Víctor Ballinas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que del primero de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2008 el número de quejas contra militares ascendió a 2 mil 966 (cada una puede ser por atropellos a varias garantías), y los hechos violatorios de éstos cometidos por las fuerzas castrenses fueron 6 mil 874.
Aquí escribes el resto del contenido que no se vera.Al presentar hoy ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su último informe de labores, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, destacará que el año pasado los soldados ocuparon el primer lugar en número de recomendaciones, con un total de 14.
Es largo el historial de hechos delictivos cometidos por militares contra la población civil en los últimos ocho años. Se acumularon las siguientes denuncias: 971 por cateos y visitas domiciliarias ilegales; 802 por trato cruel y degradante; 797 por ejercicio indebido de la función pública; 761 por ejercicio indebido del cargo; 708 por detención arbitraria; 433 por robo; 326 por retención ilegal, y 218 por amenazas, subraya la CNDH.
En la numeralia también hay 52 quejas por violaciones a los derechos de migrantes; 64 por ataques a la propiedad privada; 51 por atropellos al derecho a la vida; 44 por desaparición forzada; 35 por tortura; 22 por violación a garantías de indígenas; 10 por extorsión; nueve por violación; cinco por abuso sexual, y una por violar derechos de niños, entre muchas otras.
En el informe que Soberanes Fernández presentará dará cuenta de que durante 2008 se elaboraron 5 mil 921 expedientes de queja, en los cuales la Sedena ocupó el primer lugar con 633; el Instituto Mexicano del Seguro Social, segundo, con 478, y la PGR, tercero, con 303.
Destacan hechos de 2008: mil 170 casos de ejercicio indebido de la función pública; 755 por negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud; 731 por cateos y visitas domiciliarias ilegales; 655 por detención arbitraria, y 588 por trato cruel.
Además informará que en mil 431 expedientes de queja “existió violación a derechos”. Enfatizará que la Sedena ocupó el primer sitio en número de recomendaciones, con 14, de las 67 que emitió a diversas dependencias, autoridades, gobiernos y funcionarios.
En entrevista, el ombudsman nacional insistió: “la impunidad y corrupción imperantes son cánceres que están corroyendo a la sociedad” y el principal problema por el que persisten los atropellos a las garantías básicas.
Soberanes Fernández expresó ante reporteros que “sin duda hay que reconocer que en estos 10 años (al frente de la CNDH) hubo avances y retrocesos en la materia. Delitos que se creía pertenecían al pasado volvieron a presentarse y se recrudecieron, entre ellos desapariciones forzadas, torturas, detenciones ilegales y ejecuciones”.
Al hacer un recuento de su labor al frente de la comisión, reveló: “cuando entré, ésta era una dependencia de Gobernación y su trabajo estaba muy subordinado al gobierno federal. Cuando llegué, encontré varios expedientes perdidos que tenían que ver con asuntos delicados. Aquí se le hacía el trabajo sucio al gobierno.
“A mí me tocó una etapa de autonomía, y lo que me ayudó muchísimo fue la transición democrática. Me tocó otro nivel de diálogo. Si la bandera del nuevo gobierno en 2000 era la democracia, entonces el discurso de derechos humanos era parte de su discurso político.”
El ombudsman nacional reconoció que uno de sus errores “fue no ser políticamente correcto. A lo mejor, si lo hubiera, había sido terso. Fui un poco salvaje. Pero como decía aquella viejita, ‘no me importa que me digas perro, sino el perro modo en que me lo dices’”.
Durante la entrevista, Soberanes Fernández se muestra contento. Se expresa de modo coloquial. Cuando se le pregunta qué sigue después de la CNDH, responde: “No me hago ilusiones. Hay una frase española que luego me mal interpretan. Lo digo en sentido español: no me hago puñetas mentales”. Ríe y abunda: “Empezar a decir yo soy el gran defensor de los derechos humanos, el gran jurista, n’ombre. Lo que procuro decir por salud mental es que lo único que tengo es una plaza de tiempo completo en la UNAM, a la cual regresaré”.
Medina Mora, “cuhillito de palo”
De su relación con la PGR, dice: “La actitud del procurador es muy difícil respecto a nosotros. Cuando entró, optó porque no le importaba la comisión. No nos hacía caso. Él heredó cosas de la administración pasada, como el acoso que ministerios públicos hacían contra nosotros. Yo le pedía que pusiera orden, pero en lugar de ello, desde la procuraduría, los alentaban para que siguieran fastidiando. Luego vino la etapa de la ignorancia, en la cual nos negaban los expedientes y rechazaban las recomendaciones. Después la de los ataques. Por último, de la actitud de ignorarnos se pasó a la agresión. Medina Mora, como dicen, es mátalas callando, cuchillito de palo. No le gusta lo que hacemos”.
El titular de la CNDH sostiene: “con el gobierno hubo distanciamiento porque hacíamos nuestro trabajo. Si hubiésemos sido complacientes, tapaderas o alcahuetes, habríamos tenido una magnífica relación, pero nuestros nexos son ríspidos y hasta violentos”.
–Con la llegada de este gobierno, ¿notó algún cambio en el respeto a los derechos humanos?
–Con el gobierno de Fox tuvimos salida de caballo y llegada de burro. Fox hablaba de ellos, pero a la hora de la verdad no hubo tal.
(La Jornada, 27 de enero de 2009)
viernes, 27 de febrero de 2009
En ocho años el Ejército ha acumulado dos mil 966 quejas: Derechos Humanos
martes, 24 de febrero de 2009
ONG: no hay niveles aceptables cuando se trata de violaciones a derechos humanos
ACritican a general por considerar admisible la cifra de recomendaciones hechas a Sedena
Militares han torturado, ultrajado mujeres y asesinado a ciudadanos en retenes, deploran
Han saqueado hogares, desaparecido personas y realizado detenciones ilegales, acusan
Enrique Méndez y Víctor Ballinas
Reacciones de reprobación y censura recibió el titular del área de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Jaime Antonio López Portillo, quien consideró que frente a 45 mil soldados que diariamente combaten al crimen organizado en México, las 671 recomendaciones hechas a la institución por violentar esas garantías "son aceptables" en términos númericos.
Legisladores federales; el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, y organizaciones no gubernamentales (ONG) puntualizaron que no es aceptable que las fuerzas armadas cometan una sola violación.
Los diputados Juan Guerra Ochoa (perredista), Samuel Aguilar (priísta) y Silvano Garay (petista) aseveraron que nada justifica los abusos militares en los operativos contra la delincuencia.
“No es justificable que se afirme que se trata de casos ‘totalmente involuntarios’, porque agresiones contra civiles rompen con la tradición militar de defensa de la población”, advirtió Aguilar.
Guerra Ochoa apuntó: "no hay niveles aceptables cuando se trata de violaciones a derechos humanos. Ninguna es aceptable, lo importante es que no las haya".
Silvano Garay deploró a su vez que "ahora se pretenda minimizar el número de quejas contra la actuación de las fuerzas armadas", porque se trata de casi dos diarias en solo un año, "cuando no debía ocurrir una sola".
Entrevistado también en San Lázaro, Álvarez Icaza aseguró que el respeto a los derechos humanos "es una estricta obligación (del Ejército), no una molestia", y aseguró que en las operaciones de fuerza pública, militar y policiaca, debe existir estricta consideración a los ciudadanos.
Apuntó que en la defensa del derecho a la seguridad no pueden violarse las garantías de los ciudadanos. "No puede ser que la intervención de las fuerzas del orden genere nuevas violaciones o maltratos", declaró.
De acuerdo con ONG defensoras de las garantías individuales, entre ellas la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), los soldados "han cometido cientos de violaciones graves a los derechos humanos; han ultrajado ancianas, señoras y menores de edad; han asesinado a ciudadanos en los retenes; han torturado, saqueado hogares, desaparecido personas; han detenido ilegalmente, y (han perpetrado) muchas atrocidades más, y eso no lo dice el titular de Derechos Humanos de la Sedena".
Gloria Ramírez, presidenta de la AMDH; Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todos, y Adrián Ramírez, presidente de la Limeddh, indicaron: "es una afrenta y un menosprecio a los derechos humanos. Con ese discurso muestra (el general) López Portillo que no entiende las obligaciones del país con la comunidad internacional".
Gloria Ramírez manifestó: "es lamentable que partamos de esa concepción que tienen las fuerzas castrenses sobre el respeto y el cumplimiento a los derechos humanos. No hay ningún margen, ningún umbral aceptable de violación a los derechos humanos; con esa respuesta ofenden a las víctimas y a la comunidad internacional".
(La Jornada, 24 de febrero de 2009)
lunes, 23 de febrero de 2009
Las quejas en contra del Ejército “no son muchas”
Aceptables resultados en derechos humanos: general López Portillo
Diariamente se despliegan 45 mil soldados en la guerra antinarco
Necesarias, reformas para dar solidez legal a esa participación, señala
Jesús Aranda
Los resultados del Ejército Mexicano en materia de respeto a los derechos humanos "son aceptables", porque a pesar de que se incrementó la presencia militar en el combate al crimen organizado (diariamente se despliegan 45 mil soldados en la guerra contra el narcotráfico) "no son muchas" las recomendaciones (671) presentadas en contra de soldados en el año anterior, sostuvo el general de brigada Jaime Antonio López Portillo, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Añadió que hacen falta reformas para dar "solidez" legal a la participación militar en las funciones de seguridad pública. Lo que se busca es mayor eficiencia de las fuerzas armadas "para hacer nuestro trabajo" con certeza y seguridad jurídica, señaló.
El fuero castrense
En entrevista con La Jornada, el general López Portillo, quien fuera procurador militar, dijo que no se prevén cambios en el Código de Justicia Militar para juzgar en el fuero común a militares que cometan delitos en agravio de civiles. "No es que uno quiera retener la competencia (el fuero castrense) por capricho", pero ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha demostrado que el fuero de guerra sirva de coto de impunidad, "lo han dicho, pero no lo prueban, si hubieran probado un caso a lo mejor tendríamos problemas".
Respecto del caso de los dos eperristas desaparecidos el 24 de mayo de 2007, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, precisó que la Sedena no tiene ninguna información sobre su paradero.
"La dirección a mi cargo requirió a todos los mandos del país y a todos los ministerios públicos que informaran si tenían conocimiento sobre el caso; incluso vinieron a las instalaciones del Campo Militar Número Uno a inspeccionar la prisión militar, a revisar los libros, a interrogar internos; vino un actuario de un juzgado de distrito y toda esta información se le entregó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual emitió una recomendación en la que no nos señala a nosotros."
Durante la plática, desarrollada en la sala de prensa de la Sedena, el funcionario –que recorrió todos los escalones de la justicia castrense– comentó que las denuncias más significativas en contra de soldados son las presentadas en Sinaloa de Leyva –cinco miembros de una familia, tres de ellos niños, acribillados– y la de Santiago de los Caballeros –cuatro civiles muertos–, ambas en Sinaloa, así como la de Aldama, Chihuahua –donde una mujer embarazada murió a tiros–, y una de Reynosa, Tamaulipas –donde murió otro civil–, casos, dijo, "que son totalmente involuntarios".
–¿Cómo ha influido la participación del Ejército en contra de la delincuencia organizada para que se incrementen las quejas?
–Tenemos un despliegue de 45 mil elementos diariamente, más todo el trabajo administrativo en todas las unidades y dependencias del Ejército. Estamos hablando de un despliegue diario de 185 mil hombres y mujeres, y de mil 200 quejas (ante la CNDH), de las cuales sólo 671 dan lugar a una recomendación y 15 recomendaciones en el último año; estimamos que el número de quejas no es mucho en relación con la cantidad de gente que tenemos trabajando. Esto habla de que el adiestramiento del personal es adecuado.
–¿Ha disminuido algún factor de medición en las quejas que han conocido?
–Obviamente se incrementó la participación del Ejército en contra de la delincuencia organizada y esto genera un aparente incremento en las quejas. A golpe de vista pareciera que son muchas y que fuimos el primer lugar en esta materia pero, si hacemos un balance en cuanto a la actividad que se desarrolla, es positiva la actuación del personal militar. Obviamente quisiéramos no tener ni siquiera una reclamación, pero sólo se puede caer del caballo el que anda a caballo, ¿no? Estamos trabajando fuerte en beneficio del país, y pues se tiene este tipo de resultados que consideramos son aceptables, desde mi punto de vista y en el momento actual.
–¿Qué me puede comentar de su participacion en Ginebra?
–Se hicieron señalamientos sobre el fuero de guerra y la revisión del Código de Justicia Militar por parte de algunos países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero no se trata de una sentencia, son sugerencias. Ahí señalaron que revisemos el Código de Justicia Militar para otorgarle estándares internacionales en materia de derechos humanos.
"Como el bien jurídico tutelado es la disciplina militar, lo que busca el fuero de guerra es mantener la disciplina, que no tengamos un grupo de seres armados sin que nadie los controle. Hasta ahorita hemos demostrado que tenemos control hacia el interior en el funcionamiento de las fuerzas armadas."
–¿Cómo avanzar hacia un sistema en el que quede atrás la percepción de que las denuncias por violaciones a los derechos humanos que cometen militares quedan impunes?
–Nuestras sentencias y procedimientos son revisables mediante el amparo, y esa es una garantía para evitar la impunidad en favor de alguien.
“No nos han citado un caso concreto donde se diga, ‘aquí están los elementos de prueba en donde es contundente que el fuero de guerra ha sido un coto de impunidad’, y se ha mencionado a escala internacional; incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho, pero no lo prueba. Si hubieran probado un caso, a lo mejor tendríamos ya problemas, independientemente de quién lo generaría.”
–Ha habido recientemente manifestaciones en Nuevo León y otros estados en contra de la presencia militar. ¿Este tipo de reclamos, qué tanto pueden enrarecer el ambiente, cuando la propia Sedena ha dicho que castigará cualquier acto ilícito de sus integrantes?
–No lo enturbia, porque lo que estamos haciendo es un trabajo lo más eficaz posible para el Estado mexicano como fuerzas armadas, participando subsidiariamente en actividades de seguridad pública. Todo tipo de expresión que hemos visto a escala nacional y en otros temas genera un incentivo para las autoridades. Nos obliga a revisar nuestras estructuras, organización, funcionamiento, nuestra logística, todo lo que es necesario para mejorar nuestro servicio.
–¿No es un contrasentido que por una parte el Ejército diga que en cuanto se fortalezcan las policías se retraerá de labores de seguridad pública, y que por otra el general secretario Guillermo Galván afirme que van a seguir actuando y que se requiere de mayor cobijo legal?
–Tal vez, las fuerzas policiales están haciendo lo suyo, no se minimiza, pero a lo mejor se maneja más el aspecto de que es más intenso el trabajo de las fuerzas armadas que el de las policías. Independientemente de la desarticulación de la que se habla mucho, porque cada municipio, cada estado, tiene su propia policía, y en el caso de las fuerzas armadas somos un ente monolítico a escala nacional.
(La Jornada, 23 de febrero de 2009)
jueves, 19 de febrero de 2009
Cae banda de plagiarios; el líder fue militar
edacción
El Universal
Ciudad de México Jueves 19 de febrero de 2009
19:49
Agente federales detuvieron en el estado de México a 12 presuntos secuestradores, integrantes de la organización criminal identificada como "Los Tenientes", incluyendo a su presunto líder, quien dijo que perteneció al Ejército y a la SSP del Distrito Federal, informó la Secretaría de Seguridad Pública federal.
En el operativo, efectuado en Ixtapaluca, los elementos de la Policía Federal liberaron a un empresario que estaba plagiado.
A través de un comunicado, la dependencia detalló que, producto del trabajo de inteligencia, se logró ubicar la zona de operaciones de la banda y el lugar donde se reunían para planear la logística de su siguiente secuestro.
Los efectivos desplegaron un operativo que permitió la captura del presunto líder y 11 integrantes más del grupo.
José Antonio Cruz González, "El Jarocho", de 31 años de edad, fue identificado como el presunto jefe de la banda, cuya función era la de negociar con los familiares de las víctimas y dirigir las acciones de los integrantes de la organización criminal.
El detenido manifestó haber pertenecido al Ejército mexicano y a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
También fue detenido Juan Gutiérrez Galván, "La Chata", de 33 años de edad, considerado como el probable segundo mando en la organización, cuya función era cuidar la periferia de la zona de operación, reclutar nuevos integrantes de la banda y pagar sus servicios.
Además, Hugo Armando Hernández Ochoa, "El Furcio", de 29 años de edad, tercero al mando del grupo, con la probable función de interceptar y cuidar a las víctimas.
José Juan Pedraza Pérez, "Pepe el Toro" o "El Judas", de 33 años de edad, quien participaba en la intercepción de las víctimas y las trasladaba a la casa de seguridad.
Juan Carlos Díaz Díaz, "El Oso", de 26 años de edad, quien presuntamente se encargaba de conseguir las armas; Calixto Sánchez Jacinto, "El Calimán", de 40 años de edad, probable encargado de cuidar a las víctimas, y Luis Alberto Segura Rodríguez, "El Bob Esponja", de 24 años de edad, cuya función era cuidar y alimentar a las víctimas.
También, José Eduardo Sánchez Galván, "El Solín", de 20 años de edad; encargado de alimentar a las víctimas; Marlen Judith Montes Hernández, de 19 años de edad, quien tenía la tarea de cuidar a los plagiados, y Lucero Villanueva Valencia, de 24 años de edad.
Rosenda Elizabeth López Ochoa, de 25 años de edad, quien probablemente facilitaba su domicilio para realizar reuniones, e Iván Ramírez Chávez, de 28 años de edad.
Los agente aseguraron además una pistola calibre 9 milímetros, número de serie 77884737; un cargador abastecido; seis teléfonos celulares; dos radios de comunicación, y diversas identificaciones.
Además, un vehículo Nissan Tsuru, con placas de circulación MAJ79-28, del Estado de México, y un Volkswagen Bora, con placas 123ULU, del Distrito Federal.
"La captura tuvo lugar en el domicilio ubicado en calle Escudo 1030, en Villas de Jesús María, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, donde la banda mantenía en cautiverio a un empresario de materiales para la construcción, de 40 años de edad, secuestrado en enero, por quien exigían una cuantiosa cantidad de dinero a cambio de su liberación, hechos asentados en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/02/2009", refirió la dependencia.
La banda, agregó la SSPF, también había secuestrado a un empresario transportista de 63 años de edad, en octubre de 2008, a quien liberaron tras un pago de rescate.
"En seguimiento a la investigación de gabinete y campo, el 5 de enero de 2009 elementos federales detuvieron a un presunto secuestrador, identificado como Alejandro Bernardino Sánchez (a) "El Kano", quien en su declaración ministerial proporcionó alias y retratos hablados de los integrantes de esta organización criminal", abundó.
Con la información aportada por el detenido, comenzó la búsqueda de los demás miembros de la banda en colonias de Ixtapaluca, hasta llegar a la ubicación del jefe del grupo criminal "Los Tenientes".
La información permitió saber de dos inmuebles más utilizados como casas de seguridad, en las inmediaciones del fraccionamiento de Los Héroes y San Buenaventura, en dicho municipio.
"ediante una vigilancia permanente se logró ubicar el domicilio de calle Escudo 1030, Villas de Jesús María, en Ixtapaluca, estado de México, como el lugar donde los integrantes de la banda se reunían para planear su siguiente secuestro, lo que llevó finalmente a su captura".
De acuerdo con la dependencia, el modo de operar de la organización consistía en ingresar con lujo de violencia en los negocios de las víctimas y/o interceptarlas en las cercanías de sus domicilios, para lo cual se hacían pasar por elementos de la Policía Judicial, quienes aparentaban estar ejecutando una orden de aprehensión.
Luego introducían a las víctimas a vehículos con las características de los empleados por las autoridades policíacas, en los cuales partían con rumbo desconocido.
Los cobros de rescate los hacían en las inmediaciones de Chalco, estado de México, donde citaban a los familiares de los secuestrados en sitios públicos, en los que los observaban y conducían a otros lugares más vulnerables.
fml
(El Universal, 19 de febrero de 2009)
domingo, 15 de febrero de 2009
Militares: el enemigo, de la misma familia
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Las bajas más agraviantes que ha sufrido el Ejército en el combate al narcotráfico no son resultado de enfrentamientos con sicarios, sino ejecuciones realizadas por excompañeros de armas, entrenados por la Secretaría de la Defensa Nacional, que se han pasado a las filas del crimen organizado, o por células protegidas por altos mandos. En menos de cuatro meses, 21 militares han sido asesinados por quienes alguna vez formaron parte de los "incorruptibles".
Los enemigos más letales para el Ejército mexicano han salido de sus propias filas. Agrupados en su mayoría en Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo, hombres que alguna vez fueron militares son los responsables de los más graves ataques contra las fuerzas armadas en su enfrentamiento con los cárteles del narcotráfico.
En los últimos tres meses y medio, las bajas más significativas y agraviantes para el Ejército se han producido en Cancún, Quintana Roo; Chilpancingo, Guerrero, y Monterrey y sus alrededores, en Nuevo León, a manos de narcotraficantes que formaron parte de esa institución o que, de acuerdo con los propios grupos dedicados al tráfico de drogas, tienen alianzas con militares en activo.Contrario al discurso del presidente Felipe Calderón sobre la incorruptibilidad de los soldados mexicanos, los golpes más extremos contra el Ejército han sido planeados y ejecutados por quienes fueron preparados y especializados, tanto en México como en el extranjero, por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Del 17 de octubre de 2008 al 3 de febrero pasado, un total de 21 militares, incluido un general de brigada en retiro, fueron ejecutados por células de Los Zetas, surgidas del propio Ejército, y de los hermanos Beltrán Leyva, vinculadas a su vez con militares en funciones. De esas 21 muertes, 11 fueron por acuchillamiento, ocho por decapitación y dos por tortura. A diferencia de las bajas ocurridas durante enfrentamientos con sicarios, esas víctimas han sido “levantadas” o acorraladas y sometidas en presencia de numerosos testigos.Según datos públicos de la Sedena, hasta antes del martes 3 el Ejército había sufrido 68 bajas, tanto de militares en activo como en retiro, desde que comenzaron los operativos contra el narcotráfico en diciembre de 2006. Las mayores cantidades de víctimas se han registrado en Guerrero, Nuevo León, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.Las dos bajas más reciente sufridas por el Ejército ocurrieron en Cancún, el martes 3. El general de brigada Mauro Enrique Tello Quiñones y su asistente, el teniente de infantería Getulio César Román Zúñiga, fueron torturados y asesinados por un grupo que la Sedena identificó como Zetas, con la participación de exmiembros de la institución armada.Pasado a retiro apenas el 1 de enero, el general Tello Quiñones estaba a cargo de la creación de un grupo especial contra el narcotráfico integrado por 100 militares y que iba a estar bajo el mando directo del presidente municipal de Benito Juárez, en Cancún, Gregorio Sánchez Martínez.Originario de Coacolman, en la zona serrana del suroeste de Michoacán dominada por el narcotráfico, el alcalde conocido en Cancún como Greg asegura que la designación de Téllez Quiñones fue por recomendación del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.Junto con el general y su asistente fue asesinado el civil Juan Ramírez Sánchez, sobrino de Greg, cuestionado por los presuntos vínculos de su familia con la delincuencia organizada (Proceso 1684).
El verdugo
La muerte de Tello Quiñones fue un severo golpe para el Ejército. No sólo porque se trata del militar de mayor rango que asesina el crimen organizado, sino porque entre 2007 y 2008 el general fue comandante de la 21 Zona Militar, con sede en Morelia, donde participó en el Operativo Michoacán en contra del narcotráfico.El autor intelectual de estos crímenes fue Octavio Almanza Morales, alias El Gori 4, un exmilitar que, hasta su captura, el lunes 9, era el jefe de la célula de la organización de Osiel Cárdenas Guillén, del cártel del Golfo, en Cancún.Al informar de su detención, el miércoles 11, el subjefe operativo del Estado Mayor de la Sedena, el general de brigada Luis Arturo Oliver Cen, confirmó que El Gori 4 perteneció al Ejército, al que ingresó el 20 de mayo de 1997 y del que se dio de baja el 1 de julio de 2004.Junto con El Gori 4, actuaban como Zetas en Cancún sus hermanos Raymundo y Eduardo Almanza Morales, quienes también formaron parte del Ejército. De acuerdo con Oliver Cen, ambos lograron escapar del operativo en que fue detenida la célula del cártel del Golfo. Según la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, los dos exmilitares huyeron a Belice. Ni la Sedena ni la PGR indicaron el grado militar que alcanzaron los hermanos Almanza Morales en el Ejército. El Gori 4 no aparecía en la lista de los delincuentes más buscados que la PGR tiene en su sitio de internet.El asesinato del general Tello Quiñones fue la primera acción de envergadura emprendida por Almanza Morales, quien llegó recientemente a Cancún para sustituir como jefe de Los Zetas en la plaza a Javier Díaz Ramón, alias El Java Díaz, detenido por el Ejército el 22 de diciembre pasado, en el puerto de Veracruz.Octavio Almanza Morales fue lugarteniente de Sigifredo Nájera Talamantes, alias El Canicón, en el estado de de Nuevo León. Su captura, producto de una delación, fue significativa para el propio Ejército. La Sedena lo identifica también como corresponsable de la ejecución de nueve de los 11 militares asesinados en Monterrey en octubre pasado. Las bajas ocurrieron entre el 17 y el 22 de octubre de 2008 en actos de extrema crueldad, pues los efectivos castrenses fueron atacados con armas punzocortantes y lesionados en el cuello y en el tórax. Algunos de los restos fueron abandonados en terrenos baldíos y otros quedaron en el lugar de la agresión (Proceso 1669).El primer ataque contra los militares en Monterrey, desde que en diciembre de 2007 se echó a andar el Operativo Nuevo León Seguro, ocurrió la noche del martes 14 de octubre en un bar en pleno centro de la ciudad. Tres militares fueron acuchillados: Éder Missael Díaz García, Roberto Hernández Santiago y David Hernández Martínez.Cuatro días después, el sábado 18, los cadáveres de otros tres militares y un exmilitar aparecieron en distintos lugares, también acuchillados.Los cuerpos de David Hernández Aquino y Juan José Pérez Bautista quedaron en un parque de Country La Silla, en el vecino municipio de Guadalupe. Otro más, el de Gerardo Santiago Santiago, fue dejado a un lado de la cantina Los Generales, en el municipio de Juárez. La cuarta víctima fue Eligio Hernández Hernández, quien como exmilitar trabajaba en una empresa de seguridad. Fue apuñalado mientras estaba esposado con las manos en la espalda. Al día siguiente, domingo 19, otros tres militares aparecieron muertos en el ejido Las Margaritas, en el municipio de Santiago. Anastasio Hernández, Claudio Abad Hernández y Héctor Miguel Melchor Hernández –quien también era empleado de una empresa de seguridad– fueron degollados. Las violentas agresiones contra el Ejército en Monterrey culminaron el 22 de octubre, con tres asesinatos más. Uno de los ejecutados era el sargento segundo de la Séptima Zona Militar, Germán Cruz Lara. De acuerdo con la autopsia, su cuerpo presentaba cuchilladas en tórax y abdomen; golpes en la cabeza, pecho, hombros y rodillas, y quemaduras de segundo grado en brazos y antebrazos, espalda y abdomen.Todas esas muertes ocurrieron cuando el comandante de la Séptima Zona Militar, con sede en Escobedo, Nuevo León, era el general de división Javier del Real Magallanes. Desde el 4 de diciembre de 2008, el divisionario es subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, responsable de los operativos de la policía federal contra la delincuencia organizada.Según la Sedena, en todas esas ejecuciones participó El Gori 4, quien fue detenido junto con otras seis personas como presuntas responsables del asesinato de los dos militares en Cancún.
Los decapitados
La saña de los asesinatos en Monterrey fue sólo el aviso de lo que vendría después en Chilpancingo Guerrero, donde ocho militares fueron decapitados, siete de ellos aún con vida, según el expediente de la investigación al que este semanario tuvo acceso.El primer caso ocurrió el 9 de diciembre, cuando fue asesinado el sargento Carlos Alberto Navarrete Moreno. Su cabeza fue depositada en una cubeta sobre el monumento a las Banderas, en una de las calles más transitadas de la ciudad, junto con un mensaje: “Según los militares, andan combatiendo la delincuencia organizada y resultan secuestradores. Esto les va a pasar por putos”.
Las otras víctimas fueron militares de entre 21 y 38 años de edad adscritos a la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, quienes fueron interceptados en diferentes puntos de la ciudad –algunos frente a numerosos testigos– por uno o varios comandos armados, entre las ocho de la noche del 20 y los primeros minutos del 21 de diciembre. En total, fueron levantados siete militares que estaban francos: el capitán Ervin Hernández Umaña, los sargentos Juan Humberto Tapia Romero y Ricardo Marcos Chino; los cabos José González Mentado y Juan Muñoz Morales, así como los soldados Julián Teresa Cruz y Catarino Martínez Morales.Junto con ellos fueron asesinados Simón Vences Martínez, quien fue subdirector de la Policía Judicial en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu, y el indígena de 22 años Oligario Vázquez Quiroz, originario del municipio de Tlacopa, quien cumplía labores de limpieza en el 41 Batallón de Infantería de Chilpancingo y que estaba por ser dado de alta como soldado.El expediente de la averiguación previa por el delito de homicidio AP/BRA/SC/02/2725/2008 integrada por la Procuraduría de Justicia Guerrero, al que Proceso tuvo acceso, establece la causa de la muerte de los uniformados: “shock hipobolémico por hemorragia externa, producido por desprendimiento de extremidad cefálica consecutivo a herida producida por decapitación”.El dictamen forense registrado con el número 352/2008 señala que los victimarios utilizaron un instrumento denominado sierra tipo Giggy, un cable metálico dentado muy delgado y flexible que utilizan los traumatólogos para cortar hueso en cirugías. Precisa que, a pesar de haber sido amordazados, no sufrieron asfixia debido a que los decapitaron ante mortem.Sus cabezas fueron abandonadas en el estacionamiento de un centro comercial cercano a la 35 Zona Militar, al sur de la ciudad. Los cuerpos fueron arrojados en dos lugares al norte.Aunque la Sedena no le ha atribuido oficialmente a ninguna organización esos crímenes, la represión militar después de los hechos (que el Ejército públicamente asumió como “una ofensa que no quedará impune”) se ha concentrado en una célula de la organización de los hermanos Beltrán Leyva en la región de Costa Grande, incluido el puerto de Zihuatanejo.Grupos contrarios a esa organización en la zona han colocado narcomantas para señalar al coronel Víctor Manuel González Trejo, comandante del 19 Batallón de Infantería con sede en Petatlán, como protector del exalcalde del lugar, Rogaciano Alva Álvarez, y de Reynaldo El Rey Zambada, detenido en octubre pasado.A finales de enero se informó extraoficialmente que González Trejo fue relevado por el coronel de Infantería Marco Antonio Hernández Chávez, un militar ascendido en noviembre pasado por Calderón. De acuerdo con esa misma versión, González Trejo estaría siendo investigado por los señalamientos en su contra.El coronel González Trejo no es el único militar de la zona que ha sido acusado como protector de narcotraficantes. El teniente coronel José Alfaro Zepeda Soto fue mencionado en narcomantas colocadas en puentes peatonales y edificios públicos en los municipios de La Unión y Petatlán, también en la Costa Grande, además de Acapulco, Guerrero, así como en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El teniente coronel Zepeda Soto, comandante del grupo de Morteros en Zacatula, en el municipio de La Unión, es señalado como protector de José Ángel Pineda Sánchez, alias El Calentano.En los narcomensajes, dirigidos al titular de la Sedena, se asegura que ese jefe militar y El Calentano recibían dinero de Jaime González Durán, El Hummer, uno de los fundadores y jefes de Los Zetas detenido a principios de noviembre del año pasado en Reynosa, Tamaulipas. El pago, alegaron, fue a cambio de la protección de las actividades del brazo armado del cartel del Golfo en Guerrero (Proceso 1678).El Hummer también perteneció al Ejército. Causó alta el 15 de noviembre de 1991 y desertó el 24 de febrero de 1999 para unirse al también exmilitar Arturo Guzmán Decenas y al expolicía Heriberto Lazcano El Lazca, otros de los fundadores de Los Zetas al servicio del cártel del Golfo.
Los incorruptibles
A pesar de que las muertes de militares de los últimos meses están presuntamente vinculadas con actividades ilegales de compañeros y excompañeros del Ejército, Felipe Calderón aseguró el martes 10 que los soldados de México son incorruptibles.Durante la ceremonia del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, realizada en Tecámac, Estado de México, luego de pedir un minuto de silencio por el asesinato del general Tello Quiñones en Cancún, aventuró: “El general Vicente Riva Palacio decía con razón que toda sociedad guarda en su seno un germen incorruptible de moralidad y un núcleo de hombres que ni la seducción ni el miedo alcanzan a corromper. Así concibo yo a los soldados de México”. Añadió: “México ve en los integrantes de nuestras instituciones una reserva de esos valores que son la garantía verdadera de la Nación”.Además de los militares asesinados por exmiembros del Ejército, hay varios casos en que militares han sido asesinados por sus relaciones con la delincuencia organizada. El más reciente ocurrió el lunes 9, cuando un comando armado ingresó al penal de Torreón, Coahuila, para matar y posteriormente quemar con gasolina a tres secuestradores que apenas horas antes habían sido encarcelados.Uno de ellos fue Ubaldo Gómez Fuentes, El Uba, un subteniente que perteneció al Grupo de Inteligencia Militar del 33 Batallón de Infantería, detenido a principios de enero en Coahuila por el secuestro y asesinato del empresario regiomontano Rodolfo Alanís.
(Con información de Ezequiel Flores, en Chilpancingo.)
(Proceso, febrero de 2009, vía El Sentir de Cohahuila)
La CNDH de acusa a funcionarios de hacer desaparecer a dos guerrilleros
15 de Febrero, 2009 - 19:23 —
México, 15 feb (EFE).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) aseguró hoy que funcionarios del gobierno del sureño estado de Oaxaca son responsables de la desaparición de dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), cuyo paradero se desconoce desde el 24 de mayo de 2007.
La CNDH emitió una recomendación al Secretario de Gobernación (Interior), Fernando Gómez Mont; al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz; y al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández, por el caso de los guerrilleros desaparecidos y exigió al Ejecutivo "la presentación con vida de los agraviados".
Los guerrilleros Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya, y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo, desaparecieron en 2007 después de haber sido detenidos en un retén.
Según la CNDH (defensoría del pueblo), a través de investigaciones propias logró demostrar "violaciones a derechos humanos" de los desaparecidos por lo que las autoridades tienen "la obligación de restituirles el pleno goce de sus derechos fundamentales conculcados, así como a repararles, o en su caso a sus familiares, los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado".
El organismo detalló en un comunicado que existen "indicios suficientes" para establecer que funcionarios de la policía y de la fiscalía de Oaxaca y de las autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez "omitieron realizar las acciones adecuadas para ubicar el paradero" de los dos hombres.
Además criticó que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) no haya "obtenido resultado alguno" tras 18 meses de investigaciones.
La dependencia señaló también que los agentes policiacos que participaron en el retén en el que fueron detenidos los insurgentes "incurrieron en omisiones y graves contradicciones al manejar versiones distintas" sobre los hechos.
"Cobra mayor certeza la presunción de que ambos agraviados fueron detenidos en el mencionado operativo y posteriormente trasladados de manera velada a las instalaciones de la procuraduría estatal, entre el 24 y 25 de mayo de 2007, fecha a partir de la cual nada se volvió a saber de su paradero", subrayó.
A su vez, la CNDH denunció que la PGR se niega a compartir información del caso y aseguró que muchos funcionarios de la defensoría han sido amenazados por agentes de esa corporación.
Para llegar a sus conclusiones la institución de defensa de los derechos humanos realizó entrevistas a familiares de los ausentes, funcionarios públicos federales, estatales y municipales, así como a organismos no gubernamentales, empleados de establecimientos comerciales, autoridades religiosas, testigos y vecinos, entre otras cosas.
El informe de la CNDH sobre el caso consta de 10.089 hojas y 17 tomos.
En abril de 2008, el EPR propuso la creación de una comisión de mediación para dialogar con el Gobierno, con el objetivo de lograr la presentación con vida de dos de sus militantes desaparecidos hace un año, la cual fue instalada.
El EPR, que surgió en 1996 en el sureño estado de Guerrero, perpetró en junio y septiembre de 2007 atentados con explosivos contra la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), para exigir la aparición de sus militantes.
(SDP Noticias, 15 de febrero de 2009)
Derechos humanos: situación de alarma
Editorial
La injustificada detención de Raúl Lucas Lucía y Miguel Ponce Rosas –activistas de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco y cuyo paradero es hasta ahora desconocido–, realizada el pasado viernes en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, por presuntos policías de esa entidad, es un botón de muestra de la desastrosa situación que enfrenta el país en materia de respeto a las garantías individuales y vigencia de la legalidad, de la cual da cuenta el reciente informe realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entre otras cosas, el documento exhorta al gobierno federal a erradicar las inveteradas prácticas de tortura y abusos cometidos por elementos del Ejército y de las corporaciones policiales; a combatir la impunidad que gozan las autoridades involucradas en los atropellos en contra de la sociedad; a armonizar la legislación nacional con los acuerdos y tratados internacionales suscritos por México; a ajustar el código militar a las obligaciones internacionales del país; a reformar el sistema de justicia y seguridad pública, y a poner fin al sistema de arraigo, práctica que rompe con el principio constitucional de presunción de inocencia.
La aplicación de tales medidas, y de otras orientadas a restituir la vigencia de los derechos humanos, resulta de obvia necesidad ante la persistencia de excesos represivos y autoritarios, y ante las constantes violaciones a las garantías básicas cometidas por las instancias gubernamentales y ampliamente documentadas por diversos sectores de la sociedad y organismos humanitarios. Sin embargo, hasta ahora los gobiernos de todos los niveles, empezando por el federal, no han dado signos de capacidad ni voluntad para avanzar en esa materia.
Al inicio del sexenio anterior, Vicente Fox pretendió mostrarse ante la opinión pública nacional e internacional como un gobernante respetuoso de las garantías individuales. Pero los hechos ocurridos en la segunda mitad de su administración mostraron conductas opuestas a las que Fox reivindicaba en los discursos, y pusieron en evidencia un régimen represor y proclive a criminalizar la protesta social en forma frecuente y extendida: así ocurrió con las torturas sufridas por manifestantes altermundistas en mayo de 2004 en Guadalajara, Jalisco, entidad entonces gobernada por Francisco Ramírez Acuña –primer secretario de Gobernación calderonista–; y con los actos de represión que tuvieron lugar en Texcoco y San Salvador Atenco, en Sicartsa y en Oaxaca, a finales de la administración foxista.
En poco más de dos años del actual ciclo de gobierno, el tema de los derechos humanos ha sido relegado a un lugar marginal del discurso oficial, y las autoridades federales, lejos de hacer algo por esclarecer y castigar los abusos cometidos en el sexenio anterior, han propiciado el agravamiento del estado de las garantías individuales, se ha continuado con la aberrante práctica policial de “fabricar” culpables y criminalizar a los disidentes, y se ha garantizado la impunidad de gobernadores como los de Puebla, Mario Marín; Oaxaca, Ulises Ruiz, y estado de México, Enrique Peña Nieto, señalados como violadores prominentes de los derechos humanos. Por añadidura, en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico, se han cometido graves atropellos en contra de la población civil, a pesar de los cuales la administración calderonista ha sido renuente a modificar una política de seguridad que, por lo demás, ha demostrado ineficacia para mejorar las condiciones de seguridad pública. Con ello, ha quedado en evidencia un doble rasero por parte del gobierno federal, que se dice dispuesto a perseguir los graves delitos perpetrados por las organizaciones criminales, pero no hace lo propio con las ofensas a la sociedad que cometen quienes supuestamente debieran hacer cumplir la ley.
La situación de los derechos humanos en el país constituye un factor de alarma para la población en su conjunto, un elemento adicional de exasperación social y un lastre fundamental para el cumplimiento del estado de derecho. Es obligado, en suma, que las autoridades atiendan esta circunstancia, si no por elementales consideraciones éticas y legales, sí al menos por razones políticas y de imagen, pues un régimen que no respeta las garantías individuales resulta impresentable ante su propia población y ante el mundo.
(La Jornada, 15 de febrero de 2009)
martes, 10 de febrero de 2009
Honra Calderón a militar que estuvo preso por la matanza de seis jóvenes
-Moctezuma Zepeda, involucrado en el caso Buenos Aires
Claudia Herrera y Alfredo Méndez
El coronel de infantería Moctezuma Ilhuicamina Zepeda Rodríguez, uno de los militares que estuvieron presos por el caso Buenos Aires, recibió ayer de manos del presidente Felipe Calderón la condecoración al mérito de campaña contra el narcotráfico.
En 1997, el entonces teniente Zepeda Rodríguez se desempeñó como comandante del desaparecido grupo Jaguares, en la ciudad de México. Su jefe inmediato era el general de brigada Mauro Enrique Tello Quiñones, entonces director de Agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, quien fue ejecutado la semana pasada por sicarios del narcotráfico.
Ambos militares encabezaron la operación Buenos Aires y se les involucró con la desaparición y muerte de seis jóvenes. No obstante, fueron absueltos tras haber obtenido sendos amparos.
El 8 de septiembre de 1997, luego del operativo policiaco, los cuerpos de tres jóvenes fueron encontrados con huellas de haber sido ejecutados con disparos en la boca. Los restos de los otros tres fueron localizados meses después en un paraje del Ajusco.
De acuerdo con fuentes gubernamentales, el hoy coronel había sido invitado por Tello Quiñones para formar parte de un grupo especial de expertos militares que darían asesoría en materia de seguridad pública al ayuntamiento Benito Juárez-Cancún. El objetivo era enfrentar frontalmente a los cárteles de la droga que operan en ese destino turístico, uno de los principales puertos de entrada a cargamentos de cocaína colombiana y precursores químicos procedentes de Asia y Europa.
El grupo especial no se pudo conformar porque el general Tello Quiñones fue ejecutado.
En octubre de 1997, Eleazar Pérez Zavala, integrante del grupo Jaguares y a quien se acusó de las ejecuciones de tres jóvenes de la colonia Buenos Aires, relató a La Jornada que el 2 de octubre de ese año, en el batallón de Balbuena, fue llamado a la oficina de Moctezuma Ilhuicamina Zepeda Rodríguez, “donde también se encontraban el general Enrique Tello Quiñones, director de Agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Pública, y el jefe de Motopatrullas, Jesús Alonso Valdez (Sagitario); éste último le advirtió: ‘ten cuidado con lo que hablas, porque si lo haces te va a pasar algo’”.
Además de Zepeda, ayer recibieron reconocimientos por su labor contra el narcotráfico los siguientes militares: el teniente de caballería Rubén González Bonales, el subteniente de infantería José Antonio Sánchez Escobar, el sargento segundo de caballería José Ángel Zopillactle Sánchez, el subteniente de infantería René García Dávila, el sargento segundo de infantería Víctor Manuel Aquino Solórzano, el cabo de infantería Fidel Hernández Hernández y los soldados de infantería Rubén Vázquez Solano y Cayetano Ortiz Alarcón.
(La Jornada, 10 de febrero de 2009)
lunes, 9 de febrero de 2009
La PFP “adopta” enseñanza militar
Anuncia el nuevo Coordinador General de Seguridad Regional que habrá una depuración y que imprimirá una visión castrense a la Policía Federal después de los escándalos de corrupción
Silvia Otero
El Universal
Lunes 09 de febrero de 2009
silvia.otero@eluniversal.com.mx
En entrevista con EL UNIVERSAL, el militar anuncia que habrá una depuración de efectivos de la PFP, y detalla que durante sus primeros días al frente de la corporación ha identificado deficiencias en el sistema educativo de los elementos que ingresan, por lo que asegura que el Instituto de Formación Policial “debe ser una escuela militar”.
Considera que la incorporación de militares a altos puestos en la Policía Federal Preventiva tiene un objetivo claro: imprimir la visión castrense en la corporación, una “mística de legalidad, espíritu de cuerpo y de servicio a México, de transparencia y de respeto a las instituciones”, tras descubrirse la penetración del narcotráfico, que tenía a su servicio a jefes de alto nivel.
El reto como jefe de la corporación, señala, es cambiar la imagen que se tiene de la institución, después de los escándalos de corrupción, por lo que se ha iniciado un proceso de reclutamiento de nuevos elementos ante las vacantes que han dejado los policías destituidos, pero también habrá depuración: “el que no rinda, fuera”, sentencia.
Después de la detención de mandos presuntamente vinculados con el narcotráfico, no resulta casual el arribo a las filas de la SSP federal de militares en retiro. Además de Fregoso Cortés, fueron designados el general de división diplomado de Estado Mayor Javier del Real Magallanes como subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, mientras que el también general Rodolfo Cruz coordina las Fuerzas Federales de Apoyo.
¿La visión de un militar era necesaria para reconducir las acciones de la PFP?
Nosotros tenemos una mística: servir a México. Estamos imbuidos de lealtad a toda prueba, a toda prueba la tenemos y la trajimos acá. He tenido muchos cargos operativos, he sido comandante de varias zonas militares, comandante de corporaciones, de unidades especiales, así que conozco perfectamente la administración, y mi chamba aquí es coordinar los recursos humanos, impulsarlos, escucharlos y orientarlos, ese es mi trabajo y lo estoy haciendo.
Fregoso Cortés no duda que la visión castrense hace hoy la diferencia en la corporación.
“Las órdenes que me dan son para mañana y eso hacemos, a lo mejor otro compañero no tiene esa mentalidad, pero la presencia del subsecretario, la presencia mía en coordinación con el general Cruz, en Fuerzas Federales, tiene esa orientación, dar una mística de legalidad, espíritu de cuerpo y de servicio a México, de transparencia y de respeto a las instituciones”, dice.
¿Es lo que aportan ahora los militares en la secretaría?
Así es.
¿Costará sanear la institución?
La institución está bien, que vamos a tener que trabajar más para tener aspectos operativos positivos, sí, lo vamos a hacer y lo vamos a lograr.
¿Qué falta operativamente?
Que la escuela de Formación Policial perfeccione sus sistemas educativos, que el sentido de pertenencia siga siendo vigente en ellos, que sea como una escuela militar, debe ser una escuela militar.
Fregoso Cortés asegura que contar con nuevos policías federales con una nueva mística de servicio es indispensable y el proceso no se puede retardar, “estamos a pasos acelerados, esto es para mañana, no me dijeron vienes y dentro de cinco años lo arreglas, no, lo quiero mañana, y así estamos trabajando”.
El general asegura que se está trabajando en “dar la imagen a la opinión pública de que la transparencia y la legalidad están presentes en la PFP, eso nos va a llevar tiempo todavía y tendremos que estar batallando y tendremos que estar aplicando la ley”.
¿Cómo garantizar que no se repitan los casos de corrupción a un alto nivel?
Con transparencia, en la forma de actuar, comportarse, en la forma en que vive uno, que no quede duda de que no hay algo turbio o chueco.
Tajante señala: “Tenemos perfectamente identificado que cuando hay encubrimiento y complicidad, cuando la autoridad no hace su trabajo, se mete en ese problema”.
(El Universal, 9 de febrero de 2009)
sábado, 7 de febrero de 2009
Generales inermes
Jorge Luis Sierra
El gobierno debe estudiar y entender cabalmente las implicaciones y significados del secuestro, tortura y ejecución del general Mauro Enrique Tello Quiñónez y sus acompañantes.
Esta es una señal de que los generales mexicanos que ocupan puestos municipales, estatales o federales de seguridad pública se han convertido en el blanco principal de los ataques de la delincuencia organizada, y en el foco de una estrategia criminal para producir terror y desmoralización en las filas del Ejército.
Antes veíamos a civiles indefensos que eran ejecutados apenas tomaban su cargo como secretarios de Seguridad Pública, ahora vemos a generales inermes víctimas de atentados.
Las características del crimen obligan a considerar la posibilidad de que el grupo ejecutor tuviera información precisa sobre el itinerario del general Tello, lo que supone la intervención de sus comunicaciones o una penetración exitosa de su primer círculo de colaboradores. También supone un factor de inseguridad más: el gobierno distribuye a mandos militares en las plazas críticas del narco, pero no parece brindarles el nivel de protección que necesitan.
El general Tello apenas se había retirado del Ejército para empezar a servir de inmediato en las filas de la policía municipal de Cancún, Quintana Roo. Lo mismo sucede con un conjunto de mandos castrenses que está solicitando licencia o pasando a retiro para reemplazar a civiles en cargos de seguridad pública.
En la medida en que este reemplazo está coordinado por el alto mando de la Sedana, los generales que toman posiciones en la seguridad pública de estados o municipios siguen bajo la cadena de mando militar, participan de una estrategia castrense unificada, pero no gozan de las mismas condiciones de seguridad. Al salir de su ámbito normal de operaciones, pierden la protección que les ofrece la disciplina y organización militar y entran en los medios policiales donde los sistemas de contrainteligencia son casi inexistentes y la vulnerablidad es extrema.
La muerte del general Tello ha puesto en duda el éxito de la Sedena para blindar contra la infiltración del narcotráfico a las estructuras policiales de Aguascalientes, Tabasco, Veracruz, Guerrero, Baja California, Oaxaca y Chihuahua que dirigen por lo menos seis generales y dos jefes militares.
A diferencia del Ejército Popular Revolucionario que intentó varias veces emboscar a los generales comandantes de las zonas militares en Guerrero y Oaxaca, el narcotráfico evita al máximo el enfrentamiento directo con las tropas y espera que los soldados salgan de los cuarteles, cambien de uniforme y entren solitarios a una zona de riesgo controlada por las organizaciones criminales.
Sin embargo, más allá de ese riesgo que de por sí libra cualquier policía o militar que lucha contra el narcotráfico, la ejecución del general Tello también puede interpretarse como parte de una serie de provocaciones contra el Ejército, que incluyen el asesinato y la decapitación de soldados, el intento de sembrar el miedo en el medio militar y la estrategia de producir una respuesta dura de los mandos castrenses.
La delincuencia organizada parece estar dispuesta a aceptar el costo de una contraofensiva militar a cambio de acelerar el desgaste, ya sea por corrupción, el asesinato o simplemente desmoralización, del último recurso de fuerza con el que cuenta el Estado mexicano.
jlsierra@hotmail.com
Especialista en seguridad y fuerzas armadas
(El Universal, 7 de febrero de 2009)
