Julio Morales
El Sol de Parral
29 de julio de 2007
"En este momento podría haber abordado temas como el del "chino gate o el de la reforma fiscal" pero me parece que estos son la cortina de humo para ocultar la militarización del país y ello evidencia claramente la visión errática del gobierno federal acerca de lo que significa la seguridad pública y sus formas de garantizarla; además, las fuerzas armadas continúan haciéndola de policías y eso preocupa porque así desvirtúa su naturaleza jurídica, pues no existe en el país ese estado de excepción que justificaría legalmente su intervención".
Y en ese intento de restablecer el orden público en México, los retenes, toques de queda y demás abusos de militares contra civiles se volvieron cosa común en San Nicolás de los Garza Nuevo León y Ciudad Juárez en Chihuahua en los últimos meses. Violaciones a derechos humanos aunados a modificaciones y decisiones en el terreno legal dieron lugar a Instancias que otorgan mayores facultades y nuevos ámbitos de competencia a las fuerzas armadas, dándose un retroceso grave en la historia del país, al contravenir el actual gobierno, como sucediera en el sexenio Díaz Ordaz - el espíritu Constitucional, montando en las fuerzas armadas todo su programa de seguridad pública nacional, si el 129 constitucional especifica que "en tiempos de paz, las fuerzas armadas no podrán ejercer funciones ajenas a la disciplina militar, mucho menos ejercer funciones policiales", asimismo, el 89 Constitucional en su fracción VI, faculta al Presidente a disponer de todas las fuerzas armadas y enfrentar una invasión extranjera o amenazas a la preservación de la seguridad nacional, sólo así se justificaría la creación de un cuerpo elite. Pero el Decreto publicado en el diario oficial el 10 de mayo pasado, creo el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, grupo elite bajo las órdenes directas del "espurio", dependiendo de manera técnica, operativa y administrativa de la SEDENA; Ahí se estableció que la creación del CFAF tiene el objetivo principal, de manejar situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública con elementos especialmente adiestrados y capacitados. Pero el origen oscuro del actual mandatario y atribuciones que este se auto-otorgó, siembran la duda de que tal cuerpo especial de las fuerzas armadas además de combatir a la delincuencia organizada, sea utilizado en la represión simulada, en actividades contra la guerrilla y suprimir movimientos sociales, es decir, un órgano para perseguir opositores políticos, percepción sustentada en modificaciones al Código Penal para calificar de terroristas a líderes sociales a movimientos en su conjunto. El de Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, procesado irregularmente a 67 años de prisión, por los cargos de secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación y el de Flavio Sosa líder de la APPO en Oaxaca bajo cargos similares, evidencian tal posibilidad. Baste decir que dicho decreto presidencial que creó el CFAF pasó por encima del Congreso, debido a facultades que otorga al "espurio" el 89 constitucional fracción VI en las Leyes orgánicas del Ejército y Fuerza Aérea como jefe supremo, que sin embargo, no son reglamentarias exclusivas de la Constitución, porque promulgar tal decreto no es acto meramente administrativo como el impostor lo hizo creer al exponer sus motivos, y si un acto de organización que cae en el ámbito legislativo y al invadir esta esfera, corresponde al Congreso de la Unión reglamentar y ordenar al Ejército; así lo citan los Artículos Constitucionales 29, 31, 35, 89 y 119 además del 73. Si a Usted le interesa consúltelos, verifíquelos y discútalos.
(El Sol de Parral, 29 de juio de 2007)
domingo, 29 de julio de 2007
De interés público... Y dale con lo mismo
jueves, 12 de julio de 2007
Movilizan a 5 mil soldados élite
La Secretaría de la Defensa Nacional ordenó la movilización de las unidades de élite que integran el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF)
Jorge Alejandro Medellín y Manuel Lombrera
El Universal
Jueves 12 de julio de 2007
La Secretaría de la Defensa Nacional ordenó la movilización de las unidades de élite que integran el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF), creado el 9 de mayo, y que está bajo las órdenes directas del Presidente de la República, luego de los atentados perpetrados en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Desde la mañana del pasado 10 de julio, el alto mando movilizó a casi la totalidad de los 5 mil efectivos que integran el CFAF, indicaron altas fuentes militares. Ese día, según las fuentes, el titular de la Sedena, general Guillermo Galván Galván, se reunió en la sala de juntas de la dependencia con los comandantes de las 12 regiones y 45 zonas militares del país para darles a conocer las directivas de seguridad con las que se está enfrentando la situación por los estallidos en Guanajuanto y Querétaro.
El general Galván recibió informes sobre movimientos y presencia de la guerrilla en el país y ordenó a sus mandos triplicar la vigilancia estratégica en la nucleoelétrica de Laguna Verde y en las plantas de nitrógeno de Atasta y Dos Bocas, en Tabasco.
De igual forma, se reforzó la vigilancia en termoeléctricas, hidroeléctricas, presas y plantas industriales que se consideraron como posibles blancos de atentados con explosivos.
Éstas se sumaron a las 142 instalaciones que la Sedena, Marina y la Policía Federal Preventiva (PFP) resguardan en todo el país.
La reunión con los mandos territoriales inició a las 14:00 horas del pasado martes y duró poco más de dos horas; en ella se priorizó reforzar la inteligencia y se ordenó triplicar la vigilancia en Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Tabasco.
Este martes en al menos una docena de estados, elementos del Ejército y PFP reforzaron la vigilancia en refinerías, presas, terminales marítimas y de almacenamiento, y en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con un especial énfasis en sobrevuelos de estas instalaciones y sus inmediaciones.
Los pasados 5 y 10 de julio, instalaciones de Pemex en Guanajuato y Querétaro fueron objeto de atentados cuya autoría se adjudicó el Ejército Popular Revolucionario para exigir la libertad de dos de sus militantes.
Pemex ratificó que se incrementaron sus patrones de seguridad en todas las instalaciones y que, de manera especial, se ampliaron los “celajes aéreos” (vigilancia aérea) con helicópteros y personal de tierra, a lo largo de los 14 mil kilómetros de los derechos de vía en todo el país, que incluye los 65 mil kilómetros de la red de ductos.
En Veracruz, el subsecretario de Protección Civil, Ranulfo Márquez Hernández, dijo que la industria petrolera tiene resguardo permanente por elementos de la Sedena, Marina y Seguridad Pública.
Detalló que Pemex les comunicó que se mantendría —por el momento— la misma vigilancia aplicada desde hace un año, cuando la organización terrorista Al-Qaeda amenazó con atacar instalaciones en México.
En Campeche, el comandante Martín Fernández Zetina señaló que, en coordinación con autoridades de Pemex, reforzó la vigilancia en las plataformas petroleras.
También en Hidalgo militares y agentes federales reforzaron la vigilancia en las instalaciones de la refinería Miguel Hidalgo, y en los ductos de Pemex que atraviesan la entidad, confirmó Víctor Hugo Deschamps Lugo, vocero de la paraestatal.
La misma acción se realizó en el complejo Pemex Cactus y las cuatro hidroeléctricas de Chiapas.
En Salamanca, donde el pasado 5 de julio se registraron cinco explosiones en ductos de gas de Pemex, el edil Ignacio Luna Becerra pidió a los consejeros municipales “permanecer con los ojos bien abiertos” y denunciar al número 066 de Seguridad Pública cualquier irregularidad.
En tanto, el Grupo de Coordinación de Baja California aplicará el plan Centinela para vigilar los puntos vulnerables que pudieran ser blanco de atentados.
En este marco, el gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, informó que pidió al gobierno federal reforzar todos los lugares estratégicos de Pemex en el estado.
El vocero del sindicato petrolero, Roberto Contreras, afirmó: “No existe ninguna relación entre los accidentes y las negociaciones contractuales porque las pláticas se están llevando en muy buen nivel”. (Con información de Alberto López, Édgar Ávila, Xóchitl Álvarez, Julieta Martínez, Dinorath Mota, Hilda Fernández, Juan Cedillo, Francisco Ynurreta y Óscar Gutiérrez, corresposnales)
(El Universal, 12 de julio de 2007)
miércoles, 11 de julio de 2007
¿Guerra contra el narcotráfico o la militarización de México?
Laura Carlsen | 11 de julio de 2007
Quisiera ofrecer algunos elementos para enmarcar la guerra contra el narcotráfico en un contexto histórico e internacional que espero nos ayude entender los peligros y proponer políticas alternativas y estrategias de resistencia desde ahora.
Este marco ampliado nos da aún más razones por pensar que el modelo militarizado de combate al narcotráfico presente graves riesgos para la soberanía nacional y para los derechos de los ciudadanos mexicanos.
"Guerra contra el narcotráfico": Importación directa de los EEUU
La frase "guerra contra el narcotráfico" fue inventada e utilizada por primera vez por el Presidente Richard Nixon en 1971, en un contexto político muy parecido al actual estadounidense. Empantanado en una guerra que no podía ganar, con un déficit comercial e inflación rampante, en este año Nixon declaró que las drogas eran el "enemigo público número uno".
Nixon entró a la presidencia con la promesa de mano dura contra el crimen. Se dio cuenta que por las características del problema y las responsabilidades principalmente de los estados en el asunto, en realidad tenia pocas posibilidades de tener un impacto grande desde el ejecutivo. Para dar un papel espectacular y preponderante al gobierno federal, creó de un problema preocupante, una verdadera crisis de drogas a través de la manipulación de las estadísticas.
Si este contexto histórico suena parecido es que la invención de la guerra contra las drogas tuvo un objetivo primordial que también se aplica al caso de México hoy—expandir extralegalmente los poderes de la presidencia y consolidar una imagen de líder fuerte frente a la sociedad y en medio de circunstancias difíciles y debilidades políticas. Según varios análisis, se trataba de una manipulación de miedo para ganar poderes de emergencia—incluyendo detenciones preventivas, espionaje, redadas, etc.
Después de lanzar la "guerra contra el narcotráfico" Nixon crea varias agencias anti-droga que tienen en común que reportan directamente al presidente y no pasan por la supervisión del Congreso: el Departamento para la Aplicación de las leyes anti-droga, y después la DEA, una súper-agencia combinando agentes del Agencia de Narcóticos y Drogas Peligrosas (BNDD), Aduanas, la CIA y la Oficina contra el abuso de las drogas para coordinar esfuerzos locales y federales (ODALE).
Con la creación de estas agencias federales, la presidencia restó de los estados y municipios el poder de combatir las drogas en el marco de un problema comunitario o de salud, y de paso estableció agencias bajo el mando directo del presidente. Esto tendrá grandes repercusiones en el equilibrio de poderes. No es casual que exactamente un año después de anunciar la guerra contra el narcotráfico—el 17 de junio de 1972—un grupo de personas que se conocieron en estas nuevas agencias anti-droga coordinadas por el ejecutivo llevaron a cabo otra encomienda de su presidente: el robo de las oficinas del partido demócrata en el hotel Watergate.
A pesar de que, como todos sabemos, Nixon cayó víctima de su propia arrogancia y excesos, nos dejó con la guerra contra el narcotráfico, un modelo que sigue siendo fundamental para mantener el control en la sociedad estadounidense. La criminalización de los consumidores de drogas ha llevado al encarcelamiento de una gran parte de las poblaciones latina y africano-americana, el enfoque en la producción y abasto en lugar del consumo permite obviar en el discurso los profundos problemas internos de la sociedad estadounidense y la mano dura canaliza fondos gubernamentales a fortalecer las fuerzas policiacas en lugar de gastar el mismo dinero en programas de salud y educación pública en las comunidades.
Pero quizás donde más ha sido útil el modelo es como una herramienta para mantener el control geopolítico. Elevar el tráfico de drogas a un asunto de seguridad nacional le ha permitido intervenir en la política de los países productores de droga y de transito.
Sin duda, el caso clásico de injerencia estadounidense en un país a través del modelo de la guerra contra el narcotráfico ha sido el Plan Colombia.
Plan Colombia
Desde el año 2000 cuando empezó, EEUU ha enviado aproximadamente 4.3 mil millones de dólares al gobierno colombiano supuestamente para la lucha contra las drogas; 76% a las fuerzas militares. Ha sido un fracaso rotundo. No es necesario repetir los resultados—el precio de cocaína en EEUU ha bajado, tiene mayor pureza, y según un congresista la superficie del territorio colombiano cultivado en coca ha incrementado 42%.
Además de su absoluta falta de eficacia en detener la producción, procesamiento y transito de drogas, el Plan Colombia se ha utilizado para apoyar a la derecha colombiana en su guerra contra las insurgencia. El analista Frank Smyth señala que en 2001 Colombia ya había superado a El Salvador como el esfuerzo contrainsurgencia estadounidense más grande desde Viet Nam. Después de unos años, el Plan Colombia fue ampliado formalmente para autorizar el uso de la ayuda militar en la guerra interna y en particular en contra de las FARC.
Con la llegada de armamento y dinero para las fuerzas militares, la violación de derechos humanos, el desplazamiento de comunidades enteras y el asesinato de civiles también han aumentado de manera tan alarmante que hasta el Congreso de los Estados Unidos está preocupado. En la autorización de nuevos fondos para Plan Colombia, la Cámara de Representantes aprobó una versión que reduce la ayuda militar por 30 millones (36%), pone condicionamientos en materia de derechos humanos, y reduce las fumigaciones. El total de la asistencia al gobierno colombiano sigue siendo enorme—65% militar en este presupuesto comparado a 80% antes. Sin embargo, junto con el probable rechazo a aprobar el TLC con Colombia debido a las violaciones de derechos humanos, marca un mínimo reconocimiento de que la política anti-droga de Plan Colombia no funciona.
Desde el Plan Colombia al Plan México
Ahora a pesar del desastre del Plan Colombia se plantea el Plan México en términos que parecen ser muy similares. En mayo el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes Silvestre Reyes dijo que México necesita mayor apoyo en su lucha contra el narcotráfico al estilo de Plan Colombia. El Plan México, implicaría programas de cooperación, entrenamiento, intercambio de información y recursos. Inmediatamente la frase salió en los medios y fue desmentido por el gobierno mexicano.
Llame como se llame, es evidente que estamos frente a una acción coordinada de militarización en nombre de la seguridad, y que el modelo implica una etapa de mucho mayor participación de Estados Unidos. Esta participación se da en cuatro niveles: primero en la planeación de medidas nacionales y locales de seguridad, segundo en el entrenamiento de policías y elementos del ejército y de los cuerpos de investigación, después en la ejecución de acciones y políticas de seguridad y de "guerra contra el narcotráfico" en territorio mexicano.
Esta etapa de colaboración entre México y Estados Unidos en asuntos de seguridad empezó formalmente con el Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Anteriormente existían acuerdos de colaboración entre la defensa y los cuerpos policíacos de los dos países, sin embargo con el ASPAN se inicia la tarea de construir una agenda tri-nacional de seguridad sin precedentes, que en lugar de enfrentar, invadir o someter a la fuerza a México como ha hecho EEUU en el pasado, busca cooptar el estado mexicano en el marco del TLCAN, haciendo que el país acepte una serie de obligaciones relacionadas a la seguridad de los Estados Unidos.
Fechas clave en este proceso son la reunión en Mérida en marzo entre los presidentes Bush y Calderón y la reunión el 11 de enero entre el Procurador de EEUU Alberto González y de México Eduardo Medina Mora. En esta última reunión se acordaron según la prensa nacional una serie de acciones incluyendo la construcción de un sistema bilateral de identificación de traficantes, un diagnóstico de las policías mexicanas, el envío de ocho aeronaves para la detección e intercepción de aviones con cargamentos de droga, y que agentes de la DEA participen como supervisores de labores de erradicación. También por estas fechas el DEA anunció su intención de colocar agentes en otros puntos en la frontera, entre ellos Matamoros y Nuevo Laredo.
Sería una simplificación decir que el Plan México sea una copia fiel o la sustitución del Plan Colombia en los designios geopolíticos de EEUU para la región. Sin embargo, un análisis del Plan Colombia en el contexto mexicano resulta interesante, e igual que el análisis del origen de la guerra contra el narcotráfico en EEUU da unas pistas de por donde vamos.
Entre los rasgos principales del Plan Colombia que podrían aplicar o están aplicando en México están:
1. El creciente papel del ejército en la sociedad. En México el ejército es una institución fuerte pero malentrenado para combatir el narcotráfico. Su uso en estas tareas está llevando a graves violaciones de derechos humanos.
2. La expansión de las fuerzas paramilitares, la presencia de mercenarios, y empresas privadas inclusive extranjeras en tareas de seguridad. En México el problema de los paramilitares es serio en Chiapas y con la militarización se espera que empeore por la sencilla razón de que tarde o temprano con el aumento de armas estos llegan a sus manos.
3. La ampliación de la guerra contra el narcotráfico a la represión de disidentes y contrainsurgencia.
También hay importantes diferencias entre México y Colombia. México no vive una guerra ni está en jaque el control de grandes partes del territorio nacional. Y otro factor que distingue un Plan México de un Plan Colombia es la relación específica entre México y Estados Unidos, en particular la proximidad geográfica y la dependencia economía que existe después de 13 años del TLCAN. Estos factores aumentan el riesgo de pérdida de soberanía nacional.
Hasta ahora el resultado principal de la guerra contra el narcotráfico de Calderón ha sido desatar la violencia en varias regiones del país. En marzo, el número de policías ejecutados había subido 50% respeto al año pasado. Para finales de mayo habían más de 1,000 asesinados relacionado con el narcotráfico. La muerte, extradición o detención de capos lleva a batallas para la sucesión sin acabar con la producción y tránsito de la droga. La cantidad y bajo precio de las drogas en las calles de las ciudades estadounidenses es el mejor indicador de que el tráfico no ha afectado el flujo constante de drogas hacía los mercados del consumidor número uno en el mundo—EEUU.
En resumen, la historia nos muestra que el modelo de "la guerra contra el narcotráfico" tiene una serie de objetivos ocultos y resultados anti-democráticos que atentan contra la paz y la soberanía.
En la guerra contra el narcotráfico, se confluyen los objetivos de EEUU con los intereses del gobierno de Felipe Calderón. Los Estados Unidos busca extender su presencia militar y su hegemonía en la región, y lo ha hecho bajo el modelo del ASPAN, de la guerra contra el terrorismo y la militarización de la frontera, y ahora en la guerra contra el narcotráfico. Con mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad, su participación en la formación de agentes y soldados, y su injerencia en el diseño de las políticas de seguridad en México, por lo pronto no hace falta tener mayor presencia de tropas. La promesa de cantidades de recursos y ayuda militar al estilo Plan Colombia es suficiente para asegurar que el gobierno mexicano siga el guión de seguridad escrito en Washington.
Por otro lado, Felipe Calderón—un presidente débil y con poca credibilidad popular—decidió desde el primer día de su presidencia seguir la receta de los gobiernos tambaleantes de construir un enemigo externo para consolidar su posición, apoyado por el aparato militar, y con el uso de la represión ó la amenaza de represión. La militarización del país constituye una medida preventiva en una coyuntura en que no tiene garantizado el control social.
Resumiendo
Primero, este modelo funciona en la práctica para ampliar el poder de la presidencia. Desde el inicio del modelo esto es uno de sus propósitos principales. Fortalece el poder ejecutivo sin contrapesos y transparencia, quitando poderes de los otros niveles de gobierno y restringiendo los derechos ciudadanos.
Segundo, promueve la militarización de la sociedad y construye un poder de facto de fuerzas especializadas con pocos controles legales o sociales. El modelo de enfrentar el tráfico, venta y consumo de drogas con medidas militares, aumenta la violencia y debilita las instituciones democráticas. En países donde estas sean débiles puede causar severos retrasos en una transición a la democracia.
Tercero, invariablemente se extiende a una guerra contra la oposición política en países en donde se ha aplicado, borrando la línea entre la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, y los disidentes.
Cuarto, existe una clara amenaza a la soberanía nacional bajo este esquema. Otra vez viendo el Plan Colombia, se ha desarrollado una economía dependiente de la ayuda militar desde afuera, y la imposición de un modelo de lucha contra el narcotráfico que no solo no ha tenido resultados, sino que ha profundizado la violencia y la destrucción social y ambiental de gran parte del territorio, creando un círculo vicioso de miedo y caos que se utiliza para justificar la continuación de la intervención extranjera. Sólo la vigilancia de grupos ciudadanos y de derechos humanos en EEUU lograba que se mantuviera un tope al número de soldados EEUU en territorio Colombiano, y hubo un incremento paulatino de mercenarios estadounidenses de empresas particulares sub-contratados para llevar a cabo funciones militares bajo el Plan Colombia.
El Plan México contempla el entrenamiento de las fuerzas mexicanas bajo el esquema de EEUU y en particular del gobierno de George W. Bush. Se amplia la red de agentes anti-drogas y aduanales estadounidenses que opera en el país, y se reduce el espacio para aplicar políticas basadas en las prioridades nacionales y no en la agenda de seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos.
En este sentido, el ASPAN, la Guerra contra el Terrorismo de Bush, y la guerra contra el narcotráfico de Calderón son todos aspectos de una estrategia para ampliar la hegemonía de los Estados Unidos en la región, pasando por la consolidación de un gobierno de dudosa legitimidad en México que garantice sus intereses.
Laura Carlsen es Directora del Programa de las Américas (www.ircamericas.org) en la Ciudad de México, donde ha trabajado como analista y escritora política por dos décadas. Este artículo fue parte de una ponencia en Casa Lamm en la Ciudad de México el 25 de junio de 2007.
(Programa de las Américas, 11 de julio de 2007)
