viernes, 30 de marzo de 2007

Ernestina Ascensio Rosario

Miguel Ángel Granados Chapa

La Comisión Nacional de Derechos Humanos que se introdujo al caso de la señora indígena ultrajada y muerta reconociendo que falleció a causa de las lesiones que le fueron infligidas, transitó hasta negarlo y ahora endereza su acción contra la Procuraduría veracruzana.

No nos sorprendamos si pronto se nos dice que en realidad se suicidó la señora Ernestina Ascensio Rosario, una mujer indígena de 73 años, cuya familia la encontró moribunda en el campo donde pastoreaba sus ovejas, a tiempo de oírla denunciar que había sido atacada por militares, infame agresión que habría generado su muerte. En "la etapa final de la elaboración de la opinión integral sobre el caso", la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió ayer un comunicado en que sugiere que la víctima falleció de causas naturales, insinúa que no hubo violación y asegura que "no se observaron lesiones de origen traumático exterior". En un episodio en que integrantes del Ejército podrían estar involucrados, es grave que antes que hacerlo saber a la opinión pública, la oficina del ombudsman nacional hiciera conocer esa información a los mandos castrenses, incluido el comandante supremo de las fuerzas armadas.

El 3 de marzo la CNDH informó haber abierto una "queja de oficio" sobre el caso de la señora Ascensio Rosario "quien falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas". Es probable que tres semanas más tarde esa Comisión hallara que se equivocó en ese diagnóstico precoz, pero no ha expresado que hubiera error en su afirmación inicial, que consta así con todas sus letras: "falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas".

Días más tarde, la CNDH detectó "diversas omisiones e inconsistencias en los estudios técnico-periciales realizados por personal médico de la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz", por lo que solicitó exhumar el cadáver y la práctica de una nueva necropsia. Esos hechos se realizaron el viernes 9 de marzo. El lunes siguiente, antes que nadie -¿no se ha dicho que el Presidente es el hombre mejor informado de México?- Felipe Calderón estaba al tanto del resultado de la necropsia. Sólo que oyó o leyó mal el informe que le fue ofrecido (él mismo sugirió que por la propia CNDH) y atribuyó el fallecimiento de la señora a "gastritis crónica no atendida". Negó también que hubiera violación. Todo lo dijo sin mediar pregunta al respecto en una entrevista a La Jornada con motivo de los 100 días de su gobierno.

Al leer esa declaración, Julio Atenco, funcionario municipal en el ayuntamiento de Soledad Atzompa y fundador de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, se comunicó con el licenciado Pedro Armendáriz Enríquez, visitador de la CNDH que solicitó la exhumación, quien le habría dicho "No sabemos de dónde sacó esa información el Presidente. La exhumación fue apenas el viernes y es imposible que ya existan resultados; además, la información es confidencial". (La Jornada, 15 de marzo) Sin embargo, de inmediato el mencionado visitador negó "categóricamente haber realizado tales aseveraciones... en ese sentido o en cualquier otro" y aclaró que "en ningún momento coordiné el grupo interdisciplinario de trabajo de la CNDH que realizó esas actividades".

En tanto, la Comisión emitió un segundo comunicado el 14 de marzo en que, como ahora mismo, orientó su pesquisa al modo en que se realizó la autopsia y no tanto al caso de la señora Ascensio Rosario (a quien ya había cambiado el primer apellido y llamaba Ascensión). Dijo que el personal médico forense de la Procuraduría estatal incurrió en omisiones que lo condujeron "a asegurar indebidamente que la anciana falleció por 'traumatismo cráneo-encefálico, fractura y luxación de vértebras cervicales y anemia aguda'". Conforme a "la revisión del 9 de marzo", dijo la CNDH, "no existe luxación o fractura de esas o de ninguna otra vértebra". Informó también la Comisión que "en la exhumación del cadáver no se corroboró perforación alguna en el recto ni los 'múltiples desgarros' que manifestaba la autopsia". Las equimosis en el cuerpo de la víctima, supuso la comisión, no se produjeron por "maniobras de sujeción o sometimiento" sino quizá "fueron producidas al ser cargada y trasladada antes de fallecer". Eso no obstante, la CNDH manifestó "que en tanto no se esclarezcan las causas de la muerte de Ernestina Ascensión Rosario se presume la violación de su derecho fundamental a la vida".

En su comunicado de ayer, donde restituye a la víctima su apellido verdadero, la Comisión sugiere que falleció de muerte natural. No lo afirma, pero lo insinúa: "se cuenta con datos histopatológicos indicativos de anemia aguda por sangrado de tubo digestivo ordinario secundario a úlceras gástricas pépticas agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna y un proceso neumónico en etapa de resolución. Adicionalmente a estas causas de origen médico, no se observaron lesiones de origen traumático al exterior".

Conocedor de esta descripción en la víspera de que la CNDH la hiciera pública, el diputado panista, general retirado Justiniano González, presidente de la Comisión de defensa nacional en San Lázaro expresó en declaración periodística lo que la CNDH no se atrevió a afirmar: que la señora falleció "debido a una anemia aguda secundaria". Y citó como fuente un "dictamen oficial", la información de la CNDH a la que tuvo acceso privilegiado. (La Jornada, 29 de marzo)

Dejadas atrás de ese modo las imputaciones a militares -no obstante que un comunicado del Ejército mencionó la existencia de líquido seminal en el cuerpo de la señora Ernestina- ahora la pesquisa se dirige contra el Ministerio Público local y sus auxiliares.

Cajón de Sastre

El gobierno de Estados Unidos confirmó su advertencia sobre la situación política de Oaxaca y recomendó cautela a sus nacionales si viajan a esa entidad. Habría sido un gesto atinado que el presidente Felipe Calderón tuviera en cuenta esas consideraciones y se abstuviera de ir a esa entidad o, en caso extremo, hacerlo con cuidado. Pero se comprende que se desplazara a Oaxaca pues, por un lado, no corre riesgos personales y, por otro lado, ha de ser fiel cumplidor de sus compromisos. La escolta y el circuito de seguridad que rodean al Ejecutivo, más amplios y rigurosos que nunca, le impiden aproximarse a la realidad de los lugares que visita. Y tiene que recompensar el apoyo que el PRI le ofrece para afianzarse en la silla, contribuyendo a que gobernadores en cuestión como el de Puebla, Mario Marín, y como Ulises Ruiz superen sus contratiempos. La recomendación norteamericana revela un mayor sentido de la realidad que el del Presidente, que parece desarrollar las afinidades electivas de que habló Goethe.

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Líquido seminal

Carmen Aristegui F.

El caso de la muerte de la señora Ernestina Ascensio Rosario, ocurrida el 26 de febrero en la Sierra de Zongolica, ha entrado en un oscuro territorio plagado de dudas, confusiones y muchas interrogantes. Estamos frente a una situación que involucra tal cantidad de cosas, que la sociedad mexicana debería ocuparse en seguir los detalles de la historia.

En primerísimo lugar, la verdad sobre la muerte de una persona que reunía los rasgos de mayor vulnerabilidad posible en la sociedad mexicana -mujer, indígena y anciana- en condiciones que deben quedar totalmente aclaradas. Van de por medio los sistemas de justicia estatal, federal y militar, así como la palabra del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, que se comprometió en persona con la autoridad municipal de Soledad Atzompa y con líderes y representantes partidistas del PRD y de Alternativa, a llegar al fondo en las investigaciones. Va de por medio la credibilidad de la CNDH y, por si fuera poco, la fiabilidad de la voz del presidente Calderón. Y va de por medio el derecho de los mexicanos a una información veraz y confiable. Hoy hay dos versiones: la que se difundió desde el primer momento, sobre cómo Ernestina fue víctima de una violación tumultuaria por parte de elementos del Ejército mientras llevaba a pastar a sus ovejas. Se cuenta con testimonios de los pobladores y el de su hija Martha quien, en lengua náhuatl, ha dicho que su madre antes de morir le dijo que "los soldados se le habían echado encima". La primera información oficial disponible corroboraba los hechos. El subprocurador de Veracruz, Miguel Mina, informó días después de la muerte: "es un hecho aberrante y no lo podemos soslayar... de acuerdo al dictamen médico pericial, hay un traumatismo craneoencefálico, que son golpes en la cabeza, y anemia aguda producida por un desgarro que, de acuerdo al médico, había perforado parte de la región anal y que eso hubiese provocado la misma". La otra versión, se sostiene en la necropsia realizada a petición de la CNDH después de la exhumación. Ayer José Luis Soberanes informó que "...no murió de este traumatismo craneoencefálico, sino de una anemia aguda, debido a un sangrado en el tubo digestivo ocasionado por úlcera péptica. Eso fue de lo que murió y también... se llegó a la conclusión... de que no había habido tal violación ni propia ni impropia". ¿Qué pasó entonces? ¿Fue violada o no por soldados del Ejército? ¿Murió o no a consecuencia de una acción aberrante? El comunicado de la CNDH descalifica de tal manera las informaciones de la autoridad local que anuncia también que denunciará los presuntos delitos y faltas administrativas de funcionarios de la Procuraduría de Veracruz. Conclusión: según la CNDH, nada de lo que se dijo anteriormente sobre este caso es cierto. Murió, como lo dijo Felipe Calderón anticipadamente a Elena Gallegos en La Jornada, de una gastritis mal tratada. No hubo violación de soldados, no hubo golpes, no hubo fracturas, no hubo nada de lo que dicen testimonios ni mucho menos nada de lo que informó, en su momento, el subprocurador Mina. ¿Todo se inventó? ¿De veras -como algunos sugieren- los pobladores de la Zongolica están utilizando la muerte de su hermana mayor -como le llaman a Ernestina- para presionar a que los militares se vayan de esta zona en la que se presume existe presencia guerrillera?, o ¿estamos frente a una distorsión de la justicia para encubrir hechos aberrantes de abusos del Ejército en contra de la población civil? Por lo pronto hay demasiadas preguntas que deben ser contestadas. ¿Por qué, si no hubo tal violación, el Ejército informó en su segundo comunicado 019 del 6 de marzo que "...especialistas, llevan a cabo el dictamen pericial... consistente en comparar el líquido seminal recogido de la hoy occisa"? Al día siguiente emitió el comunicado 020 informando que se tomaron muestras hemáticas a todo el personal de la base de operaciones y que "...junto con la muestra de semen obtenida del cuerpo de la extinta, serán trasladadas a la ciudad de México, para que con apoyo de los servicios de la PGR, se obtengan los perfiles genéticos... los resultados... tienen un tiempo estimado de 15 ó 20 días". Si no hubo violación, ¿cómo es que el Ejército envió muestras de sangre y de líquido seminal para ser analizadas al DF? ¿También lo inventó? ¿Por qué el Ejército emitió un comunicado, el 019, que después sustituyó por otro de mismo número, en dónde señalaba: "...delincuentes que utilizaron prendas militares, perpetraron el crimen buscando inculpar a integrantes de esta Dependencia... y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades".

¿Perpetraron el crimen? ¿Hubo o no crimen? Si no hubo crimen, ¿por qué sintieron algunas autoridades la necesidad de regalar casas y bicicletas a los familiares de Ernestina Ascensio en los últimos días? ¿Por qué se ve en una fotografía de Ernestina un charco de sangre junto a su cabeza, si la hemorragia fue interna y por razones médicas? Ayer Soberanes contestó: "Habría que preguntarle a los peritos nuestros que estuvieron ahí presentes cuál fue el origen de esta sangre. Yo por el momento no se lo puedo decir". Por la memoria de esta mujer y por nuestro derecho a la verdad, la interrogante mayor debe esclarecerse: ¿cómo murió Ernestina?

(Reforma, 30 de marzo de 2007)

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domingo, 25 de marzo de 2007

Exige enviado del Papa no despreciar la vida en nombre de la democracia

El cardenal López Trujillo fustiga a mujeres con la conciencia ''domesticada'' que deciden sobre los no nacidos como si fueran un apéndice

Si se despenaliza el aborto, habrá problemas, advierte Kumate

ANGELES CRUZ, JUAN BALBOA

La ciencia debe ser conciente de sus límites y asumir que no puede ser la explicación de todo, y los hombres tampoco deben pretender "borrarle la plana a Dios" con actitudes de "desprecio por la vida", advirtió el cardenal Alfonso López Trujillo, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, quien en una disertación de una hora se lanzó contra las definiciones "arbitrarias" que "en nombre de la democracia " se hacen de la familia y la vida.

El prelado participó en la primera sesión del tercer Congreso Internacional Provida: Manipulación de embriones genéticos, en cuya inauguración destacó la presencia de una banda de guerra con miembros del Ejército que llevaban armas largas y con quienes se realizaron los honores a la bandera.

Respecto al aborto, López Trujillo planteó que "estamos en un mundo que confunde el delito como un derecho" y la gente, en particular las mujeres, con la conciencia "domesticada, aletargada", creen que ese derecho las libera y deciden sobre los no nacidos como si se tratara de un apéndice con el que pueden hacer lo que quieran.

Ante los asistentes al congreso, de los que al menos la mitad eran adolescentes, alumnos de escuelas particulares, que pagaron una cuota de 50 pesos, el enviado del Papa habló de la no discriminación como "el criterio más socorrido" para justificar "nuevas y arbitrarias definiciones" de la familia y la vida.

Cuidadoso de no referirse de manera directa a la discusión que tiene lugar en el Distrito Federal por la iniciativa de reforma legal que ampliaría las causales del aborto, el cardenal subrayó que la vida no se mide con parámetros de ciencia ilimitada y arrogante, sino con criterios filosóficos más amplios que reconocen que la calidad de vida no es menor cuando hay dolor y enfermedad. "Esto es lo que dice la Iglesia, aunque a veces no se le comprende", apuntó, aunque él mismo omitió hablar sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida.

Surgimiento del pre-embrión

En la sesión inaugural, que congregó a miembros de los grupos conservadores del país, como José Barroso Chávez, de la Orden de Malta, y el obispo Roberto Balmori, de Ciudad Valles, San Luis Potosí, entre otros, el ex secretario de Salud, Jesús Kumate, reconoció que las mujeres tienen el libre albedrío para interrumpir un embarazo, pero "que sean concientes que destruyen a un ser humano". Aseguró que de aprobarse la reforma legal en el Distrito Federal "habrá problemas", porque "ningún médico se atrevería a destruir a un ser" totalmente formado a las 12 semanas de gestación.

Dijo que por razones políticas y la conveniencia de cada pueblo se han introducido nuevos criterios sobre las etapas del embarazo, con los que se ha incluido el concepto de pre-embrión para justificar los abortos. Sin embargo, la vida empieza desde el momento de la fertilización, dijo.

Por su parte, Jorge Serrano Limón, presidente de Provida, también reconoció el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y su reproducción, pero "una vez que se embarazan no tienen derecho a matar a ese ser" bajo ninguna circunstancia.

Advirtió que de aprobarse la reforma del Código Penal, Provida iniciará una campaña de difusión -financiada con recursos "totalmente privados"- para que la sociedad conozca lo que se haya aprobado.

Reconoció, sin embargo, que de siete mil mujeres que han acudido a los Centros de Ayuda para la Mujer de Provida, alrededor de 600 decidieron abortar.

Aunque investigaciones científicas realizadas en Estados Unidos y Gran Bretaña han demostrado que no existe el llamado "síndrome de estrés post aborto", Serrano Limón afirmó que todos los abortos "causan un daño sicológico terrible" a quienes recurren a esta medida.

(La Jornada, 25 de marzo de 2007)

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martes, 20 de marzo de 2007

Sierra Zongolica; “guerra sucia” contra las mujeres

Laura Castro Medina/corresponsal

Sierra de Zongolica, Veracruz, 20 marzo 07 (CIMAC).- La muerte de Ernestina, mujer indígena de 73 años violada y torturada a pocos metros de un campamento militar en Soledad Atzompa, descubre la realidad de miles de mujeres indígenas, que enfrentan la miseria extrema y viven aterrorizadas por la presencia de grupos armados en sus comunidades.

La sierra de Zongolica es de alta marginación y miseria. Está integrada por comunidades nahuas, dispersas, de 14 municipios, flageladas por el hambre, analfabetismo, migración y cacicazgo.

En muchas comunidades no hablan español y 80 por ciento de sus habitantes son analfabetas. El 83 por ciento de sus casas tienen piso de tierra y carecen de drenaje, energía eléctrica y agua. Ésta la obtienen del riachuelo más cercano, a dos o tres kilómetros de distancia, según el INEGI y del Instituto Veracruzano de la Cultura.

En Astacinga, Tehuipango y Mixtla de Altamirano, municipios considerados entre los más pobres de América Latina, las familias sobreviven con apenas 25 ó 30 pesos por jornal en los cultivos de café o caña. Muchas niñas y niños enferman de marasmo o kwashiorkor, propios de países con hambruna, como los africanos. Gran cantidad de madres padecen anemia e iniciaron su actividad sexual desde los 12 y 13 años de edad. El peso y talla de sus hijos está muy por debajo de lo normal, dice INEGI.

SIN DERECHOS REPRODUCTIVOS

Las mujeres de Zongolica enfrentan también programas asistenciales, cuya factura es el control político y social. Como resultado, abandonan las actividades agrícolas y, cuando reciben atención médica, se violan sus derechos reproductivos.

El control natal forzado y la esterilización involuntaria practicados a las mujeres, así como las vasectomías, han servido para lograr metas demográficas, en proyectos financiados por organismos como el Banco Mundial y operados por instituciones nacionales.

Así lo denunció ante organismos nacionales e internacionales Berto Xocua Méndez, coordinador de la Organización Campesina Independiente de la Sierra de Zongolica.

El sistema IMSS Oportunidades, delegación Veracruz Sur, reportó que en 1995 aplicó, con ayuda de parteras capacitadas, más de 15 mil métodos de control natal.

Asegura Xocua Méndez que los apoyos económicos brindados por los programas, como despensas, se condicionaban con las constancias de consultas médicas y, en el caso de las mujeres en edad reproductiva con citas ginecológicas.

En las consultas les colocaban dispositivos intrauterinos. Las que acudían por segunda ocasión a un parto, eran esterilizadas quirúrgicamente sin consentimiento, lo que ocasionó conflictos familiares y religiosos.

LA RESISTENCIA

Las duras condiciones de existencia que revelan las cifras, incluso oficiales, provocó el surgimiento, en 1982 de la Unión de Todos los Pueblos Pobres (TINAM), como defensa contra el cacicazgo que somete a los indígenas, pero fue duramente perseguido por el entonces gobernador Agustín Acosta Lagunes.

Surgieron luego al menos diez organizaciones más, como la OCISZ, CROISZ, CEPROJUSDAC y la Unión Campesina de la Sierra Nahuatl de Zongolica UCASNZ. Pero ante el temor gubernamental de que se vincularan con grupos radicales, fueron perseguidos y encarcelados muchos de sus líderes.

En respuesta a esta represión, las mujeres han encabezado, en muchas ocasiones, las movilizaciones de apoyo a sus esposos, hijos o padres. En 1997, más de cinco mil indígenas en su mayoría mujeres, sitiaron por más de 48 horas la ciudad de Orizaba exigiendo la liberación del dirigente de la CROISZ, Julio Atenco, encarcelado tras un enfrentamiento con policías estatales que pretendían “decomisar” un cargamento de madera.

LA PRESENCIA MILITAR

Desde entonces, las comunidades han presenciado el acantonamiento de tropas del Ejército Mexicano en la zona serrana.

En 1996, Teresa López Carrera, regidora de Tezonapa, denunció la entrada de camiones con cientos de militares y helicópteros de guerra en la comunidad de Laguna Chica y San Miguel Eloxochitlan, Puebla. Alertaron a la población sobre un posible ataque del Ejército Popular Revolucionario, generando un clima de tensión entre los habitantes.

Ahora son cotidianos los tiroteos y las acciones de “labor social” del Ejército, cuyos campamentos y retenes en Laguna Chica y otros puntos cercanos violentan la vida de la zona. Muchos indígenas, incluso mujeres, han sido golpeados e intimidados, acusados de tener nexos con el EZLN.

AGRESIONES Y VIOLACIONES

El Ejército Mexicano se ha convertido en un peligro para las mujeres indígenas de Zongolica y la violación y tortura de Ernestina, en Soledad Atzompa, por presuntos miembros de la base de Operaciones “García” del 26 batallón de Infantería, no es caso aislado.

Carlos Mezhua Campos, secretario de Asuntos Indígenas del PRD, recordó en días pasados que están documentados oficialmente por lo menos 20 casos de mujeres violadas por soldados, en Tequila, Astacinga y Tlaquilpa, pero las denuncias nunca fueron atendidas.

Entre ellos, la violación cometida por varios soldados contra una niña de 11 años, que resultó embarazada. Denunciaron, pero aunque el Gobernador ofreció protección a ella y su familia, más de 20 militares acudieron violentamente a su casa provocando el terror y orillando a la familia a huir a otra entidad.

Esta es una “guerra sucia” de los soldados, que implica descalificaciones, agresiones y tortura psicológica a las mujeres, dice María de la Cruz Jaimés García, presidenta del Colectivo Feminista Ciuahtlatolli. “Ellos las consideran disolutas y aventureras y no les importan sus derechos humanos elementales. Por eso descargan su misoginia agrediéndolas o abusándolas sexualmente”.

La violencia psicológica es más frecuente en las comunidades integradas casi en su totalidad por mujeres y personas mayores, debido a la alta migración, como sucede en Tequila, afirma la feminista.

En esos lugares las mujeres son sometidas a un control que amenaza su integridad, además sufren el robo de sus cultivos o leña. Son también prácticamente esclavizadas por los soldados para que hagan tareas domesticas en algún campamento militar cercano.

07/LC/GG

(CIMAC Noticias, 20 de marzo de 2007)

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jueves, 1 de marzo de 2007

Veracruz: piden salida de militares, tras abuso sexual

Andrés T. Morales

Orizaba, Ver., 28 de febrero. Autoridades indígenas y comuneros de 40 poblados de la sierra de Zongolica enviaron una carta al presidente Felipe Calderón Hinojosa, para pedirle ordenar el retiro inmediato de los contingentes militares en la zona, cuyos integrantes fueron acusados de abuso sexual tumultuario contra una mujer de 73 años de edad, quien falleció el lunes pasado.

Encabezados por el alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, los lugareños responsabilizaron al mandatario federal de cualquier enfrentamiento por el crimen. "Que el Ejército salga de nuestro territorio y no vuelva jamás", exigieron.

Por la tarde, miles de indígenas acudieron a los funerales de la víctima, en el cementerio del poblado Tetlazinga. La anciana, identificada con las iniciales ERA, fue atacada sexualmente por un supuesto grupo de soldados durante la tarde del domingo anterior, y pereció la mañana del lunes debido a sus lesiones.

Durante la mañana, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Ministerial del Estado movilizaron a decenas de efectivos hacia la comunidad Tetlazingo, por el rumor de que la población intentaría linchar a los militares del campamento ahí establecido.

Los colonos exhibieron a medios locales un escrito firmado por dirigentes indígenas, agentes municipales y líderes comuneros de 40 poblados de la Sierra de Zongolica, que remitieron a Calderón Hinojosa.

En el escrito informan al michoacano de la violación sexual contra "nuestra hermana mayor", y en su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, se le pidió que no haya impunidad.

"Nuestro pueblo nahua siempre ha señalado que el Ejército no se manda solo. Sus funciones están reguladas por la Constitución y por eso nos dirigimos a usted", señalaron.

(La Jornada, 1 de marzo de 2007)

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