debieran hacer cumplir la ley.

La situación de los derechos humanos en el país constituye un factor de alarma para la población en su conjunto, un elemento adicional de exasperación social y un lastre fundamental para el cumplimiento del estado de derecho. Es obligado, en suma, que las autoridades atiendan esta circunstancia, si no por elementales consideraciones éticas y legales, sí al menos por razones políticas y de imagen, pues un régimen que no respeta las garantías individuales resulta impresentable ante su propia población y ante el mundo.

(La Jornada, 15 de febrero de 2009)

Leer más...

Honra Calderón a militar que estuvo preso por la matanza de seis jóvenes

-Moctezuma Zepeda, involucrado en el caso Buenos Aires

Claudia Herrera y Alfredo Méndez

El coronel de infantería Moctezuma Ilhuicamina Zepeda Rodríguez, uno de los militares que estuvieron presos por el caso Buenos Aires, recibió ayer de manos del presidente Felipe Calderón la condecoración al mérito de campaña contra el narcotráfico.

En 1997, el entonces teniente Zepeda Rodríguez se desempeñó como comandante del desaparecido grupo Jaguares, en la ciudad de México. Su jefe inmediato era el general de brigada Mauro Enrique Tello Quiñones, entonces director de Agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, quien fue ejecutado la semana pasada por sicarios del narcotráfico.

Ambos militares encabezaron la operación Buenos Aires y se les involucró con la desaparición y muerte de seis jóvenes. No obstante, fueron absueltos tras haber obtenido sendos amparos.

El 8 de septiembre de 1997, luego del operativo policiaco, los cuerpos de tres jóvenes fueron encontrados con huellas de haber sido ejecutados con disparos en la boca. Los restos de los otros tres fueron localizados meses después en un paraje del Ajusco.

De acuerdo con fuentes gubernamentales, el hoy coronel había sido invitado por Tello Quiñones para formar parte de un grupo especial de expertos militares que darían asesoría en materia de seguridad pública al ayuntamiento Benito Juárez-Cancún. El objetivo era enfrentar frontalmente a los cárteles de la droga que operan en ese destino turístico, uno de los principales puertos de entrada a cargamentos de cocaína colombiana y precursores químicos procedentes de Asia y Europa.

El grupo especial no se pudo conformar porque el general Tello Quiñones fue ejecutado.

En octubre de 1997, Eleazar Pérez Zavala, integrante del grupo Jaguares y a quien se acusó de las ejecuciones de tres jóvenes de la colonia Buenos Aires, relató a La Jornada que el 2 de octubre de ese año, en el batallón de Balbuena, fue llamado a la oficina de Moctezuma Ilhuicamina Zepeda Rodríguez, “donde también se encontraban el general Enrique Tello Quiñones, director de Agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Pública, y el jefe de Motopatrullas, Jesús Alonso Valdez (Sagitario); éste último le advirtió: ‘ten cuidado con lo que hablas, porque si lo haces te va a pasar algo’”.

Además de Zepeda, ayer recibieron reconocimientos por su labor contra el narcotráfico los siguientes militares: el teniente de caballería Rubén González Bonales, el subteniente de infantería José Antonio Sánchez Escobar, el sargento segundo de caballería José Ángel Zopillactle Sánchez, el subteniente de infantería René García Dávila, el sargento segundo de infantería Víctor Manuel Aquino Solórzano, el cabo de infantería Fidel Hernández Hernández y los soldados de infantería Rubén Vázquez Solano y Cayetano Ortiz Alarcón.

(La Jornada, 10 de febrero de 2009)

Leer más...

La PFP “adopta” enseñanza militar

Anuncia el nuevo Coordinador General de Seguridad Regional que habrá una depuración y que imprimirá una visión castrense a la Policía Federal después de los escándalos de corrupción

Silvia Otero
El Universal
Lunes 09 de febrero de 2009

silvia.otero@eluniversal.com.mx

En entrevista con EL UNIVERSAL, el militar anuncia que habrá una depuración de efectivos de la PFP, y detalla que durante sus primeros días al frente de la corporación ha identificado deficiencias en el sistema educativo de los elementos que ingresan, por lo que asegura que el Instituto de Formación Policial “debe ser una escuela militar”.

Considera que la incorporación de militares a altos puestos en la Policía Federal Preventiva tiene un objetivo claro: imprimir la visión castrense en la corporación, una “mística de legalidad, espíritu de cuerpo y de servicio a México, de transparencia y de respeto a las instituciones”, tras descubrirse la penetración del narcotráfico, que tenía a su servicio a jefes de alto nivel.



El reto como jefe de la corporación, señala, es cambiar la imagen que se tiene de la institución, después de los escándalos de corrupción, por lo que se ha iniciado un proceso de reclutamiento de nuevos elementos ante las vacantes que han dejado los policías destituidos, pero también habrá depuración: “el que no rinda, fuera”, sentencia.

Después de la detención de mandos presuntamente vinculados con el narcotráfico, no resulta casual el arribo a las filas de la SSP federal de militares en retiro. Además de Fregoso Cortés, fueron designados el general de división diplomado de Estado Mayor Javier del Real Magallanes como subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, mientras que el también general Rodolfo Cruz coordina las Fuerzas Federales de Apoyo.

¿La visión de un militar era necesaria para reconducir las acciones de la PFP?



Nosotros tenemos una mística: servir a México. Estamos imbuidos de lealtad a toda prueba, a toda prueba la tenemos y la trajimos acá. He tenido muchos cargos operativos, he sido comandante de varias zonas militares, comandante de corporaciones, de unidades especiales, así que conozco perfectamente la administración, y mi chamba aquí es coordinar los recursos humanos, impulsarlos, escucharlos y orientarlos, ese es mi trabajo y lo estoy haciendo.

Fregoso Cortés no duda que la visión castrense hace hoy la diferencia en la corporación.

“Las órdenes que me dan son para mañana y eso hacemos, a lo mejor otro compañero no tiene esa mentalidad, pero la presencia del subsecretario, la presencia mía en coordinación con el general Cruz, en Fuerzas Federales, tiene esa orientación, dar una mística de legalidad, espíritu de cuerpo y de servicio a México, de transparencia y de respeto a las instituciones”, dice.

¿Es lo que aportan ahora los militares en la secretaría?

Así es.

¿Costará sanear la institución?

La institución está bien, que vamos a tener que trabajar más para tener aspectos operativos positivos, sí, lo vamos a hacer y lo vamos a lograr.

¿Qué falta operativamente?

Que la escuela de Formación Policial perfeccione sus sistemas educativos, que el sentido de pertenencia siga siendo vigente en ellos, que sea como una escuela militar, debe ser una escuela militar.

Fregoso Cortés asegura que contar con nuevos policías federales con una nueva mística de servicio es indispensable y el proceso no se puede retardar, “estamos a pasos acelerados, esto es para mañana, no me dijeron vienes y dentro de cinco años lo arreglas, no, lo quiero mañana, y así estamos trabajando”.

El general asegura que se está trabajando en “dar la imagen a la opinión pública de que la transparencia y la legalidad están presentes en la PFP, eso nos va a llevar tiempo todavía y tendremos que estar batallando y tendremos que estar aplicando la ley”.

¿Cómo garantizar que no se repitan los casos de corrupción a un alto nivel?

Con transparencia, en la forma de actuar, comportarse, en la forma en que vive uno, que no quede duda de que no hay algo turbio o chueco.

Tajante señala: “Tenemos perfectamente identificado que cuando hay encubrimiento y complicidad, cuando la autoridad no hace su trabajo, se mete en ese problema”.

(El Universal, 9 de febrero de 2009)

Leer más...

Generales inermes

Jorge Luis Sierra

El gobierno debe estudiar y entender cabalmente las implicaciones y significados del secuestro, tortura y ejecución del general Mauro Enrique Tello Quiñónez y sus acompañantes.

Esta es una señal de que los generales mexicanos que ocupan puestos municipales, estatales o federales de seguridad pública se han convertido en el blanco principal de los ataques de la delincuencia organizada, y en el foco de una estrategia criminal para producir terror y desmoralización en las filas del Ejército.

Antes veíamos a civiles indefensos que eran ejecutados apenas tomaban su cargo como secretarios de Seguridad Pública, ahora vemos a generales inermes víctimas de atentados.

Las características del crimen obligan a considerar la posibilidad de que el grupo ejecutor tuviera información precisa sobre el itinerario del general Tello, lo que supone la intervención de sus comunicaciones o una penetración exitosa de su primer círculo de colaboradores. También supone un factor de inseguridad más: el gobierno distribuye a mandos militares en las plazas críticas del narco, pero no parece brindarles el nivel de protección que necesitan.

El general Tello apenas se había retirado del Ejército para empezar a servir de inmediato en las filas de la policía municipal de Cancún, Quintana Roo. Lo mismo sucede con un conjunto de mandos castrenses que está solicitando licencia o pasando a retiro para reemplazar a civiles en cargos de seguridad pública.

En la medida en que este reemplazo está coordinado por el alto mando de la Sedana, los generales que toman posiciones en la seguridad pública de estados o municipios siguen bajo la cadena de mando militar, participan de una estrategia castrense unificada, pero no gozan de las mismas condiciones de seguridad. Al salir de su ámbito normal de operaciones, pierden la protección que les ofrece la disciplina y organización militar y entran en los medios policiales donde los sistemas de contrainteligencia son casi inexistentes y la vulnerablidad es extrema.

La muerte del general Tello ha puesto en duda el éxito de la Sedena para blindar contra la infiltración del narcotráfico a las estructuras policiales de Aguascalientes, Tabasco, Veracruz, Guerrero, Baja California, Oaxaca y Chihuahua que dirigen por lo menos seis generales y dos jefes militares.

A diferencia del Ejército Popular Revolucionario que intentó varias veces emboscar a los generales comandantes de las zonas militares en Guerrero y Oaxaca, el narcotráfico evita al máximo el enfrentamiento directo con las tropas y espera que los soldados salgan de los cuarteles, cambien de uniforme y entren solitarios a una zona de riesgo controlada por las organizaciones criminales.

Sin embargo, más allá de ese riesgo que de por sí libra cualquier policía o militar que lucha contra el narcotráfico, la ejecución del general Tello también puede interpretarse como parte de una serie de provocaciones contra el Ejército, que incluyen el asesinato y la decapitación de soldados, el intento de sembrar el miedo en el medio militar y la estrategia de producir una respuesta dura de los mandos castrenses.

La delincuencia organizada parece estar dispuesta a aceptar el costo de una contraofensiva militar a cambio de acelerar el desgaste, ya sea por corrupción, el asesinato o simplemente desmoralización, del último recurso de fuerza con el que cuenta el Estado mexicano.

jlsierra@hotmail.com

Especialista en seguridad y fuerzas armadas

(El Universal, 7 de febrero de 2009)

Leer más...

Incompleto, informe de la CNDH sobre abusos de soldados contra civiles: ONG

-Omite señalar al Presidente como responsable de actos del Ejército

Emir Olivares y Alfredo Méndez

Aunque representa un avance, el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las violaciones a las garantías fundamentales cometidas por soldados es incompleto, ya que el organismo omite pronunciarse seriamente sobre el fuero militar, el cual crea impunidad ante esos abusos, advierten integrantes de organizaciones no gubernamentales.

Tampoco señala –continúan– que uno de los responsables de las acciones del Ejército es el titular del Ejecutivo federal, como comandante supremo de las fuerzas armadas.

El director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, resaltó que la cantidad de abusos cometidos por militares “no es nueva”, y que las organizaciones civiles las han documentado durante años, por lo que no bastan cifras para sancionar a los responsables.

Criticó que la CNDH haya omitido pronunciarse sobre el fuero militar, que “es lo que provoca la impunidad” en estos delitos, más aún cuando organismos externos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han determinado que ese furo tiene carácter restrictivo.

“No basta que la CNDH señale hechos y violaciones, sino que, con base en sus competencias, debe exigir que la justicia civil atraiga los delitos cometidos por militares contra la población, pues ante la parcialidad de los tribunales castrenses, no hay justicia para las víctimas; además, debe impulsar que se sancionen los abusos y dar un seguimiento a sus recomendaciones”, señaló Arriaga.

Indicó que otra omisión del organismo encabezado por José Luis Soberanes Fernández es que en ninguna de las recomendaciones emitidas a lo largo de los ocho años que señala el informe hace referencia a la responsabilidad del titular del Ejecutivo en las acciones del Ejército.

En tanto, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, coincidió en que “ninguna de las recomendaciones se ha dirigido al comandante supremo de las fuerzas armadas; la CNDH se conforma con hacer los señalamientos al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Indicó que otra de las instituciones que debió ser señalada por la CNDH es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que “ha convalidado las acciones del Ejército en tareas de seguridad pública con diversas tesis de jurisprudencia, lo que vulnera los artículos 16 y 129 constitucionales; acciones que a la postre provocan violaciones a las garantías de los ciudadanos”.

Por otro lado, Samuel González Ruiz, ex titular de la extinta Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, consideró que las casi 7 mil violaciones a derechos humanos cometidas por militares en los ocho años recientes son “injustificables” y obedecen a que un órgano que no está diseñado para realizar labores de policía fue obligado a hacerlas.

(La Jornada, 28 de enero de 2009)

Leer más...

Militares filtraban datos a cárteles rivales

RICARDO RAVELO
MÉXICO, DF, 16 de enero (apro).- Varios militares adscritos a la SIEDO, así como al área de seguridad del presidente Felipe Calderón, sirvieron durante años tanto al cártel de Sinaloa como a sus rivales de Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo, según declaró Jennifer, un testigo protegido clave en la Operación Limpieza.

Su testimonio forma parte de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008, integrada por la Procuraduría General de la República (PGR), para poner en marcha la Operación Limpieza que inició en marzo de 2008, después que la agencia antidrogas estadunidense (DEA) informara al entonces titular de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, que su círculo cercano de colaboradores había sido infiltrado por el cártel de Sinaloa y, en particular, por la célula encabezada por los hermanos Beltrán Leyva.
Según Jennifer, los hermanos Beltrán Leyva estaban interesados en saber si existía una solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos, en contra de Joaquín Archivaldo Guzmán, hijo del jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
Los militares adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, a través de sus contactos en la embajada de Estados Unidos en México, indagaron si había un expediente para extraditar al hijo de El Chapo.
Jennifer cuenta los detalles de los encuentros sostenidos con el mayor Arturo González, una de las piezas importantes en las tareas de filtración de información tanto del círculo cercano del presidente –formaba parte del grupo de Guardias Presidenciales y actualmente bajo arraigo-- como de las tareas militares en contra del cártel sinaloense.
“El licenciado Oscar”
En su declaración, Jennifer narra que conoció a un personaje al que le decían “El licenciado Oscar”. Este sujeto, según datos confirmados en la PGR, en realidad responde al nombre de Rey Zambada García, hermano de Ismael El Mayo Zambada, uno de los poderosos miembros del cártel de Sinaloa.
Cuenta Jennifer:
“Se verificó un segundo encuentro con el mayor Arturo González y con el ‘licenciado Oscar’… El declarante no recuerda la fecha exacta, pero fue más o menos un mes después de la primera vez… En esa ocasión en el restaurante Champú Hélices (de) la avenida Paseo de la Reforma, frente a la embajada… Esta vez el licenciado Oscar (Rey Zambada) estaba acompañado de otro sujeto que se presentó con su apellido, pero el declarante no lo recuerda… Dijo que llevaba asuntos de Los Zetas en la SIEDO y que representaba los intereses de ese cártel”.
El testigo refiere los detalles de cómo “el licenciado Oscar” –Rey Zambada– se mostró interesado en conocer la situación jurídica del hijo de El Chapo; quería saber –dice “Jennifer”– si lo iban a extraditar a Estados Unidos.
Así lo narra el testigo:
“En otra ocasión el licenciado Oscar preguntó muy interesado si se sabía si existía orden de extradición en contra de El Chapito, es decir, el hijo de El Chapo Guzmán. (el señor) Cueto López (señalado en la indagatoria como reclutador de personal militar y de la SIEDO para ponerlos al servicio de Los Beltrán) dijo que se lo informáramos de inmediato y llamó a Alberto Pérez Guerrero (actualmente tiene la clave “Felipe” y es testigo protegido), que trabajaba en la embajada americana”.
El mayor González Rodríguez –explica Jennifer-- no quiso que Pérez Guerrero entrara al restaurante donde estaban reunidos, por ello “envió al declarante y Pérez Guerrero sólo tuvo que cruzar la avenida Reforma… El declarante se encontró con él en la vía pública… El declarante le dijo lo que le interesaba y Pérez Guerrero respondió que no sabía que El Chapito tuviera orden de extradición, pero expuso que lo verificaría en la embajada y en Interpol, por lo que después el declarante regresó a la mesa informando lo sucedido”.
El testigo protegido señala que “el licenciado Oscar” se mostró bastante preocupado por la supuesta orden de extradición en contra de El Chapito… Tanto Cueto como el declarante le dijeron al licenciado Oscar que en la SIEDO se contaba con información de domicilios donde iban a intentar localizar a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapito, y al Mochomo (Alfredo Beltrán Leyva, actualmente preso en el penal de Puente Grande, Jalisco), y el licenciado Oscar dijo que le interesaban mucho esos datos, pero se le dijo que se le proporcionarían en otra ocasión.
El testigo agrega otros detalles de aquel encuentro:
“Al salir fuimos al despacho del licenciado que dijo representar los intereses de Los Zetas, porque Cueto había salido de pleito con su primo Rodolfo de la Guardia (exjefe de Interpol investigado por estar presuntamente coludido con el narco) y pensaba poner un despacho… Dicho abogado los llevó a un edificio de color blanco, de tres pisos, que se localiza a espaldas de la embajada americana, y dijo que era propietario de todo” el inmueble.
Luego siguieron otros encuentros entre personal de la SIEDO –tanto civiles como militares– con personajes del cártel de Sinaloa, a fin de ponerse se acuerdo en la protección de cargamentos de droga, detenciones de rivales y filtración de información sobre operativos en contra de ese cártel.
Puntualmente los miembros del cártel de Sinaloa, según “Jennifer”, eran informados de todas las acciones, y por esos servicios se les pagaban entre 300 y 450 mil dólares mensuales a los altos funcionarios de la PGR, muchos de ellos actualmente bajo arraigo.

(Proceso, 16 de enero de 2009)

Leer más...

Dos militares son acusados de secuestro y asesinato de 3 personas

Las indagatorias por parte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Coahuila, detallan que el oficial militar en activo que ya se encuentra bajo arraigo, responde al nombre de Ubaldo Gómez Fuentes, mientras que el otro oficial del Ejército en activo fue delatado por el hoy detenido, pero no ha sido presentado por las autoridades castrenses.

Torreón.- Dos tenientes egresados del Heroico Colegio Militar, que se desempeñaban en el área de inteligencia de la Onceava Región Militar, concretamente en el 33 Batallón de Infantería, son los que aparecen como secuestradores y homicidas de tres personas, uno de ellos empresario regiomontano y otro un vendedor de afores.

Incluso uno de los oficiales del Ejército, traía para su uso personal el vehículo Volkswagen Jetta, modelo 2008, color rojo, propiedad de su víctima que fue identificado como Jeremeel Fernández Morán quien se desempeñaba como ejecutivo comercial del ING afore y quien fue reportado como desaparecido el 19 de diciembre del año 2008 en Gómez Palacio.

Las indagatorias por parte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Coahuila, detallan que el oficial militar en activo que ya se encuentra bajo arraigo, responde al nombre de Ubaldo Gómez Fuentes, mientras que el otro oficial del Ejército en activo fue delatado por el hoy detenido, pero no ha sido presentado por las autoridades castrenses.

Dichos tenientes presuntos secuestradores, son acusados del secuestro y homicidio del empresario regiomontano Rodolfo Alaniz, quien había acudido a la Comarca Lagunera para visitar algunos de sus familiares.

Fue así que luego de plagiarlo y cobrar su rescate, lo asesinaron y quemaron su cuerpo por las inmediaciones del Cerro Bola en el municipio de San Pedro de las Colonias.

Pero además de ese homicidio el teniente egresado del Heroico Colegio Militar, confesó al ser capturado que también habían secuestrado al ejecutivo de afores Dan Jeremeel Fernández Moran, al grado de que les fue asegurado el vehículo propiedad de la víctima.

Sobre la actuación de esos dos oficiales asignados al área de inteligencia del 33 Batallón de Infantería, desde el primer momento de la captura de Ubaldo Gómez Fuentes, se le dio aviso al General de la Onceava Región Militar.

Sin embargo de momento no ha sido presentado el otro teniente, que también hasta el día de hoy se encontraba en activo, de quien se presume es una persona sumamente violenta, especialista en el manejo de armas de fuego y explosivos.

Fue tras la presentación de los cuatro miembros de la banda de secuestradores por parte del Sub Procurador Domingo González Favela que se logró conocer que los presuntos delincuentes que eran comandados por los oficiales militares, habían perpetrado cuando menos tres secuestros.

Sin embargo dichos individuos, al cobrar el rescate no entregaban a sus víctimas, sino que simplemente las asesinaban y calcinaban los cuerpos.

En la Dirección General para la Investigación del Secuestro y Crimen Organizado, se indicó que la indagatoria se tiene desde la ciudad de Saltillo, aunque familiares de una de las víctimas detallaron que el carro en el que viajaba uno de sus parientes estaba a disposición del Ministerio Público del Fuero Común.

(Milenio, 6 de enero de 2009)

Leer más...

Acusan de robo a soldados y agentes que realizaron operativo

Dos detenidos en Coahuila luego de horas de tiroteo con narcos
Acusan de robo a soldados y agentes que realizaron operativo

Gabriel León y Leopoldo Ramos Reportero y corresponsal

Como resultado del enfrentamiento armado del jueves entre fuerzas federales y un comando de sicarios en Torreón, Coahuila, fueron detenidos dos presuntos delincuentes, ocho elementos de la policía federal resultaron lesionados y vecinos de la colonia donde tuvieron lugar los hechos denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia del estado haber sido víctimas de robos y hostigamiento por militares y policías, quienes presuntamente irrumpieron en sus residencias sin las órdenes de cateo argumentando que buscaban a los delincuentes que les habían dispaarado.

Uno de los ciudadanos afectados, Juan Gramillo, director general de la empresa Multimedios, dijo a las autoridades que sus dos hijos fueron intimidados y reportó la desaparición de 800 mil pesos en joyas, 35 mil pesos en efectivo, computadoras y otros artículos de valor. El quejoso tiene su domicilio en Paseo del Pozo número 200, justo a un costado de la vivienda donde se ocultaron los pistoleros.

La Procuraduría General de Justicia dijo que en al menos cinco viviendas más los moradores informaron de los hechos sólo por teléfono y se negaron a presentar las denuncias correspondientes.

El Ministerio Público de la Federación comenzó una averiguación previa contra dos presuntos delincuentes del cártel del Golfo, quienes fueron aprehendidos luego del enfrentamiento, informó la Procuraduría General de la República (PGR). De manera extraoficial, autoridades locales dieron a conocer que fueron detenidos una mujer y dos hombres en el domicilio donde se atrincheraron, luego de disparar y arrojar granadas a efectivos federales.

Sobre el enfrentamiento, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal precisó que en la acción resultaron lesionados ocho elementos, quienes fueron trasladados a un hospital de la región –que inclusive es custodiado por militares– para que fueran atendidos. Autoridades locales reportaron como delicados a dos soldados.

En el lugar del enfrentamiento agentes de la policía federal y del Ejército mantienen un operativo en busca de más delincuentes.

La procuraduría abrió la indagatoria PGR/Coah/Torr/Ag-11/02/2009 contra Alberto Fuentes Quiroz y Martín Domínguez Alfonso –quienes según la secretaría son buscados por la justicia estadunidense por el delito de homicidio– por su presunta responsabilidad en actos de delincuencia organizada, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, resistencia de particulares y tentativa de homicidio.

La PGR detalló en un comunicado que elementos de la policía federal realizaron las capturas en la calle Del Pozo número 118, colonia Campestre La Rosita, luego del enfrentamiento. Al intentar huir, los sicarios lanzaron una granada a los policías.

Agregó que fueron entregados al representante social de la Federación cuatro vehículos, cargadores, 22 radios de comunicación, cuatro armas de fuego (dos AK 47, una AR-15 y una calibre 22), granadas de fragmentación, más de mil 600 cartuchos de diferentes calibres, 100 gramos de mariguana y uniformes militares, entre otras cosas.

A la información difundida previamente por la PGR, la SSP federal precisó que además fueron decomisadas un arma larga MP-5 y una pistola de fabricación alemana 5.7x28 mm (conocida como matapolicías). Abundó que se localizaron cuatro granadas de fragmentación.

El jueves, al filo de las 15 horas, fuerzas federales acudieron a la avenida Paseo del Olimpo, a espaldas de una unidad deportiva, donde les habían reportado la presencia de personas armadas en varios vehículos estacionados a un costado de una plaza pública.

Cuando los efectivos federales llegaron al lugar fueron recibidos a balazos y se inició una persecución que concluyó calles adelante, en la esquina de Saltillo 400 y Pavorreal, donde tuvo lugar un segundo enfrentamiento.

Un tercer choque a tiros, el más prolongado, ocurrió en la calle Paseo del Pozo, donde los pistoleros lograron refugiarse en una vivienda, en la que permanecieron atrincherados hasta la noche, cuando integrantes del Ejército se sumaron al operativo y se logró la captura de dos personas.

Autoridades locales han señalado que el domicilio donde se llevó a cabo la captura es centro de operaciones del presunto grupo delictivo, debido a que, indicaron, en el interior se encontraron objetos con los que probablemente los sicarios torturaban a sus víctimas.

(La Jornada, 3 de enero de 2009)

Leer más...

La inseguridad militar

Jorge Luis Sierra
La inseguridad militar
27 de diciembre de 2008


Varias implicaciones en el aspecto militar de la lucha contra el narcotráfico han emergido con fuerza en la última etapa del año, el más terrible en la historia reciente por el número de ejecuciones y el nivel de violencia de las partes en combate.

La primera es la disposición mostrada por la delincuencia para ejecutar soldados y provocar a las Fuerzas Armadas. Aunque el decapitamiento ha sido el símbolo más atroz de la violencia del narco, que las víctimas sean soldados ha enervado a los mandos castrenses. La tragedia de esta semana con ocho soldados decapitados en Guerrero provocó repudio de todos los niveles de gobierno. El hecho no es aislado: ya desde el 9 de diciembre los medios habían dado cuenta del decapitamiento de un soldado en Chilpancingo. En octubre, por lo menos otros 13 efectivos fueron degollados en Monterrey.

Consternados, los mandos militares han lanzado advertencias directas contra los responsables de esa matanza. La propia Sedena criticó en un comunicado, sin detallar nombres, a quienes han realizado “expresiones maliciosas” que denigran la memoria de los militares caídos.

La segunda implicación son los incidentes de abuso de la fuerza castrense, aunque no han encontrado el mismo repudio gubernamental. En su afán por cortar el flujo de drogas y armas, las tropas han establecido retenes en caminos rurales, puentes internacionales, accesos de entrada a las ciudades y en ellos se está registrando la muerte de civiles. El caso más reciente fue el de una mujer embarazada de 22 años abatida por los disparos de soldados cuando intentó cruzar sin detener su auto en un retén en Aldama, Chihuahua. En febrero, una persona falleció baleada y otra resultó herida por los disparos de soldados que intentaron detener su auto en un retén en Reynosa, Tamaulipas. En junio de 2007, dos mujeres y tres niños resultaron abatidos en circunstancias similares en Mocorito, Sinaloa.

Normalmente, las reglas de combate impiden que los soldados a cargo de retenes disparen a discreción cuando un civil viola la orden de parar su auto. En Kosovo esas reglas eran conocidas como las cinco eses: 1) shout, grite; 2) shoot, dispare al aire; 3) shoot, dispare para inutilizar el vehículo; 4) shoot, dispare para herir al conductor y 5) shoot, dispare a matar. La última opción sólo era utilizada cuando los soldados veían armas en el auto o cuando se reportaba la posibilidad de un ataque inminente.

Por los hechos, no queda claro cuáles son las reglas de combate que deben seguir los soldados mexicanos. Hasta ahora, lo que ha ocurrido en los retenes militares es que apuntan sus armas y jalan el gatillo cuando un conductor desobedece las órdenes y falla en detener su auto. Si las reglas no están claras, los retenes se convierten en puntos inseguros para los civiles.

La circunstancia que viven las Fuerzas Armadas es cada día más delicada. Están logrando avances de reducción del crimen en regiones como Tijuana o Reynosa, pero parecen incapaces de disminuir la ola de violencia acumulada en todo el país. Además, los incidentes de abuso de la fuerza contra civiles siguen ocurriendo y el narco, provocador, aprovecha los momentos en que algunos soldados bajan la guardia para matarlos. Hay que rendir honor a los soldados caídos y al mismo tiempo procesar a los responsables de los abusos cometidos.

jlsierra@hotmail.com

Especialista en seguridad y fuerzas armadas

(El Universal, 27 de diciembre de 2008)

Leer más...

Detienen por narco a guardia presidencial

Arturo González Rodríguez, mayor del Ejército Mexicano, fue detenido y arraigado como parte de las investigaciones de la Operación Limpieza, informó ayer la Procuraduría General de la República (PGR)

Julián Sánchez
El Universal
Sábado 27 de diciembre de 2008
julsanba@eluniversal.com.mx

Arturo González Rodríguez, mayor del Ejército Mexicano, fue detenido y arraigado como parte de las investigaciones de la Operación Limpieza, informó ayer la Procuraduría General de la República (PGR).

Fuentes oficiales consultadas por EL UNIVERSAL confirmaron que González Rodríguez fue parte del cuerpo de Guardias Presidenciales. Además, versiones de un testigo protegido lo señalan como el militar que proporcionaba información sobre las actividades del presidente Felipe Calderón a dos cárteles: el de los hermanos Beltrán Leyva, y el de Sinaloa. A cambio era recompensado con 100 mil dólares mensuales.

El testigo protegido está identificado con la clave “Jennifer”. En sus declaraciones dijo a las autoridades que el guardia presidencial vendía, además, armas de la Secretaría de la Defensa Nacional a los narcotraficantes.

La fuente oficial dijo que Rodríguez fue delatado y detenido en las últimas horas. Desde hace meses se le buscaba, señaló. El 27 de octubre pasado, EL UNIVERSAL dio a conocer el inicio de la Operación Limpieza, que ha desencadenado la detención y el proceso de los más altos mandos en la lucha contra el narco en México.

La PGR informó que ordenó la localización y presentación del oficial militar, y que obtuvo, de un juez federal, la autorización para arraigarlo por 40 días en el Centro de Investigaciones Federales, ubicado en la calle Doctor Ignacio Morones Prieto, número 43, colonia Doctores, en el Distrito Federal.

“El fiscal de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), y con el fin de obtener elementos de prueba suficientes para determinar su probable responsabilidad, solicitó y obtuvo del juez Décimo Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dentro del expediente 46/2008-V, la medida cautelar de arraigo por 40 días en contra de Arturo González Rodríguez”, informó la PGR.

(El Universal, 27 de diciembre de 2008)

Leer más...

Van por aire y tierra contra los asesinos

La PGR atrae la investigación; rinden homenaje a los soldados victimados

Juan Cervantes Gómezy Adriana CobarrubiasCorresponsales
El Universal
Martes 23 de diciembre de 2008
justicia@eluniversal.com.mx

CHILPANCINGO, Gro.— El Ejército peina por tierra y aire zonas urbanas y rurales de Chilpancingo y otros ocho municipios en busca de los asesinos de ocho militares decapitados el domingo.

Ayer, el comandante de la novena región militar, con sede en Acapulco, Enrique Alonso Garrido Abreu, le declaró la guerra al crimen organizado en un homenaje a los soldados caídos, al tiempo que surgieron denuncias por violación a los derechos humanos.

La PGR informó que atrajo la investigación. Indaga a siete detenidos por el Ejército el sábado pasado, luego de un enfrentamiento en Teloloapan, en el que murieron tres pistoleros, para determinar su posible relación con la decapitación de los ocho militares.

Los delincuentes cometieron “un grave error” al asesinar militares, dijo Garrido Abreu, quien declaró “abierta la guerra” contra el crimen organizado durante el homenaje efectuado en la 35 zona militar.

Ante los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de la Defensa, Guillermo Galván Galván, Garrido calificó de “grave error de los delincuentes ese atrevimiento”, porque “constituye una ofensa a las instituciones y, especialmente, a quienes vestimos el uniforme castrense”.

El jefe militar dijo que “no habrá la más mínima consideración ni concesión, mucho menos descanso, hasta no ver en el lugar que corresponde a esos delincuentes”.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indicó que con el asesinato de militares el crimen organizado “pretende amedrentar”, porque los golpes del Ejército y la Fuerza Aérea le han provocado en Guerrero una merma en la estructura funcional y económica.

Ofensiva militar masiva

Mientras se efectuaba el homenaje a los soldados caídos, se registró una activa movilización de tropas en Chilpancingo, donde se instalaron retenes a la entrada y salida de la ciudad, a la vez que cuatro helicópteros y una avioneta militar realizaban constantes sobrevuelos en la ciudad.

Versiones no confirmadas indicaron que el operativo también tenía el objetivo de localizar a otros soldados levantados el domingo pasado sin que se conozca su paradero. Para reforzar la búsqueda habrían arribado a Chilpancingo 300 integrantes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes).

Un número no determinado de efectivos del Ejército y de integrantes del Operativo Conjunto Guerrero efectuaron cateos y se desplazaron por al menos nueve municipios de las regiones del Centro y Tierra Caliente, considerados centros operativos de pistoleros al servicio de narcotráfico.

Según informes preliminares, contingentes militares efectúan operativos en los municipios de Arcelia, Quechultenango, Tepecuacuilco, Mochitlán, Petatlán, Altamirano, Zumpango, Pungarabato e Iguala además del de Chilpancingo. Trascendió que los soldados que habían salido de vacaciones decembrinas fueron llamados de nuevo a sus cuarteles.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió la denuncia de allanamiento presentada por un comerciante de Chilpancingo, cuyo negocio fue cateado por el Ejército sin orden oficial. El presidente del organismo, Juan Alarcón Hernández, llamó a los mandos militares a evitar que durante los cateos se violenten los derechos humanos.

“Nos preocupa como guerrerenses que ocurran estas cosas. Esperamos que no se repitan estos hechos, más aún porque se acerca la Nochenuena”, añadió el ombudsman estatal. (Con información de María de la Luz González, reportera)

Leer más...

Justifica Sedena muerte de embarazada en Chihuahua

La Secretaría afirmó que dispararon ya que estaban en situación de alerta y la víctima no acató la orden de detener el vehículo que conducía a gran velocidad

Silvia Otero
El Universal
Ciudad de México Sábado 13 de diciembre de 2008
13:39

Los militares que balearon a una mujer en Chihuahua, actuaron en respuesta a la agresión de un grupo armado, que minutos antes disparó contra el personal que estaba en el retén del Aeródromo de Ciudad Aldama. Dispararon ya que estaban en situación de alerta y la víctima
no acató la orden de detener el vehículo que conducía a gran velocidad.

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) justificó así la muerte de Gabriela Arzate, quien fue baleada por los militares cuando conducía una camioneta Explorer, acompañada por su madre Elia Arzate Gutiérrez, quienes al parecer buscaron protegerse en
el puesto de vigilancia del Ejército.

La dependencia no hace alusión a una posible investigación de su personal para esclarecer lo ocurrido pero informó que presentó una denuncia penal por la agresión que sufrieron los elementos que se encontraban en el retén.

La Sedena detalló que alrededor de las 17:10 horas del jueves pasado personal militar establecido en un puesto de vigilancia en el Aeródromo de Ciudad Aldama, fue objeto de agresión con armas de fuego por sujetos que viajaban a bordo de varios vehículos.

Explicó que el personal militar observó que se aproximaban dos vehículos a toda velocidad hacia el retén: una Pick Up blanca de doble cabina de modelo reciente y el segundo una camioneta blanca.

"El primer vehículo cruzó por el frente de las instalaciones militares metiéndose al terreno baldío que se encuentra frente al destacamento, rompiendo una alambrada y efectuando disparos contra el puesto de vigilancia a una distancia aproximada de 100 metros", por lo que los
militares reaccionaron activando su Plan de Defensa, por lo que la segunda camioneta y desde la que también se realizaron disparos se desviaron hacia Ciudad Aldama.

En su versión la Sedena asegura que "en los momentos en que el personal militar aún se encontraba desplegado en situación de alerta, un tercer vehículo ingresó de manera intempestiva y a gran velocidad (camioneta Explorer, color rojo, sin placas, con vidrios polarizados), a las instalaciones del Aeródromo donde se encuentra el puesto de vigilancia; el personal militar le marcó el alto, haciendo caso omiso de la indicación, por lo que personal militar, efectuó disparos para lograr su detención".

La conductora de la camioneta, Gabriela Arzate perdió la vida por los disparos que recibió, mientras que su madre quedo "a disposición de las autoridades correspondientes", según informó la Sedena que agregó que su personal resultó ileso y los daños fueron únicamente materiales sobre las paredes, ventanas y parapetos de la instalación del puesto de vigilancia.

Por ello "tomó conocimiento de los hechos el Ministerio Público de Aldama, en el concepto de que se interpuso una denuncia de hechos ante las autoridades correspondientes con motivo de la agresión de que fue objeto el personal militar."

mma

(El Universal, 13 de diciembre de 2008)

Leer más...

Militares asesinan “por error” a una embarazada en Chihuahua

■ Fue ultimada en un retén, cuando llegó a solicitar ayuda

■ En tres estados, 10 ejecuciones vinculadas con el narcotráfico

De los corresponsales

En una aparente confusión, una mujer con más de cuatro meses de embarazo murió a consecuencia de disparos hechos por militares en un retén ubicado a las afueras del municipio de Aldama, Chihuahua, adonde llegó acompañada por su madre y una tía para pedir protección, pues, aseguraron éstas, eran perseguidas por sicarios.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de Justicia del estado confirmaron el deceso de Gabriela Arzate por los tiros de los elementos del Ejército Mexicano, quienes la noche del jueves resguardaban el aeródromo de Aldama, ubicado cerca de la carretera Chihuahua-Ojinaga, a 30 kilómetros de la capital.

La Sedena ubicó el hecho como producto de una agresión a militares por hombres que se trasladaban a bordo de varios vehículos. Dos de ellos, una pick de doble cabina y modelo reciente, y una camioneta blanca, cerrada, se aproximaron al puesto de control a toda velocidad.

El primero pasó frente al retén y se metió a un terreno baldío que se encuentra frente al destacamento, al tiempo que disparaba contra el puesto de vigilancia, a una distancia de aproximadamente 100 metros. Acto seguido se dio a la fuga en sentido contrario, mientras el personal militar reaccionó activando su plan de defensa.

De acuerdo con la Sedena, los ocupantes del segundo vehículo también iban disparando, pero al percatarse de la reacción de los soldados desviaron su dirección rumbo a la ciudad de Aldama.

En el momento en que los militares aún se encontraban desplegados, en situación de alerta, un tercer vehículo ingresó de manera intempestiva y a gran velocidad –una Explorer roja, sin placas y vidrios polarizados– al sitio. El personal le marcó el alto, pero al hacer caso omiso le dispararon para lograr su detención. En el interior se encontraban Gabriela Arzate y Elia Arzate Gutiérrrez. Esta última fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

Otras versiones señalan que Gabriela iba acompañada de su madre y una tía, quienes luego relataron que llegaron al lugar para pedir ayuda, porque un grupo de gatilleros las iba persiguiendo.

Fuentes de la Procuraduría General de Justicia del estado revelaron que después del percance la madre de Gabriela, indignada, dijo que no se explicaba el motivo por el cual fueron agredidas por los soldados.

“No portábamos armas, ni siquiera un cuchillo. No amenazamos a nadie. Llevábamos prendidas las luces preventivas, sólo queríamos ayuda y protección, no la muerte”, expresó. La camioneta presentaba impactos en los cristales del piloto y del copiloto, por lo cual se deduce que las balearon desde dos puntos.

El Ejército comenzó la investigación y citó a declarar a los militares que se encontraban en el retén.

Por otra parte, este viernes al menos siete personas fueron ejecutadas por sicarios del narcotráfico que operan en territorio chihuahuense. Cuatro de ellas en Ciudad Juárez, dos en el municipio de Guadalupe y Calvo y una en la capital del estado.

En Culiacán, Sinaloa, un grupo de hombres levantó (secuestro sin intención de pedir rescate) y mató a tiros al taxista Luis Enrique Sainz Sarabia. En otra parte de la ciudad, individuos con ropa tipo militar levantaron a una mujer de unos 45 años cuando llegaba a su casa.

La Procuraduría General de Justicia del estado reportó que la mañana de ayer murió Jaime René Uriarte, sobreviviente del enfrentamiento entre dos grupos de sicarios ocurrido el miércoles en el municipio de El Rosario.

En Tijuana, Baja California, un individuo identificado como Rodolfo César Hernández Reyes fue baleado con rifles AK-47 por los ocupantes de cuatro camionetas. El occiso era hijo de la extinta regidora priísta Juanita Reyes. En Tecate, un comando atacó a los tripulantes de un vehículo; el saldo fue de tres heridos, incluida una transeúnte.

El secretario técnico del ayuntamiento de Coacalco, estado de México, Eduardo Manzur, fue asesinado anoche de más de 100 disparos cuando se trasladaba en su vehículo, marca BMW, sobre la avenida López Portillo.

(Miroslava Breach, Rubén Villalpando, Javier Valdez, Antonio Heras, René Ramón, Javier Salinas, corresponsalía en Durango y Notimex)

(La Jornada, 13 de diciembre de 2008)

Leer más...