-Omite señalar al Presidente como responsable de actos del Ejército
Emir Olivares y Alfredo Méndez
Aunque representa un avance, el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las violaciones a las garantías fundamentales cometidas por soldados es incompleto, ya que el organismo omite pronunciarse seriamente sobre el fuero militar, el cual crea impunidad ante esos abusos, advierten integrantes de organizaciones no gubernamentales.
Tampoco señala –continúan– que uno de los responsables de las acciones del Ejército es el titular del Ejecutivo federal, como comandante supremo de las fuerzas armadas.
El director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, resaltó que la cantidad de abusos cometidos por militares “no es nueva”, y que las organizaciones civiles las han documentado durante años, por lo que no bastan cifras para sancionar a los responsables.
Criticó que la CNDH haya omitido pronunciarse sobre el fuero militar, que “es lo que provoca la impunidad” en estos delitos, más aún cuando organismos externos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han determinado que ese furo tiene carácter restrictivo.
“No basta que la CNDH señale hechos y violaciones, sino que, con base en sus competencias, debe exigir que la justicia civil atraiga los delitos cometidos por militares contra la población, pues ante la parcialidad de los tribunales castrenses, no hay justicia para las víctimas; además, debe impulsar que se sancionen los abusos y dar un seguimiento a sus recomendaciones”, señaló Arriaga.
Indicó que otra omisión del organismo encabezado por José Luis Soberanes Fernández es que en ninguna de las recomendaciones emitidas a lo largo de los ocho años que señala el informe hace referencia a la responsabilidad del titular del Ejecutivo en las acciones del Ejército.
En tanto, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, coincidió en que “ninguna de las recomendaciones se ha dirigido al comandante supremo de las fuerzas armadas; la CNDH se conforma con hacer los señalamientos al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Indicó que otra de las instituciones que debió ser señalada por la CNDH es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que “ha convalidado las acciones del Ejército en tareas de seguridad pública con diversas tesis de jurisprudencia, lo que vulnera los artículos 16 y 129 constitucionales; acciones que a la postre provocan violaciones a las garantías de los ciudadanos”.
Por otro lado, Samuel González Ruiz, ex titular de la extinta Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, consideró que las casi 7 mil violaciones a derechos humanos cometidas por militares en los ocho años recientes son “injustificables” y obedecen a que un órgano que no está diseñado para realizar labores de policía fue obligado a hacerlas.
(La Jornada, 28 de enero de 2009)
miércoles, 28 de enero de 2009
Incompleto, informe de la CNDH sobre abusos de soldados contra civiles: ONG
viernes, 16 de enero de 2009
Militares filtraban datos a cárteles rivales
RICARDO RAVELO
MÉXICO, DF, 16 de enero (apro).- Varios militares adscritos a la SIEDO, así como al área de seguridad del presidente Felipe Calderón, sirvieron durante años tanto al cártel de Sinaloa como a sus rivales de Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo, según declaró Jennifer, un testigo protegido clave en la Operación Limpieza.
Su testimonio forma parte de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008, integrada por la Procuraduría General de la República (PGR), para poner en marcha la Operación Limpieza que inició en marzo de 2008, después que la agencia antidrogas estadunidense (DEA) informara al entonces titular de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, que su círculo cercano de colaboradores había sido infiltrado por el cártel de Sinaloa y, en particular, por la célula encabezada por los hermanos Beltrán Leyva.
Según Jennifer, los hermanos Beltrán Leyva estaban interesados en saber si existía una solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos, en contra de Joaquín Archivaldo Guzmán, hijo del jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
Los militares adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, a través de sus contactos en la embajada de Estados Unidos en México, indagaron si había un expediente para extraditar al hijo de El Chapo.
Jennifer cuenta los detalles de los encuentros sostenidos con el mayor Arturo González, una de las piezas importantes en las tareas de filtración de información tanto del círculo cercano del presidente –formaba parte del grupo de Guardias Presidenciales y actualmente bajo arraigo-- como de las tareas militares en contra del cártel sinaloense.
“El licenciado Oscar”
En su declaración, Jennifer narra que conoció a un personaje al que le decían “El licenciado Oscar”. Este sujeto, según datos confirmados en la PGR, en realidad responde al nombre de Rey Zambada García, hermano de Ismael El Mayo Zambada, uno de los poderosos miembros del cártel de Sinaloa.
Cuenta Jennifer:
“Se verificó un segundo encuentro con el mayor Arturo González y con el ‘licenciado Oscar’… El declarante no recuerda la fecha exacta, pero fue más o menos un mes después de la primera vez… En esa ocasión en el restaurante Champú Hélices (de) la avenida Paseo de la Reforma, frente a la embajada… Esta vez el licenciado Oscar (Rey Zambada) estaba acompañado de otro sujeto que se presentó con su apellido, pero el declarante no lo recuerda… Dijo que llevaba asuntos de Los Zetas en la SIEDO y que representaba los intereses de ese cártel”.
El testigo refiere los detalles de cómo “el licenciado Oscar” –Rey Zambada– se mostró interesado en conocer la situación jurídica del hijo de El Chapo; quería saber –dice “Jennifer”– si lo iban a extraditar a Estados Unidos.
Así lo narra el testigo:
“En otra ocasión el licenciado Oscar preguntó muy interesado si se sabía si existía orden de extradición en contra de El Chapito, es decir, el hijo de El Chapo Guzmán. (el señor) Cueto López (señalado en la indagatoria como reclutador de personal militar y de la SIEDO para ponerlos al servicio de Los Beltrán) dijo que se lo informáramos de inmediato y llamó a Alberto Pérez Guerrero (actualmente tiene la clave “Felipe” y es testigo protegido), que trabajaba en la embajada americana”.
El mayor González Rodríguez –explica Jennifer-- no quiso que Pérez Guerrero entrara al restaurante donde estaban reunidos, por ello “envió al declarante y Pérez Guerrero sólo tuvo que cruzar la avenida Reforma… El declarante se encontró con él en la vía pública… El declarante le dijo lo que le interesaba y Pérez Guerrero respondió que no sabía que El Chapito tuviera orden de extradición, pero expuso que lo verificaría en la embajada y en Interpol, por lo que después el declarante regresó a la mesa informando lo sucedido”.
El testigo protegido señala que “el licenciado Oscar” se mostró bastante preocupado por la supuesta orden de extradición en contra de El Chapito… Tanto Cueto como el declarante le dijeron al licenciado Oscar que en la SIEDO se contaba con información de domicilios donde iban a intentar localizar a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapito, y al Mochomo (Alfredo Beltrán Leyva, actualmente preso en el penal de Puente Grande, Jalisco), y el licenciado Oscar dijo que le interesaban mucho esos datos, pero se le dijo que se le proporcionarían en otra ocasión.
El testigo agrega otros detalles de aquel encuentro:
“Al salir fuimos al despacho del licenciado que dijo representar los intereses de Los Zetas, porque Cueto había salido de pleito con su primo Rodolfo de la Guardia (exjefe de Interpol investigado por estar presuntamente coludido con el narco) y pensaba poner un despacho… Dicho abogado los llevó a un edificio de color blanco, de tres pisos, que se localiza a espaldas de la embajada americana, y dijo que era propietario de todo” el inmueble.
Luego siguieron otros encuentros entre personal de la SIEDO –tanto civiles como militares– con personajes del cártel de Sinaloa, a fin de ponerse se acuerdo en la protección de cargamentos de droga, detenciones de rivales y filtración de información sobre operativos en contra de ese cártel.
Puntualmente los miembros del cártel de Sinaloa, según “Jennifer”, eran informados de todas las acciones, y por esos servicios se les pagaban entre 300 y 450 mil dólares mensuales a los altos funcionarios de la PGR, muchos de ellos actualmente bajo arraigo.
(Proceso, 16 de enero de 2009)
martes, 6 de enero de 2009
Dos militares son acusados de secuestro y asesinato de 3 personas
Las indagatorias por parte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Coahuila, detallan que el oficial militar en activo que ya se encuentra bajo arraigo, responde al nombre de Ubaldo Gómez Fuentes, mientras que el otro oficial del Ejército en activo fue delatado por el hoy detenido, pero no ha sido presentado por las autoridades castrenses.
Torreón.- Dos tenientes egresados del Heroico Colegio Militar, que se desempeñaban en el área de inteligencia de la Onceava Región Militar, concretamente en el 33 Batallón de Infantería, son los que aparecen como secuestradores y homicidas de tres personas, uno de ellos empresario regiomontano y otro un vendedor de afores.
Incluso uno de los oficiales del Ejército, traía para su uso personal el vehículo Volkswagen Jetta, modelo 2008, color rojo, propiedad de su víctima que fue identificado como Jeremeel Fernández Morán quien se desempeñaba como ejecutivo comercial del ING afore y quien fue reportado como desaparecido el 19 de diciembre del año 2008 en Gómez Palacio.
Las indagatorias por parte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Coahuila, detallan que el oficial militar en activo que ya se encuentra bajo arraigo, responde al nombre de Ubaldo Gómez Fuentes, mientras que el otro oficial del Ejército en activo fue delatado por el hoy detenido, pero no ha sido presentado por las autoridades castrenses.
Dichos tenientes presuntos secuestradores, son acusados del secuestro y homicidio del empresario regiomontano Rodolfo Alaniz, quien había acudido a la Comarca Lagunera para visitar algunos de sus familiares.
Fue así que luego de plagiarlo y cobrar su rescate, lo asesinaron y quemaron su cuerpo por las inmediaciones del Cerro Bola en el municipio de San Pedro de las Colonias.
Pero además de ese homicidio el teniente egresado del Heroico Colegio Militar, confesó al ser capturado que también habían secuestrado al ejecutivo de afores Dan Jeremeel Fernández Moran, al grado de que les fue asegurado el vehículo propiedad de la víctima.
Sobre la actuación de esos dos oficiales asignados al área de inteligencia del 33 Batallón de Infantería, desde el primer momento de la captura de Ubaldo Gómez Fuentes, se le dio aviso al General de la Onceava Región Militar.
Sin embargo de momento no ha sido presentado el otro teniente, que también hasta el día de hoy se encontraba en activo, de quien se presume es una persona sumamente violenta, especialista en el manejo de armas de fuego y explosivos.
Fue tras la presentación de los cuatro miembros de la banda de secuestradores por parte del Sub Procurador Domingo González Favela que se logró conocer que los presuntos delincuentes que eran comandados por los oficiales militares, habían perpetrado cuando menos tres secuestros.
Sin embargo dichos individuos, al cobrar el rescate no entregaban a sus víctimas, sino que simplemente las asesinaban y calcinaban los cuerpos.
En la Dirección General para la Investigación del Secuestro y Crimen Organizado, se indicó que la indagatoria se tiene desde la ciudad de Saltillo, aunque familiares de una de las víctimas detallaron que el carro en el que viajaba uno de sus parientes estaba a disposición del Ministerio Público del Fuero Común.
(Milenio, 6 de enero de 2009)
sábado, 3 de enero de 2009
Acusan de robo a soldados y agentes que realizaron operativo
Dos detenidos en Coahuila luego de horas de tiroteo con narcos
Acusan de robo a soldados y agentes que realizaron operativo
Gabriel León y Leopoldo Ramos Reportero y corresponsal
Como resultado del enfrentamiento armado del jueves entre fuerzas federales y un comando de sicarios en Torreón, Coahuila, fueron detenidos dos presuntos delincuentes, ocho elementos de la policía federal resultaron lesionados y vecinos de la colonia donde tuvieron lugar los hechos denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia del estado haber sido víctimas de robos y hostigamiento por militares y policías, quienes presuntamente irrumpieron en sus residencias sin las órdenes de cateo argumentando que buscaban a los delincuentes que les habían dispaarado.
Uno de los ciudadanos afectados, Juan Gramillo, director general de la empresa Multimedios, dijo a las autoridades que sus dos hijos fueron intimidados y reportó la desaparición de 800 mil pesos en joyas, 35 mil pesos en efectivo, computadoras y otros artículos de valor. El quejoso tiene su domicilio en Paseo del Pozo número 200, justo a un costado de la vivienda donde se ocultaron los pistoleros.
La Procuraduría General de Justicia dijo que en al menos cinco viviendas más los moradores informaron de los hechos sólo por teléfono y se negaron a presentar las denuncias correspondientes.
El Ministerio Público de la Federación comenzó una averiguación previa contra dos presuntos delincuentes del cártel del Golfo, quienes fueron aprehendidos luego del enfrentamiento, informó la Procuraduría General de la República (PGR). De manera extraoficial, autoridades locales dieron a conocer que fueron detenidos una mujer y dos hombres en el domicilio donde se atrincheraron, luego de disparar y arrojar granadas a efectivos federales.
Sobre el enfrentamiento, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal precisó que en la acción resultaron lesionados ocho elementos, quienes fueron trasladados a un hospital de la región –que inclusive es custodiado por militares– para que fueran atendidos. Autoridades locales reportaron como delicados a dos soldados.
En el lugar del enfrentamiento agentes de la policía federal y del Ejército mantienen un operativo en busca de más delincuentes.
La procuraduría abrió la indagatoria PGR/Coah/Torr/Ag-11/02/2009 contra Alberto Fuentes Quiroz y Martín Domínguez Alfonso –quienes según la secretaría son buscados por la justicia estadunidense por el delito de homicidio– por su presunta responsabilidad en actos de delincuencia organizada, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, resistencia de particulares y tentativa de homicidio.
La PGR detalló en un comunicado que elementos de la policía federal realizaron las capturas en la calle Del Pozo número 118, colonia Campestre La Rosita, luego del enfrentamiento. Al intentar huir, los sicarios lanzaron una granada a los policías.
Agregó que fueron entregados al representante social de la Federación cuatro vehículos, cargadores, 22 radios de comunicación, cuatro armas de fuego (dos AK 47, una AR-15 y una calibre 22), granadas de fragmentación, más de mil 600 cartuchos de diferentes calibres, 100 gramos de mariguana y uniformes militares, entre otras cosas.
A la información difundida previamente por la PGR, la SSP federal precisó que además fueron decomisadas un arma larga MP-5 y una pistola de fabricación alemana 5.7x28 mm (conocida como matapolicías). Abundó que se localizaron cuatro granadas de fragmentación.
El jueves, al filo de las 15 horas, fuerzas federales acudieron a la avenida Paseo del Olimpo, a espaldas de una unidad deportiva, donde les habían reportado la presencia de personas armadas en varios vehículos estacionados a un costado de una plaza pública.
Cuando los efectivos federales llegaron al lugar fueron recibidos a balazos y se inició una persecución que concluyó calles adelante, en la esquina de Saltillo 400 y Pavorreal, donde tuvo lugar un segundo enfrentamiento.
Un tercer choque a tiros, el más prolongado, ocurrió en la calle Paseo del Pozo, donde los pistoleros lograron refugiarse en una vivienda, en la que permanecieron atrincherados hasta la noche, cuando integrantes del Ejército se sumaron al operativo y se logró la captura de dos personas.
Autoridades locales han señalado que el domicilio donde se llevó a cabo la captura es centro de operaciones del presunto grupo delictivo, debido a que, indicaron, en el interior se encontraron objetos con los que probablemente los sicarios torturaban a sus víctimas.
(La Jornada, 3 de enero de 2009)
